Este tipo de maniobras judiciales, que en los últimos años han sido comunes en varios países de la región y de la que fueron objeto varios expresidentes sudamericanos, ha suscitado incluso la opinión pública del Papa Francisco, quien cuestionó la semana pasada la utilización de la Justicia para “minar procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”, anticipándose a la revelación de The Intercept Brasil, la cual evidencia la ilegalidad del proceso judicial en contra de Lula