¿De qué democracia estamos hablando?

5 de julio de 2021

Democracia significa, literalmente, poder o gobierno del pueblo (de las raíces griegas demos que significa pueblo y kratos que significa poder). De allí que su principio constituyente sea el de la soberanía popular: el soberano es el pueblo y la ley es legítima solo si es una clara expresión de su voluntad mayoritaria.

La única restricción que en una democracia cabe imponer a ese poder político de la mayoría es el respeto universal de los derechos individuales. El reconocimiento y respeto a los derechos humanos debe ser efectivamente universal y no estar sometido a la lógica de las mayorías y las minorías.

En consecuencia, la cuestión más importante en el debate constitucional actualmente en curso será el de la capacidad que este tenga de arribar a un texto que sea una clara y consistente expresión de los principios democráticos y que, en consecuencia, permita que ellos rijan efectivamente nuestra convivencia social.

En este aspecto crucial, tanto las prácticas a las que se aferran como los alegatos que invocan los sectores reaccionarios están muy lejos de corresponder a ese objetivo ya que deliberadamente se orientan a cercenar la soberanía popular con el propósito de distorsionar y finalmente defraudar la voluntad de la mayoría.

La consulta a la ciudadanía como su fuente de legitimidad se ha restringido hasta ahora a la mera elección de «representantes» que una vez electos pueden obrar y decidir de un modo completamente alejado del real sentir de sus electores, sin abrir siquiera la posibilidad de consultarlos sobre los temas más sensibles.

Es eso lo que por ejemplo ha sucedido y sucede en cuestiones tales como la naturaleza del sistema previsional actual basado en la capitalización individual bajo administración de las AFP, de la segregación existente en la atención de salud y educación según la capacidad de pago de las personas y en tantas otras.

En efecto,

el poder actualmente instituido jamás se ha allanado a consultar y someterse a la opinión mayoritaria de la ciudadanía en estas y otras materias de interés general, empeñándose por el contrario en imponerle a ella su propia voluntad, e incluso sus prejuiciosas creencias, a la mayoría del país.

Lo mismo ocurre con la imposición de normas de procedimiento dirigidas a impedir que la voluntad mayoritaria se haga valer en el seno de instancias de decisión política como lo es ahora la Convención Constitucional que, por emanar de una elección popular, pretende representar ese sentir ciudadano.

Esta es la principal causa del profundo descrédito del sistema político actualmente existente. No puede ser más evidente que este sistema no está diseñado para recoger y expresar en normas legales la voluntad mayoritaria de la nación sino que, por el contrario y de manera completamente deliberada, para ignorarla.

Y es eso también lo que se expresa en el insistente y reiterado alegato a favor del irrestricto respeto a las antidemocráticas reglas de amarre que los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 le impusieron al proceso constituyente y la falaz pretensión de que ellas corresponden a la voluntad ciudadana.

La verdad es que el asunto es demasiado simple para pretender pasarse de listo repitiendo ese tipo de majaderías. Si ello es así,

si las normas de amarre impuestas al proceso constituyente expresan la opinión mayoritaria de la ciudadanía, ¿por qué no se le pidió al pueblo ratificarlas expresamente en el plebiscito?

Como esa consulta no se hizo y con estas reglas solo se pretende, en contravención al principio democrático, cercenar la soberanía del pueblo, lo único legítimo y democrático será pedirle al pueblo soberano que dirima las divergencias que no pudiesen ser resueltas con arreglo a tales reglas por la Convención Constitucional