Consideraciones sobre la Rebelion Popular chilena y sus perspectivas

18 de diciembre de 2019 

Carácter de la movilización popular y sus efectos inmediatos

La enorme y multifacética movilización ciudadana que se ha estado desarrollando en Chile desde hace exactamente dos meses, más precisamente desde la tarde del viernes 18 de octubre, cuando se produjo esa masiva y memorable explosión del descontento social acumulado que le dio inicio, representa, tanto por su envergadura como por su persistencia, una verdadera rebelión popular que, a través de sucesivas oleadas de indignación, ha recorrido de un extremo a otro todo el país. Hasta en poblados pequeños y muy distantes de la capital, este descontento ha cobrado expresión a través de un sinnúmero y variadas formas de movilización y acción directa de la población, desde los simples caceroleos hasta multitudinarias marchas y concentraciones, llamados y realización de paros, rayados murales, interrupciones de tráfico, derribo de estatuas, exhibiciones artísticas callejeras de diversa índole, masivas cicletadas, etc.

El pueblo trabajador se encuentra exteriorizando así un descontento profundo, que se fue acumulando y acrecentando a lo largo de las últimas tres décadas hasta alcanzar una extensión y explosividad imposibles de contener. Un descontento que, pasando por las grandes movilizaciones protagonizadas por los «pingüinos» en 2006 y los universitarios en 2011, se ha hecho carne y ha sido vehiculizado principalmente por las generaciones más jóvenes, menos maniatadas y resignadas que las anteriores –que viven a diario en una situación de gran precariedad e incertidumbre– y al mismo tiempo más distantes y hostiles al sistema político imperante, completamente subordinado a los intereses de los grandes poderes fácticos empresariales. Ello, sin desconocer la importancia de muchas otras manifestaciones de protesta, de carácter sectorial o local, que han jalonado también este proceso.

Sin embargo, el claro protagonismo de los jóvenes en la movilización que se desarrolla actualmente no debiese ser gran motivo de sorpresa ya que no es algo particularmente novedoso. Las grandes luchas sociales y revoluciones que hemos conocido en la historia han sido siempre protagonizadas, en su mayor parte, por las jóvenes generaciones de hombres y mujeres de las clases oprimidas. Lo novedoso en la situación actual es la manera en que los manifestantes han logrado convocar y coordinar sus acciones, a partir de iniciativas en gran parte surgidas «desde la base» y con los difundidos medios técnicos que hoy permiten comunicarse en forma directa y en tiempo real. Estos jóvenes son en su mayoría los mismos que vienen manifestando desde hace años una gran desafección al sistema político-institucional existente, absteniéndose masivamente de participar en elecciones en que solo se les pide depositar su confianza en otros para que luego los «representen» pero sin mediar consulta alguna entre ellos.

En el contexto de esta formidable movilización social, se han registrado también numerosas acciones de violencia de características muy variadas, dirigidas en contra de bienes públicos y privados. Si bien no es posible atribuir a muchas de estas acciones una motivación directamente política, es del todo evidente, tanto por el gran número de personas que en muchos casos se han visto involucradas en ellas como por su inusitada recurrencia, que a su modo ellas también son consecuencia, y a la vez un reflejo, de la profundidad de la crisis social que sacude actualmente al país. Incluso en los casos en que tal motivación política efectivamente ha existido, no puede desconocerse que dichas acciones resultan ser, a fin de cuentas, una exteriorización elemental de indignación y rebeldía, por largo tiempo contenida, ante una realidad social fuertemente marcada por múltiples e injustificables abusos e injusticias.

Se ha señalado con cierta insistencia que esta rebelión popular ha tenido un carácter fundamentalmente «espontáneo» ya que, de hecho, carece de una clara y definida conducción política. Pero, por otra parte, como lo ilustra claramente la naturaleza de sus demandas, ha estado muy lejos de ser caótica. De hecho, en toda movilización espontánea siempre es posible descubrir, en sus formas de manifestarse, variados elementos de conciencia y aun, por elementales que parezcan, de organización política, aunque solo sea como resabios de una conciencia histórica fecundada de múltiples maneras por las ricas experiencias de lucha del pasado. Es eso, precisamente, lo que en definitiva expresan las demandas que se levantan, y muy particularmente aquella que apunta a modificar el rayado de cancha de la legalidad actualmente vigente: que se convoque a una Asamblea Constituyente para elaborar una Constitución que goce de real legitimidad.

En todo caso, al constituir esta movilización la expresión de un cambio de actitud y disposición de lucha de vastos sectores de la población, por sí misma ella ha operado ya un significativo cambio en la correlación de fuerzas en el plano político y social. En efecto, como lo señala con fuerza un cántico que resuena en cada una de las manifestaciones expresivas de esta multitudinaria rebelión popular, «Chile despertó», convirtiendo a la calle en un escenario central de la acción política en curso y transformando al pueblo movilizado en el actor protagónico del mismo, lo cual ha forzado inevitablemente a operar un brusco cambio de la agenda política del país.

Se ha abierto así un amplio debate público sobre la imperativa y urgente necesidad de operar cambios de fondo, que guarden una real consonancia con las aspiraciones y demandas de la población, tanto en lo referido al sistema político-institucional que regula el proceso de toma de decisiones, como al diseño de las políticas económicas y sociales que han de orientar a futuro la acción del Estado. El periodo de la lucha de clases que se inicia ahora ha de estar largamente marcado por esta nueva realidad política en que se ha activado y emergido con toda su fuerza a la superficie el profundo descontento social que se mantuvo por tan tanto tiempo latente.

Causas inmediatas y causas profundas de esta crisis

Si la causa inmediata de la rebelión fue la pequeña alza que las autoridades de gobierno habían decretado en el pasaje del Metro de Santiago, ésta solo fue la gota que rebalsó el vaso. Como señala un viejo y conocido proverbio chino, «una sola chispa puede incendiar la pradera», y esto es lo que efectivamente ocurrió en este caso. Si la pradera estaba ya suficientemente seca para que una simple chispa de 30 pesos la pudiese incendiar, fue por los más de 30 años de abusos y vejámenes de todo tipo que el pueblo trabajador ha debido soportar bajo el modelo económico y político imperante. La gente sencillamente se cansó de tolerar una permanente situación de injusticia. Es decir, se cansó de que, con la mayor indolencia e impudicia, la minúscula elite gobernante y empresarial del país pretendiese seguir exprimiéndola como un limón hasta su última gota.

Pero este problema no se origina en la mera «actitud» indolente de la elite gobernante, sino que procede de la estructura de intereses existente en el país. No es casual que el pasaje del transporte público urbano de Santiago sea el más caro de toda la región, porque en virtud del modelo de negocios en que se basa, de él obtienen pingües ganancias no solo sus operadores privados, sino también la banca y la empresa que aporta la tecnología computacional requerida. Y lo que ha hecho crisis en este caso se replica en muchos otros ámbitos, respondiendo al persistente empeño gubernamental por abordar la atención de las necesidades básicas de la población no desde una perspectiva de servicio público, sino con una lógica de negocios, cuyo fin primordial es maximizar las ganancias del capital. Es eso lo que inevitablemente conlleva la privatización del transporte público, de la provisión de electricidad y agua potable, de la educación, la salud, el sistema de pensiones, etc.

Por lo tanto, la esencia del problema radica en el criterio de racionalidad económica imperante bajo el capitalismo y que opera sin restricciones en Chile, anteponiendo la valorización del capital, como fin supremo e ineludible de la actividad económica, a la valorización de la vida humana, es decir de las condiciones de existencia de las personas. Más aun, en la lógica neoliberal del capitalismo salvaje que hoy campea en el mundo tal criterio es llevado al extremo, de modo que el Estado no solo debe abstenerse de intervenir en la provisión de bienes y servicios públicos esenciales sino que debe incluso subsidiar a las empresas privadas que lo hacen a fin de garantizar sus expectativas de ganancia. Y debe además, mediante una legislación laboral diseñada ex profeso para impedir la existencia de un sindicalismo fuerte y de una también débil legislación ambiental, asegurar a dichas empresas la posibilidad de superexplotar a los trabajadores y malograr impunemente el medioambiente.

En esta misma lógica, en base a la legislación minera elaborada por José Piñera –hermano del actual Presidente– y establecida bajo la dictadura, pero aplicada luego en toda su extensión por los gobiernos supuestamente «progresistas» que le sucedieron, el Estado chileno no solo se ha abstenido de explotar directamente, a través de CODELCO, los riquísimos yacimientos de cobre más tardíamente descubiertos en el país, que como sabemos constituye su principal riqueza exportable, sino que de hecho se los ha regalado a poderosas transnacionales como la BHP Billiton, Angloamérica y otras. Es así como, permitiendo que tales empresas exploten estos minerales en condiciones excepcionalmente ventajosas para ellas pero extraordinariamente lesivas para el interés nacional, se ha producido la enorme expansión minera que constituye la base real del crecimiento económico experimentado por el país en las últimas tres décadas.

Otro importante puntal de las políticas neoliberales del capitalismo salvaje de hoy es el regresivo sistema tributario en que se basa el financiamiento público, y que el gobierno de Piñera pretendía tornar mucho más regresivo aún. Un sistema que ofrece al gran capital un trato privilegiado y a través del cual la población trabajadora, y muy especialmente sus sectores más pobres, terminan soportando una carga de impuestos proporcionalmente mayor en relación a sus escuálidos ingresos que los sectores de rentas más elevadas. Es a consecuencia de este sistema tributario, que exime a los ricos de aportar la contribución que debiesen al presupuesto público, que las acuciantes necesidades sociales que deberían ser adecuadamente satisfechas por el Estado se han visto sistemáticamente desatendidas, al tiempo que la casta política y empresarial justifica tales carencias alegando, con el mayor cinismo, la falta de mayores recursos.

A este enfoque de políticas económicas, socialmente perverso pero entusiastamente aplaudido por los círculos financieros internacionales y presentado ante todo el mundo como un ejemplo digno de imitar, hay que añadir los altos niveles de corrupción que se cobijan en las más altas esferas del aparato público: fraudes millonarios al fisco realizados por las cúpulas de carabineros y las FFAA, la compra de la casta política mediante el financiamiento de sus campañas electorales y el pago de jugosos sobornos por el gran capital, los perdonazos estatales a la evasión de impuestos por las grandes empresas, la colusión de muchas de ellas para mantener precios artificialmente elevados por sus productos, la deliberada y reiterada inacción de las instancias de fiscalización para prevenir y castigar los delitos de cuello y corbata, etc.

La consecuencia más palpable de todo esto es la extrema y persistente desigualdad social que impera en el Chile de hoy en que el 1% más rico se logra apoderar de un tercio del ingreso nacional. Una desigualdad que, además, los ideólogos y apologistas del sistema intentan ocultar o minimizar con artilugios estadísticos supuestamente «objetivos» que indicarían que, en lugar de aumentar ella ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Tal es el caso del mañoso uso que se suele hacer del llamado índice de Gini, cuyos resultados resultan engañosos tanto por la forma en que se obtienen los datos que le sirven de base empírica como los términos puramente relativos en que se acostumbra a calcular y presentar su resultado. Es precisamente contra toda esta obscena inequidad social que el pueblo chileno se está rebelando ahora.

Las respuestas del gobierno y del sistema político a la crisis

La primera reacción del gobierno consistió en desconocer la legitimidad de la movilización iniciada por los estudiantes secundarios en contra del alza del pasaje del transporte público, buscando impedirla mediante su simple criminalización. Ante lo infructuoso y finalmente contraproducente de esa respuesta, que terminó por conducir al generalizado estallido de protesta del 18 de octubre, el gobierno optó por intensificar su despliegue represivo. Ello lo llevó a declarar al país en Estado de emergencia, sacar a los militares a las calles y decretar un toque de queda que, habiendo comenzado solo en la capital, debió extenderse luego hasta localidades incluso muy pequeñas de todo el país. La política de mano dura, que estaba inevitablemente destinada a cobrar una indeterminada cuota de víctimas entre los manifestantes, fue justificada abiertamente por Piñera sosteniendo que el país se encontraba «en guerra».

Ello le dio luz verde a los aparatos represivos del régimen que, lejos de circunscribir su accionar a la mera «preservación del orden público», lo orientan con demasiada frecuencia a intimidar y agredir brutalmente a quienes simplemente ejercen su derecho a manifestarse. Por ello las consecuencias de esta deriva represiva del gobierno eran previsibles: decenas de muertos, centenares de heridos de diversa consideración, miles de detenidos e incontables casos de maltrato policial. La arista más macabra de esta represión, que ha sorprendido, horrorizado e indignado a la población y a los organismos de defensa de los derechos humanos, ha sido el continuo y creciente número de personas, en su mayoría jóvenes que tomaban parte en las protestas, a las que los perdigones disparados por carabineros le han reventado uno o aun ambos globos oculares. Ante la denuncia de estos desmanes represivos la actitud del gobierno ha sido la de intentar lavarse las manos, buscando eludir su evidente responsabilidad política por estos hechos y descargar toda la culpa por lo sucedido en sus ejecutores directos.

No obstante, al verse sobrepasado por los acontecimientos, ya que los manifestantes no se dejaron amedrentar y se resistieron a deponer la protesta, el gobierno decidió convocar a los dirigentes de los diversos partidos políticos representados en el parlamento a un diálogo dirigido a concordar medidas destinadas a calmar a la población y establecer una nueva agenda legislativa que se hiciera de algún modo cargo de las demandas ciudadanas. Como parte de este inevitable cambio de táctica, Piñera llegó incluso a pedir perdón a nombre de toda la casta política por no haber escuchado y atendido antes las demandas de la gente y anunció un paquete de medidas que, si bien se orientan a palear en parte la agobiante situación que afecta a la mayoría de la población, de hecho solo son «más de lo mismo»: pequeñas aspirinas neoliberales, que escamotean los problemas de fondo que esta crisis ha develado.

Incluso algunas de esas medidas, pretendiendo dar satisfacción a la sentida demanda ciudadana de terminar con los obscenos e irritantes privilegios de que actualmente goza la casta política, se orientan en realidad a restringir los ya estrechos márgenes democráticos actualmente existentes en el plano político-institucional, como lo es por ejemplo la idea de disminuir en ambas cámaras el número de parlamentarios. En lugar de una medida como esa, que tendería a binominalizar nuevamente la composición del Parlamento, lo más conveniente sería proceder a eliminar el Senado y establecer un sistema legislativo unicameral, con una más pareja relación entre el número de electores y el número de parlamentarios que lo componen. Ello permitiría alcanzar el triple objetivo de abaratar significativamente el costo de la función legislativa, agilizar la tramitación de las leyes y hacer del Parlamento un órgano más representativo del real sentir de la ciudadanía.

Pero es claro que lo que el gobierno busca en realidad no es atender a las legítimas demandas ciudadanas sino, por el contrario, intentar frenar, desalentar, deslegitimar y finalmente neutralizar la movilización popular. Por ello ha centrado su esfuerzo comunicacional en resaltar y exigir una condena unánime de las manifestaciones de violencia que han tenido lugar en el contexto de esta convulsión social. Un empeño que, sin embargo, pasa deliberadamente por alto que una paz verdadera solo puede fundarse en la justicia. Y es por ello mismo también que, en nombre de la democracia, ha presionado a la oposición a fin de lograr acuerdos que permitan comprometer a sus distintos partidos en la canalización institucional de las demandas ciudadanas. Con ello se pretende, además, dejar instalada en la conciencia de la población la falsa idea de que es dicha búsqueda de acuerdos, y no el estricto reconocimiento y respeto de la soberanía popular, lo que constituiría la esencia misma de la democracia.

Sin duda, el mayor logro del gobierno en este sentido, aunque no participara directamente del mismo, ha sido el llamado «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» dado a conocer el 15 de noviembre con la firma de los presidentes de la mayor parte de los partidos políticos representados en el Parlamento, desde la UDI hasta algunas corrientes del Frente Amplio. Como se sabe, allí los suscriptores de este acuerdo explicitan ciertos consensos básicos para llevar a cabo un eventual proceso constituyente sobre la base de su declarado «compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente».

La única concesión importante que, atribuyéndose la representación del pueblo movilizado, la oposición logró arrancar a la derecha fue la convocatoria a un plebiscito para dirimir la ya prolongada disputa en torno a la legitimidad de la Constitución, abriendo con ello la posibilidad de dar inicio a un proceso constituyente. Pero a cambio de ello, en dicho acuerdo se establece también el itinerario, plazos y condiciones a que debería atenerse ese proceso, incluido un altísimo quórum de dos tercios para la aprobación de las normas de una nueva Constitución y del reglamento de votación de las mismas, todo ello a entera satisfacción de quienes hasta ahora se han empeñado y se seguirán empeñando en mantener las cosas tal como están. Para viabilizar este acuerdo en el marco de la institucionalidad vigente se deberá proceder a tramitar una reforma a la actual Constitución en los términos que establezca la Comisión Técnica que se acordó constituir para elaborar el proyecto correspondiente.

En esta trasnochada versión de la «democracia de los acuerdos», cocinada a espaldas de la ciudadanía entre gallos y medianoche, y concebida por quienes detentan el poder como una gran operación de gatopardismo, lo más grave para las perspectivas de la movilización popular ha sido la participación en ella de algunas fuerzas que, como integrantes del Frente Amplio, justificaban su existencia como una alternativa al duopolio, con un declarado compromiso de renovar y trasparentar las prácticas políticas. Es por eso que el sector político más duramente golpeado por el rechazo de gran parte de sus bases y componentes a la firma de este acuerdo ha sido precisamente el Frente Amplio, sumido ahora en una crisis terminal.

No obstante, la general desafección de la inmensa mayoría de los movilizados de toda adhesión partidaria, así como la participación en la protesta de una multiplicidad de organizaciones sociales y políticas que no le reconocen representatividad a quienes han sido parte de este contubernio y que, por el contrario, le han manifestado abiertamente  su repudio, ha logrado impedir que dicha maniobra pusiera prosperar en su objetivo de poner inmediato fin a la movilización en curso, reafirmando que la principal demanda de la misma sigue siendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana, es decir, sin amarres ni tutelajes políticos de ningún tipo.

El país requiere de un cambio radical de orientación 

El problema de fondo, que esta gran movilización popular ha sacado finalmente a la luz, es el fracaso del capitalismo periférico que existe actualmente en Chile y en toda América Latina para impulsar, con algunas posibilidades de éxito, un proyecto nacional de desarrollo independiente, susceptible de acoger y satisfacer en alguna medida significativa los intereses más inmediatos del pueblo trabajador y de respetar la vez la imperativa necesidad de salvaguardar el medioambiente de su progresiva destrucción. Ha sido en virtud de ese fracaso que los Estados de la región, respondiendo a los intereses de la clase dominante y dirigidos por una casta política sumisa y venal, se embarcaron en el pasado reciente en la implementación de las políticas neoliberales hoy imperantes, limitándose a competir entre sí por atraer hacia los territorios que administran al capital imperialista, como si éste constituyese la única tabla de salvación posible. Y para ello necesitan ofrecerle las condiciones de explotación más ventajosas posibles. Es esto lo que en definitiva se suele ofrecer a nuestros pueblos como el mejor de los mundos posibles.

Pero, como la experiencia indica de manera persistente, el paraíso de los capitalistas no puede constituir más que un virtual infierno para los trabajadores, es decir para la inmensa mayoría de la población, a lo que cabe añadir las grandes amenazas que a escala global el capitalismo conlleva para la propia supervivencia de la humanidad. La sumisión al gran capital se ha naturalizado en el debate público que actualmente tiene lugar en el sistema político y los medios de comunicación hasta el punto de aceptar prácticamente como una ley de la naturaleza la permanente extorsión que aquél se halla en condiciones de ejercer sobre el conjunto de la sociedad: si no se satisfacen sus exigencias en materia de seguridad legal, tratamiento tributario o normativas laborales y medioambientales, simplemente no llegará al país o, si ya está, se irá de él. Lo que equivale a decir que nos quedaremos sin pan ni pedazo. Ni por asomo se acepta considerar que existen otras posibilidades, modos alternativos y más favorables de hacer las cosas y relacionarse con el inmenso poder que hoy detentan a escala mundial las grandes empresas transnacionales.

Por lo tanto para operar cambios de fondo se hace necesario comprender y reconocer que otro mundo es no solo posible, sino también socialmente conveniente. Más aún, de que es imperativa y urgentemente necesario, anteponiendo el interés social al interés privado, poner al conjunto de la economía al servicio de nuestros pueblos y en un trato definitivamente amigable con el medio ambiente. Lo que está planteado ante nosotros, y que la crisis social y política en desarrollo no hace más que potenciar con fuerza, es la necesidad de cambiar radicalmente el eje del debate público, ampliando significativamente su horizonte visual y colocándolo directamente en la perspectiva de un proyecto nacional de desarrollo claramente basado en el reconocimiento, promoción y defensa de los legítimos derechos, intereses y aspiraciones del pueblo trabajador.

Aquellos sectores políticos que, pretendiendo expresar los intereses de este pueblo trabajador, evitan cuestionar el carácter explotador y de clase de la sociedad en que vivimos, de su modo de organización económica, su estructura social, su ordenamiento político, legal e institucional y sus representaciones ideológicas dominantes, operan de hecho como un escudo protector de la poderosa y privilegiada minoría explotadora que detenta el poder real en el actual sistema social. Todo su accionar se enmarca en el horizonte visual del sistema capitalista y del Estado burgués que lo sostiene, reproduce y defiende, como si este último constituyese un campo de disputa neutral, en cuyo seno todos pudiesen caber en un pie de efectiva igualdad y resguardo de sus derechos.

De allí que la articulación discursiva y línea de acción de estos sectores –que presumen representar la presencia en el escenario político de una «izquierda democrática»– se realice, sin matiz alguno, en nombre de la defensa de lo que podríamos llamar la «democracia realmente existente», aún «con todas sus limitaciones». Lo cual implica que todo su accionar práctico se enmarca en el reconociendo del ordenamiento jurídico-político vigente como esencialmente legítimo, como una genuina expresión de valores socialmente compartidos, rechazando a la vez de plano, como una amenaza, y descalificando como «populista» e «ideologizado», cualquier pretensión o intento de ir más allá de sus ostensibles limitaciones de clase. Al igual que para la derecha, la esencia de un comportamiento democrático, según este enfoque, estaría en una constante disposición a «buscar acuerdos» entre las diversas fuerzas del espectro político, realizando concesiones mutuas y descartando –esta vez de solo de palabra– toda voluntad de imposición de unos sobre otros.

Sin embargo, tal engañosa visión no solo pervierte completamente el significado del concepto de democracia, que no es otro que el de poder del pueblo (demos = pueblo, kratos = poder) –y que reconoce por ello como su principio fundante y rector el de la soberanía popular–, sino que escamotea y naturaliza también el hecho social objetivo de que actualmente no vivimos en una democracia real, sino bajo la dictadura del gran capital, completamente sometidos a él. Esa dictadura del capital se manifiesta ante nosotros no solo en el ámbito público, reduciendo la democracia al mero acto ritual de votar para elegir «representantes» que luego actúan y deciden por cuenta propia –es decir a una simple forma, un mero disfraz, con el que las instituciones del Estado buscan revestirse de una delgada capa de legitimidad: se nos impone también en la vida cotidiana a través de la total discrecionalidad y precariedad que impera en el mundo del trabajo.

Al revés de lo que sostienen los políticos del sistema, en una democracia efectiva no puede haber más voluntad soberana que la del propio pueblo, que a través de un adecuado diseño político e institucional pueda autogobernarse y, por tanto, tomar su destino en sus propias manos. Para gozar de real legitimidad, la ley debe ser una clara expresión de la voluntad popular, algo que la actual clase dominante jamás estará dispuesta a aceptar porque significaría el fin de su poder y sus privilegios. Hacia allá es necesario avanzar en el Chile y el mundo de hoy. Solo ello permitirá terminar no solo con toda forma de explotación, opresión y discriminación sino también detener la catástrofe social y ambiental que actualmente amenaza muy decisivamente el futuro de toda la humanidad.

La única limitación que cabe imponer a la voluntad soberana del pueblo, lo único que no puede depender del veredicto de una mayoría, por significativa que sea, es el reconocimiento y respeto de los derechos de humanos. En un ordenamiento jurídico democrático esos derechos, tanto políticos como civiles, económicos, sociales y culturales, deben estar siempre debidamente garantizados. Pero todas las normas que, más allá de esos derechos individuales, están llamadas a regular la vida social y permitir el logro de sus objetivos comunes pueden y deben corresponder claramente a la voluntad, democráticamente expresada, de la mayoría. Por lo tanto, de lo que hoy se trata es, precisamente, de luchar, del modo más claro y decidido posible, por la democratización radical de la sociedad en todos los planos: económico, social, político y cultural.

Los poderes fácticos y sus testaferros políticos buscan resguardar sus privilegios mediante quórums extremadamente altos con el pretexto de evitar que una mayoría simple circunstancial pudiese tener la tentación de pasarle una «aplanadora» a la minoría. Pero lo cierto es que la única aplanadora antidemocrática que hemos conocido en Chile es la que se plasmó en el sistema político institucional que actualmente nos rige, impuesto con la fuerza del terrorismo de Estado por esa misma minoría rica y poderosa sobre una mayoría despojada de todos sus derechos políticos, fuertemente reprimida y totalmente silenciada. Y si bien es razonable evitar que materias importantes sean dirimidas por una mayoría escuálida, el quorum de dos tercios exigido por la derecha es excesivo y tiene el efecto contrario de evitar que una voluntad suficientemente mayoritaria pueda regir. En tal sentido es mucho más razonable establecer un quorum de tres séptimos o de tres quintos.

Por otra parte, cabe destacar las enormes posibilidades de una participación ciudadana directa en las decisiones políticas que puso en evidencia la consulta realizada el 15 de diciembre por la mayor parte de los municipios del país, apoyada en una gran parte en los modernos medios de registro, transmisión y procesamiento electrónico de datos. Todo indica que a futuro el proceso de democratización de las decisiones políticas deberá marchar precisamente en esa dirección, mediante consultas directas a la ciudadanía.

Fortalezas y debilidades de la rebelión popular

De una manera aparentemente paradojal, lo que inicialmente parecía ser la mayor fortaleza de la rebelión popular, esto es la gran transversalidad social y política de su convocatoria, debida precisamente a la ausencia de una conducción política clara y definida, se ha evidenciado rápidamente también como su mayor debilidad. En efecto, y como enseña clara y categóricamente la experiencia histórica, en ausencia de una conducción política que, gozando de real autoridad y reconocimiento por parte del pueblo trabajador, pudiese unificar las demandas y encauzar audaz y consecuentemente la lucha en una perspectiva de clara transformación social, la fuerza del descontento popular se encontrará a poco andar en un callejón sin salida. Podría incluso llegar a derribar un gobierno, como ya ha ocurrido tantas veces en la historia reciente de América latina, pero muy difícilmente podrá abrir paso a uno que efectivamente encarne los verdaderos intereses y aspiraciones que lo hicieron estallar.

La ausencia de una dirección política capaz de dar una expresión consistente y de largo aliento al descontento popular es, sin duda, fruto del vacío dejado por el colapso programático de la vieja izquierda, fuertemente golpeada por sus catastróficas derrotas tanto en el plano nacional como internacional, y de la enorme confusión que impera en la mayor parte de las corrientes emergentes. Ello se traduce en la enorme dispersión política y organizativa actualmente reinante y en una práctica completamente errática, impregnada en parte por ilusiones reformistas y en parte también por actitudes vanguardistas no menos ilusorias. Como decía Lenin, «sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco práctica revolucionaria». Por lo tanto, tomará aun un largo espacio de tiempo antes de que una izquierda consistentemente socialista y revolucionaria logre constituirse y abrirse paso hasta enraizarse profundamente en el pueblo trabajador y superar así las carencias que por ahora impiden ir más lejos.

A nuestro haber contamos, sin embargo, con una rica experiencia de luchas, propias y ajenas, de las que podemos extraer importantes lecciones a fin de generar mayores posibilidades de éxito. Luego de cuatro décadas de luchas sociales y políticas en que para acumular fuerzas supo utilizar todos los medios y tribunas a su alcance, la izquierda chilena se encontró entre 1970 y 1973 a las puertas mismas del poder, pero sin saber desplegar en los momentos decisivos la capacidad que se requería para alcanzarlo. En el lenguaje acuñado por Gramsci, logró acumular fuerzas sobre la base de perseverar en una larga «guerra de posiciones» frente al poder del Estado burgués y de las instituciones de la sociedad civil a través de las cuales la clase dominante ejerce normalmente su hegemonía, pero no se mostró capaz de realizar el viraje estratégico necesario hacia una «guerra de movimientos» en los momentos más álgidos del conflicto entre «los de arriba y los de abajo», es decir, del conflicto entre las clases.

Necesitamos aprender de esa experiencia y tener en cuenta sus lecciones a fin de definir cursos de acción que permitan abrir una posibilidad real de cambiar radicalmente la sociedad en que vivimos. En lo inmediato, en el contexto de la actual coyuntura, en que a nivel social se ha operado un cambio favorable en la correlación de fuerzas, resulta imprescindible que las corrientes subjetivamente revolucionarias logren identificar con claridad los contenidos y formas de lucha que, llevando las cosas tan lejos como resulte en cada momento posible, les permitan acumular una fuerza real en el plano político. Ese ha de ser por ahora su objetivo estratégico. Ello les exige comprender y asumir cabalmente el carácter esencialmente comunicativo de la lucha política, prestando especial atención no solo al contenido de las consignas sino también a la pertinencia de las formas de la acción que es preciso impulsar en cada momento específico. Y supone también entender la importancia clave de todos los escenarios y espacios públicos en que su intervención puede llegar a concitar la atención y adhesión de las amplias masas del pueblo trabajador.

En este sentido resulta crucial considerar atentamente el argumento de legitimidad que, invocando valores que se presumen socialmente compartidos, está llamado a servir de fundamento y justificación a cada una de las iniciativas de acción política. Es del todo claro para nosotros que la adhesión a dichos valores por parte de la clase dominante y de todo el personal intelectual y político que se encuentra a su servicio –muy particularmente en el caso de la justicia social y la igualdad ante la ley– es puramente retórica, y por lo tanto completamente hipócrita. Pero eso es, justamente, lo que necesitamos poner públicamente de relieve y rechazar de manera tajante y permanente a fin de lograr la adhesión y, más aun, el involucramiento activo de las amplias masas del propio pueblo trabajador en la lucha por sus derechos, intereses y aspiraciones.

Se suele decir que «las palabras crean realidad», pero lo que en verdad crean es claridad o confusión, en la mente de los sujetos, con respecto al real significado de lo que acontece a su alrededor, y con ello generan también una determinada predisposición a la acción, en una u otra dirección. En la época en que vivimos la palabra suele ir acompañada, a través del gran uso alcanzado por las «redes sociales», de una muy amplia difusión de imágenes, lo que en definitiva potencia enormemente la fuerza de los mensajes. De modo que el ámbito comunicativo sigue constituyendo, como en el pasado, el campo esencial de la confrontación política que se halla permanentemente en desarrollo. La función de la agitación y la propaganda de las fuerzas en conflicto consiste precisamente en incidir sobre el comportamiento de las amplias masas y orientar también la actividad de los sectores de vanguardia, aspectos ambos que finalmente permitirán dirimir, sobre el terreno de las iniciativas de movilización propiamente tales, el conflicto entre las clases.

En este sentido, más allá de su eventual motivación inmediata, la pertinencia de cada acción ha de ser juzgada por las corrientes políticas revolucionarias por la contribución que efectivamente sean capaz de aportar a su incesante empeño por elevar los niveles de conciencia, organización y movilización política no tanto de los sectores de vanguardia, ya politizados, sino ante todo de las amplias masas populares, cuya fuerza numérica y cuyo involucramiento efectivo en la lucha resulta del todo indispensable para vencer. Y en esto juegan siempre un rol clave los argumentos de legitimidad que se ponen en juego, los cuales se hallan asociados tanto a consideraciones de justicia como de conveniencia social.

En consecuencia, es por referencia, tanto al argumento de legitimidad con que cada acción se justifica, como a las posibilidades que abre la correlación de fuerzas existentes en cada momento, que corresponde considerar, en cuanto a su oportunidad y a sus formas específicas, el rol que ellas puedan llegar a tener en el curso de la lucha. Y este ha de ser también el criterio para juzgar el significado y la pertinencia de las acciones de violencia política. Desprovistas de un basamento de racionalidad política y moral susceptible de justificarlas plenamente ante los ojos de las amplias masas de la población trabajadora, ellas solo pueden resultar contraproducentes.

Perspectivas inmediatas de la lucha popular

Las demandas vehiculizadas por la rebelión popular han sido múltiples y variadas. Entre ellas cabe mencionar, entre las más nombradas y sentidas, las referidas a los niveles salariales, de las pensiones, las precarias condiciones de la atención pública de salud, el precio de los remedios y de los servicios básicos, el endeudamiento por CAE, los derechos de agua, la situación de las mujeres y de los pueblos indígenas, los privilegios de la casta política y la corrupción. Pero el número de demandas está lejos de agotarse en ellas y sus soluciones apuntan a la necesidad de cambios estructurales. En esa perspectiva han comenzado a mencionarse también la necesidad de anular la actual ley de pesca, renacionalizar el cobre, nacionalizar la banca y los monopolios.

Pero, más allá del significado y  pertinencia de cada acción en particular y de cada demanda específica, el terreno crucial en que se juega el curso global de la lucha será el de la capacidad que tengamos de dotar de un sentido unitario, claro y preciso, la lucha del pueblo trabajador por sus derechos, intereses y aspiraciones, abriendo con ello, en una perspectiva de gran valor estratégico, la posibilidad de desenmascarar, arrinconar y finalmente derrotar a los poderes fácticos establecidos y a sus testaferros políticos. Como sostenía Lenin, la tarea de los revolucionarios consiste en hacer confluir todos los múltiples arroyuelos del descontento popular hacia un solo gran torrente de lucha política que ponga en cuestión al sistema de explotación capitalista en su conjunto.

En tal perspectiva la reivindicación que, dando una orientación general a la lucha del pueblo trabajador, permite dotar de una perspectiva unitaria a todas las batallas no es otra que la demanda de una democracia efectiva que, en abierta contraposición con las prácticas políticas que son inherentes al Estado burgués, reconozca al pueblo como su único protagonista, es decir, como el único poder soberano en todos los planos: político, social, económico y cultural. Es eso lo que en la actual coyuntura representa la exigencia de convocar a una Asamblea Constituyente Soberana, sin cortapisas ni tutelajes de ningún tipo. Si la casta política y los poderes fácticos empresariales se oponen tan tenazmente a aceptar una democratización real del sistema político es, justamente, porque comprenden que ella constituye una amenaza para, y a la larga resultará incompatible con, la propia existencia de la dictadura del capital. Y si eso llegase a ocurrir, no tendrán el menor reparo en intentar patear el tablero, como ya lo hicieron en 1973.

En esta perspectiva, el acuerdo político dado a conocer el 15 de noviembre coloca a la movilización popular ante la disyuntiva de aceptar encauzar la lucha por sus demandas en el marco de la modalidad, plazos y procedimientos que ese acuerdo señala, limitando muy severamente la soberanía popular con niveles de amarre similares o incluso mayores a los establecidos en la actual Constitución, o bien rechazar decididamente la pretensión de la casta política de colocarle, mediante ese acuerdo, una camisa de fuerza y continuar exigiendo un pleno reconocimiento y respeto al principio de la soberanía popular como real fundamento de un orden efectivamente democrático. Esta es la gran batalla que se encuentra ahora planteada y que enfrenta al pueblo movilizado con el grueso del establishment político que ha cogobernado este país durante las últimas tres décadas.

En este contexto, solo cabe, por una parte, reivindicar los espacios democráticos que constituyen una genuina conquista de la movilización popular, como la posibilidad de dirimir a través de una consulta plebiscitaria el conflicto planteado sobre la legitimidad del actual ordenamiento constitucional, de modo que sea el pueblo quien soberanamente se pronuncie a este respecto. Y, al mismo tiempo, denunciar y rechazar de manera tajante las trabas e interdicciones que la casta política gobernante ha pretendido imponer mediante su acuerdo del 15 de noviembre a este mismo pueblo para que sea él quien libre y soberanamente determine el marco normativo que ha de regir el sistema político del país.

Esto último implica establecer para la aprobación de las normas de la nueva Constitución un quorum que, aun siendo supramayoritario, es decir reconociendo la conveniencia de hacerlo por una mayoría que sea significativa, por ejemplo de 4/7 o 3/5, no lo sea hasta el punto de conferir un derecho a veto a una opción claramente minoritaria, como ocurre con el quorum de 2/3 que se señala en el acuerdo del 15 de noviembre. Más aun, lo más democrático sería establecer la posibilidad de dirimir a través de una consulta directa a la ciudadanía los desacuerdos que surjan en la elaboración de las nuevas normas.

Para llevar a cabo este combate, en todos y cada uno de los espacios en que las fuerzas consecuentemente democráticas tengan presencia efectiva, será fundamental desplegar un accionar político que sea a la vez claramente unitario, clasista y democrático. Se trata de propiciar ante todo el fortalecimiento de las instancias de lucha unitaria ya existentes o de crearlas en aquellos lugares en que ellas no existan. A nivel global este es el caso de la Mesa de Unidad Social en torno a la cual se agrupan hoy numerosas organizaciones sociales. A su vez, el fortalecimiento de la reputación y capacidad de convocatoria de tales instancias de lucha pasa necesariamente por asegurar un funcionamiento plena y transparentemente democrático de las mismas. Es ello lo que permite construir las confianzas que se requieren. Y, por último, es preciso bregar por que la orientación que prevalezca en tales instancias no sea una de conciliación con los poderes establecidos sino que guarde real correspondencia con la disposición de lucha, intereses y aspiraciones de sus bases.

Y esto, cuya necesidad resulta evidente a nivel de las organizaciones sociales, también lo es en un plano más directamente político con respecto a todas las corrientes y colectivos dispuestos a impulsar la lucha en una perspectiva de profunda transformación social orientada a superar el capitalismo. Si bien una táctica de frente único en este plano no sustituye la necesidad de luchar por la construcción un genuino partido de clase, como expresión de una real y consistente unidad programática en función de la emancipación de los trabajadores, en las actuales condiciones de aguda dispersión de las fuerzas que se reclaman revolucionarias representa un paso obligado para facilitar y potenciar una acción unificada de las mismas.  Ello, a su vez, creará mejores condiciones para avanzar en el necesario proceso de convergencia programática que se requiere para cimentar la construcción de un verdadero partido revolucionario del pueblo trabajador.

¡Basta de abusos y de corrupción!

Por un Chile para todos, ¡Paso a las demandas populares!

Por una institucionalidad democrática, ¡Asamblea Constituyente Soberana ahora!