El General no tiene quien le escriba. Tampoco sabe a qué cárcel irá

12 de agosto de 2021

La semana pasada, la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte informó que presentó la acusación contra el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde pide una condena de 15 años de cárcel efectiva, por “lavado de activos” por la millonaria “malversación de caudales públicos” desde los gastos reservados entre 2010-2014, cuando concluya el juicio oral que la justicia civil hará en su contra y sobre su esposa. Y como si fuera poco se sumó la arista Luksic.

A su vez, espera impaciente que una jueza “civil” lo condene con el estatuto de la justicia militar, como es el estatus de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago ante la Corte Marcial, Romy Rutheford.

En la acusación, el fiscal José Morales agrega que su esposa, Ana María Pinochet, fue su apoyo y resguardo total para ejecutar “las innumerables acciones y operaciones” para ocultar el origen de los fondos que usaron para vivir como millonarios, viajar y acceder a bienes suntuosos con dineros fiscales. Para ella pidió a la justicia una condena de 10 años.

El cuarto jefe del Ejército chileno desde el retorno a la democracia está solo. Así al menos quedó graficado en la reformalización de sus cargos antes del cierre de la investigación. Incide que, entre sus compañeros de armas, su figura es sinónimo de “vergüenza e indignación” ya que aún las consecuencias de sus actos siguen manchando la imagen de quienes dicen integrar y pertenecer a “una de las instituciones permanentes en los 210 años de vida republicana comprometida con la seguridad, defensa, la paz y el bienestar de la Patria” resalta en su página web.

¿Fuente-Alba marca una excepción en el ejercicio de su cargo? Lamentablemente no. Y a la luz de los últimos 30 años, el alto oficial, hoy en completa desgracia, es uno más de los “conspicuos” generales que transitaron desde los patios de la Escuela Militar a los cuarteles, luego las delegaciones internacionales y, por último, en “el roce” con el mundo político transicional, sustentados “en la cultura superior” que impuso el Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, hasta mucho después de su salida en marzo de 1998.

Fuente-Alba llegó a la comandancia en jefe con la idea que los jefes militares seguían teniendo “la manga ancha”, propia de la cultura del período pinochetista, que se desplegó en “la Casa Militar”, bajo inspiración del general Jorge Ballerino(fallecido en febrero de este año), durante décadas apuntado como “prohombre de la transición” junto al entonces ministro Edgardo Boeninger.

Y es que la acusación del fiscal Morales, junto con la postura del Consejo de Defensa del Estado, encabezada por la consejera y penalista María Inés Horvitz, no dejan dudas en que Fuente-Alba y por extensión su esposa, creían que por la sola condición de haber llegado a la punta más alta de la cúpula militar estaban autorizados a usar, por año, más de mil millones de pesos y dos millones de dólares, que el Presupuesto Nacional destinaba a “seguridad nacional”, es decir, para financiar acciones de inteligencia, desde las más básicas, como pagar por información sensible, hasta gestionar operaciones encubiertas.

En 4 años, y en medio de un litigio internacional con Perú, Fuente-Alba optó por vivir como millonario sin otra ambición que cuidar la ética y honor militar junto con la integridad de la soberanía nacional.

Tarde percibió Fuente- Alba que el escenario habitual de la transición había cambiado. Aquel virtual “pacto” no escrito se había comenzado a desmoronar el 16 de octubre de 1998, cuando el “senador vitalicio” Pinochet caía detenido en Londres. Hasta entonces a los comandantes en jefe no se les tocaba. Un juez español, y luego la opinión pública internacional, derribaron ese mito, pero la muerte de Pinochet el 10 de diciembre de 2006 nuevamente dejó el tema pendiente. Aunque posteriormente un juez chileno también llegó a otro excomandante en jefe, como ocurrió con la causa contra Juan Emilio Cheyre por las torturas en el regimiento de La Serena.

Desde aquel 10 diciembre hasta las denuncias del caso Milicogate pasaron varios años y al menos dos grandes causas e investigaciones en la misma justicia castrense. Jueces civiles develaron que a principios de la década de los 90’s se vendieron armas a Croacia, pese a la prohibición de Naciones Unidas en medio de la guerra de Los Balcanes, y se pagaron millonarias coimas para comprar aviones Mirage a Bélgica.

La muerte de los principales implicados en aquellos delitos contribuía una vez más a eludir el debate: ¿Qué se hace cuando los porfiados hechos demuestran que los delitos los cometen los integrantes de la cúpula militar? Por años se obvió, porque los militares habían dejado de involucrarse en política y, además, el antecesor de Fuente-Alba y luego éste mismo también, reforzaron las invitaciones y las dádivas del erario militar: asesorías exclusivas, viajes, participación en eventos de alto nivel, iniciativas abiertas para afianzar lazos con la autoridad política de turno. Un muy buen método para que nadie preguntara nada.