Las primarias del llamado «progresismo»

08 de junio de 2025

Los primeros debates públicos entre los candidatos del autodenominado «progresismo» han permitido poner claramente de relieve, más allá de ciertas diferencias de matiz existentes entre ellos, su base programática común. Todas las candidaturas se manifiestan partidarias de incorporar a la Democracia Cristiana a un eventual futuro gobierno y se comprometen a trabajar por generar amplios consensos entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Parlamento a fin de aprobar leyes que permitan abordar los diversos problemas inmediatos que preocupan a la ciudadanía.

Es decir, todas las fuerzas del llamado «progresismo» circunscriben el alcance de la acción política a los espacios institucionales cuyos protagonistas son, en definitiva, el reducido grupo de personas que tras las elecciones pasa a actuar en representación de la ciudadanía, permaneciendo esta última como mera espectadora de la misma. En segundo lugar, sus propuestas no exceden los límites de los problemas inmediatos que interesan o que, a consecuencia de la poderosa presión de los medios, parecen interesar prioritariamente a la ciudadanía y la búsqueda de soluciones que, negociaciones mediante, puedan finalmente lograr las mayorías parlamentarias requeridas.

Esto es lo que durante los gobiernos de la Concertación se bautizó y se exaltó, como sinónimo de sensatez, «política de los acuerdos». Sólo cabría plantearse entonces tareas y objetivos «en la medida de lo posible», sin pretender traspasar los límites que la propia realidad parece imponer férreamente a la acción política. El problema es que con este planteo se acepta permanecer  aprisionados en una suerte de jaula que torna ilusoria toda posibilidad de cambios de fondo, dando por sentado que, dadas las correlaciones de fuerzas, todo proyecto de transformación social profunda resulta inviable. Si éste no es el mejor de los mundos posibles, como sostiene la derecha, sería al menos el único posible, como tácitamente lo acepta el «progresismo».

Así vistas las cosas, toda la disputa política no sería más que una pugna por determinar a quien corresponderá administrar el orden social existente, es decir el sistema de explotación capitalista que impera en el país. La diferencia programática entre la derecha y el llamado «progresismo» no resulta ser entonces más que de énfasis, mayor o menor, en el grado aceptable de explotación de la fuerza de trabajo, de reconocimiento de ciertos derechos democráticos y de subordinación del país a los poderes fácticos de las empresas transnacionales y las potencias imperialistas.

La clave para escapar de la trampa que supone esa concepción estrecha de la acción política consiste en superar la visión meramente cupular de la misma y reconocer en el pueblo trabajador, y no en sus presuntos representantes en los espacios institucionales, la única fuerza potencial capaz de impulsar una transformación profunda de sus condiciones de vida. Por ello la tarea central de toda fuerza política que se reclame genuinamente de izquierda consiste en esforzarse por incidir en los niveles de conciencia, organización y movilización popular. Esto supone poner los mayores esfuerzos en apelar directamente a la conciencia de la población, defendiendo decididamente los derechos, intereses y aspiraciones del pueblo trabajador, denunciando incansablemente toda claudicación ante las presiones de los poderes fácticos y levantando claramente un proyecto de democratización real y profunda de la sociedad en todos sus aspectos.

Esa es la única forma de ir creando una correlación de fuerzas sociales y políticas que permita transformar lo que hoy parece imposible en posible y despejar el camino hacia una ampliación aún mayor del límite de lo posible. Esto no se hace cuando, como lo hacen los candidatos «progresistas», se acepta circunscribir las propuestas a «la medida de lo posible», justificando de esa forma las políticas impulsadas por el actual gobierno a contrapelo de sus anteriores promesas de campaña: el fortalecimiento de las AFP, el perdonazo a las ISAPRES, la firma del TPP11, la insignificante reforma tributaria, la militarización del Wallmapu, etc.

En el caso del acuerdo entre Codelco y SQM se llega incluso a escuchar los mismos argumentos que la derecha utilizó durante décadas para oponerse a la persistente demanda de nacionalización del cobre impulsada por la izquierda: que por falta de la experiencia y capacidad empresarial necesaria para su explotación el país se quedaría con las manos vacías. ¡Como si las capacidades empresariales radicaran en sus dueños y no en sus trabajadores!

Este último caso, el de la nacionalización del cobre por el gobierno del Presidente Allende, ilustra bien lo artificioso de la contraposición que, en defensa de la política de amplios acuerdos cupulares a puertas cerradas, ha hecho la candidata del autodenominado «socialismo democrático» entre el mundo ideal de las propuestas radicales pero inviables y el mundo real de los acuerdos posibles. Como se recordará, la izquierda no tenía entonces en el Parlamento las mayorías necesarias para aprobar una propuesta como esa y, sin embargo, presentada decididamente como una medida que respondía claramente al interés del país y a un abrumador sentir ciudadano, ninguna fuerza política se atrevió finalmente a oponerse a ella.

Si la nacionalización del cobre recibió la aprobación unánime del parlamento no fue por corresponder a los deseos de la mayoría de las cúpulas políticas sino por sintonizar claramente con una aplastante aspiración ciudadana, fruto de una larga, persistente y decidida labor de clarificación realizada por las fuerzas de izquierda. Ese es el hecho clave que muestra el camino a seguir por parte de una izquierda consecuente: apelar directamente a los derechos, intereses y aspiraciones del pueblo trabajador para basar en su fuerza los límites de lo posible.

Privilegiar en cambio la política de componendas cupulares alentadas por la presión de la clase dominante y sus poderosos medios de comunicación significa limitarse a administrar el orden social existente sin la menor pretensión real de superarlo. Ello, porque, así como una escuadra debe navegar al ritmo de su buque más lento, mientras más se amplia una alianza política hacia el «centro» más se limita el alcance transformador de sus objetivos. Asumir esta visión de la acción política significa, en definitiva, volver las espaldas al profundo, generalizado y aun explosivo descontento ciudadano existente actualmente en el país precisamente a raíz de la inoperancia, por indolencia o corrupción, de la casta política.