Yihadismo y alta traición

Los occidentales que se unieron a los yihadistas tendrán que ser juzgados por las atrocidades ‎que cometieron, pero no pueden ser acusados de “traidores”. ‎

El presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado a sus aliados occidentales que repatrien ‎a sus yihadistas hechos prisioneros por la Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y que los juzguen en ‎sus propios países. El Reino Unido se opone y Francia sólo se plantea la posibilidad de analizar ‎cada caso por separado. ‎

Al retirarse de Siria, Estados Unidos reconoce que las FDS no son un ejército propiamente dicho ‎sino sólo un grupo armado bajo control estadounidense. También reconoce que no existe ‎en suelo sirio ningún Estado kurdo y que lo que algunos llamaron «Rojava» es sólo una ficción ‎creada para consumo de los periodistas. Por consiguiente, la «justicia kurda» fue sólo un ‎invento y los medios para aplicar sus supuestas decisiones van a desaparecer en cuestión de ‎semanas. El resultado es que los islamistas detenidos por las FDS tendrán que ser liberados o entregados a la ‎República Árabe Siria, que los juzgará según sus propias leyes –leyes que por cierto se derivan del ‎derecho francés. La diferencia reside en que las leyes sirias incluyen la pena de muerte, a la cual ‎los europeos se oponen hoy en día. ‎

En derecho, los ciudadanos de países europeos que se unieron a la yihad en Siria cometieron un ‎acto de «connivencia o asociación con el enemigo» y, eventualmente, cometieron un crimen de ‎‎«alta traición» al combatir contra intereses europeos. Sin embargo, debido a los actos ‎cometidos por los mismos Estados occidentales durante esta guerra contra Siria, ningún yihadista ‎occidental será condenado bajo esos cargos en su propio país. ‎

El fin de esta guerra nos devuelve a la realidad. Durante 8 años, los países europeos fingieron ‎descubrir sorprendidos una «revolución» popular contra una «dictadura alauita». Pero ‎los actos cometidos por los Estados europeos son ahora fáciles de exponer y las pruebas son ‎innumerables. Y esos actos no coinciden con la narración anterior. Potencias europeas ‎prepararon, desde 2003, los acontecimientos que comenzaron en 2011 y los organizaron hasta ‎este momento [1]. Esta guerra se ha prolongado tanto que las mentiras han ido saliendo ‎a la luz. ‎

Si yihadistas europeos llegasen a ser juzgados por «connivencia con el enemigo» o por ‎alta traición, los tribunales podrían condenarlos solamente por las atrocidades que cometieron ‎contra los sirios y, eventualmente, por los crímenes cometidos en sus propios países contra ‎sus conciudadanos –y aún esto último teniendo en cuenta que el fanatismo no es un delito. ‎Pero esos mismos tribunales tendrían que llegar a la conclusión de que sólo los dirigentes ‎occidentales tendrían que ser juzgados por alta traición. ‎

Primero que todo, tenemos que precisar que la objeción según la cual los grupos yihadistas como ‎al-Qaeda y el Emirato Islámico (Daesh) no pueden considerarse Estados reconocidos simplemente ‎no se sostiene. Es evidente que organizaciones que disponen de medios militares de tanta ‎envergadura no podrían existir sin el respaldo de Estados. ‎

Veamos, por ejemplo, cómo podría armarse en Francia un alegato en defensa de esos ‎fanáticos:‎

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Los yihadistas son soldados y no pueden ser considerados traidores

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 1. Los acusados no hicieron más que actuar a pedido del gobierno francés cuando se fueron a ‎luchar contra la República Árabe Siria y su presidente, Bachar al-Assad. Las autoridades francesas ‎siempre han calificado la República Árabe Siria de «dictadura alauita», llegando incluso a lanzar ‎llamados a asesinar al presidente Bachar al-Assad. ‎

Por ejemplo, el actual presidente del Consejo Constitucional de Francia, Laurent Fabius, declaró, ‎cuando era ministro de Exteriores, que «después de haber oído los testimonios estremecedores de ‎las personas aquí (…) cuando oímos esto, y estoy consciente de la fuerza de lo que estoy diciendo, ‎el señor Bachar al-Assad no debería estar sobre la tierra», palabras particularmente fuertes ‎viniendo del ministro de un país que abrogó la pena de muerte. ‎

Para que no hubiese confusión y que se entendiera bien que esa invitación al asesinato no se ‎dirigía sólo a los sirios sino a todos los franceses, la ciudad de París organizó, por iniciativa de su ‎alcaldesa, la señora Anne Hidalgo, una jornada de solidaridad con la oposición siria, abriendo incluso una oficina de reclutamiento al pie de la torre Eiffel, que fue por demás ampliamente ‎mencionada en la prensa. ‎

Ese respaldo se hizo después menos visible y, a partir de 2016 –o sea, 5 años después del inicio ‎de la guerra contra Siria– las autoridades francesas comenzaron a tomar medidas para detener ‎las salidas hacia Siria. Pero nunca contradijeron sus declaraciones anteriores, así que ‎los acusados podían pensar que Francia sólo estaba tratando de adaptarse a sus obligaciones ‎internacionales pero que no había cambiado de posición sobre la legitimidad de tal acto. ‎

 2. Todos los acusados gozaron de la ayuda indirecta del gobierno francés mientras participaban ‎en la yihad. Los grupúsculos yihadistas que operan contra Siria fueron armados y financiados ‎desde el exterior. Las licitaciones del Pentágono demuestran que Estados Unidos creó canales ‎permanentes para enviar armas a los yihadistas que operaban en Siria [2]. Gracias a las investigaciones de la prensa ‎no alineada, hoy está demostrado –con pruebas indiscutibles– que varias decenas de miles de ‎toneladas de armas fueron enviadas ilegalmente a los yihadistas que operaban en Siria durante la ‎operación llamada Timber Sycamore, operación que se inició bajo control de la CIA para pasar ‎después a manos del fondo de inversiones privado KKR [3]. En ese ‎tráfico ilegal de armas participaron al menos 17 países, entre ellos Alemania y Reino Unido. ‎La participación directa de Francia no ha podido comprobarse, pero sí está demostrado que ‎Francia está implicada en la repartición y la entrega de ese armamento a través del LandCom (el ‎Mando de las Fuerzas Terrestres) de la OTAN. ‎

 3. Los acusados que pertenecieron a grupos vinculados a al-Qaeda tuvieron ayuda directa del ‎gobierno francés. El 14 de julio de 2014, el embajador sirio, Bachar al-Jaafari, entregó al ‎Consejo de Seguridad de la ONU una carta que así lo demuestra. Fechada el 14 de enero ‎de 2014 y firmada por el “comandante en jefe” del “Ejército Sirio Libre” (ASL), esa carta expone ‎la repartición de las municiones que Francia ofreció a los yihadistas y precisa que el gobierno ‎francés asignó la tercera parte de esas municiones al “Ejército Sirio Libre” mientras que el resto –‎dos terceras partes– debía ser entregado a al-Qaeda –al llamado “Frente al-Nusra”. No está ‎demás recordar que Laurent Fabius, el entonces ministro de Exteriores de Francia, había declarado ‎que «al-Nusra está haciendo un buen trabajo» [4]. ‎

Por lo tanto, los yihadistas que obedecieron instrucciones del gobierno francés y que recibieron ‎indirectamente armas y directamente municiones del Estado francés no pueden ser acusados ‎ahora de «connivencia con el enemigo» ni de alta traición. ‎

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Son los dirigentes europeos quienes traicionaron a sus países

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Sin embargo, los dirigentes franceses –quienes clamaban públicamente su respeto por los ‎derechos humanos… mientras que respaldaban a los yihadistas en secreto– tendrían que ‎rendir cuentas ante los tribunales. Y también tendrían que explicar de qué manera la República ‎Árabe Siria –que ellos designan como «enemigo» de Francia– ha perjudicado los intereses de los ‎franceses. ‎

Al principio del conflicto, se oía decir frecuentemente que –en 1981–, o sea durante la ‎guerra civil libanesa, Siria había hecho asesinar al embajador francés Louis Delamare. Además de ‎que 30 años transcurrieron entre ese asesinato y el inicio de la guerra contra Siria, está también ‎el hecho que Francia respondió en aquella época con la realización de un atentado dinamitero ‎contra la oficina nacional de inscripción militar en la capital siria –con un saldo de 175 muertos–, ‎hecho que fue incluso reivindicado después por el almirante Pierre Lacoste, quien era director de la DGSE (el ‎espionaje francés) en el momento de los hechos.‎

También se ha dicho que la República Árabe Siria perjudicó los intereses franceses con el asesinato ‎del ex primer ministro libanés Rafic Hariri. Francia apoyó, y todavía apoya, una entidad híbrida‎ ‎llamada «Tribunal Especial para el Líbano», creada expresamente para juzgar a Emile Lahoud –‎presidente del Líbano en el momento del asesinato de Rafic Hariri– y al presidente sirio Bachar al-‎Assad. Pero esa entidad –que hace simultáneamente el papel de fiscal y de juez– retiró sus ‎acusaciones después de haber quedado demostrado que aquellas acusaciones se basaban en ‎declaraciones de testigos falsos, pagados por los acusadores. Exceptuando a los empleados de ‎ese “Tribunal”, ya nadie cree en aquellas acusaciones falsas, ni siquiera los hijos de la víctima, ‎al extremo que Bahaa Hariri, el hijo mayor de Rafic Hariri, sostuvo en enero un caluroso ‎encuentro en Damasco con el presidente Bachar al-Assad. ‎

Empeñados en hacer la guerra a un país amigo –Siria– los dirigentes franceses no vacilaron en ‎aportar su apoyo a los yihadistas. Al hacerlo, no sólo ensuciaron la imagen de Francia en el ‎mundo. También afectaron los intereses del pueblo francés ya que pusieron fin a una ‎colaboración muy fructuosa en materia de antiterrorismo y se pusieron deliberadamente ‎del lado de los terroristas. Algunos de sus protegidos ya han logrado regresar a Francia por ‎propia iniciativa y han cometido atentados en suelo francés. ‎

Esos dirigentes de Francia deben ser llevados ante los tribunales como cómplices de las ‎organizaciones terroristas que han perpetrado atentados en suelo francés, y por connivencia con el ‎enemigo y alta traición. ‎