La disolución de la Araucanía

El gobierno no tiene un  plan de desarrollo para la Araucanía. Así de
tajante es la opinión de los parlamentarios de oposición, para referirse
a las promesas incumplidas del gobierno respecto a la zona.

En agosto recién pasado el Presidente de la república anunció la
ejecución de un plan para la región que comprometía US$ 4.400 millones
durante todo su período presidencial. A poco andar la cifra se modificó y
se empezó a hablar de una inversión de 500 millones de dólares para el
período 2011- 2014. Sin embargo el Presupuesto del 2011 solo consideró
$6.198 millones de pesos, es decir, 12 millones de dólares y no los 125
millones que correspondía según el anuncio presidencial.
Ese monto de 12 millones de dólares, o sea apenas el 10% de lo prometido
para el año a los gobiernos regionales, debieran ser suficientes, en
opinión del gobierno, para  generar infraestructura que atraiga
inversiones que originen trabajos de calidad.

Demandado el gobierno por la oposición en el Congreso para que explicara
en qué consistía el Plan Araucanía, no hubo respuesta. Según la
oposición porque no existe un Plan especial con recursos adicionales, y 
sólo hay continuidad de la inversión tradicional.

Sin embargo esta tampoco está garantizada si se consideran casos como la
Conadi, en que una parte sustancial del Presupuesto se ejecuta en la
región. La mala ejecución presupuestaria y la parálisis que experimenta
el organismo, podrían implicar que se quedara con la mitad de su
presupuesto o simplemente desapareciera.

Para nadie es un secreto que desde 1990 hasta la fecha,  el tema mapuche
ha sido una cantera de problemas, y que la Araucanía, como quiera que
se la mire, es una de las regiones de mayor tensión social. Tampoco es
una novedad que cada vez que  surge un conflicto mayor, este debe
solucionarse mediante mecanismos especiales, sobre todo los que
involucran al mundo mapuche. Lo que implica que las soluciones viven
fuera del Presupuesto.

Los impactos derivados del terremoto de febrero han agravado las
tensiones en la zona.De ahí que la promesa de un Plan especial para la
zona, no solo parecía razonable sino indispensable. Sin embargo no
llegó.

Las figuras de los comisionados presidenciales, ministros de Estado que
actúan como negociadores,  mediadores eclesiásticos, mesas de trabajo
con garantes externos, y muchos otros, son externos a la
institucionalidad encargada por ley de los asuntos indígenas, y a las
programaciones presupuestarias.

Los impactos derivados del terremoto de febrero han agravado las tensiones en la zona.
De ahí que la promesa de un Plan especial para la zona, no solo parecía razonable sino indispensable. Sin embargo no llegó.

La Conadi a la deriva
También la CONADI, tal como está, poco sirve para llevar adelante la
política indígena que hoy se requiere. Hasta ahora ha ayudado, pero
está  lejos de ser un instrumento eficaz para solucionar aunque sea una
parte de los graves problemas de la región. Ello quedó en evidencia
durante la larga huelga de hambre de los comuneros mapuche. Ahora, en la
percepción del actual gobierno, no solo no ayuda sino que más bien 
parece estorbar.

A principios de octubre, el senador Alberto Espina, en medio de los
impactos de la huelga de hambre de los mapuches enjuiciados por la Ley
Antiterrorista, señaló que el gobierno se ha retrasado en una serie de
medidas que evitarían nuevas huelgas. Una de ellas es “la
reestructuración y reformulación íntegra de la Conadi, comenzando por el
cambio de su cabeza”,  la que no tiene “ni el liderazgo, ni la fuerza
ni la capacidad necesarios para liderar este tema”.  Conadi, dijo,
debiera ser reemplazada por un  ministerio de asuntos indígenas.

Francisco Painepán, el Director Ejecutivo de Conadi, dice que “no se
hace cargo de las opiniones del senador Espina”, y agrega: “Yo soy
Director porque tengo la confianza del Presidente de la República, y
mientras la mantenga, eso es lo que me importa. No pertenezco a partido
político alguno y solo me debo a esa confianza”.

La opinión del senador Espina sobre la institucionalidad indígena 
concuerda con la iniciativa de Michelle Bachelet, la que al término de
su mandato presentó un proyecto para crear un ministerio de asuntos
indígenas. Según dirigentes indígenas, solo motivada por los escándalos
evidenciados por la Contraloría en la ejecución del programa Orígenes,
razón por la cual no tuvo apoyo de las diferentes etnias.

En mayo del presente año, el gobierno manifestó su voluntad de ejecutar
un “cambio drástico en la institucionalidad y la asignación de
recursos”. Y anunció que se transformaría la CONADI en tres organismos
independientes: uno destinado al diseño de políticas; otro a ser una
agencia de desarrollo con capacidades ejecutoras y técnicas; y un
tercero para ser un  consejo nacional asesor, donde estuvieran
representados todos los pueblos originarios. Para la oposición y la
mayoría de las organizaciones indígenas eso era un anuncio de
disolución.

Para el director de Conadi, por el contrario, ello es un cambio de rumbo
indispensable que se asocia a un plan general para la Araucanía. “El
organismo tal como está tiene demasiadas funciones que se enredan y lo
debilitan”, dijo a El Mostrador. E, independientemente que se cree la
Agencia de Desarrollo Indígena, “el mando superior debe radicarse en un
consejo interministerial”.

Sin embargo, la nebulosa de políticas se ha hecho permanente, sobre todo
después del conflicto en torno a la aplicación de la Ley
Antiterrorista.

La fusión que de hecho se ha producido entre el manejo de Conadi (desde
que se creó e instaló en Temuco), y el tema mapuche, resulta fatal para
la entidad. Peor aún si el Plan Araucanía no existe, y las políticas de
desarrollo prometidas no tienen por donde llegar. Ello aumentará la
presión sobre una Conadi paralizada. De eso fue a hablar el viernes 12
de noviembre la asociación de funcionarios con el ministro de Mideplan,
Felipe Kast.
 
CONADI debería devolver el 50% de su presupuesto
Aunque para el gobierno actual uno de los problemas básicos de Conadi 
está en la entrega discrecional de tierras que aplica y en no enfocarse
al desarrollo productivo, no ha sido capaz de desarrollar medidas
correctivas eficientes. Simplemente ha paralizado los programas.

De acuerdo a los datos de DIPRES al día de hoy,  Conadi debería devolver
cerca del 58% del presupuesto aprobado para el año 2010. Es decir, a
menos de dos meses que termine el año, y en plena discusión del
Presupuesto 2011, la Conadi ha gastado o comprometido apenas el 42% del
total de los fondos que le fueron asignados para el 2010, y ya no tiene
oportunidad de generar mayor ejecución, a menos que recurra de manera
indiscriminada a la distribución de tierras que tanto se ha criticado.
Pero incluso en ese caso, por razones estrictamente técnicas y de plazo,
estaría muy por debajo de las metas trazadas el año anterior.

En un documento de tres páginas los dirigentes de la Asociación Nacional
de Funcionarios ANFUCO le expusieron de manera detallada al ministro
Kast sus aprensiones. De acuerdo al SIGFE (Sistema de Información para
la Gestión Financiera del Estado) el presupuesto total para el año era
de $78.941.235.000.- y el devengado (comprometido y ejecutado) al 13 de
octubre era apenas $29. 682.917.272.

De acuerdo a lo que establece la normativa legal (Ley de Administración
Financiera del Estado, LAFE) los fondos no utilizados del Presupuesto se
pierden, y  en este caso ascenderían entre 30 mil y 40 mil millones de
pesos. Es decir, dicen los dirigentes, una cifra que prácticamente
liquida a la CONADI en sus capacidades operativas.

Según Francisco Painepán tales cifras son efectivas, pero tiene su
explicación en el estado financiero y de gestión en que se recibió el
servicio. Según él, el mayor porcentaje del Presupuesto corresponde al
fondo de tierras y aguas, más o menos el 67% del total, el cual ha
debido ser analizado en detalle y reestructurado para terminar con las
discrecionalidades de la administración anterior. Con todo, señala,
“aunque estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para ejecutar de manera
ordenada, “no creo que sobrepasemos el 52% de ejecución este año”.

La caza de brujas
Todos los atrasos y problemas que presenta hoy Conadi se deben a que
desde que se instalaron las nuevas autoridades, estas se dedicaron a
perseguir a los antiguos funcionarios “buscando operadores políticos”,
señalan los dirigentes sindicales.
Acusan a la Dirección Nacional de haber suspendido la ejecución de los
programas  con el propósito de indagar irregularidades que no han podido
encontrar, pese a que no hubo cambio en los procedimientos. Y si bien
reconocen que “las autoridades de turno no siempre han sido las más
adecuadas, oportunas e idóneas”, en referencia al gobierno anterior,
destacan que los funcionarios han trabajado con ahínco y compromiso,
obedeciendo órdenes, y que las “suposiciones y prejuicios” del actual
director nacional son ideológicas y solo perjudican a la población
indígena y a la institución.

Francisco Painepán niega haber llegado prejuiciado a Conadi. Sin embargo
un correo de su autoría fechado 16 de febrero de 2010, es decir casi 45
días antes de ser nombrado  director nacional, ya se pronuncia sobre
cambios, el paso a segundo plano a los jefes de oficina, y menciona a
Alfredo Peiñan como alguien que entregó información de funcionamiento y
funcionarios al Instituto Libertad, y que sería designado como jefe de
la oficina de Santiago debido a ese vínculo.

En el caso específico de la oficina de Santiago, Francisco Painepán
descarta cualquier animadversión en contra del funcionario a cargo de la
oficina, Marcos Haiquilaf, el que fue designado en el cargo mediante un
concurso de Alta Dirección Pública.
Este, argumentando presiones e impedimentos para realizar sus funciones
presentó un requerimiento a la Contraloría en contra del director
nacional. Este a su vez lo calificó con nota uno en todos los rubros en
el Informe de Desempeño correspondiente a los meses de febrero y junio
de 2010.

Consultado sobre el tema, el Director Nacional dijo a El Mostrador que
eso era “un error computacional”, aunque el Informe tiene desarrollo de
fundamentos y la firma responsable de quien lo emitió.
Sin Plan Araucanía y sin Conadi, solo falta que la nueva forma de
gobernar elimine por decreto la región para que desaparezcan los
problemas, ironizan en la oposición.
18 de Noviembre de 2010

– El autor es Abogado y Cientista Político.

*Fuente: El Mostrador