Eliminar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no es un “ajuste técnico”

Primero, lo evidente: más de 1,7 millones de estudiantes dependen del PAE. No hablamos de un beneficio marginal, sino de una comida diaria que sostiene asistencia, concentración y permanencia escolar. Sacarlo implica trasladar cerca de $50.000 mensuales por niño a familias que, en muchos casos, simplemente no pueden absorber ese costo. El resultado no es teórico: peor nutrición, más inasistencia y mayor deserción.

Pero el impacto no se queda ahí.

En términos sociales, debilitar la asistencia escolar significa aumentar la desconexión de miles de jóvenes. Y cuando eso ocurre, aumenta la exposición a entornos de riesgo. No es alarmismo: es cómo funcionan las trayectorias de exclusión. La escuela no solo educa, también protege.

En términos económicos, el golpe también es directo. El PAE moviliza más de $1 billón anual, gran parte ejecutado por pymes proveedoras de alimentos, logística y servicios locales. Eliminarlo significa retirar decenas de miles de millones mensuales del circuito económico, afectando empleo, especialmente en regiones.

Y hay un punto aún más profundo que se está ignorando:

Chile necesita crecer. Y para crecer necesita inversión. Pero la inversión no llega solo por bajar impuestos: llega cuando hay capital humano, estabilidad social y productividad futura.

Debilitar la nutrición, la asistencia y la formación escolar hoy es debilitar la fuerza laboral de mañana.

En otras palabras:

Esto no es eficiencia del Estado. Es trasladar costos inmediatos a los más vulnerables y asumir riesgos estructurales en el futuro.

No es que falte un plan: el plan es el recorte.

Y ese tipo de decisiones se pagan, tarde o temprano.