Brasil: “El Poder Judicial ha participado no solo a través de Moro”

El pasado domingo tuvo lugar un suceso que amenaza con socavar todos los cimientos de la guerra judicial o lawfare de la que fue objeto el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La versión brasileña del medio The Intercept dio a conocer una parte de un conjunto de mensajes que se intercambiaron por Telegram entre el entonces juez Sérgio Moro y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, quienes estaban detrás de la Operación Lava Jato, aquella que se posicionó en el centro de la escena política en Brasil desde 2014 y que condenó a funcionarios y políticos brasileños acusados de enriquecerse ilícitamente a partir de la distribución de coimas sobre todo ligadas a la petrolera estatal Petrobras.

Las revelaciones muestran que el juez Moro y los fiscales estaban en permanente contacto, además de que compartían una visión política definida acerca de las personas que estaban imputadas. A su vez, Moro les decía qué hacer y en qué tiempos la fiscalía tenía que generar las pruebas para poder llevar a los imputados frente al banquillo y luego condenarlos.

A la gravedad jurídica del asunto se le agrega el hecho de que uno de los casos que tenía en las manos Moro era el de Lula que, cuando todas las encuestas lo ubicaban en primer lugar de cara a las elecciones de octubre del 2018, fue apresado el 7 de abril de ese año en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, al sur del país.

Lula sería condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero en el marco del Lava Jato, a pesar de que no existían pruebas fehacientes para inculpar al expresidente, acusado de haber aceptado un departamento tríplex en la ciudad costera paulista de Guarujá como soborno por haber ayudado a la empresa constructora OAS durante sus presidencias (2003-2010) para obtener contratos con Petrobras.

Los principales elementos valorados por el juez Moro para condenar al expresidente fueron la declaración del vicepresidente de la constructora OAS –que lo señaló a Lula y obtuvo por ello una reducción de su condena de 8 a 5 años de prisión–, un borrador de un contrato por el departamento sin firmas encontrado en la casa de Lula y haber tomado en cuenta los dichos de los vecinos del edificio, que rumoreaban que el departamento pertenecía a Lula aunque nunca tuvo posesión del mismo, ni de sus llaves, ni existe algún contrato que lo pruebe.

A estas cuestiones se suma que la Justicia impidió la publicación de una entrevista que Lula le había concedido al diario Folha de São Paulo en plena campaña electoral, porque la Justicia consideraba que dicha divulgación podría beneficiar al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad. El resto de la carrera hacia el Palacio del Planalto es historia conocida: la figura de Jair Messias Bolsonaro se fue popularizando y fue elegido presidente al derrotar en el ballotage a Haddad.

Dadas aquellas circunstancias, el nombramiento de Moro como ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro y la falta de pruebas en contra de Lula, las revelaciones confirman los indicios que se manejaban sobre la existencia de un complot en contra del expresidente del PT para que este no pudiese presentarse como candidato presidencial y perjudicar a dicho partido de cara a la carrera electoral.

Este tipo de maniobras judiciales, que en los últimos años han sido comunes en varios países de la región y de la que fueron objeto varios expresidentes sudamericanos, ha suscitado incluso la opinión pública del Papa Francisco, quien cuestionó la semana pasada la utilización de la Justicia para “minar procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”, anticipándose a la revelación de The Intercept Brasil, la cual evidencia la ilegalidad del proceso judicial en contra de Lula, que afronta otras seis causas abiertas en su contra: el caso Cerveró, el del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil, el de los aviones de combate suecos Gripen, el del Instituto Lula, el de las automotrices MMC y Caoa y el de la estancia en Atibaia.

Para tratar de entender esta trama y palpar cómo se está viviendo en Brasil, L`Ombelico del Mondo dialogó con Renato Simões, ex diputado estadual (1995-2008) y federal (2013-2015) de San Pablo por el PT, actualmente miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del PT y del Comité Nacional Lula Libre. Simões afirmó desde San Pablo que “las grabaciones son la comprobación de las denuncias de la izquierda durante el Lava Jato”.

–¿Cuál es el clima que se está viviendo en Brasil con respecto a estas revelaciones? ¿Cómo reaccionaron las militancias del PT y la popular en general ante esto? ¿Cuáles son los pasos que están tratando de seguir desde entonces?

–Hay una opinión pública compartida en contra de Moro, porque todo lo que hemos denunciado sobre la persecución mediática y judicial al expresidente Lula ha sido comprobada con unos pocos materiales que dio a conocer The Intercept. Hay un compilado de otras informaciones que aún no están disponibles y estamos ante una gran expectativa en los próximos días por la divulgación de otras partes de las conversaciones grabadas de Moro y de los fiscales de la Justicia. Pero lo poco que tenemos de este material ya ha producido una alteración muy fuerte en la coyuntura política brasileña, en la situación del Supremo Tribunal Federal (STF) y en la correlación de fuerzas en el Poder Judicial. Hoy mismo Bolsonaro ha tenido dos derrotas muy importantes en el frente legislativo: su decreto de armas ha sido impugnado en el Senado y su decreto de extinción de los consejos de participación ha sido derrotado en el STF.

Entonces hay un clima de que el Poder Judicial fue manipulado todo este tiempo por una conspiración que se inició con el golpe contra Dilma en 2016 y que tiene en la prisión de Lula su historia más importante, porque se sacó de las últimas elecciones a la principal apuesta del pueblo para recuperar la democracia. Entonces, estamos empezando todo un proceso de movilización de los Comités Populares Lula Libre para el día 25 de junio, cuando el STF va a juzgar el hábeas corpus de Lula que, justamente, está invocando la falta de exención del modo para juzgar con imparcialidad sus procesos.

–¿Qué expectativas tienen en relación a la actualidad judicial de Lula, preso actualmente? ¿Creen que su condición puede cambiar?

–En primer lugar tenemos una clara visión de que el Poder Judicial ha participado no solo a través de Moro, o en conjunto en esta persecución. Todas las cuestiones invocadas por la defensa fueron derrotadas en los tribunales superiores, y el STF hasta ahora ha mantenido todas las decisiones sobre el impeachment de Dilma hasta la prisión de Lula. Entonces, hay una necesidad de una inversión de la correlación de fuerzas en la sociedad brasileña para que el Poder Judicial también cambie su posición. Es claro que tenemos en el STF algunos ministros que mantienen la defensa de la Constitución, pero también hay una mayoría que se forjó de cuestionamientos de principios constitucionales que teníamos como estables en Brasil. Entonces es algo en lo que no se puede confiar que solamente una o dos denuncias vayan a invertir todo el compromiso del Poder Judicial en Brasil con el golpe y con la interdicción política de Lula.

No se puede confiar que solamente una o dos denuncias vayan a invertir todo el compromiso del Poder Judicial en Brasil con el golpe y con la interdicción política de Lula.

Pero lo que estamos viendo es que a la propia reacción de Moro, de los fiscales y de los jueces de tribunales superiores existen grandes expectativas sobre las próximas informaciones, porque, como dijo el propio The Intercept, se ha declarado que lo que se ha dado a conocer hasta ahora es solo el 1% de todo lo que tiene. Entonces, las conversiones sobre momentos importantes de la historia política de Brasil están aún sin visibilidad pública. Esperamos que todo este cúmulo de información que tiene aquel medio venga a ser divulgado para que este cambio de opinión pública pueda ser más rápido y podamos el 25, por tanto, sacar a Lula de la prisión y, entonces, tener otra forma de enfrentar a la correlación de fuerzas en el país.

–En el caso que el 25 de junio el STF declare no apto al juez Moro en la causa contra Lula, se supone que la misma quedaría nula. Queríamos consultarle por el resto de las causas que tiene Lula en su contra, ¿qué sucedería con las mismas?

–Hay una serie de acciones que serán nulas también, porque toda la razón para que Lula fuera juzgado por Moro es una vinculación entre la corrupción invocada por los fiscales con respecto a Petrobras. Si no hay vínculo entre las cuestiones invocadas contra Lula con corrupción en Petrobras, estas acciones no tendrían que estar con Moro en Curitiba. Esto es algo que una de las grabaciones de The Intercept ya ha claramente demostrado. Porque tres o cuatro días antes de la presentación de la denuncia en aquel entonces, el fiscal jefe de la fuerza de tarea del Lava Jato ha comentado que las pruebas eran muy frágiles, que no había cómo vincular el departamento que dicen que es de Lula –el tríplex de Guarujá– con la corrupción en Petrobras. Este vínculo es esencial, porque la centralización de las acciones contra Lula en Curitiba tiene este origen. Si se comprueba que todo esto fue armado por los fiscales sin una vinculación efectiva, todas las acciones deben ser anuladas.

Nosotros tenemos hoy muy claro que tienen tiempo ahora para ver qué hacer hasta el 25, porque hay también otros pedidos en la Justicia como, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia, en donde ya hay un pedido para que Lula –incluso con la condena en el caso de Guarujá– sea liberado porque ya ha cumplido parte de su condena. Entonces, hay muchas cuestiones jurídicas que serán claramente arbitradas por el Poder Judicial en los próximos días, desde la libertad provisoria de Lula para que pueda responder en libertad por las apelaciones contra él, como en el programa máximo, que es el nuestro, donde planteamos la cancelación de este proceso por evidente manipulación de la Justicia.

Si se comprueba que todo esto fue armado por los fiscales sin una vinculación efectiva, todas las acciones deben ser anuladas.

–Partiendo de que Lula se vio privado de participar en las elecciones presidenciales por estas acusaciones que carecen de sustento y que incluso le negaron la posibilidad de dar entrevistas en el momento de la candidatura de Haddad, y considerando que tengan lugar favorablemente las cuestiones jurídicas que usted menciona y que Lula salga en libertad, ¿no cree que sería necesario un llamado a nuevas elecciones?

–Yo personalmente creo que sí. Porque todas las cuestiones que hemos planteado desde el inicio del proceso electoral es que la victoria de Bolsonaro fue un gran fraude que empezó, justamente, con la interdicción de la candidatura de Lula que, hasta septiembre –un mes antes de las elecciones– tenía según las encuestas la posibilidad de vencer en las elecciones en la primera vuelta. Pero no solamente eso. Incluso cuando Haddad asumió la candidatura del PT hubo una violencia institucional contra Lula, que fue la prohibición de que sea entrevistado y de una participación de él en la campaña electoral, y también miles y miles de mensajes falsos y fake news diseminadas por Whatsapp desde centros de coordinación en otros países con financiamiento empresarial muy fuerte, que es algo prohibido por la ley electoral de Brasil. Entonces todo este proceso está viciado.

Y tenemos mucha certeza de que las próximas informaciones de todo este gran número de grabaciones que The Intercept tiene va a comprobar que en varios momentos decisivos de la persecución criminal hacia Lula hubo un posicionamiento partidista del Poder Judicial, de Moro, de los fiscales y de jueces de tribunales superiores.

Porque incluso en julio, cuando Lula tuvo la posibilidad de libertad decidida por un juez del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, hubo una movilización ilegal de Moro desde Portugal y de jueces en Brasil en un día, y todos tenemos la curiosidad de ver qué hablaron sobre esto durante aquel día, cuando Lula tenía que estar por libertad por la mañana y se quedó preso en la noche.

Entonces todo este proceso de interdicción política de Lula ha motivado y dividido las acciones de Moro y de los fiscales de la Justicia que estaban bajo su coordinación. Porque este es el otro problema grave de las grabaciones: Moro no tenía la parcialidad para recibir las acusaciones y juzgar, él dirigía a los fiscales en las operaciones policiales, les decía qué hacer y cómo comportarse. Entonces no creo que en los próximos días Brasil esté tranquilo, porque todas las grabaciones hasta ahora son la comprobación de todas las denuncias de la izquierda durante todo el proceso de Lava Jato.

–Desde afuera notamos que están sucediendo en Brasil otras cosas además del lawfare, como la huelga general del 14 de junio en contra de las políticas de Bolsonaro. ¿Cómo está viendo usted el movimiento popular y a la izquierda brasileña por fuera de esta cuestión del lawfare? A veces da un poco de temor de que estén tan concentrados en sacar a Lula de su situación que, quizás, por el lado de las calles y la lucha popular se esté debilitando de alguna manera el rol que está teniendo la oposición.

–Nosotros creemos que este cambio de correlación de fuerzas que necesitamos en el plano institucional será construido en las calles. Hay una fuerte unidad de las centrales sindicales, de los movimientos sociales, de los partidos de oposición en movilizaciones que estuvieron parando Brasil en las últimas semanas. Lo vimos con dos grandes manifestaciones en defensa del presupuesto de la educación, particularmente para las universidades, en los días 15 y 30 de mayo, que fueron portentosas manifestaciones. Y además estamos todos involucrados en la huelga general del viernes 14 de junio, donde esperamos tener una gran demostración de los trabajadores en contra de la agenda neoliberal o ultraliberal de este gobierno. Porque no es solamente la reforma previsional, que es muy grave, es una destrucción del sistema previsional público, es la adopción de mecanismos de mercados y de capitalización, con la destrucción de todo lo que hemos construido durante décadas de políticas públicas previsionales. Y estamos en un momento de desempleo terrible: tenemos 13 millones de trabajadores desempleados y ninguna propuesta del nuevo gobierno de cómo enfrentarlo. La única cuestión que proponen es privatizar, empezando por la reforma previsional, pero también otras riquezas estatales como las del petróleo del pre-sal.

La libertad de Lula es parte de esta lucha por el derecho de todo el pueblo por nuestra soberanía nacional y por la democracia. Estos tres ejes están muy claros en el Frente Brasil Popular, que une partidos de movimientos sociales, y en el Frente Pueblo Sin Miedo, que une otra parte de los movimientos sociales. E incluso partidos que no están orgánicamente en alguno de estos dos frentes también se sumaron a la movilización del 14 de junio. Entonces creemos que es muy necesario para Brasil no solamente las cuestiones judiciales y la solidaridad internacional; todo esto es muy importante, es fundamental. Pero lo más importante es que el pueblo salga a las calles, que pueda alterar el sentimiento general de la opinión pública.

Lo que es importante también es que Bolsonaro ya es el presidente que en cuatro meses de gobierno tuvo la más dramática evaluación de la opinión pública: las encuestas han comprobado que él tiene hoy, comparado con sus antecesores como presidentes de la República, la evaluación más baja de la historia de la democracia de Brasil. Entonces eso también es algo que viene rápidamente cambiando posiciones de sectores que están directamente afectados por las políticas impopulares y antinacionales de Bolsonaro. Creo, por tanto, que la huelga general es muy importante. Tenemos también en las próximas semanas otras demostraciones importantes que están siendo organizadas por estos dos frentes de la izquierda partidista y social. Y creemos que esto será decisivo, tanto para la libertad de Lula como para el futuro político de la izquierda en Brasil.

*Fuente: Ombelico