Terror en la frontera norte de Ecuador: ¿Qué hay detrás de estos sucesos?

El 27 de enero comenzó el terror en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. Ese día, se registró un atentado con coche bomba en la sede del Comando de Policía del cantón San Lorenzo; la explosión dejó 28 heridos leves, afectaciones a 37 viviendas, así como daños en ventanales y muro posterior a la sede policial.

En febrero hubo otro ataque, esa vez en la localidad de El Pan, a fuerzas militares ecuatorianas, dejando un saldo de dos militares heridos. El 16 de marzo, en Borbón, un artefacto explosivo casero fue detonado en horas de la madrugada frente a un retén naval de la Armada ecuatoriana. Dos días más tarde, hubo ataques en las localidades de El Pan y Alto Tambo; en la primera fueron disparos con fusiles y en la segunda, explosivos en un vehículo. En estos hechos, cuatro militares resultaron heridos.

Perolos golpes más fuertes vinieron luego. El 20 de marzo se registró la explosión de un artefacto en la zona de Mataje, causando la muerte en el momento de los militares Luis Alfredo Mosquera, Jairo Estiven Sandoval y Sergio Jordan Cedeño; unos días después falleció Wilmer Álvarez Pimentel, quien había quedado herido.

El 26 de ese mes, también en Mataje, fue  secuestrado el equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, integrado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que luego de 18 días se conoció que fueron asesinados.

Actualmente, una pareja, identificados como Oscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanesa Velasco Pinargote, se encuentran  en manos de grupos irregulares en la frontera norte y, hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no tienen información de su estado.

Todos los delitos han sido atribuidos al frente Oliver Sinisterra, liderado por alias ‘Guacho‘ o ‘William Quiñónez’, cuyo nombre se cree que es Walter Artízala, aunque con la captura, el pasado 13 de abril de su sobrino Ruvén Darío Jaramillo Arizala, comenzaron las dudas sobre su verdadero nombre, reseña El Universo. Se trata de un presunto disidente de las FARC que opera en el negocio del narcotráfico en la frontera norte de Ecuador.

Acuerdos de Pereira: ¿Qué se firmó?

La mayor parte de estos atentados y la intensificación de los mismos se dio después de la firma de los Acuerdos de Pereira, el 15 de febrero de este año, durante el VI Gabinete Binacional Ecuador – Colombia, entre los mandatarios de ambos países, Lenín Moreno y Juan Manuel Santos.

«Todavía no sabemos que se firmó«, señala con preocupación Pamela Aguirre, representante ecuatoriana en el Parlamento Andino, órgano de la Comunidad Andina, que integra parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

En la única prueba de vida que enviaron los captores de los tres trabajadores de El Comercio, había un mensaje para el presidente Moreno, a quien le pedían «la anulación del convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo», como parte de las condiciones para liberar a los secuestrados.

Aguirre indicó que como parlamentarios andinos solicitaron a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional de Ecuador fiscalizar «para conocer qué se firmó en esos documentos». En total, fueron 80 compromisos los que adquirieron ambos países. En algunos medios nacionales se publicó que entre ellos está la actuación conjunta de soldados de ambos países en la frontera común, así como la asignación de recursos para la compra de armamento para los uniformados que actuarían en la zona.

De confirmarse, Aguirre señala que «eso significa meternos en el conflicto colombiano«, en el cual «por más de 60 años Ecuador mantuvo neutralidad», sin importar «el mandatario ni la línea política». «Es un tema de resguardar nuestro territorio como un territorio de paz», afirma.

En estos últimos días se ha escuchado mucho una frase, que también comenta la parlamentaria: «Usted puede ser socialista, comunista, de derecha, de izquierda, todo y nada a la vez, pero nuestra política exterior siempre fue mantenernos al margen del conflicto colombiano».

‘Guacho’ en el negocio del narcotráfico

«Querer ver esto como que un tal alias ‘Guacho’ es el hombre más peligroso de la frontera es caer en un reduccionismo muy simple, muy grotesco», dice Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE), para explicar que estos sucesos tienen una connotación más amplia.

El experto asegura que tarde o temprano ‘Guacho’ será capturado, «pero eso no desaparece el problema de toda esta delincuencia organizada y todo lo que existe alrededor del tema del narcotráfico», que incluye «lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas», entre otros delitos. Enfatiza que el crimen organizado, básicamente, «es un delito económico», y ese fenómeno rebasa a «unos simples secuestradores, unos simples traficantes o unas simples bandas armadas que cuidan una ruta logística».

Ramos plantea un ejemplo [con cifras que no son reales, pero sí proporcionales] que pueden ayudar a entender el negocio del narcotráfico: Al campesino que produce la coca en Colombia le pagarán unos 500 dólares por el equivalente de materia prima que sirve para procesar un kilo de cocaína; ese kilo de cocaína puede costar 1.500 dólares en Colombia, pero 100.000 dólares en Australia o 50.000 dólares en Europa.

«¿A quién beneficia esto?», es la pregunta que el analista plantea para entender el delito del narcotráfico, y enseguida da su respuesta: «No son los proletarios del crimen organizado, que son la base de la pirámide, los ejecutores, los que hacen el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera». Se benefician —apunta— «los banqueros, los políticos que protegen a determinados banqueros, los países que protegen y mantienen paraísos fiscales», entre los que mencionó a EE.UU. (con Delaware a la cabeza), Reino Unido y Suiza.

Pero para el especialista en temas de seguridad, lo que sucede en la frontera va incluso más allá del narcotráfico. Según indica, los narcotraficantes «aprendieron hace rato que la violencia no les beneficia», lo que les favorece es la corrupción: «Corromper policías, militares, políticos, eso es el ‘modus operandi’ real».

Guerra híbrida

«Hay un tema supremamente enredado», dice Ramos, aclarando que todo el escenario que se ha presentado en la frontera apunta o favorece al retorno de la influencia de EE.UU. en Ecuador.

Plantea un concepto o doctrina, incluido en la Estrategia Nacional de Defensa estadounidense desde el año 2005, que es la Guerra Híbrida, que está ligada a otra estrategia conocida como «operaciones no lineales de amplio espectro». En concreto, explica el experto, «son operaciones encubiertas» que tienen «unos actores tras bastidores que hacen dirección estratégica y coordinación operacional»; ejecutan a través «del crimen organizado, con el cual se alían»; cuentan también con «operaciones psicológicas, para manipular la opinión pública y generarle miedo»; y «usan la asimetría» o tácticas no convencionales en los ataques.

«Si revisas estos conceptos, eso es lo que está pasando acá (…) usan a propósito bombas artesanales, porque no pueden poner las ultrasofisticadas, porque obviamente sabríamos quienes son», dijo. ‘Guacho’ es simplemente «el enemigo» que deben mostrar, porque «para la guerra psicológica tienen que mostrar un rostro», y el secuestro y asesinato de los periodistas busca generar una matriz de opinión pública hacia su objetivo, «provocar escándalo».

Para Ramos, las sospechas aumentan cuando «comienzan a aparecer actores políticos en el país que dicen que es necesario que regresen los gringos a la base de Manta», que EE.UU. mantuvo hasta 2009; también señalan que «es necesario establecer nuevos acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa» con Washington y que «hay que hacer acciones militares coordinadas, combinadas o conjuntas con las fuerzas militares colombianas».

A lo que se le suma que la política exterior de Moreno «está dando un giro de 180 grados» respecto al anterior gobierno, dice el titular de la CENAE. Justamente la semana del secuestro de los trabajadores de la prensa, una misión del Comando Sur de EE.UU., integrada por el teniente general Joseph P. DiSalvo, subcomandante militar; y la embajadora Liliana Ayalde, asesora de Política Exterior de ese comando, estuvieron de visita en el país y «hablaron del Plan Suramérica». «Es más grave lo que se viene», explica.

«Hay un plan sistemático», dice Ramos, quien considera que no es casual que «un hecho que es delincuencial», como el secuestro, «rebosa y adquiere estos tintes, estas facciones políticas e influye en la política exterior». El especialista enfatiza: «Se nos quiere involucrar o prácticamente ya estamos involucrados en una guerra ajena», que va «debilitando la soberanía, las instituciones y el control de los organismos de seguridad».

Así, «‘Guacho’ desaparece mañana y ya nos habrán dejado a Ecuador involucrado en una guerra, ya nos habrán dejado con una visión de una política exterior diferente», añade.

Versión que genera dudas

Las autoridades ecuatorianas han dicho que el accionar de este criminal se debe a la efectividad del actual gobierno en su lucha contra el narcotráfico, aunque en 2016, bajo el gobierno de Rafael Correa, se incautaron 110 toneladas de estupefacientes, en comparación con las 98 toneladas decomisadas en 2017, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Además, entre 2007 y 2016, tiempo en el que duró el mandato de Correa, Ecuador logró requisar cerca de 519 toneladas de droga, casi siete veces más que las incautadas durante la permanencia de la base militar estadounidense en Manta.

Aguirre recordó que, en 2016, la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) condecoró a Ecuador por su lucha contra el narcotráfico y las cifras de incautación.

Tanto Ramos como Aguirre muestran su desacuerdo con la aplicación de las estrategias de EE.UU. en materia de lucha contra el narcotráfico en Ecuador. «Recordemos que en Colombia existen bases militares y un despliegue muy grande de fuerzas militares (…) pero todos esos recursos no han logrado terminar con el conflicto», dice la parlamentaria andina.

«Donde van los EE.UU. en lugar de hacer disminuir la droga, aumentan, Afganistán por ejemplo (…) y en Colombia la producción ha crecido», recalca Ramos.

Las preguntas que todavía están sin responder

Ramos y Aguirre se han planteado varias preguntas a raíz de los sucesos en la frontera y la actuación de las autoridades ecuatorianas.

El titular del CENAE señala que «llama mucho la atención la ineficacia de los organismos de seguridad». Indica que las fuerzas militares de Ecuador cuentan con al menos 1.000 profesionales oficiales en inteligencia y la Policía con unos 400: «¿qué hicieron?, ¿qué investigaron? y ¿qué están haciendo?».

Sobre el secuestro y asesinato de los periodistas, en particular, «¿se hicieron o no negociaciones?» para su liberación, se pregunta Aguirre, debido a que el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, dijo el 29 de marzo que «las negociaciones siguen», pero el 9 de abril indicó que «no existe ningún proceso de negociación».

También surge otra interrogante, dice la parlamentaria: «¿Cómo se permitió la entrada de periodistas a una zona en Estado de Excepción?«. Señaló que si se les permitió transitar libremente en un territorio con esa restricción, «existe alguna responsabilidad de los ministerios que estaban manejando el tema», como las carteras del Interior y de Defensa.

Ramos plantea otra arista, como la responsabilidad del medio, que no está en el debate público: «¿Por qué se fueron para allá?, ¿quién les autorizó? y ¿cuál era la misión de este equipo periodístico?».

Por su parte, Aguirre plante otra pregunta: «¿En qué ha cedido Moreno a través de los Acuerdos de Pereira que nos han hecho inmiscuirnos en el conflicto colombiano?».

Por ahora, en todo este escenario en la frontera, los familiares del equipo periodístico de El Comercio reclaman acciones para que los cadáveres sean recuperados; y los de Oscar y Katty piden su regreso con vida.

*Fuente: Actualidad RT