Los mapuches y la insaciable sed fratricida de nuestros gobernantes 

Además de la represión violenta, de la creciente militarización de la Araucanía, las redadas nocturnas y las detenciones arbitrarias, son varias las víctimas fatales del pueblo mapuche de manos de los agentes policiales. Quienes, más tarde o más temprano, inevitablemente serán reconocidos, al igual que los miembros de la Dina y la CNI, como terroristas de Estado y autores de delitos de lesa humanidad.

Acostumbradas nuestras autoridades a dirigir sus pasos en ésta y otras materias según las exigencias de la ultraderecha y de los más poderosos empresarios del país,  la verdad es que La Moneda no ha hecho nada sustantivo por resolver un problema ya ancestral con nuestras naciones aborígenes, a sabiendas que la represión se ha demostrado incapaz de pisotear a un pueblo indómito; al haber ejercido, incluso, el genocidio en episodios de tan vergonzoso recuerdo como la llamada “Pacificación de la Araucanía”. Sin duda la peor masacre de nuestra historia alentada por los políticos y uniformados cebados con la sangre de los  indígenas y de los trabajadores más humildes.

Todas las acciones represivas de estos últimos años en el sur del país, cuanto en todo nuestro territorio, se sabe que son coordinadas por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a quien muchos lo sindican como como el Mamo Aleuy, aludiendo al seudónimo que se le daba a tenebroso general Manuel Contreras durante el régimen cívico militar. Posiblemente el más “apernado” de todos los colaboradores cercanos a la Presidenta de la República, gracias a la enorme información que maneja y al poder que se le ha conferido para hacer ese “trabajo sucio” que algunos piensan siempre deben realizar los distintos gobiernos. Actuando a contrapelo, además, con las severas críticas que recibe de muchos partidarios del actual Gobierno o de la desintegrada nueva Mayoría.

La actual Operación “Huracán” con la cual Aleuy y La Moneda han salido a darles cacería a los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) está indignando a la población mapuche y recibe el creciente repudio de los jóvenes, de los demás pueblos originarios y de todos los chilenos que reconocen la justa causa autonomista de la Araucanía, que se propone el reconocimiento de los derechos humanos conculcados sistemáticamente por nuestro Estado y que, ahora, valora como legítimas incluso sus acciones más radicales en contra de los policías mercenarios y los inescrupulosos empresarios  (verdaderos paramilitares) establecidos a la fuerza en territorios que no les pertenecen. Y de los cuales sería conveniente que se retiraran antes de que toda la región se encienda todavía más y la amplia mayoría del país empiece a sumarse a la lucha en favor de la dignidad de los mapuches, pero también de un país que ya es tildado en el mundo como uno de los más desiguales y represivos.

El tenor de los últimos atentados cometidos por nuestro Estado y en medio de un proceso electoral por renovar a los moradores de la Moneda y el Parlamento debe llevarnos a tomar resoluciones e interpelar a los actuales representantes políticos como a los venideros. A abogar por que, al menos, el Gobierno determine renunciar a la Ley Antiterrorista para aplacar a los combatientes mapuches, cuando tiene armas legales de sobra para procesar a los presuntos infractores y delitos. Si es que se los puede llamar así “infractores” o “delitos” luego de ejercer su sagrado derecho a la rebelión contra siglos de atropellos y criminales agresiones. Sin reconocer que estos dirigentes capturados por la brutalidad policial, de verdad debieran ser reconocidos como héroes por su arrojo y consecuencia. Poniéndolos a la debida altura de aquellos caciques y mártires de la lucha por nuestra Independencia, cuando los propios españoles y los primeros gobiernos republicanos reconocieron su independencia y soberanía en la Araucanía, así como la plena solvencia de sus líderes para autogobernarse.

Los más de cien días que permanecen en huelga de hambre varios de los detenidos mapuches debieran golpear la conciencia de toda población e impulsarla a ejercer la solidaridad con los “más pobres de nuestros pobres”, como acertadamente los reconociera el Episcopado Católico. A multiplicar las protestas por todo el país en solidaridad con ellos para forzar a La Moneda a cambiar su actitud, abrir las puertas a un verdadero diálogo, como a disponerse a reconocer las demandas de nuestro pueblo fundacional. Tarea para lo cual se necesita, por supuesto, lucidez política, recursos para sostener a los luchadores y ejercer una severa denuncia ante el mundo por la forma que nuestra política cupular y abyecta está encarando este conflicto étnico.

Compartimos, como muchos, la sospecha de que el Gobierno y las poderosas empresas representadas por éste y buena parte de los parlamentarios realmente están indignados  con la decisión del Papa Francisco de visitar en su próximo viaje a Chile la zona de La Araucanía. A sabiendas el Pontífice, como argentino que es, de que la causa mapuche traspasa nuestras fronteras y da cuenta de las aberrantes políticas de ambos países para tratar este conflicto.

Se nos hace muy evidente la idea que persigue Aleuy y su gobierno en cuanto encarcelar e intentar condenar a los dirigentes de la CAM y acusarlos de terroristas. A objeto, por cierto, de inhibir el encuentro papal con las legítimas organizaciones de hecho de esta etnia. Es de esperar, entonces, que sean los propios jueces los primeros en acreditar la falta de realidad y sentido común de los fiscales y policías involucrados en este verdadero despropósito. Desgraciadamente, alentado por la prensa adicta a los poderes de turno, crónicamente incapaz  de mirar con mínima profundidad lo que sucede en Chile. Cuando nuestra alterada convivencia pone a la cuestión mapuche en el epicentro de otro horrible quiebre institucional.

Nuevamente alentado por los intereses de los más poderosos, como por la insaciable sed fratricida de las Fuerzas Armadas.

*Fuente: Diario UdeChile