11 de septiembre de 1973: Legado dictatorial y ¿bravuconería de algunos jerarcas de la UP? 

A 45 años del Golpe de Estado contra el gobierno encabezado por Salvador Allende, es menester efectuar una revisión crítica respecto de dos hechos. El primero, en cuanto a aquella pseudo izquierda revolucionaria que mediante una serie de ínfulas acerca de “su poder de fuego y organización popular” se arrogaba la vanguardia y defensa del proceso de transformación social chileno; y, en segundo lugar, en cuanto a las secuelas estructurales que dejó el gobierno de Augusto Pinochet.

1. ¿Bravuconeria revolucionaria de algunos jerarcas de la Unidad Popular (UP)?

El XXII Congreso General del Partido Socialista en Chillán, en 1967, planteó: «La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista» (Punto N°2).

El libro-entrevista “Altamirano”, de Patricia Politzer, señala, entre otras cosas, que el Partido Socialista tenía grupos armados. Altamirano (Secretario General de dicha colectividad durante el gobierno de Allende), los cifró en  “Más o menos mil a mil quinientos hombres.  No era tan poco si se hubieran coordinado con el aparato militar del MIR, que supuestamente era bastante más importante que el nuestro, con el del Partido Comunista, que también era mayor, y con los que tenían el MAPU y la Izquierda Cristiana”. En 2003 curiosamente cambió su versión, ahora habían sido solo 150 paramilitares.

Luis Corvalán, Exsecretario General del Partido Comunista, por su parte, declaró previo al golpe de Estado que su colectividad tenía 3.000 paramilitares. Sin embargo, y al igual que Altamirano, en  2003  rebajó la cifra, ahora eran tan solo 1.500 combatientes.

Respecto a la versión de estos jerarcas de la UP de que existía una izquierda armada para defender si fuera necesario al Presidente Allende, queda la duda histórica si esto efectivamente era una opción plausible o una mera fanfarronería de la izquierda chilena, en particular del Partido Socialista de la época.

Por una parte, se podría especular que en realidad nunca hubo una organización articulada, coordinada y seria para defender la obra del gobierno popular, más allá de las ideas, y que los planteamientos públicos de los líderes de esos años no eran más que una ilusión o, peor aún,  una bravuconeria sinsentido e irresponsable que solo sirvió como otro argumento más para los golpistas.

Por otro lado, se podría señalar que efectivamente existía una organización capaz de defender al gobierno legítimamente elegido, pero ante el actuar organizado, decidido, rápido y, por sobre todo, sin el más mínimo miramiento de las Fuerzas Armadas, era imposible resistencia alguna.

Sin duda que el ataque aéreo a La Moneda no fue casual, y buscaba no solo la destruccion del histórico edificio y la muerte de las personas que se encontraban en su interior, sino que también tenía como objetivo un rol disuasivo e intimidatorio hacia cualquiera que se atreviera a oponer resistencia a la intervención militar.

Lo anterior queda ratificado con los sobrevuelos rasantes que se dieron en días posteriores al 11 de septiembre de 1973 en diferentes poblaciones de la Region Metropolitana, especialmente en la zona sur.

No hay duda alguna que Chile tras la dictadura militar es otro. El modelo económico no solo trajo modificaciones en la institucionalidad del país, sino que generó profundos cambios sociológicos en esta larga y angosta faja de tierra.

Antes de la imposición del sistema económico neoliberal, en Chile existía una comunión e interacción sociales que en estos días sería iluso que fuera realidad. No era extraño que en aulas de escuelas públicas convivieran niños de diferentes clases sociales o ver cómo jugaban en plazas vecinos de distinto origen económico.

En el Chile actual es casi imposible ver al hijo de un médico o de un gerente de una institución bancaria concurrir a un colegio público. Y menos pensar que convivan en un parque de alguna ciudad niños de distinto origen socioeconómico, puesto que la segregación  llevada a cabo por las políticas públicas de la dictadura cívico-militar, y que tras el retorno a la democracia se han ido profundizando, han hecho que los niños estudien en colegios muy disímiles y vivan a kilómetros de distancia. Sin duda alguna que nada de esto fue casual.

2. Secuelas estructurales del modelo que legó la dictaduracívico-militar (datos aportados por la Fundación Sol; 2013 y 2015)

2.1 Eliminación del sistema de seguridad social y creación de las AFPs (1981), a través de las cuales, utilizando las cotizaciones de los trabajadores para sus pensiones futuras, se capitaliza a los grupos económicos, invirtiendo en acciones y bonos para que éstos puedan crecer y reproducirse. Hoy, mientras 9 de cada 10 chilenos que reciben una pensión de vejez de las AFP obtienen menos de $150.000 al mes, el grupo Luksic recibe financiamiento de los cotizantes por más de $3,4 billones, el grupo Angelini por $1,1 billón, SQM por $230.220 millones y Penta por $52.932 millones (cifras de agosto 2014 y abril 2015). Luego estos mismos grupos financian a la política para que se mantengan las reglas del juego.

2.2 Plan Laboral (1979), cuyo su propósito fue despolitizar a los sindicatos y eliminar la correa de trasmisión entre negociación colectiva y distribución del ingreso. Sin negociación por rama y con el derecho a huelga reducido. El Plan Laboral muestra su inobjetable «éxito»: Solo el 8% de los trabajadores chilenos negocia colectivamente y el 74% gana menos de $400.000 líquidos.

2.3 Decreto Ley 701 (1974) para favorecer al sector forestal. Ha asegurado el ciclo de acumulación de los grupos Matte y Angelini, a costa del medio ambiente y la identidad y sobrevivencia de las comunidades mapuche, que ante el despojo de sus tierras, deben asalarizarse (vender su fuerza de trabajo). Un doble refuerzo para la minimización de costos.

2.4 Desmunicipalización la Educación Escolar en Chile y se comienza a financiar las escuelas a través de una subvención por número de alumnos que asisten a clases (1981). También se permite que las escuelas particulares reciban subvención, sin embargo, éstas pueden seleccionar a los alumnos, lucrar y a partir de 1993 pueden cobrar aranceles (política de financiamiento compartido implantada en el primer gobierno de la Concertación). Mientras en 1981, existía un 78 % de matrícula en la Educación Municipal, hoy sólo queda un 36 %, siendo el sistema educacional más segregado del mundo. En Educación Superior, a partir de 1981, se permitió la creación de Universidades, CFT e IP privados, generándose un mercado de la educación. Hoy, las universidades estatales sólo cuentan con un 12 % de financiamiento fiscal basal, el 77 % del gasto en Educación Superior lo realizan las familias chilenas y prácticamente no existen CFT e IP públicos. Las políticas de subsidios a privados vía voucher en educación, por ejemplo, permitió debilitar las escuelas públicas para que se cree la demanda por servicios privados, desplegándose un nuevo espacio para el capital en la educación preescolar, escolar y superior. Hoy sólo el 36,8% de la matrícula escolar es pública y las personas que asisten a establecimientos estatales en educación superior no superan el 15%.

2.5 Fin del sistema público de salud; la creación de Fonasa (1980) y de las Isapres (1981) instituía el actual sistema mixto de seguros en el cual los subsistemas público y privado compiten entre ellos, mientras que la municipalización de los Centros de Atención Primaria (1980) reducía el alcance de la responsabilidad estatal. Hoy en día el “gasto público” en salud es uno de los más bajos entre los países OCDE, mientras que el “gasto de bolsillo” de los usuarios uno de los más altos. El negocio privado, al contrario, florece: en 2012 las utilidades de las ISAPRES alcanzaron los $ 81.383 millones, con un aumento nominal de 6,5 % (4,9 % real) respecto al año anterior.

2.6 Concesiones plenas (1981), se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados en un proceso conocido como la desnacionalización del cobre. Los posteriores gobiernos de la Concertación dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos y desperdiciaron la oportunidad política que se abrió durante la primera parte de esta década con la discusión por el royalty minero. Hoy, el 70 % de la minería se encuentra en manos de privados. Entre 2006 y 2011 las grandes compañías mineras extranjeras se llevaron de Chile más de US$160.000 millones en ganancias.

2.7 Privatización de las aguas (1981), se instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con éste. Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional del agua, dejando en manos de privados la determinación de la necesidad de uso de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del recurso con la tierra.

2.8 De acuerdo al economista Ricardo Ffrench-Davis (2012), el crecimiento económico del régimen neoliberal de Pinochet, entre 1973 y 1989, promedió sólo 2,9% anual, la pobreza marcó 45% y la distribución del ingreso se deterioró notablemente.

2.9 En definitiva, las políticas implementadas por los militares en connivencia con los Chicago Boys cumplieron al pie de la letra la sacrosanta trinidad neoliberal, es decir, reducir al mínimo el rol del Estado, libertad empresarial a ultranza merced a la desregulación y gasto social prácticamente nulo.

Fuentes:

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/09/11/la-dictadura-del-capital-el-legado-vigente-de-pinochet/

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/09/12/los-11-pilares-que-sostienen-el-actual-modelo-economico-y-son-herencia-de-la-dictadura/