Chile en llamas. Incendios forestales, capitalismo y muerte en el sur de Chile

22 de enero de 2026
No es la primera vez. Y mientras no se ataque la raíz del problema, tampoco será la última.

Los incendios forestales que este fin de semana arrasaron la región del Biobío, dejando muertos, heridos, miles de damnificados y territorios completos devastados, no constituyen una “tragedia natural”. Son el resultado lógico, previsible y reiterado de un modelo económico, territorial y político profundamente criminal.

Durante las últimas décadas, Chile ha vivido una sucesión de mega incendios cada vez más extensos, más rápidos y más mortales. Las imágenes se repiten, poblaciones enteras rodeadas por el fuego, trabajadores rurales huyendo con lo puesto, adultos mayores y niños atrapados, brigadistas exhaustos, y un Estado que llega tarde, cuando el daño ya está hecho. La pregunta, entonces, no es qué pasó, sino por qué vuelve a pasar.
Naturaleza o intencionalidad, una falsa dicotomía

La explicación dominante insiste en separar las causas entre “naturales” e “intencionales”. Olas de calor, sequía, cambio climático, por un lado, negligencia humana o incendios provocados, por otro. Esta división es completamente engañosa.

Las altas temperaturas y los vientos no explican por sí solos la magnitud de la catástrofe. El clima no decide qué se planta, dónde se construye una población ni qué territorios quedan sin cortafuegos, sin agua y sin planificación. El fuego puede iniciarse por una chispa, pero la catástrofe es socialmente producida.

Incluso cuando el incendio es intencional, centrar la atención en el “pirómano” individual cumple una función ideológica, oculta al verdadero responsable estructural. El problema no es el fósforo, sino el polvorín. Y ese polvorín tiene nombre, modelo forestal capitalista.

El monocultivo forestal como infraestructura del desastre
El sur de Chile fue transformado deliberadamente en una gigantesca plantación industrial de pino y eucalipto. Especies exóticas, de rápido crecimiento, altamente inflamables y con un consumo brutal de agua. No se trata de bosques, se trata de fábricas de madera a cielo abierto.

Este modelo, impuesto y subsidiado por el Estado desde la dictadura y profundizado en democracia, constituye una forma clásica de acumulación por desposesión. Se expropió biodiversidad, se secaron napas, se destruyó la agricultura campesina y se expulsaron comunidades, todo para garantizar la rentabilidad de un puñado de grandes grupos económicos.

Desde el punto de vista material, estas plantaciones crean las condiciones ideales para los mega incendios, continuidad territorial de combustible, ausencia de barreras naturales, suelos degradados y poblaciones obreras viviendo literalmente al borde del fuego. El Biobío no es una región “afectada por incendios”: es una zona de sacrificio forestal.

El Estado, prevención mínima, represión máxima
El rol del Estado en los grandes incendios forestales no es neutral ni accidental. Antes de la catástrofe, su presencia es débil, fiscalización insuficiente, planificación territorial inexistente y prevención subordinada a criterios de rentabilidad. Pero cuando el fuego estalla y el orden social se ve amenazado, el Estado despliega con rapidez su función central, el control coercitivo del territorio.

Estados de excepción o catástrofe, militarización de zonas rurales y urbanas, restricción de circulación y fuerte presencia policial y militar se convierten en la respuesta predominante. Esta intervención no apunta a modificar las causas estructurales del desastre, sino a restablecer el orden, resguardar infraestructura estratégica y garantizar la continuidad del modelo productivo.

Esto no constituye una anomalía, sino la expresión normal del Estado capitalista, débil frente al gran capital en tiempos de “normalidad”, fuerte y coercitivo frente a las comunidades cuando la crisis desborda los márgenes del control. La prevención es mínima porque no es rentable, la coerción es máxima porque el desorden territorial sí amenaza los intereses dominantes.

Así, mientras las grandes forestales permanecen prácticamente intactas, son los pobladores y trabajadores de las zonas afectadas quienes quedan bajo vigilancia, regulación y, muchas veces, criminalización posterior. El Estado no enfrenta al capital que organiza el territorio como polvorín, sino a la población que vive y muere dentro de él.

El Estado actúa como administrador de los intereses de la clase dominante. En el caso de los incendios, esto se traduce en una ecuación brutal.
Ganancias privadas en tiempos normales, socialización de las pérdidas cuando todo arde.

Muerte de la gente de a pie, muerte de clase y violencia estructural
Cada muerto en un incendio forestal no es una fatalidad. Es el resultado de una cadena de decisiones políticas y económicas. Son trabajadores, pobladores, adultos mayores, comunidades rurales quienes ponen los cuerpos. El capital, en cambio, asegura, reconstruye y continúa.

La tragedia no está solo en el fuego, sino en su repetición. En la normalización del desastre. En la idea de que “siempre ha sido así” o de que “el cambio climático nos superó”. Nada más funcional al sistema que presentar la muerte como inevitabilidad natural.

2030, el futuro anunciado
Especialistas advierten que, de mantenerse este modelo, la situación será aún peor hacia el 2030. No se trata de alarmismo, sino de una tendencia objetiva. Más calor, más sequía, más monocultivo, más precariedad territorial. La combinación es explosiva.

Desde una perspectiva marxista-ecológica, esto expresa la ruptura metabólica entre sociedad y naturaleza propia del capitalismo. Un sistema incapaz de reproducir las condiciones materiales de la vida, porque subordina todo a la ganancia.

No es gestión del desastre, es lucha política
Los incendios no se enfrentan solo con más helicópteros o mejores protocolos de emergencia. Eso es administrar la catástrofe. La verdadera discusión es política, propiedad de la tierra, modelo productivo, planificación bajo control social y ruptura con la lógica extractiva.
Mientras el territorio esté organizado para la rentabilidad y no para la vida, Chile seguirá en llamas.
Y no por accidente.

Salir del fuego, control democrático del territorio y fin del monocultivo
Nada de esto es compatible con el capitalismo. No por falta de técnica ni de conocimiento, sino porque este sistema organiza el territorio, la naturaleza y la vida misma en función de la ganancia privada. Cuando la rentabilidad manda, la prevención estorba, cuando la vida no es rentable, se vuelve sacrificable. Los incendios forestales no son una falla del modelo, son una de sus consecuencias lógicas.

Si el capitalismo no puede garantizar condiciones mínimas de reproducción de la vida, entonces debe ser cambiado. Persistir en este sistema nos conduce, literalmente, al desastre ecológico y social. No se trata de administrar mejor la catástrofe, sino de superar un modo de producción incompatible con la vida.

La alternativa es un sistema donde el territorio, los bosques, el agua y los bienes comunes estén bajo planificación democrática, con participación real de trabajadores, comunidades y organizaciones territoriales. Un sistema donde la producción esté subordinada a las necesidades sociales y ecológicas, y no al lucro de unos pocos. En otras palabras, una organización social distinta, capaz de planificar racionalmente la relación entre sociedad y naturaleza.

Mientras el capital decida, Chile seguirá ardiendo.
La única salida real es cambiar el sistema y construir colectivamente otro, donde la planificación democrática reemplace a la ganancia como principio organizador de la vida.

*Fuente: WerkenRojo

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