«Su intención no fue usar el arma conforme a su naturaleza y finalidad para dispersar o disuadir muchedumbres con el humo del gas lacrimógeno, sino que su propósito fue hacer daño a cualquiera de ellas«, fue parte de lo que afirmó la jueza Marcela Nilo.

Por este hecho, el Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de cárcel para Maturana, algo que se dará a conocer el próximo 10 de octubre.

GOBIERNO: «ESPERAMOS QUE PUEDA SANAR EN ALGO SUS HERIDAS»

Consultada por el veredicto en una rueda de prensa, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, dijo que como Gobierno «esperamos que la resolución de la Justicia ojalá pueda sanar en algo las heridas que tiene ella en torno a lo simbólico que significan».

«Somos muy respetuosos de las instituciones del Estado y de la autonomía de los mismos, pero también tenemos un compromiso estricto con los derechos humanos y en particular con aquellas personas que son víctimas», dijo la jefa de gabinete, que destacó el «cariño y fraternidad» de La Moneda con la senadora.

Campillai es una de las víctimas más simbólicas de la brutalidad policial que se empleó en Chile para sofocar las manifestaciones y que fue denunciada por organismos como ONU y Amnistía Internacional.

Su caso y el de Gustavo Gatica, el otro joven que perdió la vista en la crisis social, dieron la vuelta al mundo y visibilizaron la epidemia de mutilados oculares que dejaron las revueltas.