A la espera del plebiscito de salida

25 de agosto de 2022

UNA CUESTIÓN PREVIA

El 04 de septiembre deberá la ciudadanía concurrir a las urnas para pronunciarse sobre si aceptar o no la propuesta de nueva constitución hecha por la Convención Constitucional.

Teóricamente, del texto que ilustra el llamado ‘Acuerdo Por la Paz Social y una nueva constitución”, de fecha 15 de noviembre de 2019, y de las disposiciones de la propia Ley 21.200 —que materializó aquel convenio— se desprende que el legislador, al discutir el contenido de la misma, no tuvo dudas acerca de existir consenso entre los firmantes del documento en torno a una cuestión fundamental: la abolición de la constitución pinochetista.  La eliminación de ese engendro jurídico fue, pues, requisito sine qua non para la firma del referido Acuerdo y, consecuentemente, para la dictación de la Ley en referencia. De lo cual debería colegirse que, de ganar la opción ‘Rechazo’ —contenida en la misma ley—, y dado que la constitución de 1980 debería considerarse vigente solamente en forma supletoria en tanto no se dicte la nueva, estaría el legislador obligado a convocar a la ciudadanía a elegir nuevos convencionales constituyentes para dar vida a una nueva Convención Constitucional.

En ese sentido se orientaría la propuesta hecha por el propio presidente —temeroso del eventual triunfo del Rechazo y presionado por los propios miembros de su coalición de pasado concertacionista—, que ha venido repitiendo en no pocas oportunidades, a partir de una entrevista que le hiciera CHV el 15 de julio pasado:

«Lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más (…) Ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó en un Plebiscito por una nueva Constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin”[1].

CÓMO MATERIALIZAR EL ACUERDO

Para dar vida a esa propuesta debió el presidente ordenar sus propias filas lo que consiguió al materializar su contenido en un nuevo Acuerdo, de fecha jueves 11 de agosto de 2022, suscrito, esta vez, solamente entre los partidos integrantes de la alianza oficialista. De acuerdo a lo señalado por un rotativo:

“El acuerdo contempla una serie de modificaciones, como alcances a la consulta indígena; limitaciones a la justicia indígena; establecer el Estado de Emergencia; eliminar la elección del Presidente, o cambiar la denominación Sistemas de Justicia por Poder Judicial”[2].

El referido acuerdo no cuenta, sin embargo, con el apoyo de las organizaciones sociales que prefieren mantener su independencia del Gobierno. Una declaración publicada en el diario ‘El Clarín’, de fecha 13 de agosto de 2022 da cuenta de ello.

“Los partidos políticos y el gobierno olvidaron que el proceso constituyente surgió del estallido social y la revuelta, entroncadas con las luchas históricas por el agua, la previsión, la educación. Este proceso no fue un regalo de la clase política, que hoy nuevamente utiliza procedimientos antidemocráticos para seguir administrando el modelo de miseria”[3].

En Derecho Público, con todo, no puede—y los asuntos constitucionales pertenecen a ese ámbito— procederse livianamente. Las autoridades no pueden interpretar a su manera la ley ni, mucho menos, atribuirle alcances mayores a los que posee. Y eso lo tiene muy claro la ‘elite política’ que ha gobernado desde 1990 en adelante esta nación; no por otra cosa incorporó a la Ley 21.200 un artículo específico (el 142) cuyo inciso final dispone:

“Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”.

Por consiguiente, el triunfo del Rechazo contiene, en sí, un seguro de vida para la permanencia de la ‘élite política’ nacional y, consecuentemente, tanto la forma de gobierno vigente como la de acumular.

De lo cual puede deducirse que el primer gran triunfo de esa corriente sería la irrestricta prolongación de la vigencia de la constitución dictatorial. Algo que ya estaba en la cabeza de los que redactaron la Ley 21.200 y, por lo mismo, de los que firmaron el Acuerdo de 15 de noviembre de 2019.

Está claro, entonces, que un nuevo proceso constituyente sólo podría ser posible en virtud de la presentación al Congreso de un nuevo proyecto de reforma a la constitución. Y es posible que éste haya sido el camino invocado por el presidente. Porque en ese sentido han apuntado los comentarios del timonel del PC Guillermo Teillier:

«[…] creo que tiene que haber una injerencia del Congreso, lo que sea, si es acuerdo político o no, tiene que haber una discusión y tiene que producirse incluso una reforma constitucional»[4].

PREGUNTAR O NO PREGUNTAR

El problema no termina ahí. Un nuevo proyecto de reforma a la constitución vigente no debe ser hecho solamente para convocar nuevamente a la ciudadanía a elegir otros convencionales sino para preguntarle, una vez más, si es que quieren seguir con la constitución vigente. Aunque eso no lo crea el presidente.

“[…] el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quería una nueva Constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin y, por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante”[5].

Porque el art. 142 de la Ley 21.200 resucita la constitución actual de ganar el Rechazo. Es decir, se vuelve a fojas cero, que es el efecto perseguido por la ‘elite política’ con la dictación de la Ley 21.200.

Con todo, si así ocurriese o si así se acordase por el Parlamento, esta circunstancia acarrea un nuevo problema: si se considera que los problemas económicos actuales han sido provocados por la inestabilidad política que crea el plebiscito de 04 de septiembre, la convocatoria a un nuevo plebiscito produciría un efecto semejante, lo que debería poner en alerta a los sectores empresariales cuyos negocios solamente prosperan cuando hay tranquilidad social. Es la necesidad de esa tranquilidad lo que, en cierta manera, haría olvidar a ese sector todas las promesas hechas a la ciudadanía en torno a dictar una nueva constitución, pues la apertura de un nuevo período plebiscitario volvería a crear un clima de inestabilidad en todo el país[6]. Y explicaría por qué en la contienda por el plebiscito, la participación de los sectores de Chile Vamos no ha sido relevante, al contrario de la militancia del partido Republicano: la verdadera ‘derecha’ no quiere verse directamente involucrada en la contienda por el Rechazo sino tan sólo su sector más afiebrado. Lo cual no quiere decir que vaya a votar por el ‘Apruebo’.

Desde este punto de vista, la opción del ‘Rechazo’ puede abrir, para la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, una caja de Pandora de impredecibles resultados.

ENTONCES, EL ‘APRUEBO’

La opción del ‘Apruebo’, teóricamente, tampoco le conviene a la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo; especialmente, en su versión ‘sin condiciones ni reformas’, posición que defienden los movimientos sociales. Le conviene introducirle reformas.

Por esa circunstancia —y siempre dentro del Apruebo—, la propuesta del presidente, materializada en el Acuerdo de 11 del presente entre los partidos de la coalición gobiernista, puede resultarle bastante atractiva: aceptar la nueva constitución e, inmediatamente, avocarse a revisar su articulado para reformarla parece más conveniente. Total, el propio presidente y la coalición gobernante (Frente Amplio, principalmente) derrotaron las posiciones independentistas dentro de la Convención y lograron aprobar que este nuevo Parlamento, elegido bajo las normas de la constitución dictatorial y sin participación de listas independientes, pueda hacerle modificaciones al nuevo texto. Para perfeccionar la forma de reformar la constitución recién aprobada, el apoyo de la llamada ‘élite política’ puede ser crucial y eso lo saben los sectores dominantes pues por algo lo son.

EL RENACER DE LA ‘ÈLITE POLÍTICA’

Es un hecho cierto que, a partir del acuerdo de 15 de noviembre de 2019, la ‘élite política’ comenzó a recuperar los espacios políticos que había perdido luego del estallido social. Y lo hizo de la mano de los partidos nuevos, formados por ex líderes estudiantiles que, también, se fueron asimilando, fatalmente, a la ideología imperante convirtiéndose en ‘élite’.

Pero si los movimientos sociales se levantaron en contra de la ‘élite política’ ¿cómo es que ésta haya podido renacer con tanto éxito, una vez más?

Una de las razones más poderosas radica en la elección de convencionales constituyentes. Dichas elecciones fueron una advertencia para esa ‘élite’ de lo que podría sucederle de seguir aceptando la participación de independientes en listas. Apoyadas en discutibles hechos, como el engaño que hiciera el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade con su enfermedad y la propuesta de María Rivera, relativa al reemplazo del Parlamento por una ‘Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos’ —calificados por algunos analistas de ‘escándalos’ o ‘propuestas descabelladas’[7]—, la ‘élite’ no tuvo voluntad para aceptar nuevas propuestas que validaran la elección de independientes. No hay que olvidar que los movimientos sociales pidieron ser considerados para enfrentar las elecciones parlamentarias de 2021. Sin embargo, considerando la estruendosa derrota que tuvieron al conceder aquella a los independientes la posibilidad de formar listas para enfrentar las elecciones de convencionales constituyentes, los partidos políticos determinaron que no era posible acceder a esa nueva petición. Por consiguiente, en dicho evento solamente fueron elegidos miembros de los partidos políticos. Es decir, el Parlamento chileno está integrado en su casi totalidad por la ‘élite política’.

La ‘élite política’ trabaja en estrecha colaboración con la prensa tradicional, hecho que no debe sorprender pues está compuesta de un conjunto de ‘actores políticos’ que se desplaza, naturalmente, por una ‘escena política’ nacional. Como actores que son, necesitan del reconocimiento y aplauso de la comunidad. Por eso trabajan en estrecha colaboración con los medios de comunicación escritos, orales y de imágenes. Se nutren de ellos y los nutren con su quehacer. Las ácidas críticas que puedan formular en contra de algo o alguien tiene eco en esos medios que, de por sí, son formadores de opinión pública. Por tanto, cuando desde allí se desprestigia a una institución o a sus miembros las consecuencias son graves. Puede suceder, como ocurriera con la Convención, que tras ese trabajo de desprestigio —si aceptamos los resultados de las encuestas (diligentemente divulgados por los medios tradicionales de comunicación)—, se pueda concluir, como lo señalara un analista que

“Cuando la Convención presentó el texto definitivo, bastante más moderado, la confianza en su gestión ya había caído a 40%, y la mayoría de la ciudadanía se inclinaba por el Rechazo a la propuesta que habían elaborado”[8].

NATURALEZA DE LA ‘ÉLITE POLÍTICA’.

La ‘élite política’ no nace porque sí. Es la consecuencia de la constante fragmentación que experimenta la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo al separarse en numerosas fracciones de acuerdo al lugar que ocupan dentro del espacio social. Una de esas fragmentaciones se realiza al interior del Estado y aparecen allí sectores que reinan dentro de aquel, unos que lo mantienen y otros que lo apoyan; hay, pues, fracciones reinantes, mantenedoras y de apoyo dentro del Estado y que, para facilitar su comprensión, nosotros llamamos, a menudo ‘élite política’ o ‘categorías dirigentes’, que son los jefes de corporaciones económicas, los jefes políticos (que son quienes se desplazan por las alturas de la burocracia) y los jefes militares que constituyen lo que Wright Mills denomina ‘corporate rich’[9]. Dicho de otra manera, es el segmento de las clases o fracción de clase dominantes de una formación social cuyos intereses sociales ceden paso a intereses personales que se materializan en el desempeño de cargos estatales de alta remuneración.

La labor de la ‘élite política’ se traduce en representar legalmente los intereses de los sectores dominantes a través de conseguir el apoyo de las organizaciones políticas a sus propuestas populistas y justificar de ese modo, el apoyo que brindan a algunos de sus representantes los sectores populares.

CONCLUSIÓN

Tal es la ‘categoría’ que ha retornado en gloria y majestad a imponer sus puntos de vista e intereses. En consecuencia, si bien es cierto que la contradicción de intereses entre compradores de fuerza o capacidad de trabajo y vendedores de esa mercancía sigue vigente e ilustra el campo de las luchas sociales, no es menos cierto que la contradicción actual sigue siendo entre movimientos sociales y ‘élite política’.  Algo que puede afectar seriamente el triunfo del Apruebo pues, como ya lo hemos dicho, la constitución va a quedar a merced de las mayorías circunstanciales que se van a dar en el Parlamento elegido bajo la constitución actual.

Será el momento en que lo movimientos sociales deberán hacerse presentes a reclamar por sus derechos y a defender sus justas demandas. Porque, hasta el momento mismo del plebiscito y sus resultados, todo el esfuerzo de la ‘élite política’ ha estado orientado a desconocer la validez del pronunciamiento nacional que, en las memorables jornadas del 15 y 16 de mayo de 2021, puso término a la constitución vigente y dio plena legalidad al nombramiento de quienes iban a ser los encargados de redactar la nueva carta fundamental. Algo que hoy se quiere desconocer.

Santiago, agosto de 2020

Notas:

[1] Castro Mauro, Joaquín: “Qué pasa si gana el Rechazo”, ‘El Desconcierto’, 18 de agosto de 2022. La negrita es del original

[2] Mesa de Noticias: “De ‘certezas’ a ‘suplantación de la voluntad popular’: la dispar reacción en el Apruebo por el acuerdo del oficialismo sobre la nueva Constitución”, ‘El Mostrador’, 11 de agosto de 2022.

[3] Redacción: “Acuerdos entre partidos del oficialismo para reformar nueva constitución genera malestar y desazón en los movimientos sociales”, ‘El Clarín’, 13 de agosto de 2022.

[4] Meza, Cristián: “Guillermo Teillier y eventual triunfo del Rechazo: ’Seria lógico la elección de una nueva Convención Constitucional’”, ‘El Dínamo’, 22 de agosto de 2022.

[5] Redacción: “Senadores DC por dichos de presidente Boric: ‘Nos alegra que se ponga en el escenario del Rechazo’”, Diario Universidad de Chile, 22 de agosto de 2022.La negrita es del original.

[6] En el programa ‘Agenda Económica’ transmitido por CHV el día 24 del presente, la Sociedad Nacional de Agricultura SNA declaró que, del total de las inversiones postergadas de esa entidad, el 57% era resultado del clima de inestabilidad política creado por el plebiscito de salida.

[7] Matamala, Daniel: “Chile: El plebiscito del mal menor”. ‘The Washington Post’, 18 de agosto de 2022.

[8] Matamala, Daniel: Id. (1). El subrayado es del original.

[9] Poulantzas, Nicos. “Poder político y clases sociales en el estado capitalista”, Siglo XXI Editores S.A. de C.V., México, 2007, pág. 431.