Caso Caval : Hipocresía y doble estándar

Después que la revista Qué Pasa publicó hace menos de un mes una crónica sobre el conflicto por platas que tenía un desconocido particular chillanejo con la empresa Caval Limitada, en donde quedó al descubierto que la joven esposa de Sebastián Dávalos,  hijo mayor de la presidenta Bachelet, tenía el 50% de esa compañía, con una cobertura de prensa equiparable a la de Penta, se inició un escándalo de proporciones que perdura hasta estos días, visualizándose que será tema de conversación por muchos meses.
Quien suscribe, en este medio y en otros digitales en donde también se cultiva la libertad de expresión, despotricó con fundados argumentos en contra de esa operación mercantil que generó una cuantiosa ganancia privada y el gobierno, tratando de defender a Dávalos, ha tenido un deplorable comportamiento en las ocasiones en que sus distintos ministros han abordado el asunto.
Ahora bien, la gritería se debe a que Caval incursionó en un especulativo negocio de compraventa de terrenos rurales de 44 hectáreas en la comuna de Machalí con un préstamo del Banco de Chile, ordenado por Andrónico Luksic, su controlador. Para concretar el negocio la empresa de marras se relacionó oportunamente con un síndico de quiebras para comprar esos predios en $ 6 mil quinientos millones y los vendió en un corto período de tiempo a un inversionista de la zona en $ 9 mil quinientos millones, es decir, con la no despreciable diferencia de $ 3 mil millones.
Después del pago de intereses al solemne y poderoso prestamista, más otros gastos menores, estos nuevos emprendedores deben haber ganado unos $ 2 mil seiscientos millones, lucrativa y semejante operación, guardando las debidas proporciones, de las que hicieron tiempo atrás Paul Tudor Jones, George Soros y John Paulson, por nombrar solo algunos de los más conocidos.
El caso está escalando a instancias penales porque unos diputados de Renovación Nacional entregaron algunos antecedentes al fiscal regional de O’Higgins, quien con sus adjuntos, en una operación tipo blitzkrieg, incautaron todos los registros computacionales y legajos del Seremi de Vivienda y Urbanismo, información vital para que investiguen si hubo delitos.
Gracias a una reciente y muy bien documentada publicación de Ciper el alcalde de Machalí inició un sumario administrativo en razón a que el Director de Obras Municipales y una arquitecta, sobrinita de los dueños originales de los terrenos, entregaron cierta información clave de precios y normas urbanísticas a Caval la que, en todo caso, no se utilizó para perfeccionar la transferencia al inversionista lugareño porque el suelo sigue siendo rural aunque tiene la expectativa de ser urbano próximamente.
Aludiendo al título de esta  columna señalamos que ningún medio de prensa hasta ahora, se ha atrevido a decir que estas operaciones de ganancia fácil vía el cambio de uso de suelo son recurrentes en Chile, las que siempre se han originado por la colusión entre privados interesados y funcionarios públicos débiles de carácter, quienes por lenidad o por compromisos de alto nivel, generalmente acceden a las peticiones de los primeros.
Hay cientos de ejemplos de regalos que el Estado le ha hecho a particulares bien relacionados con las cúpulas del poder y sin ir más lejos, porque es de reciente data, tenemos el caso del fundo Las Cenizas de 2.000 hectáreas localizado en Curauma, V Región de Valparaíso, extenso territorio rural del conocido hombre de negocios Manuel Cruzat, quien se vio favorecido con el nuevo Plan Regulador Intercomunal de esa región porque ahora las mismas son urbanas, es decir, aumentaron sus precios de mercado en unas 6 veces. 
En 1997 el Minvu y el Gobierno Regional Metropolitano benefició a los privados Juan Carlos Latorre, Sergio Reiss (QEPD) y Sergio de Castro, quienes anteriormente habían adquirido más de 1.000 hectáreas rurales en Colina a precio de huevo y esos terrenos ahora son urbanos sino que, más adelante, para que se pudieran vender fácilmente las viviendas allí edificadas, el MOP decidió licitar una autopista concesionada -Radial Nor Oriente- con lo cual se solucionó en un dos por tres el problema que tenían esos empresarios con la conectividad vial. Como vemos, otros obsequios a particulares.
Hace un poco más de un año el gobierno de Piñera, con la vital asistencia del entonces intendente Fernando Echeverría, sacó adelante un cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas rurales que ahora son urbanas en 8 comunas periféricas de la región metropolitana de Santiago.
Ello, con el mentiroso argumento de que al interior del límite urbano ya no quedaban terrenos para construir viviendas, materia que ha sido desmentida por el académico Pablo Trivelli, quien es experto en catastro de suelos. En el primer gobierno de Bachelet los privados favorecidos le habían solicitado al  Minvu este cambio y después de una polémica y larga tramitación estos pedigüeños lo obtuvieron como consecuencia de una resolución administrativa del Estado.
Si bien es cierto, lo que hizo Dávalos con su esposa es sin duda reprochable, sería interesante saber si los diputados y en general los políticos de RN y la UDI, quienes son los mayores críticos de la operación en Machalí, iniciarán las acciones judiciales en contra de todos aquellos que se han visto beneficiados patrimonialmente con los 3 casos antes descritos.
No lo harán porque la situación es transversal y ellos lo único que querían con esta batahola era obtener cámaras de televisión y reportajes en la prensa para aparecer como servidores públicos fiscalizadores. Dávalos les fue muy útil para ese espurio papel y ahora, envalentonados y con el apoyo de los medios, le entregarán a Bachelet un cuestionario para que la presidenta les aclare a los lindos las dudas que ellos tienen todavía respecto del episodio denominado “Nueragate”.
En resumen, con estas palabras se ha evidenciado que la especulación con el recurso suelo es el mejor de los negocios pues de esta manera tan fácil todos aquellos que tienen “contactos” están en condiciones inmejorables para seguir acumulando riqueza, ya que en Chile este tipo de plusvalías, por decisiones políticas, no están afectas a ningún gravamen y percibimos que este paraíso fiscal se mantendrá por muchos años, salvo que, milagro mediante, se produzca un cambio de timón y Bachelet empiece a ordenar la casa.
*Fuente: Cooperativa
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