A no engañarse:  Bachelet descartó la Asamblea Constituyente

Finalmente, después de varias postergaciones, la Presidenta de la República anunció el inicio de un proceso destinado a dotar de una nueva Constitución a Chile, argumentando correctamente que «la actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso -agregó- nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía».
No obstante estas primeras afirmaciones que están en sintonía con el sentimiento mayoritario de la población, el contenido preciso de su mensaje contradice su declarado propósito de dotar al país de una Constitución «nacida en democracia y que exprese la voluntad popular».
Bachelet fija quorom imposibles de alcanzar y entrega la llave del proceso a los parlamentarios
El camino y método propuestos por la Jefa de Estado, en lugar de permitir el pleno ejercicio de la soberanía popular, constituyen un nuevo intento por evitar que esta se exprese, entregando la conducción y el rol decisivo a las mismas fuerzas sociales y políticas que durante un cuarto de siglo de postdictadura han administrado y se han beneficiado del modelo neoliberal y del sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, tal como demostraremos a continuación.
La fundamentación teórica e histórica de su anuncio es errada. «Debemos basarnos –afirmó- en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas y, al mismo tiempo, dar curso a nuestra capacidad de avanzar hacia una sociedad más abierta y moderna». ¿A cuáles tradiciones jurídicas se refiere Michelle Bachelet? Si se trata de la manera de hacer constituciones, cualquier analista objetivo y de buena fe concluirá que esta deja mucho que desear puesto que ninguna de las constituciones chilenas ha sido elaborada de un modo verdaderamente democrático. Todas las cartas fundamentales que han regido la vida política nacional han sido producidas, aprobadas e impuestas en contextos de ciudadanía restringida, con ausencia de libertades políticas y, lo que es peor, frecuentemente, mediante la presión abierta de la fuerza militar como ocurrió en los casos de las tres constituciones más duraderas (1833, 1925 y 1980).
No se trata de un error meramente historiográfico o académico, políticamente anodino, sino de una base conceptual profundamente viciada sobre la que se sostiene toda la arquitectura del itinerario constituyente diseñado por Bachelet junto a su círculo de confianza y asesores. Porque si el proceso constituyente se basa «en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas», ello quiere decir que, en lo más esencial, este será -al igual que todos los anteriores- elitista, antidemocrático, no participativo y con la ciudadanía jugando un rol meramente decorativo o de comparsa.
Los principales pasos de este proceso definidos por la Jefa de Estado ratifican esta impresión.
Entre fines de octubre de 2015 y marzo de 2016 se iniciará una «etapa de educación cívica y constitucional», enseguida se realizará «un proceso ordenado de diálogos ciudadanos, donde todos puedan participar», partiendo por las comunas, luego las provincias y regiones, para terminar con una síntesis a nivel nacional. El resultado de estos diálogos serán las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, que serán entregadas a la Presidenta en octubre de 2016. Para que el proceso sea efectivamente participativo, libre, transparente, sin distorsiones ni presiones de ningún tipo, la Primera Mandataria anunció que nombrará un Consejo Ciudadano de Observadores compuesto por personas «de reconocido prestigio que acompañe el proceso y dé garantías de transparencia y equidad».
Cabe subrayar que este Consejo tendrá el mismo origen que todas las comisiones asesoras gubernamentales a las que nos han acostumbrado los gobiernos de las últimas décadas; a saber, la simple voluntad y criterio de la persona que ocupa el sillón presidencial y de sus asesores. La «dedocracia», sin consulta ni participación ciudadana, definirá una vez más los integrantes de este cuerpo, del mismo modo como lo fueron las comisiones constituyentes de 1925, de 1980 y otros tantos organismos de triste recuerdo, por ejemplo, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación designado por Bachelet durante su primer gobierno (el de «las manitas levantadas»), que transmutó la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (LOCE) del dictador en Ley General de la Educación (LGE), perpetuando hasta el día de hoy el sistema de educación de mercado basado en el lucro.
También hay que destacar que la presidenta no precisó en qué consistirán los «diálogos ciudadanos», quienes lo convocarán ni quienes serán convocados, tampoco quienes harán la síntesis de tales diálogos, aunque todo permite suponer que serán los «operadores políticos» de la Nueva Mayoría (o del duopolio) los que tendrán el poder de decidir entre las ideas emanadas de tales coloquios, cuales serán rescatadas y cuales desechadas. Serán estos mismos operadores los que darán la forma que mejor les parezca a las demandas, anhelos y propuestas expresados por la población. Cabe, entonces, preguntarnos, ¿enseñarán que es el pueblo el único soberano y que solo en él radica el poder constituyente?, ¿enseñarán que no existe representante que esté por sobre la decisión del pueblo?
Luego de esa primera etapa, dice Bachelet, «transformaremos las Bases Ciudadanas en un proyecto de nueva Constitución, que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y que esté acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo». Ya sabemos a quienes se refiere la primera persona del plural («transformaremos») de la mandataria (ella y sus asesores). Del mismo modo, sabemos a qué está haciendo alusión al evocar «lo mejor de la tradición constitucional chilena» (constituciones elaboradas por pequeñísimos grupos de expertos, a espaldas de la ciudadanía, mediante maniobras politiqueras y con golpes de fuerza). Por último, ¿se refiere la Presidenta a aquellos tratados internacionales que benefician y dan plenas garantías a las corporaciones transnacionales? o ¿a aquellos que Chile no respeta, como son los referidos a Derechos Humanos, pueblos originarios (convenio internacional N°169 de la OIT)?, etc.
No obstante, lo determinante es lo que viene a continuación, esto es, los sujetos que tomarán las decisiones fundamentales.
Según lo anunciado, a fines de 2016 Bachelet enviará al Congreso Nacional un proyecto de reforma de la actual Constitución para que, por dos tercios de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental. En esta reforma, se le propondrá al actual Congreso, elegido en base al sistema electoral binominal, que habilite al próximo Parlamento para que sea este quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución: una Comisión Bicameral de senadores y diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la convocatoria a una Asamblea Constituyente; o en defecto de las anteriores, que el Congreso pueda convocar a un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas. La decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en el 2017, que gozará, supuestamente, de mayor legitimidad que el actual gracias al nuevo sistema electoral, una nueva ley de partidos y una ley de financiamiento electoral. Asimismo, Bachelet promete entregar al Congreso Nacional, a inicios del segundo semestre del 2017, el proyecto de nueva Constitución para que, una vez sancionado por esta instancia, sea sometido a un plebiscito vinculante para su ratificación por parte de la ciudadanía.
Estas promesas -formuladas tan solo un par de horas antes de un partido de fútbol que, se sabía, concitaba gran interés en la población- deben ser analizadas detalladamente para descifrar su trasfondo.
Lo primero que llama la atención son los sujetos protagónicos. Está claro: serán los parlamentarios, los del actual Congreso Nacional (binominal) y luego los que serán elegidos en 2017. En ellos depositará Bachelet la toma de decisiones sobre las cuatro alternativas propuestas.
Es necesario preguntarse: ¿Por qué deben ser los parlamentarios quienes adopten tal decisión? ¿Son ellos los detentores del poder constituyente? La respuesta es evidente: desde una perspectiva democrática, dicha decisión le corresponde a la ciudadanía, única titular del poder constituyente. No a diputados ni a senadores. Nos están tratando de birlar la soberanía.
Además, ¿por qué razones la presidenta se autoimpone quorom supramayoritarios que su coalición (la Nueva Mayoría), más algunos aliados circunstanciales, no podrá alcanzar? Tenemos todo el derecho a sospechar que el fijar estos quorom imposibles de lograr tiene que ver con una voluntad no declarada de entregarle a la Derecha clásica una porción importante del poder de decisión para que no se produzcan cambios constitucionales de fondo, a fin de seguir preservando el modelo de economía y sociedad coadministrado por ambos bandos del duopolio. De tal modo, los sectores hegemónicos de la Nueva Mayoría (o el nombre que adopte en el futuro la vieja y persistente Concertación) tendrán como pretexto para no hacer los cambios tan esperados por la población, el antiguo y conocido argumento de «no contar con las mayorías parlamentarias necesarias». Esta situación les servirá, de paso, para llamar por enésima vez a los electores a votar por sus candidatos para conseguir una mayoría parlamentaria proclive a las reformas, enarbolando incluso la alternativa de la Asamblea Constituyente como argumento para conseguir los sufragios de incautos ciudadanos ante esta astuta maniobra.
Sobran razones para suponer que todos estos anuncios no constituyen sino una cortina de humo tendiente a evitar un proceso constituyente efectivamente democrático y participativo. Las cuatro alternativas propuestas por la Presidenta no son tales puesto que la Asamblea Constituyente ha sido, en realidad, descartada. La inclusión puramente figurativa de la Asamblea Constituyente, además de ayudar a administrar las tensiones en el seno de la Nueva Mayoría (con las cuatro alternativas todos quedan más o menos conformes), aparece como un elemento meramente ornamental destinado a seducir a ingenuos y permitir que el ala “izquierda” de la coalición gobernante pueda seguir manteniendo cierta legitimidad ante sus seguidores.
Diversas son las reacciones en el «universo constituyente”. La bancada AC se apresuró en “valorar” el ambiguo y alambicado itinerario propuesto por la Presidenta aunque poco después manifestó su inquietud por los altos quorom que saben, por más maniobras parlamentarias que hagan, no pueden alcanzar. La diputada comunista Karol Cariola expresó con un candor digno de mejor causa: “La esperanza está puesta en sectores de la derecha que realmente creen en la democracia. Estoy convencida que dentro de RN hay votos disponibles”. Su camarada Camila Vallejo, algo más desconfiada, preguntó: «Quienes participen en los cabildos, ¿cómo se sabrá que su opinión fue realmente recogida?”. Otro diputado joven, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, también deslizó un  comentario un tanto suspicaz al afirmar: «Me genera dudas la presentación de un proyecto de Constitución, que se va a discutir en paralelo a los mecanismos”[1]. Por su parte, desde el espectro del variopinto movimiento pro Asamblea Constituyente, Genaro Cuadros, líder del Movimiento Marca AC, expresó su “valoración” por el hecho de que la propuesta presidencial “considere la Asamblea Constituyente como un mecanismo plenamente institucional, democrático y participativo”, “un logro de la movilización ciudadana”, sin llegar a develar la verdadera motivación de tal decisión gubernamental[2]. Mucho más perspicaz, sincero y brutal en su decir fue el senador Alejandro Navarro (MAS)  quien sentenció: «Hay una gran ingenuidad política en pensar que entrará un proyecto de ley que superará un quórom de 2/3. No hay votos para eso. Es no entender el mandato de los guardianes de la obra de Jaime Guzmán, la UDI”. Agregó a continuación: “No va a haber proceso constituyente, va a haber un debate y un acuerdo político”[3]. Más sabe el zorro por viejo que  por zorro…
Sintetizando lo expuesto, podemos afirmar con gran seguridad que el centro de gravedad del proceso constituyente propuesto por Bachelet reside en el Congreso Nacional. Solo por concesión graciosa de este desprestigiado cuerpo podría llegarse directamente -según la propuesta de Bachelet- a la Asamblea Constituyente o dejar que la ciudadanía decida mediante plebiscito alguna de las alternativas propuestas. Nada permite suponer que la casta política que tiene en el Parlamento uno de sus principales bastiones, se arriesgue a perder sus privilegiadas posiciones en un impulso de fervor democrático profundamente ajeno a su comportamiento tradicional. Todo lo contrario. La experiencia histórica demuestra que los grupos privilegiados siempre se aferran a sus posiciones de poder. A menos que una correlación de fuerzas muy desfavorable los obligue a ceder…
Por un proceso constituyente verdaderamente ciudadano y popular
Los sectores populares, los movimientos sociales y la ciudadanía democrática no pueden esperar nada del itinerario constituyente propuesto por Bachelet. Como bien han señalado numerosos observadores –incluso algunos de su propia coalición de gobierno- el mentado “proceso constituyente” oficialista no tiene más objetivos que el de ganar tiempo para que la mandataria termine su período presidencial sin demasiados sobresaltos, administrar las contradicciones y peleas al interior de la Nueva Mayoría y, si las fuerzas y voluntad política alcanzan, llegar a un “buen acuerdo” con la derecha tradicional para realizar nuevos remiendos al desgastado traje constitucional confeccionado en dictadura. Nada más. Rápidamente el fervor constituyente de los operadores políticos del oficialismo se irá trocando en “realismo” y en negociaciones con los herederos del pinochetismo. Por su parte, un sector del universo constituyente (aquel cuyos estrechos vínculos con la Nueva Mayoría son apenas un secreto a voces) y también algunos “alternativos” siempre prestos a medrar cuando se presentan buenas oportunidades (el presupuesto destinado a la “operación constituyente” del gobierno será jugosísimo), irán acomodando sus banderas en aras del “realismo”. Seguirán llamando a “hacer presión para que la alternativa de la Asamblea Constituyente se imponga” sobre las otras porque, claro está, eso es parte del negocio. Así, por ejemplo, llamarán a conquistar una mayoría parlamentaria favorable a la Asamblea Constituyente para que ¡ahora sí! se hagan los cambios tan esperados y tantas veces postergados. Pero lo harán a sabiendas de que la Asamblea Constituyente en el itinerario bacheletista es como la línea del horizonte: mientras más caminas y pareces acercarte, más se aleja.
Definitivamente el sendero es otro, es el que decenas de miles de personas han empezado a recorrer desde hace varios años, aquel que sin despreciar los necesarios mecanismos de legitimación institucional, se realiza esencialmente desde la base social para desarrollar una fuerza constituyente ciudadana y popular.
Reiteramos lo que hemos venido sosteniendo desde nuestro nacimiento como Foro por la Asamblea Constituyente: hay que desechar ilusiones y estar dispuestos a dar una lucha prolongada apoyándonos principalmente en nuestras propias fuerzas. La emancipación de los oprimidos nunca ha sido una dádiva de los opresores, tampoco un “bono” de los administradores de su sistema. Los pueblos de Chile no pueden esperar su emancipación de los juegos palaciegos, componendas parlamentarias ni acuerdos partidarios a espaldas de la ciudadanía, tampoco pueden alentar esperanzas en que la casta política se haga un hara-kiri y decida, en un instante de inexplicable pulsión democrática, que el futuro constitucional del país se decida en una Asamblea Constituyente efectivamente democrática, libre y soberana.
Solo una poderosa fuerza constituyente de raigambre esencialmente popular podrá provocar una ruptura democrática con el actual orden de cosas, una superación de la institucionalidad heredada de la dictadura que obligue a la casta política parlamentaria a ceder y entregar –así sea de mala gana- la cuota de legitimidad institucional para la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente. Para alcanzar este objetivo es preciso desarrollar numerosas acciones, siendo las más importantes en esta coyuntura las que permitan que los “ciudadanos de a pie” establezcan el vínculo entre sus necesidades, anhelos y demandas con la cuestión constitucional y deduzcan de ello la necesidad de la Asamblea Constituyente. Es preciso sacar esta reivindicación de los círculos aún estrechos, de los grupos especializados en el tema, para hacer que la demanda por la Asamblea Constituyente sea adoptada con decisión por los movimientos y las organizaciones sociales. En paralelo, debemos redoblar los esfuerzos de educación política de los sectores populares y de la ciudadanía en general mediante el impulso de escuelas, talleres y jornadas de formación constituyentes como los que se han venido desarrollando recientemente en numerosos puntos del país. Nuestro Foro por la Asamblea Constituyente ha estado presente y lo seguirá estando en todas estas iniciativas para aportar, junto a otros, al desarrollo de la fuerza constituyente ciudadana y popular.
El proceso constituyente democrático lo iniciamos, hace años, varios miles de personas sin esperar promesas ni anuncios provenientes de las desacreditadas elites políticas. Lo continuaremos aunque dichas elites y los poderes fácticos intenten llevarlo a un callejón sin salida.
FORO POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Santiago, 18 de octubre de 2015.
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Notas:
[1] “Bancada AC se reúne y manifiesta inquietud por factibilidad del proceso constituyente”, La Tercera, Santiago, 15 de octubre de 2015: http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/10/674-651422-9-bancada-ac-se-reune-y-manifiesta-inquietud-por-factibilidad-del-proceso.shtml
[2] Genaro Cuadros, “La asamblea constituyente sigue en juego”, La Tercera, Santiago, 15 de octubre de 2015: http://diario.latercera.com/2015/10/15/01/contenido/pais/31-200221-9-la-asamblea-constituyente-sigue-en-juego.shtml
[3] “Bancada AC se reúne y manifiesta inquietud…”, op.cit.