06 de marzo de 2025
Chile, marzo de 2025
La prensa y el Estado (el presidente Gabriel Boric y el delegado presidencial Jorge Alvial) tienen acceso a la carpeta investigativa, pero el secreto continúa para la familia y abogados de Julia Chuñil Catricura
En Chile, las 300 organizaciones del Espacio Día a Día por Julia Chuñil, declaramos con estupor ante la opinión pública nacional e internacional, que a 120 días, contados por nosotros a partir del 8 de noviembre del año 2024, fecha de la desaparición forzosa de la dirigente mapuche, la autoridad, incluida la judicial del Estado de Chile, no entrega información oficial alguna a la familia y el país sobre esta grave situación. Al contrario, la prensa y el Estado (el presidente Gabriel Boric y el delegado presidencial Jorge Alvial) tienen acceso a la carpeta investigativa, pero el secreto continúa para la familia y abogados de Julia Chuñil Catricura, defensora de su territorio ancestral, adulta mayor de 72 años, mapuche, previamente amenazada, asediada y hostigada por el terrateniente Juan Carlos Morstadt Anwandter.
El fiscal Carlos Bahamondes filtró información a los medios de comunicación afines al sistema, apuntando a culpar a integrantes de la familia, para de inmediato irse de vacaciones.
Es evidente el racismo judicial y patriarcal que rodea este caso. El fiscal Carlos Bahamondes filtró información a los medios de comunicación afines al sistema, apuntando a culpar a integrantes de la familia, para de inmediato irse de vacaciones. El abogado defensor debió elevar una querella para acceder a la investigación. Exigimos que se investigue esta filtración y se informe de los resultados. Es intolerable y gravísimo que los familiares de Julia Chuñil, que viven una tortura sicológica durante 4 meses sean sometidos ahora a una irresponsable presión mediática. Alertamos que los repetidos allanamientos a la familia y estas filtraciones parciales interesadas apuntan a configurar un montaje de la mano de los medios de comunicación tradicionales, que han silenciado el caso para encubrir a los verdaderos responsables. Reconocemos en ello un patrón de conducta similar al utilizado en tiempos de dictadura por los medios y el poder judicial. Recordamos la impunidad que rodea el caso de la defensora mapuche Macarena Valdés, un feminicidio empresarial presentado como un suicidio, mediante un montaje.
Su familia, amigos y diferentes organizaciones ciudadanas, defensoras ambientales y de derechos humanos exigen saber ¿DÓNDE ESTÁ JULIA CHUÑIL CATRICURA? Es la pregunta que también quiere hacer su familia al Presidente de la República pero él se ha negado a recibirlos.
Este 8 de marzo de 2025, a 4 meses de la desaparición de Julia Chuñil Catricura es necesario reiterar con fuerte convicción que el Estado de Chile es responsable de lo acontecido. El deplorable actuar de la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entidad que debiera defender los derechos indígenas, ha sido central en este caso, con la entrega de tierras al empresariado forestal sin informar de ello a quien tiene derechos ancestrales sobre ello, la comunidad Putraguel, presidida por Julia Chuñil. Estos hechos tienen puntos en común con el caso de Francisca Curihuinca Calcumil, otra mujer indígena, adulta mayor, mantenida actualmente en prisión preventiva por acusaciones de robo de madera y usurpación en una querella entablada por las forestales Arauco y Mininco de la que es parte el Ministerio del Interior.
La vulneración de derechos de estas mujeres mapuche responde a la vigencia del modelo de explotación forestal y de monocultivo amparado por el Decreto 701 hecho por la dictadura y renovado por los gobiernos civiles en desmedro del bosque nativo. Este diseño económico, ideológico y represivo, ha colocado al Estado en abierta persecución contra los pueblos originarios y en particular contra el pueblo mapuche, otorgando manga ancha al empresariado forestal para despojarlos de sus tierras por la vía judicial o el sicariato de matones. El Estado de Chile incumple sus compromisos derivados del Convenio 169 de la OIT, que consigna derechos a quienes pertenecen a los pueblos originarios estando inclusive en prisión. La implacable persecución se ha traducido en prisión preventiva excesiva contra comuneros mapuches, aislamiento y dispersión de prisioneros, torturas, negación de derechos culturales y religiosos en las prisiones, condenas desproporcionadas, ejecuciones sumarias de activistas en procesos de recuperación de tierras; montajes, militarización del Wallmapu por más de 3 años y ataques a sus abogados defensores evidenciando una justicia que se inclina en favor del empresariado forestal.
De este modo
la desaparición de Julia Chuñil es consecuencia directa de este sistema, que favorece a las empresas forestales y persigue a los pueblos indígenas y que en Julia Chuñil concentra todas las violencias del sistema patriarcal, de precarización etárea, discriminación, racismo, clasismo y colonialismo extractivista.
No dejaremos de exigir en todo el país que la Fiscalía y las policías cumplan con su rol de buscar a Julia hasta encontrarla y que se investiguen exhaustivamente las circunstancias de su desaparición. Los responsables como autores intelectuales y materiales deben comparecer ante la Justicia sin dilaciones, montajes ni encubrimientos. Exigimos al Estado que demuestre que en Chile, efectivamente, nadie está por encima de la ley.
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