¿Qué hay detrás del documento firmado por la casta política- empresarial?

La democracia popular busca acabar con el control de la minoría a través de la fuerza ejercida por la mayoría. Por eso, los regímenes de gestión popular deben formar un programa de fuerte unidad, alimentando las diversas corrientes políticas para batallar contra la élite que carece de un programa que no sea el neoliberal. Por supuesto, ella intenta matizarlo y trata de esconder sus consecuencias más graves pero sabemos que el ideal dominante es muy conservador y reaccionario. De hecho, en Chile convivimos con un régimen que a los trabajadores nos excluye de los «beneficios» del crecimiento porque se gobierna a partir de la defensa estricta de los intereses de la acumulación privada del capital.
La conquista de la libertad no es un acto mecánico, producido por generación espontánea, sino que se logra en la medida que el combate por mejores condiciones de vida sea una constante. Así, el cambio de las estructuras del régimen con vistas a radicalizar el proceso democrático a favor de los asalariados es también una acción consciente que necesita de todos. La participación en la gestión de los asuntos públicos- a partir de la cual se define la agenda del gobierno popular- es central porque la (r)evolución es el mayor salto que la humanidad puede dar en la creación de relaciones sociales más fraternas. El principal escenario de confrontación será la batalla que se libra contra la patronal.
El foco creador del pueblo deberá evitar la continuidad de la realidad que permite que algunos hombres, los dueños de los medios de producción y de Chile- quienes por lo demás hoy se encuentran sumamente deslegitimados por sus propios actos de corrupción- se apropien del trabajo de otros hombres y nos esclavicen. Aquella es la génesis de la lucha de clases. Y sobre las múltiples operaciones políticas que buscarían sostener la ventaja del saber elitista (que deforman la realidad a partir de la mentira) debo decir que de esa manera las corporaciones apuestan a producir fisuras entre nosotros. Están preocupados porque la rebeldía la encontramos en las bases del movimiento social, más aún hoy cuando los casos de corrupción (Penta, Caval y Soquimich) terminan con la credibilidad de la «democracia» de los acuerdos.
En estas circunstancias surge el documento que firman desde la UDI hasta el PC para fijar su posición ante a la crisis del financiamiento de la política. Lo lamentable del mismo es que intenta rebajar la gravedad del asunto para de ese modo estabilizar la «democracia» en la medida de lo posible; se relativizan los hechos al calificar los escándalos como “conductas reñidas con la ética, en el sector público y privado”. Sin embargo, estamos ante la compra y venta de cargos políticos para defender los intereses de la patronal.
Sobre la reivindicación del régimen el acuerdo es claro: “Somos respetuosos de la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial … Somos respetuosos también de la acción del SII, del Congreso Nacional, del Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría General de la República, y de todas las instituciones que conforman el Estado de Chile”. Pero, son precisamente esas organizaciones las que están en duda por amparar la corrupción: el Congreso es protagonista de los escándalos, también la justicia que cambiando fiscales intentó dar todo por finiquitado y hasta el SII que maniobró con el manejo de los tiempos para presentar las querellas. En resumen, se defiende la legalidad vigente para así rechazar la idea de la Asamblea Constituyente.