El empleado de Enrique Correa que opera como asesor de los senadores

EL GRUPO TÉCNICO QUE NO DEJÓ ACTAS

En marzo de 2017 se refundieron dos proyectos de ley sobre protección de datos (uno del senador Harboe y otro del gobierno de Bachelet), pero recién en el segundo semestre de 2018 su tramitación avanzó a paso firme, aunque por fuera de los cauces estrictamente institucionales. En septiembre de ese año comenzó a reunirse semanalmente en el Senado un grupo técnico compuesto por asesores de los parlamentarios y representantes del Ministerio de Hacienda para consensuar el proyecto. El objetivo era acordar indicaciones que dejaran conformes a La Moneda y a los senadores de la Comisión de Constitución.

No hay actas públicas de esas reuniones, por lo que no queda claro quien impulsó los cambios. Y eso es relevante, porque se introdujeron modificaciones que benefician a las empresas que operan con bases de datos: al contrario de lo que pedían varios parlamentarios y el propio gobierno, los “hábitos personales” no quedarán protegidos como “datos sensibles”. Así, por ejemplo, una cadena de supermercados podrá identificar las compras que hace un ciudadano y utilizar esa información para sus estrategias de marketing o venderla a otras industrias de bienes y servicios.  Lo que usted consume o los lugares que frecuenta podrían ser utilizados como insumos comerciales. Y, eventualmente, agencias estatales también podrían conocer en detalle las costumbres de los ciudadanos.

El abogado Roberto Godoy Fuentes –53 años, abogado UC y magíster en Políticas Públicas– integró ese grupo técnico. Desde el comité de senadores del PPD se explicó que se lo convocó para esa tarea por su experiencia en el tema, debido a que durante el tramo final del segundo gobierno de Bachelet estuvo a cargo del proyecto como asesor de Hacienda.

En paralelo a sus labores en ese equipo que decidió los cambios al proyecto de ley, el abogado ya se desempeñaba como director de Comunicación Estratégica de Imaginacción. Pero el enorme conflicto de interés que acompañaba a Godoy Fuentes no fue transparentado ni ante los senadores del PPD ni ante los demás integrantes del grupo técnico. El propio Godoy lo confirmó a CIPER:

-El senador Harboe dice que cuando se enteró de que usted era consultor de Imaginacción, decidió no renovarle el contrato.

-La verdad de lo que ocurrió fue que el trabajo de la comisión acabó en enero de este año, era temporal, y justo coincidió que ahí se acabó la asesoría (al PPD).

-¿Hasta ese momento el senador Harboe no sabía que usted trabajaba en Imaginacción?

-Efectivamente, no tuvo conocimiento de que yo participaba en Imaginacción. Los demás participantes del grupo técnico tampoco. Nunca lo dije, porque mi área de trabajo en Imaginacción no tenía que ver con ese tema.

Godoy agregó que, como él había trabajado en el proyecto de ley durante el gobierno anterior,  en julio de 2018 adquirió el compromiso de asesorar a los senadores del PPD: “Yo, en ese momento, no trabajaba en Imaginacción”.

-¿Cuándo ingresó usted a esa empresa?

-Como en julio o agosto del año pasado.

-Pero el contrato con los senadores PPD lo firmó en septiembre de 2018, cuando usted ya estaba en esa consultora.

-Pero el compromiso había sido anterior.

¿Y por qué no advirtió que en paralelo trabaja en una empresa dedicada al lobby?

-Mi trabajo en Imaginacción no tiene ninguna vinculación con el área legislativa. En la consultora tenemos dos áreas diferenciadas: Asuntos Públicos, donde está el lobby y seguimiento de proyectos de ley; y el área de Comunicación Estratégica, que asesora a empresas en temas comunicacionales. Yo trabajo en esa segunda área, que no tiene vinculación con temas relativos a gestión de intereses legislativos. Ninguna de mis actividades en la consultora se relaciona con algún tema de la ley de protección de datos personales.

El contrato de  Godoy Fuentes  con el Senado, para asesorar al comité de senadores PPD, fue firmado el 20 de septiembre de 2018. Allí se estipularon sus funciones: “El asesor, en particular, prestará asistencia en materia de datos personales, sin perjuicio de los demás servicios que le encomiende la vigencia del contrato”. La remuneración ($1,4 millón mensual) fue cargada al ítem de asesorías externas de las asignaciones parlamentarias. La asesoría tuvo por objeto “responder, con carácter discontinúo o esporádico, a las necesidades extraordinarias u ocasionales que le formulé el comité de integrantes (senadores PPD)”.

En concreto, su trabajó se limitó a asistir una vez por semana a las citas del grupo técnico y a elaborar minutas e informes comparados con los resultados de esas reuniones.

El punto sexto del contrato establece que el asesor debe “prestar los servicios en forma honesta y leal, con preeminencia del interés general de la Corporación (Senado) por sobre el interés particular” (vea aquí ese contrato).

¿Quién asegura que la información a la que accedió el abogado Roberto Godoy Fuentes no fue utilizada en negocios de Imaginacción? ¿Quién puede garantizar que el interés de la empresa de lobby, y de sus clientes, no prevaleció a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto de ley que resguarda los datos personales? Nadie.

CIPER se lo preguntó directamente a Godoy:

-¿Ha conversado con clientes de Imaginacción que estén interesados en este proyecto?

-No he tenido ninguna relación con clientes de Imaginación sobre este proyecto de ley.

-¿Nunca desde Imaginacción le preguntaron por este proyecto de ley?

-En algún minuto me hicieron una consulta interna, pero que era como de… en términos generales, de la tramitación del proyecto. Era un tema del concepto relativo al “consentimiento”. Esto fue hace una o dos semanas atrás.

-¿Y durante su participación en el grupo técnico, hubo cruce de información?

-No hubo ningún cruce de información.

–¿A qué clientes representa Imaginacción que tengan interés en este tema?

-No lo sé. La parte (de la consultora) a la que le puede interesar este tema es Asuntos Públicos. Son empresas y áreas distintas. Yo no sé qué clientes representa Imaginacción en esta materia.

LOS CAMBIOS CLAVES DEL “GRUPO TÉCNICO”

CIPER revisó el informe final del grupo técnico, el que incluyó recomendaciones sobre cómo votar las indicaciones que se habían presentado durante la tramitación del proyecto de ley, tanto por parte del Gobierno como de los senadores. Y hay sugerencias que involucran temas muy sensibles (vea aquí ese informe completo).

El asunto más delicado que fue modificado por el grupo técnico tiene que ver con el tratamiento de los datos asociados a los “hábitos personales” (como el historial de compras de una persona o los movimientos detectados por aplicaciones conectadas a los GPS de los celulares). Indicaciones del Ejecutivo y de varios senadores habían incluido los hábitos personales dentro del apartado “datos sensibles”, los que en la futura legislación contarán con una protección mayor. Pero el grupo técnico acordó sacarlas de ahí, lo que favorece su uso con fines comerciales.

El proyecto original aprobado por el Senado define así los “datos personales sensibles”:

“Aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural”.

A ese inciso se le presentaron siete indicaciones. La Moneda y los senadores Alfonso De Urresti (PS), Kenneth Pugh (independiente RN), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Guillier (independiente), propusieron agregar en esta nómina de “datos sensibles” los “hábitos personales”, “hábitos y costumbres personales” y “hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad”. Eso permitía proteger más esta información. Pero algo pasó.

En la página 8 del informe comparado que elaboró el grupo técnico se establece que se “acordó rechazar” esas indicaciones. Pero, no se entregan los fundamentos. Y como el grupo técnico no es una instancia contemplada en la institucionalidad del Congreso Nacional, no existen actas públicas que permitan trazar las huellas de esa decisión.