18/08/2020

Es la noche del jueves 6 de febrero de 2020 y Amanda cruza la ciudad de Iquique con la mirada enceguecida. Cada tanto aprieta sus ojos con fuerza, como para no ver el rostro de esa pesadilla que está frente a su vida, pero solo consigue que un par de interminables lágrimas resbalen sin freno por sus pómulos, mientras su mirada vuelve a inundarse.

La pesadilla sigue ahí, pero esto no es un sueño. Amanda llora en ese trayecto eterno hasta un recinto policial, sin mayor conciencia de la ruta que está tomando o de lo que dirá una vez que llegue a destino.

Más que estar en ese auto, esa noche Amanda está repasando los últimos ocho años de su vida. Sabe que ya es demasiado tarde para buscar el momento en que pudo detener todo eso y se vuelve a culpar por lo que dejó de hacer hace mucho tiempo, cuando debió echar pie atrás y optó por una esperanza errada.

Los ojos de Amanda se llenan de pena en medio de esa ciudad indiferente. Llora porque se siente desvalida, porque se da cuenta que, ahora sí y después de tantas amenazas, le acaban de arrebatar a su única hija, a su pequeña Antonella, a su bebé de apenas cuatro años.

Y Amanda también llora porque tiene una certeza: a partir de esa noche, piensa, nada de lo que vendrá estará a su favor…

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Y la culpa no era mía…

Está terminado el año 2011 y una estudiante de la Universidad Arturo Prat avanza por los pasillos del Poder Judicial de Iquique. Va en camino a iniciar su práctica profesional, un paso más que relevante en ese viaje que había iniciado hace una década, cuando salió de su pueblo natal para alcanzar la capital de la región de Tarapacá.

Atrás, muy atrás, iban quedado su infancia sumida en la pobreza y los tiempos de maternidad forzosa, esa que asumió a los 13 años cuando se hizo cargo de sus tres hermanos menores, mientras su madre cruzaba la frontera en busca de una mejor opción para sacar adelante a una familia compuesta por un total de seis hijos.

Ese día, mientras ingresaba al edificio de los tribunales, Amanda recordó la voz del primer hombre que conoció en Iquique, ese anciano noble que la cuidó como a una hija, que la impulsó a leer, que se hizo cargo de sus primeros estudios y que siempre le aconsejó “subir las escaleras sin mirar atrás”.

Su pasado en la pobreza comenzaba a ser un recuerdo y llegar a los tribunales era un paso más en su siguiente meta: convertirse en abogada.

Una tímida Amanda llegaba a la sección de Administración de Causas del Juzgado de Garantía de Iquique, recomendada por el profesor Marcelo Lara Pol, abogado y defensor penal público, quien en los próximos meses iniciaría una relevante participación en el bullado Caso Muebles.

La llegada de la despampanante joven a los tribunales se haría notar rápidamente. Tanto, que a poco andar la práctica se realizó una reunión para advertirle que no debía coquetear con nadie, que debía tener cuidado con los magistrados y que no debía aceptar invitaciones de nadie.

Pero esto último sería inevitable. Durante los tres meses que estuvo inmersa en la burocracia de la unidad, la joven se había convertido era una presa de caza y sería abordada por, al menos, cuatro magistrados, la mayoría de ellos casados.

Una tarde, mientras almorzaba sola en las instalaciones judiciales, ingresó a la cocina un hombre que parecía ser un funcionario administrativo. El sujeto, a quien no había visto nunca, comenzó a hablarle y terminó invitándola a hacer algo que ya había escuchado antes de parte de otros magistrados: ir a tomar un café a su oficina.

Tras enterarse de quién se trataba, Amanda recordó la advertencia hecha por sus superiores y descartó la invitación. El hombre que acababa de conocer, según le informó una compañera de trabajo, era el juez Ricardo Leyton Pavez, quien no se rendiría en sus intentos hasta su último día de practicante.

En esa jornada final, Amanda es enviada –“como premio”, le diría su superior- a obtener firmas a la oficina de Leyton, momento en que el juez logra obtener el número telefónico de la joven de 29 años.

Una vez terminada la práctica, Amanda terminaría aceptando una invitación del magistrado Leyton a tomar té a su casa. El hombre le parecía atractivo, inteligente y admirable, porque además se trataba de un juez, un hombre de las leyes, su área de estudios.

“Yo decía: un juez se fijó en mí, en una técnico jurídico. Yo lo admiraba mucho a él y también me gustaba, porque para mí, en esos años, era un hombre guapo”, recuerda hoy Amanda.

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Nenita

El 21 de octubre del año 2016, Elena o Nenita, como le dice su familia, es retirada desde el Hogar de Ancianos Jesús de Nazaret, ubicado en la localidad de Pinto, en la actual Región del Ñuble.

Debido a sus complejas condiciones de salud, principalmente una supuesta esquizofrenia y una incipiente ceguera, la anciana debe salir del recinto en compañía de su hijo Juan Carlos. De acuerdo a un documento al que tuvo acceso este medio, Elena Pavez Batarce dejaba el hogar de las Hermanas Franciscanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús “por mutuo acuerdo entre las partes” -las monjas y la familia-, “para ser atendida por una institución calificada” en el tratamiento de sus enfermedades.

Pero ello nunca ocurriría. La deteriorada anciana dejó el recinto y quedaría a cargo del mismo hijo que la retiró. Y así sería hasta que la capacidad para mantener los cuidados de Elena se hizo insostenible para Juan Carlos y su esposa, momento en que él y el resto de sus hermanos acuerdan turnarse la tenencia.

Elena, por cierto, no puede participar en ninguna de esas decisiones. Al diagnóstico de esquizofrenia que firmó en abril de 2011 Orlando Zambrano Vallejos, el enfermero del CESFAM de la sureña localidad de Pinto, se sumaría un descubrimiento que certificaría en la ciudad de Iquique la médica neuroradióloga Lorena Sánchez Ravanal: Elena tenía el Síndrome de la Silla Turca Vacía, una afección que se produce por la presencia de un tumor en el cerebro y que en el 80,2% de los casos genera alteraciones mentales.

…Y en ese estado de Elena es que ella y Amanda comenzaron a convivir a mediados del año 2017, cuando el hermano de Juan Carlos, el juez de Garantía de la ciudad de Iquique, Ricardo Leyton Pavez, toma la posta y recibe a su madre en la vivienda ubicada en el sector Playa Brava de Iquique.

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Bolsas negras…

Amanda y Antonella se conocieron el martes 27 de octubre del año 2015, a las 15 horas con 40 minutos. Después de catorce años Amanda volvía a ser madre, pero esta vez ya no de sus hermanos menores, sino que de su propia hija.

El nacimiento, pensó Amanda, podría marcar un vuelco y recomponer la relación con Ricardo Leyton, el hombre que era su pareja desde poco después de concluir su práctica.

Pero ello no sería así. Lo que la mujer venía viviendo desde 2013 era violencia intrafamiliar con todas sus letras y pese a sus estudios técnicos en derecho -o tal vez por ellos mismos-, Amanda se resistía a abrir los ojos: “yo estaba enamorada de él y no quería hacerle daño”, recordaría el día en que dio su primera entrevista a este medio.

Lo que ocurría con Amanda, por esa época, no era una conducta desconocida para los organismos dedicados a la defensa y protección de mujeres vulneradas y violentadas. En el año 2014, cuando Amanda ya estaba siendo violentada, el entonces Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, daba a conocer cifras que indicaban que una víctima tarda 7 años, en promedio, en denunciar la violencia intrafamiliar y, al momento del nacimiento de Antonella, Amanda llevaba tan solo tres años en esa dinámica.

Ella nunca quiso denunciar el detalle de lo que ocurría al interior del hogar común -por proteger la carrera del magistrado-, pero recuerda cada uno de esos episodios como si fueran de ayer.

Y uno de los más sentidos para ella sucedió, justamente, en los días posteriores al parto de Antonella…

Como si la maternidad no fuera una carga de por sí compleja para el cuerpo femenino y un trauma mayor para una primeriza, Ricardo Leyton se quejó por el estado físico en que había quedado, en especial su abdomen.

La frase “quedaste con guata de sapo” le quedó dolorosamente grabada a Amanda. Fueron cinco palabras tan violentas como cualquiera de las violencias que sufrió antes y después del nacimiento de su hija.

¿Cuál es la primera agresión que recuerdas de esta relación? ¿La primera agresión que te impactó y que no esperaste?

“En el año 2013, cuando era asistente de gerencia en una empresa, llegué tarde a la casa porque mi jefe hizo una reunión a última hora, como a las seis de la tarde, y llegué a la casa como a las diez de la noche. Ahí, por llegar atrasada, me insultó, me dijo que no era weón, que lo estaba cagando y agarró toda mi ropa y la metió en bolsas de basura y me la tiró para la calle. Yo lloraba y yo misma recogí las bolsas de basura y las metí a la casa. Eso fue cuando recién estaba empezando la convivencia”.

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La violencia que ya ves…

Un hombre está maniatando a una anciana. La violenta escena concuerda con la descripción de una tortura o del asalto a una vivienda, pero quien está protagonizando este maltrato no es un delincuente atacando un hogar, ni un torturador doblegando a una víctima.

La pequeña mujer de 70 años, en medio de tironeos y empujones de su agresor, es atada con una bufanda que aprieta sus muñecas y que inmoviliza su cuerpo contra la cama.

La anciana no reacciona… porque su mente está enferma y solo su cuerpo está presente en esa habitación donde no hay justicia que haga valer sus derechos de adulto mayor o de persona con capacidades reducidas.

El cuerpo de Elena permanecerá inmóvil contra esa cama toda la noche, hasta que amanezca… hasta que su agresor, su propio hijo, despierte y la libere.

Un monitor de lactantes que había sido instalado para su propia protección revela que la anciana está siendo agredida.

Amanda recuerda que la primera vez que descubrió a Ricardo Leyton agrediendo a su propia madre fue por casualidad. Tras suspenderse una clase en la universidad donde estudia debió retornar veinte minutos después de salir de la casa, momento en que descubre que en el segundo piso la anciana estaba siendo severamente maltratada.

¿Y por qué comenzaste a grabar?

Grabé porque quería mandarle (el video) a una hermana que estaba haciendo su doctorado en Europa, en España, y quería mostrárselo porque yo a ella le contaba todo. En realidad, la hermana sabe. Yo le contaba cómo era el hermano, cómo me trataba, cómo decía que odiaba a la mamá porque lo había dejado abandonado, que lo crio la abuelita…

Entonces, ¿tú buscabas que alguien de la familia resolviera este asunto?

Claro. Yo quería que ella viera eso para ver si ayudaba o se llevaban su mamá, porque yo le decía que para mí su hermano no estaba bien, que tenía traumas del pasado.

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Un Pasado de Violencia

Amanda trata de mantener sus ojos en el camino que la conducirá a la comisaría, pero los recuerdos siguen brotando. Vienen y van las escenas de celos cuando llegó tarde del trabajo; los videos que debía enviar para certificar la hora en que salía de su oficina; los insultos que recibió mientras el hombre del que estaba enamorada le gritaba que “ya lo estaba cagando con otro, que él no era weón”; las imágenes y mensajes que descubrió de otras mujeres; las innumerables veces que la trató de “weona aprovechadora que no pagaba luz, agua o gas”, “que solo estaba allí (en la casa de él) para ahorrarse de no pagar una pieza”; y las constantes agresiones a Nenita, su suegra.

Recordó las bolsas de basura con su ropa en la calle, cuando él daba por terminada la relación por otra escena más de celos y la lanzaba fuera del hogar común. Y también vinieron a su mente las fotografías que ella misma tomó a su propio cuerpo pocos días atrás, luego de quedar con moretones en sus brazos debido a los golpes que recibió de su pareja.

…Y las agresiones con la cabeza que ese hombre que debía ser su protector le asestaba contra su cara, contra el rostro de la mujer que alguna vez dijo amar…

Volvió a ese 23 de enero de 2017, el día en que cometió el “error” de llegar a las 2 de mañana y no a medianoche -como le estaba “autorizado”-, cuando un grupo de amigas le organizó su cumpleaños. Esa noche, recuerda, al regresar a casa encontró la puerta exterior cerrada con seguro.

Cansada ya de tanta humillación, al día siguiente y tras recibir los insultos de rigor, decidió irse con su hija a la casa de su madre, en Alto Hospicio.

Ese “error” le costaría ser buscada por la PDI, por sustracción de menores, un delito que no pueden cometer padres o madres a cargo y en convivencia con un hijo o hija, pero que demuestra qué tan profundo se ha llegado a torcer la ley en contra de Amanda y de su maternidad.

…Son las 11 de la noche con 40 minutos del jueves 6 de febrero de 2020. Amanda detiene su pasado para enfocarse en el rostro de su hija Antonella, a quien vio por última vez hace 10 horas, y se decide a cruzar el umbral de la comisaría ubicada en calle Salvador Allende con Pedro Gamboni.

Ya había atravesado medio Iquique para llegar hasta ahí y, después de ocho años, ya no era el momento para dudas. Pese a tener todo en su contra, pensó, esta vez sí que no iba a echar pie atrás.

En unos minutos será el 7 de febrero y Amanda comenzará a relatar a la cabo 1° de Carabineros, Cynthia Sánchez Torres, sus últimos años bajo violencia intrafamiliar y cómo es que le habían arrebatado a su hija…

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Puesta en escena

Las crisis entre Amanda y su pareja ya habían tenido un peak judicial en 2017. El 13 de febrero de ese año Ricardo Leyton Pavez realiza el primer intento por quedarse con la hija de ambos, por ese entonces de 1 año y 3 meses.

Mediante un recurso de “Cuidado Personal del Niño” (C-312-2017) que interpuso luego que Amanda lo abandonara el día 26 de enero, por la pelea que estalló con motivo del cumpleaños que le celebraron sus compañeras de trabajo, el magistrado de Iquique solicitó la tuición de la menor acusando a la madre de ejercer violencia física sobre su hija.

Para reforzar su relato, el juez dramatizó en su demanda señalando que “desde el momento mismo del nacimiento de mi hija su madre intenta alejarla de mí, sin ningún motivo. Perdí por 2 semanas todo contacto con mi hija, privándome sin ninguna justificación de sus primeros días de vida, situación que me generó un alto estrés que culminó cuando logré encontrarla y convencer a la demandada de que, por el mejor interés de la niña, ambos debíamos asumir su cuidado personal, reiniciando nuestra convivencia”.

Leyton no relató en aquella oportunidad los motivos por los cuales Amanda dejó el hogar común o por qué intentó alejar a su hija de él, pero sí explicó que “durante el tiempo de vida en común fui yo quien principalmente me hice cargo de los cuidados de nuestra hija, y no solo desde el punto de vista económico, puesto que también me preocupaba de su comida, de su aseo personal, vestirla, sacarla de paseo, manifestando la madre una escasa preocupación por el cuidado de la niña, pues cuando yo no realizaba estas acciones, era el personal de servicio quien asistía” a la niña.

Por cierto, en su escrito se encargó de hacerle saber al Tribunal de Familia sobre la “inestabilidad emocional de mi ex conviviente, quien tuvo una tortuosa relación sentimental con su exmarido, a quien denunció en numerosas oportunidades por violencia intrafamiliar”.

Y esto último sí era verdad. Amanda ya había escapado de otra relación en la que fue víctima de graves vulneraciones.

Tres días antes de ingresar la demanda, el 10 de febrero, Leyton había concurrido a la Fiscalía de Iquique para hacer un relato donde se autodescribe como el proveedor de su hija y de su pareja, a quien “le entregaba una suma de dinero mensual para sus gastos propios”, “ya que había dejado de trabajar, manteniendo incluso personal de apoyo para el cuidado de mi hija y el aseo del hogar”.

En ese mismo testimonio que recibió el Fiscal Guillermo Arriaza Valenzuela, Leyton relata un viaje realizado en diciembre a la ciudad de Lima, donde da a conocer una supuesta fuga de Amanda, junto a su hija, desde el hotel donde estaban alojados. No explicó al persecutor las razones por las cuales su pareja había huido del hotel, aunque las conocía muy bien.

Como si fuera un mecanismo de relojería, el mismo 10 de febrero en que Leyton declaraba ante el Ministerio Público, paralelamente, el Tribunal de Familia certificaba un intento de mediación al que Amanda no llegaría, por lo que a partir de ese momento la disputa se judicializó.

En el certificado que se emitió tras ese intento de arreglo inicial, el mediador señaló que adquirió “la convicción de que no se alcanzarían acuerdo en el proceso de mediación, debido a que no ha sido posible localizar al/a la solicitado/a o su domicilio y/o datos de localización son incorrectos”.

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Un juicio sin Amanda

Seis días más tarde, el 16 de febrero de 2017, el juez titular del Juzgado de Familia de Iquique, René Reyes Cruz, acogería la demanda interpuesta por su colega y resuelve citar a ambas partes para el día 13 de marzo. El magistrado establece un régimen de visitas sin siquiera oír el testimonio de Amanda, y da instrucciones a la Policía de Investigaciones de Chile para que dé cumplimiento a una orden de arraigo nacional emitida en contra de ella, solicitada por el mismo Ricardo Leyton, ya que, señaló en su escrito, “existe justo temor de que la demandada abandone el país a fin de rehuir el presente proceso”.

Once días más tarde, el 27 de febrero, un receptor intenta notificar a Amanda, pero ella no se encuentra ese viernes, a las diez de la mañana con cuarenta minutos, en el edificio del centro Iquique que Ricardo Leyton había indicado como su domicilio. Y tampoco lo estaría el 3 de marzo, el día del segundo intento de notificación, el que se realiza a las 11 de la mañana con 15 minutos. De todas formas, el receptor dejaría el aviso de la demanda en la administración del edificio.

Hasta esa fecha Amanda no estaba enterada de la denuncia ni de las instrucciones del tribunal, pero Leyton sí. Y él también estaba perfectamente al tanto de dónde sí se encontraba viviendo Amanda desde que lo dejó: en la casa de su madre, en Alto Hospicio. De hecho, el mismo 3 de marzo Leyton le envía un correo a la madre de su hija y esta le confirma que estaría allí, en Hospicio, mientras que en otras conversaciones por Whatsapp que se produjeron entre ellos, Amanda también ratifica la casa de su madre como su lugar de residencia.

El 4 de marzo de 2017 Leyton se traslada hasta esa comuna a dar cumplimiento personalmente a lo instruido por el Tribunal de Familia, pero se encuentra con dos hermanos de Amanda, quienes le indican que no le entregarían a la niña. Ambas, su hija y su, en ese momento, expareja, se encontraban al interior de la vivienda, pero Amanda se negaba a acatar la supuesta orden de la justicia a la que hacía mención el padre de Antonella, quien terminaría llamando a Carabineros mientras grababa lo que ocurría.

Este supuesto incumplimiento al régimen de visitas que había establecido el Tribunal de Familia de Iquique quedaría estampado en las constancias 648 y 657, que el magistrado interpuso en la Tercera de Comisaría de Alto Hospicio. Sí, dos constancias, porque Leyton volvería al día siguiente, el domingo 5 de marzo, y nuevamente terminaría pidiendo la intervención de la policía.

Lo que estaba haciendo el magistrado era acumular pruebas del desacato de Amanda. Lo que estaba haciendo Amanda, por su parte, era velar por su hija, una protagonista de esta historia que ninguna de las instancias de protección infantil y de justicia que pudieron involucrarse parecían haber considerado.

Ese domingo 5 de marzo los carabineros que asistieron al procedimiento dejarían estampado en el parte policial que no les constaba que Amanda tuviera “conocimiento pleno de la demanda de cuidado personal y su providencia” emanada desde el tribunal.

Y así era, porque la mujer nunca estuvo viviendo en el edificio del centro de Iquique que Leyton había informado a sus colegas del tribunal de familia. Aquello quedaría corroborado porque, a modo de precaución, el día 26 de enero, fecha en que hizo abandono de la vivienda de Ricardo Leyton, Amanda había dejado una constancia (7252917) en la Primera Comisaría de Carabineros de Iquique, donde daba cuenta de su nuevo domicilio temporal: la casa de su madre.

Ricardo Leyton había cometido un error al entregar una dirección errónea, teniendo pleno conocimiento de la verdadera, y terminaría desistiendo de su demanda ante la contundencia de la prueba de Amanda.

Pese a ello, había logrado poner a su disposición a los Tribunales de Familia, al Ministerio Público, al Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Y el magistrado, al parecer, disfruta con las manifestaciones de poder…

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La Tuición de Antonella

En el registro de esa noche se escucha el conflicto que se genera luego que Amanda avisa a su hija que es hora de acostarse. Según relató la mujer a este medio, tras indicarle que debía subir a lavarse los dientes para acostarse, la niña se niega porque quería seguir jugando e inicia una pataleta en la cocina, mientras pedía estar con sus muñecas y con su padre.La denuncia interpuesta en Carabineros en contra de Amanda a comienzos de este año activaría en el Juzgado de Familia de Iquique la causa rol P-119. Ese 31 de enero de 2020 el tribunal abrió un proceso por la Vulneración de Derechos de Antonella y Amanda pasaría a ser acusada de ejercer violencia en contra de su propia hija. Junto con su relato de los hechos, Leyton presentó el extracto de un video que captó el sistema de cámaras instaladas al interior de la casa.

Recuerda Amanda que, en medio de los llantos de la niña, su expareja alzó la voz inexplicablemente para pedirle que dejara de agredir a su hija, sin que nada de ello estuviese ocurriendo. Esa frase fue corregida hasta por la asesora del hogar, quien advirtió a Leyton que nadie estaba agrediendo a la menor.

Con el paso de los días Amanda entendería la razón por la cual Ricardo Leyton lanzó ese grito aquella noche. Ella estima que él estaba consciente que las cámaras estaban grabando y esa alarmante frase, en medio de los gritos desgarradores de una menor de edad, podían servir de prueba para quitarle a su hija en la justicia de familia.

Y, de hecho, así fue…

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La prueba

Este medio tuvo acceso al video con que el tribunal de familia terminaría separando a Amanda de su hija. Nada de lo que se observa en él parece corresponder a una agresión, sino que, lisa y llanamente, es lo que los expertos en infancia describen como una “pataleta”.

En el video se escucha a Amanda tratando de manejar el descontrol de Antonella mientras el padre, lejos de prestarle apoyo, la enfrenta y agrava la situación contradiciendo la regla que trata de aplicar la madre.

No hay un video del interior de la cocina, donde ocurren los hechos, pese a que allí también hay cámaras. Justo ese día estaban desconectadas, ratificaría el técnico que Leyton llevó al estrado como testigo. Y ante esto, por si fuera poco, Amanda también terminaría siendo acusada de desconectarlas a propósito, para ejercer violencia sobre su hija sin dejar rastros, una teoría que adolece de toda lógica.

En el registro que sí se presentó como prueba se observa a la mujer claramente agobiada, desbordada y tensa, tanto por las frases que le lanza su pareja, como por los gritos desesperados de su hija. El nivel de estrés es superior, cuando ya es casi la medianoche de ese jueves.

El video -la prueba que terminaría siendo una condena para Amanda- concluye con una frustrada y molesta mujer subiendo las escaleras, tomando con fuerza, abrazando y, pese a todo, conteniendo a su hija, quien seguía con una pataleta que no daba signos de culminar.

Un segundo video entregado por Leyton al tribunal ratifica la tranquilidad con que la madre le habla a su hija en la habitación, quien llora, pero ya está más calmada. Sin embargo, el abogado presenta ese video ante su colega para acusar que allí continuaron las agresiones a la niña, pese a que nada de ello ocurre.

La denuncia por vulneración de derechos de una menor de edad (rol 79-2020) que interpuso el magistrado Ricardo Leyton Pavez en la Primera Comisaría de Iquique quedaría registrada a las 23:30 horas del 30 de enero de 2020, la misma noche de la discusión. Mientras Amanda acostaba a su hija, el abogado salía de su casa para ir a denunciar a su pareja.

Al día siguiente la denuncia fue acogida por su colega, el juez Marco Antonio Soto, quien decretó, telefónicamente, la citación de ambos padres a una audiencia que se realizaría el 6 de febrero.

Leyton había informado en la comisaría que el domicilio de Amanda era su propia casa, en el sector Playa Brava, pero dos días después eso ya no era así, de acuerdo a este relato sobre lo que ocurrió a la mañana siguiente, cuando la mujer es obligada a salir del baño mientras se duchaba y es agredida físicamente, hecho que la motiva a tomar la decisión de abandonar a Leyton, una vez más, pero esta vez de manera definitiva.

Así las cosas, lo que ocurrió en el juzgado ese 6 de febrero, entre las 11:03 y las 12:02 horas, solo quedó en conocimiento del magistrado Francisco Palacios; de la curadora Ad-Litem que representó a Antonella, Claudia Riquelme Soto; del abogado demandante, Roberto Gutiérrez; del técnico en cámaras de seguridad, Erick Guzmán Morales; y del propio Ricardo Leyton.

En el acta de la audiencia de ese día quedaría registrado que Amanda era la “solicitada ausente” y que Ricardo Leyton Pavez pasaba a tener, a partir de ese día, el cuidado personal provisorio de Antonella.

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Por sobre la ley…

Los hechos se repetían de forma idéntica a lo ocurrido en el verano de 2017 y por la misma causa: el 29 de enero de este año Amanda también había salido a celebrar su cumpleaños y el de dos colegas de trabajo.

La única diferencia respecto de 3 años atrás es que esta vez, luego de abandonar a Leyton por las agresiones posteriores a la celebración, Amanda sí entregaría a su hija en Alto Hospicio, todas las tardes entre el lunes 3 y el jueves 6 de febrero, según lo acordado con su expareja. No sabía que, desde ese mismo jueves 6, el día en que se realizó la audiencia sin su presencia, ella debería someterse a un régimen de visitas presencial que más tarde también iba a perder a raíz de la pandemia del coronavirus.

Ese 6 de febrero Ricardo Leyton no llegaría a las 21:00 horas a entregar a Antonella, como estaba acordado. Aquella noche, a través de Whatsapp, le informaría a Amanda que desde ese día en la mañana él estaba a cargo del cuidado personal de la hija de ambos. Esa jornada el juez Francisco Palacios le había entregado la tuición provisoria a Leyton, en una audiencia donde la madre, extrañamente, no llegó a comparecer y donde nadie cuestionó por qué había ocurrido aquello. Leyton, pese a saber de esta citación del tribunal a Amanda y a estar en comunicación con su expareja en los últimos cuatro días, nunca le avisó a la madre de su hija.

Amanda no ha logrado abrazar a Antonella en 140 días, desde el 31 de marzo de 2020, fecha en que la jueza de familia María Olga Troncoso decretó un régimen de comunicación vía Whatsapp, debido a las condiciones sanitarias del país.

Pasando por alto esas mismas condiciones, el viernes 3 de abril el juez Ricardo Leyton se va a la playa con Antonella por dos días. Una semana antes, el sábado 28 de marzo, la Jefatura de la Defensa Nacional había decretado una prohibición de realizar actividades recreativas en el litoral de Iquique, debido a la pandemia del coronavirus. Respondiendo a la denuncia que hizo Amanda sobre esta situación que puso en riesgo a su hija, en el tribunal la defensa de Leyton diría que “la salida que hizo mi defendido fue única y exclusivamente a un lugar solitario, con el fin de que su hija se desestresara toda vez que aún encerrada ella continúa con actividades online de su colegio”.

Pese a la acusación que las separó, en el mes de julio Antonella le envió un mensaje de audio a su madre. “Mami, te amo mucho. Estoy viendo monitos. Te extraño. Mami, te amo. Que duermas bien. ¿Cuándo vamos a vivir juntas? Voy a llevar todos mis juguetes. Te amo mucho. Chao, mami”.

Hasta el día de hoy, tanto Elena como Antonella siguen viviendo con el juez Ricardo Leyton, por disposición de los tribunales.

Este martes 18 de agosto Amanda tiene la última oportunidad de recuperar a su hija ante el Tribunal de Familia de Iquique. A partir de las 9:00 horas se realiza la audiencia que determinará la veracidad de los hechos por los cuales le arrebataron a Antonella…

 

NOTA DEL EDITOR:

• Este medio puso en conocimiento del Ministerio Público las agresiones sufridas por Elena y que se observan en los videos que aparecen en este reportaje. El Fiscal Regional designó una fiscal especialmente dedicada al caso.
• Ese mismo material fue puesto en conocimiento de la justicia, por Amanda, el 25 de febrero en los Tribunales de Familia de Iquique, como prueba de violencia intrafamiliar habitual. El material fue desestimado por una jueza de ese tribunal y, pese a ser un delito de agresión a un adulto mayor, nunca se derivó a la Fiscalía de Tarapacá, al Servicio Nacional del Adulto Mayor o a la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género.
• La Policía de Investigaciones se encuentra realizando entrevistas a partir de los antecedentes que este medio puso a disposición de la Fiscalía Regional de Tarapacá.
• La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, solicitó a este medio los antecedentes de este caso, dada la condición de vulnerabilidad de Antonella.
• En videos a los que tuvimos acceso, se observa que Antonella nunca está sola al momento de establecer comunicación con Amanda y siempre cuenta con elementos distractores que dificultan la comunicación madre-hija.
• En una de sus comunicaciones la menor le señala a su madre que tenía la punta de su lengua lastimada porque su padre la había obligado a tomar un alimento excesivamente caliente.
• En el juicio que lleva adelante el Tribunal de Familia de Iquique se presentaron otros miembros del Poder Judicial (jueces) como testigos del juez Ricardo Leyton. Ninguno de ellos estuvo presente en la discusión del 30 de enero, ni fueron testigos de las agresiones que recibió Amanda la mañana a fines de enero.
• Los nombres de madre e hija fueron cambiados en este reportaje para proteger sus identidades.
• Todos los registros de video fueron autorizados para ser publicados en este reportaje.
• Los hechos relatados aquí, junto a otros que no se mencionaron en este reportaje respecto del comportamiento de los organismos de apoyo a la justicia de familia nos parecen, como medio de comunicación, extremadamente graves y condenables.
• Las acciones de Violencia Intrafamiliar ejercidas por un juez de la República tienen una evidente relevancia informativa y connotación pública, dada la investidura de quien ejerce las vulneraciones.