¿Qué significa corrupción?
El Fiscal Nacional es el jefe superior del Ministerio Público y es el responsable de su buen funcionamiento.
Según la Ley ley 19.640 del artículo 17, las funciones de esta autoridad son:
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- Fijar, oyendo previamente al Consejo General, los criterios de actuación del Ministerio Público para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Constitución y en las leyes.
- Fijar, oyendo al Consejo General, los criterios que se aplicarán en materia de recursos humanos, de remuneraciones, de inversiones, de gastos de los fondos respectivos, de planificación del desarrollo y de administración y finanzas.
- Crear, previo informe del Consejo General, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos.
- Dictar los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le confiere la Constitución Política.
- Nombrar y solicitar la remoción de los fiscales regionales, de acuerdo con la Constitución y con esta ley orgánica constitucional.
- Resolver las dificultades que se susciten entre fiscales regionales acerca de la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública o la protección de las víctimas o testigos.
- Controlar el funcionamiento administrativo de las Fiscalías Regionales.
- Administrar, en conformidad a la ley, los recursos que sean asignados al Ministerio Público.
- Solicitar, en comisión de servicio, a funcionarios de cualquier órgano de la Administración del Estado, para que participen en las actividades propias del Ministerio Público.
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Amnistía Internacional envía carta al Fiscal Nacional Ángel Valencia respecto al aplazamiento de audiencia de formalización contra mandos de Carabineros
La injerencia indebida y los múltiples ataques que han recibido los fiscales Armendáriz y Chong, quienes actualmente están liderando la investigación judicial contra el Alto Mando de Carabineros de Chile, ponen en grave riesgo dicha indagación y suma al desgaste de las cientos de víctimas que siguen esperando justicia. .
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Para Amnistía Internacional es preocupante que esos hechos lamentables pudieran haber afectado la independencia del Ministerio Público y forzado un aplazamiento de la audiencia de formalización de dicha causa, que estaba prevista para el 7 de mayo.
“Nos llama la atención que el aplazamiento se produzca justo después del homicidio de tres oficiales de Carabineros, a una semana de la audiencia de formalización y en medio de múltiples intentos de los altos mandos por demorar dicha instancia. Este viraje repentino del Ministerio Público, conduce a pensar que el aplazamiento, lejos de tener un fundamento jurídico, habría estado motivado por presiones externas e injerencias indebidas”, afirma Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.
Nos llama la atención que el aplazamiento se produzca justo después del homicidio de tres oficiales de Carabineros, a una semana de la audiencia de formalización y en medio de múltiples intentos de los altos mandos por demorar dicha instancia.
Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile
En virtud de todo lo expuesto y dado el papel esencial que cumplen los y las fiscales en la vigencia del estado de derecho, y especialmente en la responsabilidad adquirida para investigar y perseguir hechos delictivos, especialmente cuando estos constituyen graves violaciones a los derechos humanos cometidas posiblemente por altos funcionarios del Estado, resulta importante que el fiscal nacional, Ángel Valencia, como máxima autoridad del Ministerio Público, garantice la autonomía e independencia de los y las fiscales, ignorando las presiones políticas que por un escenario concreto pudieran darse en el país, y atendiendo únicamente a los principios del estado de derecho y de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Para más información y gestión de entrevistas contacte a press@amnesty.org
*Fuente:
Y esta no era la primera carta sobre el tema de la investigación de la Violencia de Carabineros contra las manifestaciones sociales. El 25 de enero de 2024 ya le habían enviado una carta sobre el tema:
Amnistía Internacional envía carta al Fiscal Nacional Ángel Valencia respecto a la independencia judicial de los y las fiscales 25 de enero de 2024
¿Por qué no reacciona el Fiscal Nacional? Hay cientos de víctimas esperando justicia. Hay funcionarios que investigan crímenes, arriesgando su vida, y ¿el fiscal no responde?
Ante esa realidad, las publicaciones aparecidas los últimos días no hacen más que aumentar nuestra preocupación:
Ángel Valencia no solo fue asesor externo en la Municipalidad de Lo Barnechea entre 2015 y 2022, sino que también defendió en causas judiciales a las municipalidades de Vitacura, Lo Barnechea y Ñuñoa. Lo más relevante es lo que emerge en los 15 últimos años de su carrera profesional: ha sido un abogado de confianza de quienes han dirigido los municipios de la zona oriente de Santiago, y que ahora protagonizan casos millonarios por malversación de dineros públicos.
Los desconocidos nexos de confianza del Fiscal Nacional con las autoridades clave de Vitacura y Lo Barnechea que están en la mira de la justicia
Desde febrero de 2015 Ángel Valencia estuvo contratado en la Municipalidad de Lo Barnechea, entonces dirigida por Felipe Guevara (RN). En diciembre de 2019 aparece otro vínculo entre ambos: el nuevo Fiscal Nacional asesoró a Guevara cuando asumió como Intendente Metropolitano, en pleno estallido social. A pesar de la documentación que acredita esas contrataciones, Valencia insiste en la versión que entregó ante el Senado: dice no conocer al exalcalde y exintendente metropolitano.
Fiscal Nacional emitió 57 boletas a Lo Barnechea mientras Felipe Guevara era alcalde
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13 de mayo de 2026
El contencioso sobre el Sáhara Occidental, comenzó en el año 1975 cuando Marruecos se anexionó ese territorio con la llamada «Marcha Verde». Esa operación, organizada por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a 350.000 civiles marroquíes para apoderarse de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados.
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Texto íntegro de la carta de Brahim Ghali a Naciones Unidas
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Condenamos las declaraciones irresponsables e inexactas emitidas recientemente por algunos gobiernos, las cuales pretenden echar tierra sobre los ojos para ocultar las realidades sobre el terreno en el Sáhara Occidental ocupado y desviar la atención de la guerra agresiva continua que el Estado ocupante marroquí libra contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.