Laureate en Chile: Las amenazas al negocio del gigante mundial del lucro universitario

Cuando la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) decidió en marzo pasado acreditar por tres años a la Universidad de Las Américas (UDLA), advirtió sobre la situación “crítica” de sus flujos operacionales y puso el acento en los dineros que el plantel envía a su controlador, Laureate. La CNA hizo ver que esas remesas agravan la ya compleja situación financiera de la institución, pero no se pronunció sobre la pertinencia de esos pagos. El Ministerio de Educación (Mineduc) lleva casi dos años analizando si esas transferencias esconden lucro por parte de Laureate.

De hecho, los amplios cuestionamientos a la forma en que Laureate retira dineros de sus universidades en Chile y el efecto que esto tendría en la calidad de la enseñanza estuvieron en el centro del diseño del proyecto de reforma educacional que se envió recientemente al Congreso. Éste busca, entre otras cosas, terminar de una vez con el lucro encubierto y crear un sistema de acreditaciones que efectivamente certifique la calidad de las instituciones.

La CNA sólo abordó los pagos a empresas relacionadas desde el punto de vista financiero y pese a constatar que actualmente la caja de la UDLA no goza de buena salud, la comisión decidió acreditarla. De esa forma le dio oxígeno a sus finanzas, pues gracias a eso sus alumnos pueden acceder nuevamente a los dineros del Crédito con Aval del Estado (CAE). Pero la resolución emitida por la CNA en marzo pasado describe un panorama preocupante:

“Respecto de su situación financiera, si bien se soporta como una organización en marcha, se observa que la situación de ingresos operacionales es crítica y que el margen operacional y su correlato en déficit de flujo operacional también lo son. Es preciso destacar que en 2014 la universidad reconoce en su estructura de ingresos una donación del controlador por $6.020 millones y un incremento de los retornos por la participación en (la inmobiliaria) IESA por $ 2.876 millones, que habría dado origen a dividendos por $ 1.919 millones en 2014. Sin embargo, la donación mencionada, a la fecha de la decisión de acreditación aún no se había materializado como flujo de caja. La situación anterior, se ve agudizada por el pago que realiza a su relacionada, que se estructura de la siguiente manera, US$ 250 por cada alumno matriculado a diciembre de cada año por concepto de productos y servicio, más un 2% de los ingresos de manera trimestral por concepto de propiedad intelectual”.

En 2013, al negar su acreditación, la CNA ya había sostenido que esas transferencias la exponían a una “eventual vulnerabilidad financiera”. Cuando la UDLA apeló –sin éxito– al Consejo Nacional de Educación (CNED), dicho organismo puso en duda la necesidad de los “cuantiosos” servicios que se estaban cancelando a Laureate y derivó los antecedentes al Mineduc, que inició su investigación por posible lucro. Se sumó a una indagatoria que ya realizaba el Ministerio Público por la misma materia y que se encuentra congelada debido a la falta de tipificación del delito.

Mientras el actual presidente de la CNA, Alfonso Muga, recalcó que el financiero es sólo uno de los aspectos que se analizan al momento de acreditar y que la institución no es una superintendencia, su antecesor en el cargo, Matko Koljatic, estimó que tras el cambio en la composición de los comisionados, pudo haber un prisma más favorable para analizar el caso de la UDLA.

Pero la situación de Las Américas no es la única que hoy preocupa al Grupo Laureate. Su universidad con mayor matrícula, la Universidad Andrés Bello (UNAB), también está siendo investigada por el Ministerio Público y por el Mineduc por los mismos motivos, y recientemente el Servicio de Impuestos Internos (SII) reabrió una indagatoria sobre ese plantel para determinar si los pagos que realiza a Laureate cumplen la normativa tributaria chilena.

El cúmulo de investigaciones judiciales, tributarias y educativas sobre las instituciones de Laureate en el país se desarrollan mientras la reforma a la educación superior comienza a avanzar en el Congreso. Y aunque el proyecto enviado por el gobierno deja abiertas algunas ventanas para que continúen los negocios que hoy son utilizados por los dueños de los planteles para generar ganancias (ver reportaje de CIPER), de todas formas plantea cambios en la estructura de control de las universidades, las que ahora no podrán tener controladores con fines de lucro. Y ese justamente es el caso de Laureate.

Según cifras del Mineduc, las instituciones educacionales que el Grupo Laureate controla en el país tienen 177 mil estudiantes, más que la suma de las 16 universidades estatales (170 mil). El grupo norteamericano tiene a su cargo el 15% de los estudiantes matriculados en alguna institución de educación superior en Chile. Estas cifras lo convierten en el holding educacional más relevante del sistema, un dato que solo complejiza las investigaciones y cambios legales que se están tramitando, debido a las consecuencias políticas –y prácticas– que significarían eventuales cierres de esas instituciones.

Hasta ahora el grupo extranjero mantiene el control de las universidades Andrés Bello (UNAB), De Las Américas (UDLA) y de Viña del Mar (UVM), además del instituto profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música. Laureate domina las corporaciones que gobiernan los planteles y tiene el poder para nominar a directores y ejecutivos de las universidades e institutos profesionales que forman parte de su red. Esas mismas autoridades son las que deben tomar decisiones respecto de los contratos que esas casas de estudio firman con sociedades ligadas a Laureate, las que además de arrendarles los edificios donde funcionan, les ofrecen servicios, asesorías y uso de licencias.

Esos contratos constituyen el principal negocio de Laureate, tal como sus abogados Jorge Bofill yRicardo Escobar reconocieron el 5 de junio pasado a La Tercera. Ese mecanismo de negocio también estará prohibido en la reforma a la educación superior, al menos como opera en la actualidad.

DUDAS EN LA UDLA

A pesar de que los contratos con sociedades relacionadas de Laureate se mantienen vigentes en la UDLA y de que éstos impactan su equilibrio financiero, la CNA aprobó su acreditación en marzo pasado. Gracias a eso, la universidad pudo volver a recibir recursos por el CAE. Según registros de la Comisión Ingresa (que administra el crédito), este 2016 la universidad abrió 5.000 cupos para los nuevos estudiantes que deseen postular al CAE y que ya cursen una carrera en la institución. A eso se suman a otros 1.000 cupos para estudiantes de primer año. En total, gracias a la acreditación, la Universidad de Las Américas recibirá recursos equivalentes a los aranceles de referencia de 6.000 de sus estudiantes.

La pérdida del CAE luego de que no obtuviera su acreditación en 2013 significó una caída drástica de su matrícula: de 34 mil a 26 mil estudiantes. Paradójicamente, eso benefició a la institución al mejorar los índices de número de estudiantes por profesores de planta (aunque también aumentaron estos últimos, de 482 a 658) y de alumnos por metro cuadrado construido (a pesar de que existió una disminución de la infraestructura disponible). Sin embargo, esa misma disminución de matrícula también significó una merma en los ingresos del plantel, debido a la menor recaudación por aranceles.

El presidente de la CNA, Alfonso Muga, defendió la resolución que acreditó a la Universidad de las Américas: “El propósito de la acreditación no es verificar el estado financiero de las instituciones, sino la forma en que estas cumplen su misión de acuerdo a una serie de más de veinte parámetros de calidad dispuestos en la ley y en el reglamento respectivo. Varios de ellos mejoraron sustancialmente en la UDLA entre ambos procesos de acreditación, especialmente sus políticas de aseguramiento de la calidad, sus capacidades para hacer frente a las debilidades consignadas en 2013, demostrando capacidad de ajuste y consistencia entre misión, propósitos y objetivos, y la consolidación de un modelo educativo que incluye un 39% de carreras acreditadas” (en 2013 sólo el 14% lo estaba).

Y agregó: “La resolución del 2013, que rechazó la acreditación, efectivamente hacía mención a los servicios prestados por las relacionadas, sin embargo la actual resolución menciona expresamente que “la institución presenta una adecuada estructura financiera y se soporta como una organización en marcha, aun cuando durante el 2014 se generaron situaciones con potencial para afectar su futuro”. Sin embargo, se evidenció que la institución está tomando los resguardos pertinentes, más aún si recupera sus niveles de matrícula”.

Muga citó además un informe independiente realizado por EXMO Asesores, que calificó a la UDLA en nivel “medio”. Eso significa que “la institución no posee por ella misma una estructura financiera, indicadores operacionales positivos y posición competitiva de mercado que le permitan sustentar el proyecto educativo a futuro. Depende de su capacidad de endeudamiento, del apoyo financiero de propietarios y/o relacionados y otros, para poder sustentar la viabilidad del proyecto como organización en marcha”. Por ello, para cumplir su proyecto al 2020 necesitaría de ese apoyo externo o de una estructura de costos más flexibles, lo que se considera factible pues “la universidad presenta excedentes positivos en los cuatro últimos años del periodo en estudio” y “no presenta deuda financiera con terceros”.

El informe de la CNA de marzo pasado dio cuenta de una donación por parte de Laureate por $6 mil millones, la que fue anunciada por la UDLA pero que hasta ahora no se ha materializado. Según información alojada en la plataforma de la Ley de Lobby del Servicio de Impuestos Internos, el 18 de noviembre de 2015 las abogadas Carola Trucco y Daniela Peña (del estudio Barros & Errázuriz) se reunieron con el director regional Metropolitano Oriente del SII, Christian Soto, para solicitar la exención tributaria por “donación de fuente extranjera”. Ante la consulta de CIPER, en la UDLA indicaron que existen dos donaciones de Laureate “por US$ 16,5 millones que están en tramitación”.

Esas donaciones intentarían mejorar el precario estado financiero del plantel. Esta situación llevó además a que la universidad decidiera prorrogar los cuestionados pagos a su grupo controlador por los servicios que este le presta.

Pero la resolución emitida por la CNA muestra también algunos indicadores académicos preocupantes. La tasa de retención de estudiantes en primer año (alumnos que se mantienen matriculados luego del primer año de estudio) disminuyó de 80% en 2010-2011 a un 62% en 2014. Según datos del Sistema de Información de la Educación Superior (SIES), el 2015 este indicador bajó aún más, a 57,8%. Eso ubica a la UDLA entre las que tienen peor indicador de retención de estudiantes en primer año, ubicándose en el lugar 54 de 59 casas de estudio (ver carta enviada por la UDLA después de la publicación de este reportaje).

La tasa de titulación también cayó, de un 39% de alumnos titulados entre la generación que ingresó en 2005 a un 36,8% para la que lo hizo en 2009. Eso quiere decir que de cada 10 alumnos que ingresas a estudiar a la UDLA, menos de 4 se titulan.

Matko Koljatic, quien presidía la CNA cuando se rechazó la acreditación a la UDLA en 2013, se mostró sorprendido por la nueva resolución: “Ahí entra a jugar el refrán todo depende del cristal con que se mire y parece ser que este cristal era más favorable que los cristales anteriores. Sí te puedo decir que me sorprendió la decisión (de acreditación)”.

En enero de 2015 hubo un cambio masivo de integrantes en la CNA, lo que en esta lógica podría haber incidido en el cambio de los criterios a la hora de votar una acreditación: “Entiendo que el personal técnico de la CNA se ha mantenido igual, entonces si es que ha habido un cambio de decisión ha sido por quienes son los comisionados… En cualquier proceso de acreditación incide cuales son las personas que votan”.

Al desmenuzar la votación de la CNA sobre la acreditación de la UDLA, se obtiene que esta se dividió en tres grupos: aquellos que respaldaron que el plantel se acreditara por tres años, los que quisieron acreditarlo pero por un periodo menor de tiempo, y quienes directamente rechazaron la acreditación.

Quienes se la jugaron por los tres años de acreditación fueron Jaime Alcalde (representante de los institutos profesionales), Hernán Burdiles (designado por el sector productivo), Víctor Fajardo(representante del Cruch), María Fernanda Juppet (universidades privadas), Blanca Palumbo(universidades privadas) y Alejandro Weinstein (centros de formación técnica).

Por una acreditación de menos de tres años estuvieron Alfonso Muga (presidente de la CNA y designado por la Presidenta de la República), Fernando Escobar (representante de colegios profesionales) y Walter Reccius (representante estudiantil de las universidades privadas). Derechamente por la no acreditación se pronunciaron Dora Altbir (Cruch), Javier Ruiz (Conicyt) yExequiel Martínez (representante estudiantil de las universidades del Cruch). Estos últimos tres consejeros solicitaron que su negativa a la acreditación quedara en acta.

LA UNAB VUELVE A LA MIRA DEL SII

Hace unas semanas el Servicio de Impuestos Internos reabrió una investigación contra la Universidad Andrés Bello, y su controlador Laureate. Esto, luego de que el diputado  Mario Venegas (DC) planteara al SII que el grupo educacional adeuda tributos al Estado de Chile, producto de las remesas de dinero que se envían al exterior y que no pagan un solo peso en impuestos.

Los servicios educacionales gozan de una exención tributaria desde 1968, cuando una norma entregó ese beneficio a Televisión Nacional de Chile y a las universidades reconocidas por el Estado. La vigencia e interpretación de esa norma están bajo el análisis de Impuestos Internos.

En mayo pasado, CIPER reveló una auditoría interna encargada por autoridades administrativas de la UNAB en 2014 (ver reportaje “Auditoría externa encargada por la UNAB cuestiona transferencia a Laureate”). Según ese documento, la institución podría adeudar en impuestos más de $11 mil millones solo entre 2011 y 2014, ya que se traspasaron recursos por servicios que no consta que se hayan prestado. El documento cuestionó cuatro contratos que mantiene la UNAB con su grupo controlador por supuesta entrega de servicios, y según la auditora Aptitude (que realizó el estudio) “dichos desembolsos se consideran gastos rechazados, toda vez no se dispone de evidencia documental suficiente, no consta la prestación efectiva de los servicios, ni tampoco ha sido posible identificar los beneficios específicos para UNAB”.

La minuta enviada al SII por el diputado Venegas también hace hincapié en esa deuda tributaria, aunque por otros motivos. El parlamentario plantea que los servicios que le presta Laureate a la UNAB no necesariamente son educacionales, por lo que no correspondería que los pagos que le retribuye el plantel a su controlador gocen de la exención tributaria a la actividad educacional (revisar minuta enviada por el diputado Venegas).

En el documento que envió a Impuestos Internos, Venegas describe las características de los cuatro contratos que la UNAB mantiene vigentes con Laureate, los mismos que la tienen bajo la lupa de la Fiscalía y el Mineduc por supuesto lucro.

El primero de ellos –Network Products License Agreement–, fue firmado con Laureate Trademark BV, sociedad alojada en Holanda, y el cual le permite a la UNAB utilizar productos licenciados por el controlador (redes, plataformas o programas). Por ello la universidad debe pagarle a Laureate US$250 por alumno matriculado. Según el documento presentado por Venegas, “no estaríamos ante un hecho cubierto por la exención del artículo 234 respecto del artículo 59 de la Ley de la Renta, aquí, clave será el establecer cuántos de los más de 40.000 de alumnos han usado el servicio”. Entre 2011 y 2014 la universidad habría destinado $18 mil millones para pagar este compromiso.

El segundo contrato –Intellectual Property License Agreement–, también fue firmado con Laureate Trademark BV y el monto a pagar por la UNAB asciende al 2% de los ingresos netos. Según el informe del diputado, entre 2011 y 2014 por este ítem el plantel ha pagado $10,7 mil millonesa su controlador. Este contrato le permite a la UNAB acceder a métodos, sistemas, herramientas y mecanismos desarrollados para gestionar operaciones universitarias. Según el diputado, estas prestaciones serían servicios comerciales y no educacionales, por lo que debieran pagar impuestos.

El Operational Services Agreement, tercer contrato que mantiene la Universidad Andrés Bello con el holding educacional (firmado con Laureate Education Inc, radicada en Estados Unidos), le ha significado a la institución pagos por $880 millones durante los últimos años. Este acuerdo se sustenta en que Laureate presta servicios de gestión y administración operacional, además de servicios legales y de contabilidad. El cuarto contrato es el llamado Information Technology Services Agreement (también con la filial estadounidense del controlador), por los que la UNAB ha pagado más de $980 millones entre 2013 y 2014.

Laureate utiliza estos servicios para vendérselos a las instituciones que controla en todo el mundo. Ocupa una economía de escala para recaudar recursos de todas sus instituciones, ofreciendo un servicio estándar.

La Universidad de las Américas opera con el mismo modelo. De acuerdo al informe que en 2013 rechazó su acreditación, el 24% de los egresos financieros de la universidad iban a las sociedades relacionadas a Laureate. La CNED consideró que los contratos con sociedades relacionadas podrían dividirse en dos: arriendo de edificios, que serían fundamentales ya que la UDLA no cuenta con inmuebles propios, y los contratos por servicios operacionales y educativos, los que fueron cuestionados:

–En cuanto a los contratos de servicios operacionales y educativos, surgen dudas razonables acerca de su pertinencia y utilidad ya que, respecto de los primeros, se trata de servicios que podrían ser realizados en todo o en parte, por la propia estructura de la universidad. Por su parte, respecto de los contratos de servicios educacionales, se advierte que los montos que se pagan por los servicios contratados –aunque estén a precios de mercado– son cuantiosos, sobre todo considerando el poco uso que se ha dado de ellos, por alumnos y docentes, según la propia información aportada por la universidad.

Sobre el mismo punto, el CNED consideró que los recursos que se malgastaban en contratar servicios operativos o educacionales prestados por Laureate, podrían destinarse a mejorar la planta docente. Por ello, decidió enviar estos antecedentes al Ministerio de Educación, gracias a lo cual se inició la investigación en curso.

LOS CONTRATOS CON EL ESTADO

La propia ministra de Educación, Adriana Delpiano, salió al paso de las prácticas de Laureate en una entrevista con Radio Biobio el pasado 13 de julio. “¿Cómo se saca el lucro hoy día? Es que te vendo software, te vendo equipamiento, te arriendo el local, etc., esa es la manera que hay”, dijo, agregando que la nueva superintendencia deberá fiscalizar que esas prácticas terminen. Además reveló los intentos de Laureate de reunirse con ella: “Una cosa son los inversores, pero tú puedes invertir en un país en una actividad que te permite sacar ganancias de tu inversión, pero si la ley de ese país dice que no puedes, bueno, están faltando a la ley. La otra vez este grupo quiso conversar conmigo y yo le dije que hablaran con Inversiones Extranjeras y que vieran el problema en ese marco, porque yo me reunía con rectores, no con inversores”.

A través de la Ley de Transparencia, CIPER accedió a todos los contratos de inversión extranjera que el Grupo Laureate ha firmado con el Estado chileno, lo que le permitió ingresar al país con una cobertura perfectamente legal y amparado en el Decreto Ley 600, el que norma las inversiones de extranjeros.

La Universidad de Las Américas fue la primera institución de educación superior privada que Sylvan International (antecesora del Grupo Laureate) adquirió en Chile. Lo hizo el año 2000 pagando US$25 millones a la familia Antillo. En la época, la transacción se presentó como una “alianza”, intentando disfrazar la compra debido a la prohibición de que los dueños de universidades perciban ganancias por su actividad educacional.

Esa cifra coincide con el primer contrato de inversión firmado por el grupo transnacional con el Estado de Chile. Ese contrato lleva las firmas del entonces ministro de Economía del gobierno de Ricardo Lagos, José de Gregorio, en representación del Estado, y del abogado Pablo Guerrero Valenzuela (del estudio Barros & Errazuriz) en representación de Sylvan International BV. El documento autoriza la inversión que estuvo destinada a adquirir “una participación mayoritaria de la sociedad Desarrollo del Conocimiento S.A., la cual directamente o a través de filiales, es propietaria del Instituto Profesional Campus, de un establecimiento escolar y además presta servicios administrativos a la institución de educación superior denominada Universidad de Las Américas” (revisar contrato).

Los abogados del grupo, Jorge Bofill y Ricardo Escobar, en su entrevista a La Tercera se refirieron a estos contratos: “En Chile Laureate firmó seis contratos de inversión extranjera, en los que declaró que vendría a invertir en empresas que serían dueñas de ciertas instituciones de educación superior, donde es un accionista y puede percibir dividendos. Además, que prestaría servicios a esas instituciones”.  A esos seis contratos originales, se suman otros dos que modifican algunos aspectos de ellos.

Los abogados ventilaron su estrategia de defensa del Grupo Laureate, indicando que todos los últimos gobiernos estuvieron al tanto del ingreso del holding al país. Bofill lo resumió así: “Laureate siempre dijo quién era, le mostró al Comité de Inversiones Extranjeras su forma jurídica y que tenía fines de lucro en el extranjero. La ley permite que una persona jurídica relacionada con la universidad le preste servicios”.

La legislación chilena prohibe el lucro, pero no ha regulado cómo opera esa prohibición, ni penalizado al lucro en la educación superior. Desde el retorno a la democracia ningún gobierno ni tampoco el Congreso elaboraron leyes que estrecharan los márgenes de acción de los sostenedores de universidades que tienen fines de lucro. El problema para el holding extranjero y sus defensores, es que los contratos firmados con el Estado no los blindan ante la nueva legislación educacional que comenzó a tramitarse en el Congreso.

Ante la duda de si los contratos firmados con el Estado pudieran ser una defensa del grupo para oponerse a que se les apliquen las nuevas restricciones incluidas en la reforma educacional, un abogado experto en inversión extranjera aclaró a CIPER que el único beneficio que estos contratos le aseguran a Laureate es la invariabilidad tributaria. Pero que si cambian las reglas del juego, deberán someterse a las nuevas disposiciones.

Todos los contratos revisados por CIPER incluyen dos cláusulas tipo que se refieren a los derechos y deberes que el inversionista tiene en su paso por Chile. La cuarta cláusula señala que a Laureate le serán aplicables la legislación y reglamentación vigentes en el país (por ejemplo, la prohibición de lucrar en sus universidades), y el sexto se extiende sobre sus derechos, entre los que destacan: “el derecho a transferir al exterior su capital y sus utilidades líquidas”.

Aunque entre ambas disposiciones podría existir una contradicción, ya que la cláusula cuarta lo ciñe a las normas chilenas mientras que la sexta lo autoriza a retirar utilidades, expertos consultados por CIPER coincidieron en que no puede obviarse la obligación del inversor de respetar las leyes nacionales. “No sólo deben respetar las obligaciones relativas al objeto de su inversión, a los vehículos de inversión (sociedades), sino que también a lo que dispone la ley respecto de estas sociedades, teniendo la obligación de solicitar autorizaciones, permisos sanitarios, patentes y cualquier otra que demande la ley, como cualquier ciudadano residente en la República. Dentro de ello se encuentra establecido de manera irrefutable la obligación de respetar la prohibición de lucrar en las corporaciones universitarias o universidades en que tenga relación”, aseguró un abogado experto en derecho comercial y tributario después de revisar los contratos.

El segundo contrato fue firmado el 23 de septiembre de 2002 y lleva la firma deJorge Rodríguez Grossi, entonces ministro de Economía. Ese contrato le permitió a la entonces Sylvan ingresar al país US$15 millones para aumentar el capital de Sylvan Chile Limitada, la que a su vez aumentaría su participación enDesarrollo del Conocimiento S.A. la sociedad que entonces controlaba la UDLA (revisar contrato).

Casi un año después, el 17 de junio de 2003, un tercer contrato le permitió a Sylvan internar otros US$15 millonespara comenzar el proceso de adquisición de su segunda universidad en Chile, la Andrés Bello, y el instituto AIEP. Ese dinero se utilizó para realizar un aporte de capital a Inversiones en Educación Limitada, otra de las sociedades utilizadas por el holding para manejar sus inversiones en Chile. Con ese aporte pudieron adquirir una parte mayoritaria de la sociedad Desarrollo de la Educación Superior S.A. (revisar contrato).

Los dos siguientes contratos son los primeros donde el inversionista aparece firmando como Laureate. Ambos están fechados el 15 de enero de 2007, lo que coincide con el ingreso del fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts (KKR) a Laureate. El primer contrato permitió que ingresaranUS$150 millones, los que se utilizaron para suscribir el capital social de Sylvan Chile y para que esta, a su vez, aumentara su participación en Desarrollo del Conocimiento S.A. Mientras que el segundo ingresó al país otros US$50 millones para suscribir el capital social de Inversiones en Educación Limitada, la que también aumentaría su participación en Desarrollo del Conocimiento S.A. (ver contrato 4 y contrato 5).

La millonaria inversión de 2007 la utilizaron para tomar el control completo de sus universidades en Chile y para dar paso a una reingeniería societaria con la que ordenaron sus negocios en el país (ver reportaje “U. Andrés Bello, U. Las Américas y U. Viña del Mar: cómo Laureate tomó el control de un lucrativo negocio”).

En 2012 y 2013 se realizaron modificaciones a los contratos anteriores, lo que se hizo para adecuar la inversión a la reingeniería societaria que realizaron entonces (ver modificación de 2012 ymodificación de 2013).

El último contrato de inversión entre Laureate y el Estado se firmó el 21 de enero de 2014 e implicó el permiso para internar a Chile US$10 millones, los que se utilizaron para pagar un aumento de capital de la sociedad Laureate Desarrollos Educacionales SpA (revisar contrato). En total, Laureate solicitó autorización para ingresar al país US$265 millones desde 2001 a la fecha.

En el último contrato varían en su redacción las cláusulas donde se establecen los derechos y deberes del inversionista extranjero, reforzando el apego que Laureate debe tener a las leyes chilenas. La cláusula cuarta plantea que “el inversionista extranjero declara que en el inicio o en la ejecución de su actividad económica le serán aplicables tanto la legislación nacional y reglamentación vigentes como las políticas nacionales y/o sectoriales respectivas”. Se agrega además una cláusula quinta que señala: “Por el presente acto el inversionista extranjero declara conocer y respetar íntegramente, la legislación nacional y las políticas nacionales y/o sectoriales que le sean aplicables en el desarrollo de sus actividades”. Y suma que el Comité de Inversiones Extranjeras no puede garantizar la viabilidad legal “actual o futura” del negocio que el inversionista pretende desarrollar.

Todos los contratos firmados con el Estado los suscribió utilizando una sociedad radicada en Holanda: Laureate International BV. Que el inversionista utilice una figura jurídica alojada en los Países Bajos tendría una explicación económica. Holanda es utilizada por holdings internacionales para alojar sus sociedades matrices, ya que les cobra un impuesto bajo por sus utilidades, una práctica conocida como el “sandwich holandés”.

Buscando informes que entregaran antecedentes sobre la sociedad utilizada por el holding para firmar sus contratos de inversión con Chile, CIPER encontró la hebra de la compleja estructura societaria que Laureate tiene esparcida por el mundo. La Cámara de Comercio de Holandaguarda un informe que da cuenta de los estados financieros 2012, 2013 y 2014 de Laureate International BV y de su historia y composición de su directorio. Esa sociedad fue registrada en Holanda en 1988, inicialmente denominada como Aspect International Language Schools BV y en 2000 cambió de nombre a Sylvan International BV, el que se mantuvo hasta 2004. El objeto de la sociedad es la “organización para el intercambio de estudiantes”.

El informe encontrado por CIPER señala que actualmente la sociedad tiene oficina en Amsterdam (Barbara Strozzilaan 201) y en 2014 registraba activos financieros por 556 millones de euros. Esa sociedad es controlada por Laureate I BV, mientras que controla una tercera sociedad: LEI New Zeland Holdings BV.

La sociedad madre de Laureate International BV registró en 2014 activos por más de 1.000 millones de euros y a su vez es controlada por Iniciativas Culturales de España SL, entidad alojada en Madrid, España, país donde Laureate también tiene importantes inversiones en el negocio de la educación superior. Además de controlar a la sociedad utilizada para invertir en Chile, también controla otras dos figuras jurídicas: Laureate Education -Turkey BV y Online Higher Education BV.

EL NEGOCIO DE LAUREATE

En el informe 2015 que Laureate presentó ante la SEC de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, un símil de la Superintendencia de Valores de Chile) el grupo se refiere en forma extensa a los contratos que mantiene con sus instituciones en Chile. Describe las ganancias que ha obtenido gracias al negocio inmobiliario  y también manifiesta la incertidumbre que le genera los cambios en la regulación a la educación superior.

El documento detalla todas las investigaciones que pesan sobre sus instituciones en Chile, y dice que dependiendo de los resultados de esas indagaciones o de los cambios legales, sus negocios podrían verse afectados: “Cualquier interrupción en nuestras operaciones en Chile tendría un efecto material adverso en nuestra condición financiera y resultados de operación”.

En términos contables, el grupo controlador define a sus universidades en Chile como “entidades de interés variable” (VIE, por sus siglas en inglés), ya que la legislación no permite reconocer accionistas y a que tampoco pueden existir dueños de las universidades, porque estas no pueden lucrar, pero el holding es el principal beneficiario económico de su actividad. El grupo entrega tres variables para mantener su interés en estos planteles: la venta de servicios a las casas de estudio, la posibilidad de desarrollar el negocio inmobiliario con ellas y que esté abierta la opción de que el grupo pueda vender la capacidad de gobernar esas instituciones, lo que les permitiría tener retornos.

Hasta ahora, la reforma a la educación superior les permitiría seguir desarrollando los dos primeros negocios de manera indirecta, aunque no es claro cómo asegurarían que las nuevas autoridades administrativas de las universidades, cuyo control debieran abandonar, optaran por seguir contratando sus servicios y arrendando sus edificios. En el documento, Laureate advierte que en algunos países podría haber cambios legales que pusieran en jaque su control. Ya les sucedió en Ecuador en 2010, donde actualmente enfrenta otras investigaciones (ver recuadro).

“Si no somos capaces de mantener nuestros derechos de control de los nombramientos para los órganos de gobierno (directorios), nuestra capacidad de obtener beneficios económicos de estas instituciones puede ser muy limitada, incluso no ser capaces de transferir el control de las instituciones de una manera que nos diera un retorno a nuestra inversión (vender los planteles) o no ser capaces de implementar o mantener acuerdos de servicio con esas instituciones”, dice Laureate en su informe.

Ante la preocupación de que las regulaciones cambien, Laureate identifica una serie de posibilidades que podrían tomar las autoridades para con sus instituciones: revocar la licencia o la acreditación a esas universidades, prohibir los negocios con sociedades relacionadas, imponer multas que impacten el rendimiento del negocio, obligarlos a salir del control de los planteles, y no permitir que puedan vender el control que mantienen en ellos. “Si no somos capaces de recibir beneficios económicos de estas instituciones, tendría un efecto adverso en nuestros resultados de operación y situación financiera”, concluye el grupo en su informe 2015.