Derechos Humanos y comunicación

La temática de los derechos humanos es uno de los ámbitos donde más claramente se manifiesta la falta de ecuanimidad y la autocensura de los medios de comunicación. Esto se hace especialmente patente en todo lo que dice relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros –con la anuencia de las autoridades civiles cercanas al régimen militar- durante la dictadura de Pinochet.

Sin duda, la decisión de darle la menor cobertura posible a este tema está íntimamente relacionada con el pacto de impunidad contraído antes del término de la dictadura por los representantes de la derecha y de la Concertación, y mantenido hasta el día de hoy (1). El razonamiento es sencillo y certero: mientras menos informada esté la opinión pública sobre los horrendos pormenores de los crímenes cometidos y las medidas ideadas para garantizar su impunidad, tanto más fácil será implementar esas medidas y menor el costo político que deberán asumir sus autores.

Para romper el cerco informativo e impedir la aprobación de leyes que hubiesen significado la consagración de un punto final para los procesos judiciales por casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, los familiares de las víctimas han debido recurrir incluso a huelgas de hambre –como sucedió en 1993 contra el denominado proyecto de ley Aylwin- para sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública.

Un ejemplo reciente de impunidad encubierta lo constituyen los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema, a través de los cuales se han rebajado de tal manera las penas impuestas por los jueces a los violadores de derechos humanos que éstos han quedado en libertad. El hecho fue denunciado el 13 de noviembre de 2007 por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en una declaración pública. Pero fuera de circular este documento a través de medios electrónicos alternativos, no fue publicado por ningún diario ni menos mencionado por algún canal de televisión. Por este motivo, varios miembros de dicha agrupación –en conjunto con otros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)- ingresaron el 15 de noviembre del año pasado al edificio de la Corte Suprema y se sentaron en los pasillos, negándose a hacer abandono del lugar. Su desalojo forzoso sí fue motivo de noticia y apareció en los canales de televisión, pero sucedió lo que pasa habitualmente en estos casos: se informó del hecho pero muy poco sobre la motivación de los familiares. Una vez más, en muchos televidentes se reforzó probablemente la imagen distorsionada de ellos como personas conflictivas, siempre disconformes, que actúan por cálculo político y que, al decir del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, “han optado por pasearse por la vida en condición de víctimas perpetuas”(2).

Algo similar sucede cada año con la información que se difunde sobre la marcha y el acto realizado el 11 de septiembre por los organismos de derechos humanos y por todos quienes desean recordar y honrar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en el Cementerio General. Por la acción de jóvenes que escapan al control de los organizadores -o de francos provocadores- se producen violentos desmanes y son estos hechos, obviamente repudiables, los que se convierten en noticia para los medios de comunicación; y no la memoria histórica ni los sentimientos que mueven a quienes, junto con recordar a los seres queridos que les fueron cruelmente arrebatados, persiguen que hechos tan deleznables nunca vuelvan a ocurrir en nuestra patria.

El mismo cerco comunicacional que sufren las declaraciones y conferencias de prensa de las agrupaciones de familiares de víctimas rige también para los organismos de derechos humanos e incluso para los parlamentarios preocupados por este tema, como lo señaló recientemente el diputado Tucapel Jiménez en una entrevista concedida a la revista Reflexión de CINTRAS(3).

Pero la deuda de los medios de comunicación con la vigencia y el respeto a los derechos humanos en la sociedad chilena va más allá de ignorar informaciones y opiniones coyunturales. Además, ellos han omitido el importante rol que podrían haber jugado en la superación de la perversa dicotomía que sufrió la sociedad chilena y que aún persiste como onerosa herencia de la dictadura.

Las víctimas y sus familiares durante la dictadura fueron estigmatizados, deshumanizados, llegando a calificárseles de “humanoides”. Para reparar el daño que les fue infligido no basta con pensiones vitalicias o memoriales construidos en alguna plaza o cementerio. Es preciso devolverles la dignidad, rescatarlos en el imaginario colectivo como hombres y mujeres con responsabilidad social, movidos por ideales y un profundo compromiso con la lucha por mayor justicia social. Pero no ha habido espacio comunicacional para ello. Por el contrario, la estigmatización y marginación se mantienen, por lo que incluso las escasas medidas de reparación no son comprendidas por algunos sectores de la población, considerándolas “privilegios” inmerecidos.

Al no existir en la sociedad un conocimiento global, profundo y diferenciado de lo acontecido durante la dictadura militar -construido a través de información y debates públicos que permitan expresarse a todos los sectores implicados- las breves noticias sobre algún proceso en que se aplica la ley de amnistía, contraviniendo gravemente la normativa internacional de derechos humanos, caen en el vacío, sin alcanzar repercusión en la sociedad. Por el mismo motivo, las múltiples imágenes transmitidas por los canales de televisión el año 2003 -al cumplirse 30 años del golpe de Estado- más que contribuir a su sensibilización en relación a este delicado tema, produjeron saturación y rechazo en vastos sectores de la población.

Otro ámbito, íntimamente relacionado con el anterior, en que sería imprescindible la realización de debates públicos a través de los medios de comunicación -en especial la televisión- es el concerniente a la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, como las convenciones sobre desaparición forzada de personas de la OEA y la ONU. Estos tratados constituyen importantes logros en la defensa de los derechos humanos fundamentales a nivel regional y universal; pero sus contenidos son ampliamente desconocidos en nuestro país. Un debate con participación de organismos de derechos humanos y de todos los sectores políticos significaría –entre otras bondades- que para todos quedaría claro que estos tratados no tienen efecto retroactivo y que, por lo tanto, si la derecha impide su ratificación, la única explicación posible para esta actitud es que persigue el objetivo de mantener el camino libre para volver, eventualmente, a cohonestar dichas atrocidades en el futuro.

No podemos concluir sin dejar de mencionar el grave cerco informativo que ha impedido que la opinión pública conozca a cabalidad el trasfondo de la problemática actual del pueblo mapuche. Y que, específicamente, esté al tanto de las graves vulneraciones de derechos fundamentales que ellos padecen, así como de las reacciones frente a aquellas de las comunidades mapuches. Vulneraciones que llevaron a que un grupo de ellos reaccionara con una huelga de hambre quetuvo al borde de la muerte a la joven Patricia Troncoso; y cuyo cerco informativo constituyó uno de los factores para que casi se llegara a un resultado fatal.

Notas:
(1) Ver artículo de Felipe Portales: “Las iniciativas de impunidad de los gobiernos de la Concertación”, en “Reflexión” Nº 34, noviembre de 2007.
(2) “La Nación”, 13 de noviembre de 2007
(3) “Reflexión” Nº 34, noviembre de 2007