Cambio climático, sequía e incendios forestales: todos los caminos conducen a la crisis capitalista

20 de febrero de 2025

En marzo de 2024, el Ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, visionariamente lideró la Quinta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Sequía (IWG por sus siglas en inglés), mesa de trabajo especializada de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se realizó en la Región de Coquimbo.

Este IWG, que periódicamente reúne a representantes de todos los continentes, y en la que Chile ocupa un espacio representativo de América Latina junto a Brasil, Honduras y Santa Lucía, es un grupo de trabajo creado para desarrollar políticas efectivas y medidas de implementación para abordar los impactos de la sequía en el contexto de la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD). A su vez, presenta sus conclusiones y recomendaciones para su consideración por las Partes en los períodos de sesiones de las COP de la CLD, para llevar a cabo su tarea en el contexto de un enfoque holístico e integrado más amplio para la reducción del riesgo de desastres, entre ellos los incendios forestales, y el aumento de la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas.

Su mandato es hacer un balance y revisar los marcos existentes de políticas, implementación y coordinación institucional, sobre preparación y respuesta a la sequía; considerar opciones para políticas apropiadas, medidas de promoción e implementación, en todos los niveles, para abordar la sequía, y sus efectos, de manera efectiva en el marco de la CLD.

Para ser parte  de este espacio, los países postularon en 2022 a ocupar una silla en la mesa de trabajo, y por el Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), han participado Santa Lucía, Honduras y Chile (que alterna con Brasil por Sudamérica).

Chile ratificó su adhesión a la CLD en noviembre de 1997, perteneciendo su representación al Ministerio de Agricultura.

La Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD)

Una tierra sana es la base del bienestar de los ecosistemas y la biodiversidad del planeta: nos permite producir alimentos, nos protege y constituye la columna vertebral de la economía global.

Cuando la tierra se degrada o se ve afectada por la sequía, pierde su capacidad de sustentar la vida, lo que genera una serie de consecuencias que van desde la pérdida de cosechas hasta la migración, incremento de riesgo de desastres y conflictos. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD o UNCCD, usando sus siglas en inglés) se estableció en 1994 para proteger y restaurar nuestra tierra y garantizar un futuro más seguro, justo y sostenible, y es una de las tres (3) convenciones nacidas de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, junto a las de Cambio climático (UNFCCC) y la de Biodiversidad (CBD).

La CLD es el único marco jurídicamente vinculante creado para abordar la desertificación y los efectos de la sequía. Hay 197 Partes en la Convención, incluidos 196 países Partes y la Unión Europea. La Convención, basada en los principios de participación, asociación y descentralización, constituye un compromiso multilateral para mitigar el impacto de la degradación de la tierra y proteger nuestra tierra para que podamos proporcionar alimentos, agua, refugio, disminuir riesgos y generar oportunidades económicas a todas las personas.

La Convención une a gobiernos, científicos, formuladores de políticas, el sector privado y las comunidades en torno a una visión compartida para restaurar y gestionar la tierra del mundo. Este trabajo es crucial para garantizar la sostenibilidad del planeta y la prosperidad de las generaciones futuras.

La IWG en camino a Latinoamérica

En la segunda reunión del IWG, que se llevó a cabo en Bonn, Chile ofreció alojar una reunión en Chile.

Para el país, resultaría trascendental realizar dicha reunión en territorio nacional, no solo por la grave y creciente situación de sequía que enfrenta, y la discusión parlamentaria de la nueva Ley de Suelos alojada en el Congreso, sino también porque con este marco científico-político, se habilita para llevar a cabo una conversación que une horizontes de política y futuro que pocas veces se encuentran en el actual debate político nacional e internacional, cual es la compresión de las razones profundas del deteriorado estado ambiental y las causas profundas de las transformaciones del clima a escala global, que solo se explican por el modelo económico imperante, que al tiempo que mantiene en paupérrimas condiciones de vida a miles de millones seres humanos en todos los continentes y también arrasa con la naturaleza y sus especies sin ninguna consideración de presente, y menos de futuro.

El fenómeno de la sequía ha sido considerada como el principal y más devastador efecto del cambio climático en  la Sesión Especial del Foro de Ministras y Ministros de Medioambiente de América Latina y el Caribe, en Río de Janeiro, Brasil en septiembre de 2024, un par de meses antes de la COP16 de desertificación, y al mismo tiempo ha sido un obstáculo sin solución en el contexto de avance de dicha convención.

Ya en la COP15 de Abidjan, las Partes habían sido incapaces de avanzar en la resolución del mecanismo global para la lucha global contra este fenómeno, situación mantiene en stand by el estatus de de la CLD, en comparación con las de Cambio Climático y Biodiversidad, que ya avazaron a dicho estatus, con el Acuerdo de París (2015) sobre cambio climático  y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022), respectivamente.

Como expresó un representante de GRULAC: el resultado de la COP16 “ha sido una gran derrota. Se ha perdido tiempo, recursos y esperanzas del mundo campesino y rural. No se puede calificar de bueno y positivo algo que terminó en cero avances, y más aun considerando que el multilateralismo se está debilitando cada vez más, tanto en Cali, Bakú como en Riyhad. Tuvimos una oportunidad a la puertas de alcanzarse y se perdió, y los próximos 4 años transcurrirán en el contexto del gobierno negacionista de Trump en Estados Unidos. Para el mundo en vías de desarrollo, esta pérdida de tiempo y oportunidades es especialmente grave, porque enfrentamos desafíos y presiones alimentarias en el presente, en un contexto que se deteriora cada día más”.

Coquimbo es el epicentro de la crisis climática en Chile

Coquimbo se considera la región más afectada por los efectos de dichos fenómenos en Chile, afectando fuertemente a los sistemas de agua potable rural, la disponibilidad de forraje para el ganado caprino y a la capacidad productiva de la economía familiar campesina.

Producto de la crisis hídrica, las autoridades de salud emitieron una resolución que declara zona de riesgo sanitario a toda la región, fundada en el estado de los embalses y de las proyecciones de Meteorología, que prevén precipitaciones bajo lo normal.

Esta medida viene a sumarse a resoluciones previas efectuadas por otras instituciones, como instrumento adicional y complementario a las declaraciones de zona de catástrofe del Ministerio del Interior y de zona de escasez hídrica del Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo que configura un contexto muy complejo para la región.

Desde la perspectiva del mundo académico, también han surgido voces validadas en distintos estudios que dan cuenta de los fenómenos discutidos, destacando un grupo de investigadores de Unesco, que estudió las causas de la extendida sequía en dicha región, demostrando según sus análisis que la sequía en Coquimbo fue provocada inicialmente por el sobreconsumo del vital elemento, indicando que mientras más aumentó la riqueza en la zona, mayor fue la reducción de caudales, pozos y aguas subterráneas.

En el estudio, titulado “Cambio climático y uso excesivo: desafíos de los recursos hídricos durante el crecimiento económico en Coquimbo”, publicado en la revista Sustainability, el 15 de marzo de 2022, revisó los datos disponibles por la Dirección General de Aguas (DGA) desde 1984 a 2018, considerando 43 estaciones pluviométricas, 10 estaciones de flujo de ríos y 11 piezómetros (utilizados para la medición de pozos), demostrando que la falta de agua en la IV Región no ha sido necesariamente creada por el cambio climático, sino por el modelo de consumo productivo y humano.

A su vez, el 72% de la superficie chilena experimenta sequía en diversos grados, y la región de Coquimbo es una de las regiones más afectadas con un déficit de lluvias que alcanza el 85,9%.

Desde Coquimbo hasta la Región Metropolitana, se aprecia la intensificación del riesgo de sequía como consecuencia de la disminución de las precipitaciones y el deterioro de la cubierta vegetacional. Esta tendencia se asocia probablemente al desplazamiento del límite austral del desierto de Atacama.

En las regiones de O’Higgins y de Maule, el riesgo de sequía disminuye, sobre todo por la mayor presencia de vegetación arbórea con cierta resiliencia al déficit hídrico, lo que indica que las acciones que sean posibles de ejecutar en relación con restauración pueden tener un efecto significativo.

A medida que el fenómeno de El Niño se debilita, aumentan las probabilidades del surgimiento de La Niña, planteando el riesgo de una nueva temporada con escasez de agua en el territorio nacional. Hace un siglo, en 1924, se registró una intensa sequía que afectó desde la Región de Valparaíso hasta la de Ñuble, y existe la posibilidad de una repetición exacta un siglo después. Los registros meteorológicos indican que las sequías más severas del último siglo han coincidido con eventos de La Niña.

Una sequía de esta magnitud se considera un desastre con efectos significativos en los ecosistemas naturales y el desarrollo de actividades humanas. Los años más secos están golpeando duramente tres sectores clave de la economía chilena: la minería, presente en trece de las dieciséis regiones del país; la generación de energía eléctrica a través de centrales hidroeléctricas; y la agricultura, que enfrenta un impacto sin precedentes.

Los incendios forestales son efecto de la crisis rural

Adicionalmente a la trascendente problemática de la sequía, hay nuevos desafíos que multiplican los temas de discusión, como por ejemplo las brechas de género y tenencia de la tierra, aun fuertemente relacionadas y que tampoco avanza; a su vez, problemáticas de migración, la situación de los pastizales y tierras de pastoreo, el relevante rol de la agricultura familiar campesina y el conocimiento ancestral de los Pueblos Originarios.

Sin embargo, y pese a todo tipo de preparativos y análisis del “efecto espejo” que se produce entre los hemisferios, la agenda estival del hemisferio sur releva el impacto y ocurrencia de los incendios forestales y la rápida aceleración de las tasas de degradación de la tierra (y emisiones).

Los incendios forestales tienen impactos complejos sobre los procesos ecológicos, debido a la variabilidad de las estructuras del paisaje como a las diferentes respuestas de la vegetación. Los impactos de los incendios van a depender de la intensidad, recurrencia y duración del incendio forestal. Estos efectos pueden ser directos, tales como pérdida de animales, pérdida de la vegetación y degradación del suelo. Los efectos indirectos, por su parte, van desde la erosión del suelo y la contaminación del agua hasta el ensuciamiento de represas y deslizamientos de tierra.

Los efectos en el suelo van a depender de la topografía del lugar, intensidad del proceso de erosión, tasa de regeneración de la cubierta vegetal post-incendio, recurrencia, intensidad y duración del fuego.

Los principales impactos de los incendios forestales son a nivel de las propiedades (físico, químico y biológica) y productividad del suelo. Estos impactos se traducen en: generación de erosión, pérdida de nutrientes, disminución de la materia orgánica y la alteración de la vegetación.

El ciclo hidrológico de una cuenca se puede ver afectada después de un incendio forestal debido a la pérdida de vegetación, disminución de la materia orgánica y los cambios en las propiedades del suelo, las cuales causan una disminución en las tasas de infiltración, disponibilidad de agua y aumento de escurrimiento.

La relación de la vegetación y los incendios forestales se centra en la modificación en su estructura, composición y servicios ecosistémicos. El reemplazo de especies nativas por exóticas provoca los siguientes efectos: menor cantidad de precipitación interceptada, mayor movimiento de la masa de aire y mayor cambio en la temperatura y humedad del suelo.

La modificación de la estructura y composición de la vegetación debido a los incendios forestales puede afectar a los servicios ecosistémicos. Por ejemplo: disminución de la tasa de descomposición de hojarasca, disminución de nichos para invertebrados, alteración al microclima, entre otros.

A su vez, la brecha que existe en las olvidadas prioridades de las economías rurales, que pongan en valor la silvicultura, la agricultura y ganadería regenerativas, la trashumancia e incluso los servicios ecosistémicos, resulta ser una pieza clave para la consecución de paisajes que nos permitan mejorar los niveles de control contra los incendios. Este paisaje en mosaico y diverso podrá ser una realidad solo si se revierten los graves procesos de despoblación rural y recuper los usos y aprovechamientos de la naturaleza, como la agroforestería.

El cambio climático, la degradación ecológica y los derechos de los pueblos indígenas afectan la forma en que se gobiernan las tierras y los recursos.

Específicamente, en la gobernanza de los incendios forestales, la participación individual y comunitaria ha aumentado, lo que la hace más participativa y descentralizada. A pesar de la evidencia de esta tendencia, la gestión de grandes extensiones de paisajes propensos a incendios todavía se centra en la extinción organizada por una burocracia estatal centralizada.

Las actuales políticas de lucha contra los incendios forestales, tanto en climas mediterráneos como a nivel global, son insuficientes para dar cuenta de una creciente, compleja y desafiante tarea. Estas políticas priorizan avanzados dispositivos de extinción, ignorando variables como la carencia de planificación, los efectos del calentamiento global y la acumulación de combustibles (naturales) a escala de paisaje. Además, tienden a sobre reaccionar ante la opinión pública únicamente con una inversión cada vez mayor de recursos financieros, que a su vez son resultado de políticas económicas dominantes que, para efectos de la prevención y combate a los incendios forestalles, constituyen un saco sin fondo dirigido a financiar un potente sistema de extinción que compromete el impulso de una verdadera política forestal – dejada en manos de los monocultivos forestales por sobre el bosque nativo – y la planificación territorial para beneficio de los ciudadanos del mundo rural.

El énfasis puesto en la eficacia de la extinción tiene efectos que, a medio y largo plazo, son perversos. El problema se resuelve en lo inmediato, combatiendo los incendios. Pero en algún momento, como ya ha sucedido y volverá a suceder, habrá una inevitable confluencia de condiciones meteorológicas extremas y acumulación de combustible a escala de paisaje, generando incendios de extraordinaria intensidad, poniendo nuevamente en riesgo vidas, propiedades y ecosistemas.

La extinción de incendios debe seguir desempeñando un papel clave en la protección de vidas y asentamientos humanos. Para ello deben contar con los recursos adecuados, personal bien capacitado y la debida coordinación con el resto de los operativos de protección civil. Sin embargo, ha quedado demostrado que el enfoque no funciona con las actuales tendencias del clima y el contexto de abandono rural y forestal. En estas circunstancias, la frecuencia de los eventos extremos va a aumentar incluso ante el incremento en los presupuestos comprometidos para la extinción de incendios. Es urgente un cambio de foco en la gestión del fuego producto del cambio climático y sus efectos.

Dependiendo del contexto, este cambio de política no equivale a una disminución en el esfuerzo de extinción de incendios, sino a un enfoque orientado a la inversión para recuperar el paisaje heredado. La búsqueda de territorios más resistentes a los súper incendios o incendios de sexta generación, debe perseguir recuperar el tradicional paisaje en mosaico que incluya la apertura de pequeños pastizales, la creación de cortafuegos naturales, la sustitución de monocultivos de paisajes más propensos a la ignición o modificar plantaciones abandonadas por otras más adaptadas al nuevo clima o bien diversificar las masas protectoras compuestas por una única especie. Se suman a este enfoque la restauración ecológica a escala paisaje, limitar las parcelaciones o subdivisiones del ecosistema rural y otras políticas que derivan en la prevención.

Los paisajes, las estructuras y las personas (y, por ende, los Estados) deben hacerse más resistentes a los efectos del fuego, el que jamás desaparecerá. Seguir respondiendo a cada catastrófica temporada de incendios con un gasto cada vez mayor en extinción, sin atender los problemas de fondo tanto de la orientación de la economía (una vez más) como de la vida orientada al consumo (de bienes y de naturaleza), es y será insustentable a largo plazo.

En general, las inversiones dirigidas al desarrollo rural, a la gestión forestal responsable o a la adaptación del paisaje al cambio climático, son testimoniales por parte de los Estados. En los presupuestos públicos poco se considera una prevención real y eficaz que persiga minimizar los impactos de los incendios.

Es clave reconocer que el cambio climático aumenta la frecuencia y gravedad de los incendios forestales catastróficos. Más de 100 estudios revisados por pares, publicados desde 2013 a la fecha, demuestran un fuerte consenso en que el cambio del clima extiende los períodos de riesgo de incendios forestales y aumenta la probabilidad de ocurrencia. El (mal) uso de la tierra y las (malas) prácticas de gestión forestal también son factores contribuyentes, pero no explican  completamente la magnitud de los incendios forestales en los últimos años.

Los diversos paisajes y comunidades del país requieren estrategias y acciones adaptadas a cada región, protegiendo a sus comunidades y sus lugares naturales de los impactos de los incendios forestales catastróficos, lo que no se puede lograr mediante una solución estándar que sirva para todos orientada desde el centro de la capital del país.

Los diferentes tipos de vegetación y paisajes (desde las formaciones xerofíticas, el bosque frío  y la patagonia) requieren enfoques diferentes. Las inversiones y los programas estatales deben reconocer y permitir soluciones impulsadas a nivel regional y local en asociación con grupos y líderes locales.

La resiliencia ante los incendios forestales catastróficos significa restaurar la salud de nuestros bosques y diversos paisajes en todo el territorio nacional, y fortalecer la preparación contra los incendios forestales desde el interior de las comunidades. Si bien el trabajo debe comenzar en el manejo forestal, una estrategia efectiva para abordar el creciente riesgo de incendios forestales también debe enfatizar las acciones que se deben tomar en hogares, vecindarios y comunidades.

A su vez, se debe comunicar con mayor fuerza a las comunidades que el consenso científico considera que los incendios frecuentes y de baja intensidad pueden ser una fuerza positiva para mejorar la salud forestal y biodiversidad y seguridad de las comunidades forestales. Se deben  aprovechar las prácticas de los pueblos originarios, los ganaderos y las comunidades rurales para ampliar las quemas prescritas y llevar estas mejores prácticas a tierras estatales. Los incendios, dentro de la fatalidad, pueden suponer un punto de inflexión para generar paisajes menos inflamables y evitar que vuelvan a quemarse dentro de 20 o 30 años.

Fortalecer los vínculos entre la salud ecológica de los bosques y la salud económica y social de las comunidades rurales debe ser un factor a considerar. Los casos exitosos de gestión forestal y de productos madereros ambientalmente sostenibles son vitales para permitir la prosperidad en las economías rurales forestales, como ha sido desde antes de la dominación global del neoliberalismo.

Rodrigo Andrade Ramírez:

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Fundador del Diplomado en Cambio Climático en Políticas Públicas para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Profesor de Gobernanza Climática Multilateral para el Diplomado en Cambio Climático de la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Ex Director de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile. Columnista y Escritor.

Dr. Guido Asencio Gallardo, Académico chileno