Los progresistas ganaron en Chile. Y ganaron en grande

El fin de semana, el pueblo chileno votó en unas elecciones históricas para elegir a los miembros de un organismo encargado de redactar una nueva Constitución que sustituya a la actual, redactada en 1980 durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

El recuento final supuso un golpe duro para los pinochetistas, algunos de quienes forman parte de Chile Vamos —la coalición de derecha y centroderecha respaldada por el actual presidente, Sebastián Piñera—, que solo obtuvo 37 de los 155 escaños para la Convención Constitucional. Los chilenos, en especial los jóvenes, también rechazaron a los partidos tradicionales de centroizquierda por considerar insuficiente su respuesta al anhelo de la gente de una sociedad más igualitaria, además de estar demasiado comprometidos con el statu quo.

Los vencedores fueron un grupo de partidos de una nueva coalición de izquierda, Apruebo Dignidad, que tendrá a 28 representantes, y numerosos candidatos independientes que habían participado activamente durante años en protestas para exigir reformas a la educación, la salud y las pensiones, así como el fin del modelo económico neoliberal que ha dominado Chile a lo largo de casi medio siglo. Los candidatos independientes, de izquierda y de centroizquierda obtuvieron un total de 101 escaños, más de dos tercios de la Convención Constitucional. Tendrán suficiente poder para proponer amplias reformas económicas a los derechos sobre la tierra y el agua, el sistema de pensiones y la recuperación soberana de los recursos naturales. Chile es uno de los países más desiguales de las economías avanzadas.

Todo indica que el documento fundacional que redactarán consagrará principios de participación ciudadana, justicia, igualdad de género y derechos de los pueblos originarios, urgencias que durante mucho tiempo han eludido a esta nación sudamericana.

Los resultados de las elecciones constituyen un giro sorprendente que nadie podría haber anticipado cuando un movimiento masivo de protesta sacudió al gobierno conservador de Piñera en octubre de 2019.

Incluso después de que Pinochet se vio obligado a dejar la presidencia en 1990, su Constitución siguió funcionando como una camisa de fuerza que permitió a una minoría de legisladores de derecha y a una oligarquía despiadada coartar los intentos radicales de forjar una sociedad más equitativa y menos represiva.

La revuelta de octubre de 2019 aterró a la coalición gobernante de políticos conservadores, quienes llegaron a un acuerdo con los partidos de centroizquierda, que tenían mayoría en el Congreso, a fin de convocar un plebiscito en el que se preguntara a la nación si deseaba una nueva Constitución. Los líderes derechistas pensaron que sería una manera de salvar las instituciones del país y garantizar una salida pacífica a las demandas populares.

Calcularon mal, ya que Chile Vamos, a pesar de una enorme ventaja de financiamiento, perdió de manera abrumadora frente a los candidatos independientes y de la oposición, quedando así al margen de la toma de decisiones en lo que respecta a la nueva Carta Magna. La derrota llama aún más la atención porque la coalición también perdió la mayoría de las elecciones simultáneas para alcaldes y gobernadores.

La presencia de coaliciones antisistema en el organismo que redactará la nueva Constitución garantiza que habrá una serie de modificaciones drásticas en la manera en que Chile sueña con su futuro. Ya el mismo proceso electoral adelantaba con dos proposiciones cómo serían estas modificaciones.

Una estipula la paridad de género en el reparto de los 155 constituyentes, de modo que las mujeres no sean excesivamente superadas por los hombres en poderío e influencia. Una mayoría significativa de las 77 mujeres elegidas —con apoyo de aliados hombres— ahora pueden luchar por los derechos reproductivos en un país donde por tradición el aborto se ha restringido y criminalizado.