Desde hace mucho tiempo y en distintos documentos hemos venido denunciando la forma en que se va tejiendo todo un entramado de protección hacia violadores de derechos humanos. Hay que recalcar que estos fueron responsables de ejecuciones y asesinatos fuera de toda racionalidad y la desaparición de miles de chilenos.
Hemos sido testigos de cómo se buscan fórmulas que permitan justificar la liberación del puñado de criminales condenados por éstos delitos recluidos en cárceles especiales. Estas cárceles son tipo hotel de cinco estrellas, comparadas con las condiciones en que viven los demás reclusos del país.
Ni hablar de los responsables de los delitos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, tanto militares como civiles, que gozan de la más absoluta impunidad. Todo esto, garantizado por los gobiernos pos dictadura, con leyes y reglamentos hechos a solicitud y a la medida de quienes serán sus “protegidos”.
En esta tarea han colaborado todos los poderes del Estado, algunos por interesada y desvergonzada acción y otros por sistemática, calculada, cómplice y vergonzosa omisión. Lo peor de todo esto, es la falta de conocimiento y claridad de la ciudadanía y de las propias víctimas sobrevivientes, con respecto a quien o quienes son los que tienen la mayor responsabilidad en este entramado de complicidad.
De esta forma se centra muchas veces la crítica en aquellos que en línea jerárquica, poseen menos responsabilidad. Mientras que se tiende un manto de encubrimiento a los que tienen la primera responsabilidad de ser activos en tomar las medidas para cumplir con los compromisos de actuar en favor de la justicia y en contra de la impunidad.
Cuando en Chile los poderes del Estado violan manifiestamente la legislación internacional, lo hacen conscientemente, no por ignorancia. Existe intención flagrante de encubrimiento con pleno conocimiento de lo que se está haciendo.
El poder ejecutivo y legislativo son los poderes del Estado que tienen la facultad para evitar que los Magistrados apliquen estas prerrogativas. Para ello deben establecer en nuestra legislación una frase que establezca que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, inamnistiables e inindultables. Realizar esto no implica costos económicos, requiere sólo voluntad política.
Pero los políticos, con una falta de vergüenza impresionante, elaboran programas de derechos humanos que luego ignoran. Es más, los elaboran sin haber tenido jamás la intención de aplicarlos. Esto es parte del entramado para aparecer como los paladines de los derechos humanos frente a la ciudadanía, la opinión pública nacional e internacional. Simplemente es parte de su pirotecnia engañosa.
Por esta razón es imperioso, que la opinión pública y los propios afectados tengamos muy claro hacia donde debemos dirigir los dardos de las responsabilidades y no cargar la culpabilidad a pequeños ejecutores. Si hacemos esto último, pasamos a ser parte del entramado protector de los principales responsables.
Se sabe que el Gobierno tiene mayoría Parlamentaria en el Senado. Nada le impide legislar para hacer justicia. Más aún cuando se encuentra ya aprobado hace 7 años, por la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley del Diputado Juan Bustos (QEPD) que, establece la inaplicabilidad con carácter de “ley interpretativa”, adecuando la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto evitaría definitivamente que se continúe indultando, amnistiando, o aplicando prescripción o media prescripción en crímenes de lesa humanidad.
La paralización de esta iniciativa legal, permite todavía hoy a la Justicia dejar impunes o entregar beneficios de enormes reducciones de la condena a los violadores de derechos humanos, permitiendo la libertad para feroces asesinos. La pregunta que cabe hacerse es Por qué el Senado, específicamente la Comisión de D.D. H.H. de este cuerpo legislativo, no da curso a esta iniciativa? y ¿Por qué la Cámara de Diputados no insiste para que se le dé curso en el Senado a esta iniciativa? Si finalmente la aprobaron, les debe haber parecido importante y necesario. Por último ¿Por qué el Poder Ejecutivo representado por la Presidente Michel Bachelet, no le pone urgencia ni influye en los Parlamentarios para que se ponga en tabla y vote favorablemente tal proyecto de ley? La aprobación de este proyecto sería cumplir con parte de su programa en la parte penal.
De acuerdo a esta reflexión, sin el más mínimo ánimo de defender a los jueces, podemos entonces decir, sin duda alguna, que el Poder Judicial, específicamente los Magistrados que utilizan esas disposiciones legales en beneficio de violadores de los derechos humanos tienen una enorme responsabilidad. Pero, más culpabilidad tiene el poder legislativo, DIPUTADOS Y SENADORES, que no ven urgencia alguna en hacer concluir lo comenzado. Por último la mayor responsabilidad recae en la PRESIDENTE BACHELET que en un Sistema Presidencial, como el nuestro, tiene la facultad para movilizar su mayoría parlamentaria hacia el cumplimiento de sus promesas de campaña.
Entonces afinemos la puntería, tomemos conciencia de quienes son los GRANDES RESPONSABLES de que hoy se esté liberando a feroces criminales de Punta Peuco. Y a no dejarse engañar, sobre todo cuando ya la maquinaria electoral comienza a lubricar su engranaje para salir a captar simpatías y cautivar votos, para seguir perpetuándose en el poder. Al fin, un poder que ponen al servicio de los dueños del capital y de todos aquellos que hicieron el trabajo sucio de aplicar el terrorismo de estado que les permitió instalar el neoliberalismo en nuestro país, el saqueo de los bienes del Estado, la corrupción y la creciente desigualdad económico social.
Nelly Cárcamo Vargas
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile
17 de junio de 2016