31 de octubre de 2020
Se acaba de conocer un video en que el General Ricardo Martínez, Comandante en Jefe del Ejército, formula una declaración cuestionando la elemental exigencia que impera en cualquier sociedad civilizada de un uso proporcional de la fuerza por parte de las entidades encargadas de mantener el orden público.
“Así lo establece por lo demás la legislación vigente nacional. Creo que seguir hablando de que las fuerzas del ejército tengan que tener una respuesta proporcional es un gran error”, concluyó.
Comandante en Jefe @Ejercito_Chile desconoce el principio de «proporcionalidad» que establece el estándar internacional para el uso d la fuerza. Señala de forma absolutamente errónea, que «los agentes del Estado no pueden responder de forma proporcional»👇https://t.co/FibT48BETy pic.twitter.com/9rz6qjmmkS
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“¿Significa entonces que yo ante una piedra ¿respondo con una piedra?, ¿Una bomba molotov, con una bomba molotov?” se pregunta el General, para concluir luego diciendo que “seguir hablando de que las fuerzas del ejército tengan que tener una respuesta proporcional es un gran error”.
Desde luego, carabineros también dispone de armas de guerra pero sería un criminal despropósito que las utilizara para reprimir una manifestación. Además la proporcionalidad de la respuesta –algo que por lo demás es de sentido común– no alude solo a los medios que se utilicen sino ante todo a la forma de hacerlo.
Sin embargo, lo más grave de estas declaraciones no es su contenido, de por sí erróneo y antojadizo, ya que no son las FFAA las encargadas por ley de mantener el orden público, por lo cual ni su entrenamiento y ni su equipamiento corresponden a esa función, sino el solo hecho de haberlas formulado.
En un ordenamiento político que se presuma democrático ningún oficial de las FFAA, y menos aún el de más alto rango, tiene la facultad de opinar públicamente sobre temas político-contingentes mientras vista el uniforme. Y si lo hace debe hacer inmediato abandono de la institución. Esas son las reglas del juego.
Las dudas u objeciones que en un plano puramente operativo pudiese tener el General Martínez sobre las funciones que la autoridad civil le encomiende y la manera de hacerlo solo puede hacerlas presente ante ella, en forma reservada, y no teniendo más alternativa que someterse a la decisión que ésta adopte.
La autoridad política tendrá luego que responsabilizarse y rendir cuenta ante el país de su desempeño. Pero ni al general Martínez ni a ninguna otra autoridad militar le compete emitir un juicio público sobre las materias político-contingentes que se debaten en el país y al hacerlo trasgrede abiertamente sus obligaciones.
¿Pondrá el gobierno de Piñera las cosas en su lugar? ¿Le exigirá al general Martínez la renuncia a su cargo? Si nos atenemos a lo ya obrado, es muy improbable que lo haga ya que, ante la magnitud del descontento, ha sido el propio gobierno el que se ha empeñado por involucrar a las FFAA en tareas de orden público.
Toda esta situación no es más que un síntoma de la grave crisis político-institucional en que se encuentra hoy el país por el empecinado intento de los minoritarios grupos privilegiados de mantener en pie un sistema político y económico contrario a los legítimos intereses y aspiraciones de la inmensa mayoría de la población.
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