Cabe recordar que el caso fue dado a conocer el pasado 17 de mayo por este medio, día en que Catalina Peredo interpuso una denuncia ante la Policía de Investigaciones, PDI, luego de la negativa de las autoridades del Gobierno Regional de denunciar ante la justicia los hechos ocurridos siete días antes, al interior del edificio gubernamental, cuando el camarógrafo del intendente Quezada procedió a grabar a la alumna en práctica mientras hacía uso de uno de los baños asignados al personal de la Unidad Jurídica, donde ella estaba destinada.
De acuerdo a la querella presentada este lunes ante los tribunales de justicia de Iquique, el viernes 10 de mayo -día en que celebró el día de la Madre en las dependencias del Gobierno Regional de Tarapacá-, y mientras Catalina Peredo (18 años) hacía sus necesidades, se percató “que en la parte superior de la puerta del baño donde existe un vidrio -tipo tragaluz-, se asomaba algo hacia el interior del baño (…), a lo que no le di mayor importancia. A continuación, mientras estaba cepillándome los dientes, a través del espejo volví a ver un objeto que me estaba enfocando desde la ventana, al fijar la mirada me percaté que era un celular de color negro, a través del cual estaban sacando fotografías y grabándome, al mirar con detención distinguí que en el brazo que sostenía el celular se apreciaba una manga de chaqueta color verde”.
Según relata en su querella la alumna del Liceo Los Cóndores, esa chaqueta verde correspondía a la misma que había visto minutos antes, en la actividad del Día de la Madre, siendo portada por el camarógrafo del Intendente Miguel Ángel Quezada, a quien ella identificó como Álex.
Cambio de nombre
Catalina Pereda relata en su querella que durante dos meses uno de los ocupantes de la oficina contigua a la cual fue destinada le habló constantemente y se aparecía frente a ella en cualquier ocasión. Según señala la joven, durante ese tiempo conoció al sujeto como “Álex”, porque así se hizo llamar.
“Cada vez que iba al baño privado asignado al departamento jurídico, ubicado en el segundo piso de la Intendencia, al salir me encontraba en la puerta” con el sujeto que se había identificado como Álex, sostiene Pereda en la querella. “Ante mi sorpresa señalaba cualquier excusa, unas veces, que necesitaba sacar papel higiénico, otras que justo iba entrando al baño de hombres, o que justo iba pasando por ahí, etc”.
Al parecer, se trataba de una fijación con la joven -quien tiene pareja y que la acompañado en todo el proceso- ya que el funcionario “aparecía de sorpresa a mi lado, me abría la puerta, me acompañaba durante todo el trayecto, intentaba conversarme, siempre con una actitud de hombre joven y soltero“.
“Además, me ofreció pagarme el traslado en taxi –mediante cupones de ‘uber’-, pues, se enteró de que yo –los martes en la tarde- asistía a la universidad Santo Tomás, sede Iquique, a clases de ética profesional. Me decía, te acercas a mí y te regalo los cupones de uber. Ofrecimientos que me parecieron extraños y siempre rechacé. Todos esos encuentros aparentemente “casuales” me hacían sentir muy incómoda e incluso llevó a cuestionarme si yo era la responsable de su actitud lasciva, por la reiteración de sus conductas libidinosas hacia mi persona”, sostuvo la joven en el libelo.
Y ‘Álex’ es justamente el nombre que la joven dio cuando comunicó los hechos del 10 de mayo a su superior directo, el jefe del área jurídica del Gobierno Regional, el abogado Osvaldo Ardiles.
Sin embargo, al momento del revisar fotografías del personal para corroborar la identidad del involucrado, Catalina pudo comprobar que no se trataba del fotógrafo Álex Díaz, sino que era el camarógrafo Daniel Luna, quien hasta ese momento -al menos ante la joven- se había identificado con el nombre de pila de su propio compañero de oficina.
Junto con enterarse que el hombre al que acusaba no era Álex el fotógrafo, sino que Daniel el camarógrafo, Catalina se enteraría más tarde que se trataba de un hombre fuertemente vinculado con el poder y para nada soltero, ya que hacía pocos meses había contraído nupcias con una de las más cercanas asesoras del diputado oficialista Renzo Trisotti (UDI).
Cambio o renuncia a la práctica
La denuncia de los hechos se hizo llegar al intendente Miguel Ángel Quezada por medio de una carta enviada a la oficina de partes, con una copia que entregó por mano en las oficinas del intendente.

En ese momento, la jefa de gabinete le habría señalado que Daniel Luna Hidaglo, ya identificado, “tenía únicamente 2 opciones: renunciar o inevitablemente seria despedido, inmediatamente”.
“Una hora más tarde, la misma jefa de gabinete -Lilian Plaza- cambió totalmente su parecer y ahora me ofreció como compensación cambiarme a otro departamento dentro del GORE, y si no aceptaba, me aconsejó renunciar a mi práctica, propuesta a la que me negué porque la encontré una humillación frente a la gravedad de los hechos de los que fui víctima”, sostuvo la alumna en práctica en su querella.
Es en ese momento en que Catalina Peredo se da cuenta que estaba enfrentándose a un círculo de poder demasiado grande y toma la decisión de interponer la denuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile, la que quedaría registrada como RUC 1900513965-4.
Los delitos
Junto con querellarse por el delito de captar, grabar y fotografiar imágenes de carácter privado realizadas en lugares que no sean de libre acceso a público, tipificado en el artículo 161-A del Código Penal, Catalina Peredo basó su acción legal en una modificación a la Ley 21.153, publicada en el Diario Oficial recién el pasado 3 de mayo, que sanciona “al que en lugares públicos o de libre acceso público y que por cualquier medio capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual, de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento”.
Ambos delitos tienen penas de presidio en su grado mínimo y máximo, y una multa que podría llegar hasta las 500 unidades tributarias mensuales.
Además, la joven Catalina Peredo acusó al funcionario del Gobierno Regional del delito de abusos cometidos contra particulares o vejación cometida por funcionarios públicos, tipificado en el artículo 255 del Código Penal, el que tiene una pena de reclusión menor en su grado mínimo.
Contra todos los responsables
El intendente Quezada, su jefa de gabinete y el jefe de la unidad jurídica del Gobierno Regional de Tarapacá podrían ser parte de los acusados por la estudiante, pues el libelo también acusa a todos quienes resulten responsables del delito de omisión de denuncia penal de funcionario público, acción a la que están obligados todos los trabajadores del Estado que tomen conocimiento de un delito en el ejercicio de sus funciones.
Dado el curso de los acontecimientos conocidos hasta el momento, tras la entrega de la denuncia formal en el gabinete del Gobierno Regional, ninguna de las autoridades a quienes Catalina puso en conocimiento de estos hechos habría interpuesto una denuncia en los tribunales de justicia, las policías o el Ministerio Público, lo que haría responsables de omisión al intendente Quezada, a su jefa de gabinete o al jefe de la unidad jurídica, al menos.
*Fuente: Radio Paulina