Chile: ¡Adiós, fe pública!

El daño provocado a las «instituciones que funcionan» por los masivos casos de fraude, prevaricación, concusión, robo, cohecho, pedofilia, perjurio, mentira, evasión fiscal, venta de diplomas truchos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y sin causa aparente, favoritismo, nepotismo y negligencias varias, no hace sino corroborar lo que nos muestra la historia de Chile. Arturo A. Muñoz nos recuerda de donde venimos. Sabemos donde estamos. Y no veas hacia donde vamos…

Chile es un país cuyas autoridades políticas, policiales, judiciales, periodísticas, militares y religiosas se han situado voluntariamente fuera de la ley.

De manera abreviada, podemos afirmar que Fe Pública es “la confianza que manifiestan los ciudadanos en la rectitud y honradez del actuar de los funcionarios públicos”. Sin perder de vista que el concepto suele asociarse a la función notarial de manera más directa que a cualquier otra actividad humana. De la fe pública penden también gobernantes, parlamentarios, militares, policías, fiscales, jueces, contralores, auditores, contadores, obispos, etc.

Todo ello resulta ser una cuestión en extremo importante dentro del cuerpo jurídico e institucional de una nación, y de esa laya lo interpretan muchos notarios en cuyas medallas es posible leer la sentencia latina Nihil prius fide (nada antes que la fe).

Así, por medio de la fe pública el Estado garantiza que son ciertos, son verdaderos, determinados hechos que interesan al derecho; de ahí que deba considerarse la fe pública como la garantía de seguridad jurídica que da el fedatario (notarios, policías, contralores, legisladores) tanto al Estado como al particular, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica.

Pues bien, en Chile, en los últimos años, todo lo anterior se vino al traste. Duele decirlo, más aún si revisando la Historia encontramos que la primera escritura registrada en nuestro país fue realizada el 12 de agosto de 1540 ante el escribano Luis de Cartagena, según señala el historiador Francisco Antonio Encina. Experiencia es lo que sobra, sin embargo…

Nuestro país se diferenció tempranamente de muchos de sus vecinos latinoamericanos: la Corona apenas envió algo más que soldados y funcionarios para administrar un territorio poblado de habitantes aguerridos y belicosos, pero de gran relevancia dado que por el Estrecho de Magallanes se colaba la navegación hacia el Pacífico, incluyendo a los enemigos ingleses que convenía combatir.

A Chile le cayó en suerte ser ordenado, dirigido, educado y amaestrado por el ejército y la iglesia (o los funcionarios reales que, en estricto rigor, eran lo mismo) formados en la disciplina de la Inquisición, con toda la estrechez de miras y el dogmatismo de quienes reprimían la heresía.

¿Es de allí que proviene nuestra inusitada capacidad para soportar injusticias, arbitrariedades, sometimientos y servidumbres? Nuestro supuesto espíritu “leguleyo” siempre se tradujo en la aceptación el poder del más fuerte, con la singular y notable excepción del pueblo mapuche que lleva siglos luchando por sus derechos, sin discontinuar.

Por terribles que sean la invención y la manipulación de pruebas para fabricar culpables, peor fue la Guerra de Pacificación de la Araucanía que no tuvo otro propósito que el de despojarles de sus tierras ancestrales.

Nuestro sistema judicial siempre fue clasista y burocrático, la señora Justicia nunca tuvo los ojos vendados, nunca ha sido lo mismo juzgar a un miserable que a un poderoso. Si quedaba alguna duda, el errático comportamiento del Ministerio Público en los últimos meses terminó por disiparlas todas.

Hoy en día es práctica habitual del Ministerio Público ofrecer “juicios abreviados” a delincuentes de cuello y corbata (políticos, empresarios, parlamentarios, etc.), de modo que estos quedan en libertad sin sufrir apenas un breve escarnio público en las redes sociales. La prensa al servicio de los poderosos, la prensa ‘canalla’, guarda silencio, cubre los delitos y los nombres de los delincuentes con un púdico velo protector. Nada sorprendente visto que se trata mayormente de sus patrones y/o sus protegidos.

En la materia, el fiscal Juan Pablo Gómez es un faraón. La escandalera del caso CAVAL quedó en la nada misma. No hay sanciones efectivas de prisión, ni prohibición para ejercer cualquier cargo de representación popular. Hay culpables, pero no hay sanciones. No pocos imputados recibieron el apoyo del fiscal y ahora andan por allí, sueltos y orondos, dispuestos a realizar nuevos malabares delictivos, y se manifiestan disponibles para ocupar cargos relevantes en la administración pública.

No sólo CAVAL mueve a la indignación pública. También el “caso Basura”: el Ministerio Público le ofreció juicio abreviado a Luis Plaza, ex alcalde de Cerro Navia, involucrado hasta el gaznate en delitos calificados según la legislación en vigor.

¿Y SQM? El epítome de la corrupción. Demasiadas autoridades de los últimos gobiernos y un gran numero de parlamentarios están pringados con dinero de esa mega empresa. En ella ocupan gerencias pinochetistas irredentos, y en su Directorio estuvieron figuras eminentes del progresismo concertacionista.

La ley no los ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Por el contrario, los delincuentes ‘perdonados’ –que ejercen cargos públicos, redactan leyes y expolian el país– decidieron otorgarle a SQM una franquicia que desata la incredulidad nacional: 20 años de libre explotación de ese nuevo tesoro mineral chileno: el litio.

Tal “acuerdo” ¿contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad, u otorga certeza jurídica?

Obviamente, no. Por consiguiente es un atentado a la fe pública. Que arrastran por el lodo usándola en beneficio propio y de quienes son los dueños del capital: los patrones de buena parte de los partidos con presencia en el Parlamento.

Responsables son no sólo los notarios o fedatarios, sino también el ministerio público, senadores, diputados, generalato de la policía y de las fuerzas armadas, consorcios de la llamada ‘prensa canalla’ (TV abierta y el duopolio Emol-Copesa), altas jerarquías de las iglesias, y los mismos gobiernos.

Así, somos gobernados por un establishment que claramente viola las más elementales normas jurídicas dictadas y decretadas por él mismo. O sea los tres poderes del Estado y sus respectivas dependencias institucionales. Chile es un país con autoridades que en los hechos se sitúan fuera del marco legal y le dijeron adiós a la Fe Pública.

Desde la época de la Colonia poco ha cambiado el país en estas materias. Hoy no tenemos “funcionarios reales y capitanes de los ejércitos de su majestad” gobernándonos, sino a sus vástagos que, avanzados los siglos, replican lo que hacían sus predecesores en épocas pasadas.

Lo decepcionante de todo este asunto es que el pueblo –que acepta calladamente el actual estado de cosas– es tan dominado, obnubilado y pusilánime como el de ese entonces.

La Historia ha pasado sobre nosotros sin hacernos mella. Triste… pero cierto.

*Fuente: ©2018 Politika