Chile. Campamento Placilla de San Antonio: la batalla por la radicación definitiva

El 6 de diciembre, los vecinos realizaron una asamblea convocada por los delegados de los distintos sectores del campamento para conocer de primera mano y democráticamente, la propuesta de cómo enfrentar las medidas judiciales en su contra y conquistar la radicación definitiva elaborada junto al abogado y el arquitecto que los acompañan.

Uno de los dirigentes, el relator técnico en construcción Braulio Bulnes, precisó que el propósito de la asamblea fue «lograr la cohesión de la comunidad, sumar fuerzas, generar confianza y convicción», e informó que «hemos protagonizado diversas luchas para obtener nuestros derechos. En el 2022 estuvimos 19 días marchando a la eléctrica Chilquinta y a la municipalidad hasta conseguir un contrato en regla. Asimismo, ya contamos con el catastro legal y hasta el 15 de diciembre se efectuará el análisis socio-territorial, último paso para asentamientos precarios».

El abogado de los pobladores, Gustavo Burgos, explicó que «mis representados fueron objeto de una acción cautelar, es decir, sin forma de juicio, hecha por los propietarios del lugar en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que negó lugar a este recurso, respondiendo adecuadamente a la que ha sido la inveterada tradición jurisprudencial de nuestras cortes en orden a que esta no es una vía idónea para dirimir un problema de ocupación de predios. De hecho, ya en la época de la dictadura era inadmisible que alguien pidiera la recuperación de un terreno por un medio jurídico distinto a un juicio ordinario (donde las personas requeridas se pueden defender a través de pruebas)», y añadió que «En cambio, un recurso de protección es todo lo contrario. Para ese trámite, ni siquiera es necesario que la persona acredite que es dueña del terreno; basta que alguien señale a otro como el ocupante de un terreno y exhiba un título de propiedad, que en este caso, ni siquiera cuenta con la acreditación que corresponde al lugar actualmente ocupado en Placilla. En otras palabras y en la presente ocasión, una orden de desalojo viola el propio ordenamiento jurídico, en tanto se les ha impedido a los pobladores el derecho al debido proceso».

«La modificación jurisprudencial comenzó a aplicarse exclusivamente en los últimos tres años. Y, como si fuera poco, en la voluntad jurisprudencial tuvieron concurrencia dos ministros actualmente defenestrados y acusados constitucionalmente, como la jueza Ángela Vivanco quien quedó en prisión preventiva por el caso de «la muñeca bielorrusa». El otro es el ex-presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, también destituido por el mismo acto de corrupción. A la vez, existen dos o tres ministros más que están bajo sospecha.

Estos fueron los ministros determinantes para dictar la orden de desalojo contra los pobladores del campamento Placilla de San Antonio. Por ello, creo que mis representados tienen una razón suficiente para sospechar de la legalidad de la orden, y estoy seguro que los tribunales van a conocer sobre este asunto y revisarán el proceder que han tenido. Entendiendo que aquí no sólo está en juego la corrección de un procedimiento, sino que la vida de toda una comunidad.

Estamos frente a un verdadero «supremazo», inédito, sin antecedente alguno y que se encuentra en la línea política de trastocar derechos sociales por represión sobre la población.»

«Construir la unidad más férrea y tomar las medidas integrales que permitan volver a poner en discusión en un tribunal imparcial el fallo de una sala de la Corte Suprema profusamente cuestionada por corrupción.»

Durante el curso de la asamblea de vecinos, el arquitecto y urbanista Luis Álvarez, puso su experiencia técnica y normativa al servicio de la comunidad, y manifestó que «existiendo toda la reglamentación para que no ocurran los desalojos, el abandono de los servicios del Estado con la ciudadanía son la condición para que se cometan barbaridades. Por eso lo que debemos hacer es transitar de ser un espacio segregado a uno integrado. Y se puede. Están las leyes y los recursos públicos. De lo que hay que cuidarse es de las maniobras de los gobiernos para dividir las comunidades, desmoralizarlas, fragmentarlas. Solamente los campamentos y tomas que persisten como una sola fuerza organizada y priorizan el bien común sobre las individualidades, triunfan».

La dirigenta y trabajadora en ventas, Evelyn Ortiz, enfatizó que «no debemos tener miedo. La prensa nos maltratará, pero debemos ser fuertes para resistir. Y quiero referirme a un asunto delicado. Aquí en el campamento existe un comité en particular que está corriendo la voz, diciendo que tenemos que abandonar el cerro. Pero se trata de un rumor falso. Aquí, ante todo, debemos dar la pelea juntos por la radicación».

Por su parte, el joven vecino Erick Toloza recordó que «nuestra ventaja es que somos muchos los que queremos luchar por una casa. Hemos sabido sobrevivir a la crisis habitacional en Chile desde que nacimos. Hemos sido allegados y sufrido hacinamiento. Entonces, nos encontramos ante una oportunidad histórica y me gustaría que la asumamos con altura de miras, sin mezquindades ni pequeñeces. Nuestra batalla es por un hogar donde mañana veamos crecer a nuestros hijos e hijas».

Igualmente, la pobladora Mercedes Fuenzalida relató que «yo estuve en un comité de vivienda por 12 años y no es más que una ilusión para la gente que tenemos hijos. Soy una mujer luchadora y de pelea. Sola, crié cinco chiquillos. Quiero tener mi casa, mi tierra, mi dignidad».

Se levantó la asamblea con un aplauso cerrado y el compromiso de participar en una movilización muy pronto. Para templar la ardiente reunión ampliada, desde el cielo de San Antonio comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia amiga.