Chile: El problema habitacional y la gestión de terrenos públicos para una solución verdadera y democrática

Premio Nacional de Arquitectura 2024, Cristian Castillo Echeverría, hijo de Fernando Cstillo y Mónica Echeverría, dos baluartes de la lucha por la democracia en Chile

 ENCUENTRO COLEGIO DE ARQUITECTOS DE TARAPACA

AGOSTO 24  2024

Hola a todas y todos, colegas, profesores, estudiantes, amigos, amigas,

Agradezco la invitación del Colegio de Arquitectos de Tarapacá, a su directiva zonal y la presencia de ustedes en este encuentro.

Es un honor para mi estar presente hoy en esta aula, con ustedes, conversando sobre temas de la ciudad y la vivienda sobre los cuales tenemos una responsabilidad ineludible.

Nuestra presidenta, Beatriz Buchiccardi, me pide les trasmita un saludo muy especial a los miembros del Colegio y a todas y todos los colegas que laboran en esta región de nuestro país.

Permítanme partir leyendo un pequeño texto que resume nuestra opinión sobre los problemas que atravesamos y plantearles, con una breve mirada, algunas posibles soluciones.

Chile vive, una crisis habitacional que no logramos superar.

Ningún gobierno, en estos años de democracia, ha logrado frenar la curva de crecimiento del déficit habitacional, ni cuidar que las ciudades crezcan de manera armónica.

Vivimos ciudades segregadas, en donde el hacinamiento en las grandes urbes y las tomas de terreno que derivan en campamentos son una realidad con la cual convivimos, como sociedad, cada vez con más dificultad.

Somos un país, en donde los derechos individuales priman sobre los derechos de las mayorías. Esto dificulta que los elementos de solidaridad requeridos para definir e implementar una política de derechos sociales se reproduzcan y extiendan, creando un manto de protección al conjunto de la sociedad.

Cifras más, cifras menos, un cuarto de la población de nuestro país experimenta, de alguna forma, una crisis habitacional que está determinada por un creciente déficit de viviendas nuevas, miles de unidades que requieren reparaciones urgentes, hacinamiento y proliferación de asentamientos precarios donde hoy viven más de 120 mil familias.

Lugares, donde el barrio no existe, la calle es peligrosa, la conectividad no necesariamente facilita la movilidad, y el edificio y la población son controladas por los más fuertes.

Luego de recuperada la democracia, la producción anual de viviendas para los sectores más vulnerables de nuestro país, sin considerar como viviendas los subsidios entregados directamente a una familia, no superó nunca la cantidad de 25mil viviendas anuales, lo cual sumado a la poquísima inversión en planificación urbana, ha ido acrecentando el problema, hoy transformado en una crisis que crece cada año de una manera que no logramos revertir.

A pesar del inmenso esfuerzo que hace este Gobierno, especialmente el Ministerio de la Vivienda, por aumentar estas cifras, la tarea que tenemos por delante no será fácil de cumplir. Si cada proyecto de vivienda social, que nos planteamos llevar adelante, demora, en el mejor de los casos, entre cuatro y cinco, un período presidencial, de algún Gobierno en especial, será siempre un tiempo muy limitado como para enfrentar una tarea de estas dimensiones.

Frente a esta situación, parece quedar claro que los problemas no son destinar los recursos necesarios para gestionar, diseñar y construir, sino la falta de suelo necesario para ser utilizado con estos fines y la carencia de un sistema de permisos y autorizaciones que no entorpezcan el proceso.

En este contexto, es urgente generar una solución en la que aportemos todos: por un lado, quienes necesitan una vivienda y, por el otro, quienes puede y deben colaborar en la consecución.  Los que necesitan una vivienda sabrán esperar si la espera es prudente. Quienes pueden colaborar, estado y empresa privada, en conjunto, deben realizar los esfuerzos necesarios como para que el proceso se desarrolle como una política país, en condiciones y plazos acotados, eficaces en los tiempos utilizados en el proceso y en la cantidad y calidad de los productos entregados.

Esto conlleva que, no solo quienes son dueños del suelo lo compartan a precio justo y en negociaciones razonables, sino también tener una política de gestión de suelos públicos mucho más agresiva de la que hoy se lleva adelante.

Un programa de liberación de propiedades en manos del fisco (Bienes Nacionales, FFAA, Policías y empresas e instituciones públicas) que permita poner a disposición de la crisis habitacional importantes inmuebles y hectáreas de suelo ubicadas en centros urbanos, la gran mayoría de las cuales podemos afirmar, con seguridad, que no tienen un uso actual eficiente y que, por esa razón, podrían ser transferidos, a las instancias pertinentes, para ser utilizados con los fines sociales indispensables en la crisis actual.

Solo así tendremos eficiencia en el proceso y suficiente suelo para generar ciudad y barrios armónicos, fortaleciendo los programas anuales de manera de ir acortando así, la brecha existente.

Los suelos en manos de BBNN deben ser puestos sin dilación en manos del Banco de Suelo.

Esos suelos, traspasados durante los años de dictadura desde el patrimonio del Estado a las FFAA y policías, a instituciones y empresas públicas, no solo no fueron devueltos al erario nacional al regreso de la democracia, sino que fueron traspasadas de manera definitiva a través del mecanismo legal conocido como PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal). Todos estos suelos, propiedad de instituciones que pertenecen al Estado de Chile son, sin embargo, utilizados con fines comerciales sin que hasta ahora se haya logrado recuperar la tuición sobre ellos, de manera que puedan ser utilizados para fines de interés común.  Son cientos de hectáreas urbanas, en manos de las FFAA y policías, de empresas del estado, instituciones de diverso tipo, universidades estatales, que tienen estos suelos incorporados a su patrimonio sin darle el uso que corresponde a la misión que cumplen. Muchas veces en condiciones de sitios eriazos, guardándolos, solo con fines especulativos. En el mejor de los casos, vendiéndolos nuevamente al Estado, a precios de mercado, para que ministerios como el de Vivienda, Educación o Salud deban comprarlos de sus presupuestos, escasos como sabemos, para así poder utilizarlos en viviendas, plazas, escuelas, cultura y centros de salud que son indispensable para el desarrollo armónico de nuestras ciudades y pueblos a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Sobre estos suelos es que avanza la demanda de los grupos de familias organizadas en Comités de Vivienda, en Cooperativas en agrupaciones de Pobladores como Ukamau, Vida Digna, Santiago Multicolor, Igualdad, Vivienda Digna y tantas otras que se multiplican cada vez más en todas y cada una de las regiones. Lo hacen conscientes de que la capacidad del Estado de resolver sus problemas habitacionales no se logra transformar en una realidad en tiempos prudentes de espera.

Hay ejemplos concretos que avalan que estos procesos están sucediendo y que marcan una manera distinta de entender el diseño y la producción de viviendas en Chile, proyectos acompañados con iniciativas que buscan que ese conjunto habitacional sea parte integrante de un barrio en el cual sea posible el desarrollo de una vida comunitaria.

Unos de los ejemplos más significativos en este sentido, cuya concreción atravesó varios gobiernos, es el conjunto habitacional Comunidad Maestranza, construido en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Es el primer proyecto de vivienda social en Chile, desde los lejanos años de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que surge como una iniciativa desde la demanda y no desde la oferta. Irrumpe sobre un sistema que les pide a los sectores más vulnerables hacer, con paciencia infinita, una interminable fila esperando que le llegue el turno de recibir una vivienda. Casi con toda seguridad, una vivienda que no es aquella con la cual soñó durante los largos años de espera.

Maestranza surge de la organización de las y los pobladores de ese territorio que vivían en tomas de terrenos, campamentos de larga data sin los servicios básicos mínimos como para vivir con cierta dignidad o en condiciones de hacinamiento, compartiendo un departamento o una casa con varias otras familias. Reunidos en torno a la Agrupación de Pobladores Ukamau, con un nivel de organización poco usual en el Chile de ese momento, toman la decisión de resolver el problema de sus viviendas sin esperar que el Estado les abra un espacio para hacerlo.

Buscan un terreno dentro de su propio territorio, lo encuentran en la antigua Maestranza de los Ferrocarriles del Estado (EFE), un inmenso paño propiedad de esa empresa, sin uso en las actividades propias de ferrocarriles, en espera de ser usado con fines comerciales. Negocian, con muchas dificultades y reservas de todo tipo, la aprobación de esta empresa de vender un paño de 3 ha al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, para levantar este proyecto. Negocian y obligan, con la presión y la movilización social, que Serviu negocie y compre el paño de suelo necesario para llevar adelante la solución habitacional de 424 familias agrupadas en el Comité de Vivienda formado para estos efectos. Consiguen el apoyo gratuito de profesionales, dispuestos a llevar adelante el desarrollo de un proyecto cuyas posibilidades de concretarse parecían imposible en ese momento. Familias y profesionales, en un trabajo compartido en largas sesiones de trabajo, diseñan un proyecto que de diferentes maneras los funcionarios del Serviu de la época intentaron impedir su aprobación. En no menos de unos cinco años de luchas, movilizaciones y negociaciones, Ukamau, las familias que eran parte de esta iniciativa y los profesionales que los acompañaron, lograron lo que nunca se había podido concretar el los treinta últimos años de democracia. La demanda organizada con objetivos claros y compartidos logran que la iniciativa pase desde la empresa privada a las familias en lucha por una vivienda digna.

Por primera vez, un proyecto de vivienda social se concebía como un condominio y no como un loteo, lo que permitió generar grandes espacios protegidos del exterior, de uso comunitario, con estacionamientos para autos en el perímetro alejándolos de las áreas comunitarias, Espacios bajo la responsabilidad de sus habitantes rompiendo, por fin, con el paradigma de que las familias pobres de nuestro país no eran capaces de mantener sus áreas de uso común.

Como Maestranza, hay hoy ejemplos, que tienen distintos niveles de desarrollo. Muchos de ellos directamente promovidos desde el Ministerio de Vivienda, otros como los proyectos del Comité Futura Esperanza en la comuna de la Reina; Maestranza 2 en la comuna de Santiago, último proyecto de Ukamau, por iniciar su construcción; Al pie del Cerro de la Agrupación Vida Diga en la comuna de Huechuraba; Santiago Multicolor en la comuna de Santiago, entre muchos otros, son proyectos de vivienda social que se originan desde la demanda, luchando por construir una vida más digna y más participativa.

¿Qué hacer??

Porque lo que sí queda claro, es que cada parte concurrente al problema y a las soluciones debe dar un salto por sobre el diagnóstico y formular propuestas que permitan avanzar con soluciones que marquen con claridad y con tiempos definidos un camino. Una ruta cuyo trazado haya sido definido en un acuerdo entre las partes, que revierta definitivamente la curva negativa en la producción de ciudad y vivienda, iniciando un proceso cuya finalidad es vivir en un territorio, en una ciudad, que brinde de manera global un servicio de calidad a todos y cada uno de sus habitantes y una vivienda digna, que comparta la vida con la de otros, de manera eficaz y armónica.

La primera gran tarea para lograr estos objetivos, aquella que con más seguridad penetrará el modelo neoliberal adecuándolo a las exigencias del compromiso asumido, es iniciar el camino que termine con el sistema subsidiario a la vivienda de los sectores más vulnerables, generando, a cambio, programas financiados de vivienda para toda la población.  Con un Estado protagonista en la consecución del proceso que debemos enfrentar; un banco de suelo del tamaño necesario y un sistema bancario, sobre todo el estatal, consciente de que en este aspecto cumple una función social y que sus expectativas de rentabilidad deben ser acotadas a la tarea que se les encarga. Todo esto, bajo la premisa de que el pueblo tiene la responsabilidad necesaria como para cumplir con sus compromisos políticos, sociales y financieros acordados entre las partes.

Todas y todos podemos pagar nuestra vivienda, las familias chilenas y aquellos migrantes que se asentaron en nuestro territorio.  Así fue históricamente, hasta que el sistema neoliberal cerró a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad la posibilidad de acceder al sistema financiero y comprometer en créditos razonables el pago en el tiempo de su vivienda.

Si lo hacemos en plazos posibles, bajo un paraguas que considere los niveles de ingreso de cada familia y con un interés que, por sobre cualquier otra consideración, no sea especulativo, sin duda que podríamos crear un sistema que haga posible el desarrollo de un programa de barrio y ciudad en el cual quepan todas y todos sin exclusión.

Podemos hacerlo, de esto estamos seguros. El Estado, a través del Ministerio de Vivienda, adelanta los recursos necesarios para construir la infraestructura y las viviendas, tal como lo hace ahora, pero una vez entregadas, cada familia comienza a pagar un dividendo que en plazos de 20 a 30 años les permita adquirir la propiedad de ese bien inmueble. El sistema financiero, sobre todo el que pertenece al Estado, adecua sus márgenes de rentabilidad a un programa que, sobre cualquier otro, tiene connotaciones sociales indispensables para logra un acuerdo social que nos permita vivir en paz.

Un esfuerzo de todas y cada una de las partes: las familias pagan un dividendo sobre un bien que el Estado le entrega, como hoy lo hacen arrendando un inmueble o un cuarto en una casa o departamento hacinado. El Estado adelanta los recursos necesarios para llevar adelante el proceso con recursos propios o créditos bancarios y el sistema financiero privado, al menos el público, hasta que el sistema garantice un funcionamiento apropiado para todas las partes, diseña un programa que permita que las familias obtengan los créditos necesarios para llevar adelante el proceso.

Hemos hecho cálculos que nos permiten asegura que, en el plazo de quince años, nunca más de veinte, el Ministerio de la Vivienda, aplicando este sistema de producción y financiamiento del hábitat podría contar con un capital de trabajo que le haría posible continuar el proceso sin necesidad que el Estado central le entregue recursos para estos fines.

La segunda, construir un Banco de Suelo del tamaño de la tarea.

Para esto, hacer, en primer lugar, de manera prioritaria un uso intenso y extenso de la Ley de Emergencia Habitacional (PEH). Esta ley, discutida por el Congreso en los últimos meses del gobierno del presidente Piñera y aprobada en mayo de 2022, le entrega al Ministerio facultades que ampliaron de manera cierta su capacidad de acción. Una de ellas, quizás la más importante, es la posibilidad de adquirir y expropiar bajo condiciones especiales el suelo necesario para cumplir con las metas programáticas comprometidas. La ley y su articulado están ahí, profundizar su uso y extender su aplicación, al límite de las posibilidades que nos ofrece, es tarea nuestra y es fundamental para avanzar y generar las condiciones que darán cumplimiento a las metas trazadas aumentando considerablemente la capacidad del Estado de ser actor directo de la ejecución de su programa. Hay que hacerlo, no es posible que sigamos pagando suelo con precios que sabemos son especulativos. Es necesario si queremos llevar adelante las reformas urbanas indispensables y los programas de vivienda a los que nos obliga la situación que hoy vivimos en Chile. Tenemos que construir la voluntad política que nos permita hacerlo.

El traspaso de suelo en manos de las FFAA y las policías, empresas e instituciones de todo tipo, sin uso y sin un destino militar o sectorial claramente definido, entregadas en usufructúo por BBNN, es nuevamente otro índice de lo necesario que es la irrupción directa del Estado en la gestión de administración de los recursos propiedad de todas y todos los chilenos.

Una enorme cantidad de hectáreas con uso urbano o en los bordes de las áreas de crecimiento de los centros urbanos, a lo largo y ancho de nuestro país, son activos indispensables si tenemos la decisión de reordenar la trama urbana y rural de nuestro país. Hay que recupera este suelo, se encuentren en usufrutuo o en propiedad de los Departamentos de Bienestar de las instituciones y que estén mantenidos en condiciones de terrenos eriazos. Debemos contar con la voluntad de los que hoy la tienen en sus manos para transformar, en algo real y masivo, los gestos de solidaridad social demostrado en algunos pocos casos. Si la voluntad se debilita debemos usar los mecanismos legales existentes, que son muchos, para exigir que estas regresen a manos del Estado para su uso con fines sociales. Tenemos la posibilidad de hacerlo, entender porque no lo concretamos es lo difícil de comprender.

Esta política no solo tiene la intención de aplicarse en el marco de las FFAA sino llevarla adelante también en empresas e instituciones pertenecientes al estado propietarios de suelo. Casos de empresas como EFE (Ferrocarriles del Estado) o universidades como la Universidad de Chile, las son propietarias de suelo urbano.  Mantienen estas propiedades solo con fines especulativos sin que esta propiedad este justificada en los Planes de Desarrollo de cada una de ellas. Estos terrenos deberán retornar gratuitamente a la administración del Ministerio de Bienes Nacionales para que desde este Ministerio se incorporen al suelo disponible para uso de los requerimientos y necesidades de los programas de recuperación y o desarrollo del territorio nacional.

Por último, en lo que se refiere a suelo, nos debe quedar claro qué el argumento de que los suelos son caros y por lo tanto no pueden ser utilizados con fines sociales es inadmisible. No hay suelo caro. Hemos planteado desde hace un tiempo, en todas y cada una de las instancias del aparato del Estado con las cuales hemos estado reunidos que, si el suelo sobrepasa los montos del subsidio entregados para ese proyecto en específico, podremos siempre incluir en el proyecto superficie enajenables. Podremos diseñar áreas de apoyo en educación, salud, cultura, deportes financiados por esos ministerios o podemos diseñar e incluir en el proyecto metros cuadrados de comercio, en venta al sector privado, que siempre ayudan a la vida del barrio y la comunidad, permitiendo así cubrir las diferencia del costos entre lo que tenemos y lo que cuesta.

En tercer lugar, me atrevería a proponerles implantar nuevamente la Operación Sitio, iniciada en la época del presidente Frei Montalva, continuada durante la presidencia de Salvador Allende, desestimada durante la dictadura y nunca recuperada en democracia, multiplicando por miles las soluciones habitacionales, permitiéndonos crecer exponencialmente en  la capacidad de producción y entrega de soluciones habitacionales al incorporar a los nuevos propietarios directamente en la construcción de sus viviendas. El pueblo puede construirse sus viviendas, así lo hace en los campamentos, así lo hecho históricamente. Solo necesita de la mano del Estado para que aporte dirección, tecnología, y financiamiento.  Sabemos que es un programa difícil de implementar en las grandes urbes de nuestro país por la falta de suelo disponible, pero en muchas ciudades de mediano o pequeño tamaño en donde las familias aún pueden aspirar a vivir en una casa con terreno que le sea propio es posible implementarla. Un terreno, con un Plan Maestro definido y una urbanización realizada, se entrega con un módulo sanitario y alternativas de viviendas aportadas por la industria. Con programas de financiamiento, aportado por el sistema bancario, a largo plazo y tasas controladas permite a esas familias asumir la responsabilidad de levantar su vivienda del tamaño requerido y con costos posibles de asumir.

En cuarto lugar, diseñar e implementar una política de desarrollo industrial de soluciones a los problemas habitacionales en lo cual avanzamos, pero demasiado tímidamente.  Lograr levantar una inversión que le permita al Ministerio de Vivienda impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la construcción siempre relacionadas con los recursos naturales y las características culturales de cada región. Lograr, como tarea importante, una alianza estratégica entre el Estado y el mundo empresarial, mirando hacia el futuro, que permita desarrollar tecnologías industriales propias, replicar algunas probadas en otros países, en un proyecto investigativo en el cual ambas partes en conjunto inviertan los recursos necesarios para que puedan ser producidas en masa por las industrias nacionales. Una decisión que nos permitiría multiplicar por muchas veces la capacidad de producir viviendas, acortando los plazos de entrega, disminuyendo los costos y protegiendo el medio ambiente. Debiéramos entender como una obligación de ambas partes hacerlo. Se beneficiarán mutuamente de una inversión que nos permitirá mirar con mucha más claridad el futuro, logrando en plazos más breves dar solución a esta tragedia país en la cual nos vemos todos los habitantes de este territorio obligados a convivir.

En quinto lugar, iniciativas como las Cooperativas de Vivienda, que pueden ser parte directa en la consecución de su proyecto habitacional son importantes gérmenes que hoy deben multiplicarse. Son también una manera de recuperar experiencias realizadas en Chile antes de la dictadura de Pinochet y cuyos principios y objetivos están perdidos en el tiempo. Revitalizar este tipo de iniciativas, darles todo el apoyo necesario desde el Ministerio de Vivienda, que hoy también son tímidos y escasos, experimentado, organizando y evaluando, junto a las familias, el modo de llevar adelante estas iniciativas y experiencias ayudará a replicar con cada vez más fuerza y de manera permanente las iniciativas de este tipo.  Impulsan una nueva manera de vivir en comunidad donde la responsabilidad colectiva y la organización social que se dan, ataca el centro del individualismo promovido por el modelo. Sin duda la masificación de este proceso ayudará de manera significativa a desarrollar modos de vida distintos a los que nos propone el modelo neoliberal y tendrá un efecto en el cambio de parámetros culturales que ayudaran a crear relaciones sociales más colectivas y solidarias.

Para esto necesitamos con urgencia que el Ministerio de la Vivienda entienda la particularidad de este proceso, construyendo un programa especial para llevarlo adelante. La experiencia de aplicar programas como el DS49 para incorporar a ellos el trabajo de las cooperativas no logra resultado concretos y eficientes. Tenemos que diseñar programas especiales de financiamiento y desarrollo que se adecuen a esta realidad. Tenemos que generar corrientes de confianza en la relación entre las cooperativas y el Estado, teniendo claro que el primer paso debe darlo el Estado.

Y no solo a nivel del Ministerio de Vivienda, es un proceso en el cual debieran participar activamente los ministerios de Desarrollo Social y BBNN.

¿Como podemos entender que el ministerio de BBNN haya recuperado (devuelta al estado por el ejército en el marco de las negociaciones para recuperación de suelos) una hacienda en las zonas habitadas por el pueblo mapuche y no haya, al día de hoy, desarrollado con las comunidades, que la habitan o que la habitaron, un proyecto de producción sustentados en las formas de producción ancestrales del pueblo mapuche? Es cierto, no es suelo urbano, pero si regresa a manos del Estado, el Gobierno debiera darle un uso que demuestre que la tarea de construir un nuevo país se encuentra presente en ese gesto, demostrando que puede ser posible.   ¿Que están intentando, guárdalo sin utilidad ninguna o conservarlo para venderlo al mejor postor?

¿Cómo logramos aceptar que los suelos pertenecientes a todos quienes habitamos este territorio, entregados en usufructo a alguna de las ramas de las FFAA, que hemos comprobado no están siendo utilizados de manera razonable, no se haya solicitado su devolución a estas alturas del gobierno? ¿Cómo es posible aceptar que el ministerio de BBNN siga entregando casas y edificios en uso a particulares y no estén siendo usadas para que en ellas diseñemos soluciones habitacionales o servicios de barrio y ciudad necesarios para equipar los territorios, para viviendas de tercera y cuarta edad y de jóvenes que inician su vida independiente?

Debemos también, en este punto, demandar el apoyo irrestricto del Ministerio de Desarrollo Social en apoyo a las iniciativas de nuestro sector. Necesitamos aquí un Ministerio que asuma sus responsabilidades haciéndose parte protagónica de las soluciones que atañen a la vivienda, los barrios, los pueblos y las ciudades de nuestro país.  No pensemos, por ahora, en la manera en que enfrentó las demandas surgidas de las tragedias de los incendios en la Quinta Región en donde aún no se ven soluciones claras. Solo pensemos en cuanto podría este ministerio apoyar la gestión de las cooperativas ayudándolas en su conformación y puesta en marcha. No solo a las cooperativas que se organizan y podrían organizarse alrededor de la vivienda y el barrio, si existiera realmente una política pública de apoyo técnico y financiamiento estatal. Pensemos en la regeneración de las cooperativas de alimentos y de trabajos en tantas áreas posibles de l conocimiento y el quehacer de los sectores populares y las clases medias de nuestro país. ¿Hay voluntad de hacerlo? No lo sabemos realmente, pero continuar administrando este ministerio sin que participe activamente del proceso de organización del pueblo parece ser solo un poco más de lo mismo.

En sexto lugar, y no por eso menos importante, no podemos dejar de referirnos a una iniciativa que viene directamente del gabinete ministerial, recuperando una antigua práctica del Chile. Un Programa que llama a las empresas privadas y a las instituciones y empresas del Estado a levantar proyectos de vivienda para los trabajadores. Viviendas directamente relacionadas con los centros de trabajo.  Empresas, instituciones, que asumen la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de sus trabajadores, los cuales, al alero de su centro de trabajo, tienen la posibilidad de obtener una vivienda digna. Un programa en donde la empresa aporta el suelo y el estado los recursos para la construcción de las viviendas. Un suelo que no necesariamente debe ser un aporte gratuito, la empresa o la institución, pueden venderlo a sus trabajadores entregándoles directamente un crédito blando y en plazos convenidos que pueden ir pagando con descuentos mensuales sobre sus salarios, con una garantía colectiva entregada por los trabajadores a la empresa en la cual laboran. Un intento que, si fructifica, generará nuevas formas de entender el compromiso y las relaciones empresa/ trabajadores. Sabemos que no será fácil lograrlo a nivel de la empresa privada, de hecho, muchas de ellas niegan hoy en día la necesidad de la fidelidad del compromiso entre las partes, pero en muchas, cuyo futuro y permanencia en el tiempo es factor fundamental en su gestión, sería posible hacerlo.

Partir, como intenta el Ministerio, por donde puede ser más sencillo como ministerios y reparticiones relacionadas directamente con el Estado, pero continuar con empresas e instituciones que, aunque autónomas, son propiedad de todas y todos los chilenos. Entre ellas, por ejemplo, las universidades o empresas como EFE, las que, en ambos casos, cuentan con suelo que no utilizan para sus funciones concretas.

De hecho, hay una iniciativa, en la cual el ministro Montes pudiera ayudar directamente, levantada por los sindicatos de trabajadores de la Universidad de Chile, que intentan negociar con las autoridades el traspaso de algún paño de terreno a los trabajadores, propiedad de la universidad y sin uso real para las actividades universitarias, con un acuerdo de pago en el tiempo dejando en garantía las viviendas que se construirían con los subsidios del Estado. La universidad tiene terrenos posibles para levantar un proyecto de este tipo. Sería emblemático que una universidad del Estado y, en este caso, además, la más importante del país, iniciara la concreción de un programa como este. Con seguridad que su ejemplo se repetiría por todo Chile, porque no en Concepción, en la Universidad del BíoBío, o en la Sexta Región, en la Universidad en Rancagua. Cada una aportando creativamente a la solución de los problemas del país, volcando a las escuelas y departamentos relacionados con la tarea de gestión, diseño y acompañamiento del proceso, relacionándose directamente con la realidad de nuestro país, saliendo de las aulas a mirar lo que ocurre en el resto del territorio y trayendo esa realidad a las aulas para compartir con ellas la búsqueda de nuevas soluciones. Demostrando que se pueden levantar alternativas participativas y comunitarios de la cual, cada uno y todos, seamos responsables.

Por último, es imposible no referirse a la Ley de Usurpaciones, una ley maldita, de la cual tenemos que hacernos responsables.

Chile vive hoy una situación de tal gravedad en materia habitacional que se vuelve irreflexivo utilizar la distinción legal/ilegal para analizar el problema de las tomas. Creer que aumentar penas y multas es una solución, es ingenuidad y también indolencia. Es desconocer la realidad de los desalojos: de madrugada, en medio del invierno, el frío y la lluvia, adultos mayores desprotegidos, familias que se quedan sin un techo donde criar a sus niños. Es naturalizar una crisis social y desconocer la legitimidad de una demanda que tenemos la obligación de resolver como sociedad.

Como gremio tenemos tres obligaciones: una, intentar de todas las formas posibles revertir en el parlamento esta ley; dos, mientras nuestros parlamentarios lo logran, intentar que el gobierno, este gobierno, mi gobierno, no otro, utilice todos los mecanismos legales posibles para frenar los desalojos. Se nos hace difícil pensar que tenemos que asistir impávidos a desalojos que dejan a cientos de familias en condiciones subhumanas; y tres, hacer presente como gremio, a través de las arquitectas y arquitectos que son parte de nuestro colegio, en los lugares en que se produzcan desalojos, apoyando a las familias, intentando que el daño sea el menor posible. No podemos desentendernos de este problema argumentando como únicas razones que son los tribunales quienes determinan los desalojos y que se les avisa a las familias con seis meses de antelación para no apoyarlos en uno de eso momentos en que la solidaridad es lo fundamental.

No es fácil, sé que no es fácil,  los problemas económicos por los que atraviesa nuestro país, la base tecnológica pequeña y atrasada de la industria relacionada que no permite acelerar los procesos constructivos, un Banco de Suelo que no termina de tener la relevancia necesaria como para facilitar el cumplimiento de los compromisos, hacen difícil sentir que se pueden cumplir con las propuestas del Programa de Ciudad, Territorio y Vivienda del actual gobierno, pero el proceso aún puede revertirse y si lo fortalecemos con la necesaria voluntad política, sin duda, cada año podremos avanzar más rápido y en mejores condiciones, buscando alcanzar las metas planteadas.

Y sabemos que podemos hacerlo porque tenemos un conglomerado de mujeres y hombres, los pobres del campo y la ciudad, un pueblo, decidido a organizarse, a luchar por sus reivindicaciones básicas, a recuperar un lugar protagónico en él proceso de construir sus vidas compartidas con las vidas de otras y otros, a ser un aporte a su país y a todas y todos aquellos que los puedan necesitar. Así lo han demostrado a lo largo de la historia de este país llamado Chile, así fue posible cuando el Estado asumió de manera protagónica los procesos de cambio y compartió esa responsabilidad con un pueblo entero.

Y esta nuestro gremio, y no solo el gremio de arquitectas y arquitectos, esta nuestro Colegio y están los frentes profesionales que se han creado con él tiempo. Ahí está Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, movimiento al cual pertenezco tratando de ser parte de la problemática y de las soluciones. Relacionado directamente con las tomas, los campamentos, los Comités de Vivienda, las Agrupaciones de Pobladores, los desastres naturales y sus consecuencias. Ahí están las universidades, las facultades de urbanismo, arquitectura, geografía, las escuelas de asistentes sociales y sus profesores y estudiantes los que deben comprometer su trabajo y su capacidad militante en estas tareas. Y no solo en las que se relacionan con la ciudad, el barrio y el territorio sino en todas aquellas en las cuales el pueblo este presente, con sus problemas y sus sueños y necesite un apoyo que les permita organizarse y luchar por sus demandas. Tenemos que ingresar en los frentes sociales, ser parte activa y militante de sus problemas y su futuro. Tenemos que construir una base social que apoye el proyecto de país y el programa de un gobierno que sea nuestro. Que nos sintamos comprometidos con quienes nos necesitan porque somos parte activa y responsable de su devenir.

Organicémonos, ocupemos un espacio en el cual nuestros colegas asuman la responsabilidad en los frentes sociales existentes en su territorio o ayudémoslos a organizarse. Distribuyamos nuestras capacidades profesionales para responder a las problemáticas de esos frentes comprometiendo nuestro trabajo con esa realidad.

Tenemos que hacerlo.  Tenemos que reconstruir la confianza en el pueblo y en su capacidad de encontrar una solución al problema de su vivienda, su barrio y su ciudad, sabiendo que tienen un grupo de profesionales que los respalda sin condiciones.

Unamos, como sabemos hacerlo, la actividad público-privada para que aporten suelo, tecnología, financiamiento y capacidad empresarial, con una cooperación activa en la tarea de construir, junto con las organizaciones del pueblo, un país cada vez más solidario y democrático.

Levantemos como bandera la necesaria trilogía. Esa que une en un derecho la educación, la salud y la ciudad y la vivienda. Una vivienda y una ciudad compartida en sus derechos porque sabemos que nada logramos con tener la educación y la salud comprometida en un derecho si la vivienda no es parte de ese derecho. Nada logramos con buenas escuelas y salud preventiva y de calidad si ese niño o ese viejo regresa a una casa o a un departamento en el cual viven hacinados entre diez y quince personas, un espacio que no garantiza a ninguno de sus habitantes una vida armónica, muchos menos a los niños que crecen en un ambiente insostenible y a viejos que no tienen un rincón donde reposar su jubilación.

Que los Pobres del Campo y la Ciudad no estén allí, en sus barrios, sus campamentos y sus viviendas hacinadas, esperando que se les entregue un subsidio y una vivienda, solo por pertenecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. Seamos parte activa de su transformación, en actores protagónicos del proceso. Acompañémoslos de manera comprometida, desde la base misma, en la transformación de nuestro país. Estemos presentes en los frentes sociales, luchando mano a mano por las reivindicaciones de cada uno de ellos.  Les aseguro que construiremos así el país que cada uno, todas y todos, soñamos con tener.

Nunca más, cada cual, solo en él desierto, intentando, individualmente, velar por su subsistencia. Transformemos la soledad en un sueño colectivo.

Muchas gracias