Impunidad, herencia de Aylwin 

Otra vez una nube de indignación silenciosa recorre Chile, esta semana conocimos que la justicia ordeno que le sean devueltos a la familia del dictador, un total de 17 millones dólares, dineros que le habían sido embargados a Pinochet, una vez comprobado que estos fueron acumulados producto de robos al Estado, los que estaban en cuentas de paraísos fiscales para ocultar el desfalco. Una decisión judicial que se produce en los mismos momentos que ex presos políticos, que son las víctimas de la represión dictatorial, realizan una huelga de hambre para ser escuchados en sus justas reivindicaciones, para obtener una reparación digna por los daños causados a su vida personal, familiar y laboral, tal como lo estipulan los tratados internacionales de derechos humanos firmados por los gobiernos chilenos.

Una consecuencia más, de la impunidad pactada por el demócrata cristiano Patricio Aylwin en 1989, unos de los principales conspiradores en contra de Allende, impunidad de la que hasta hoy disfrutan cientos de cómplices, una elite empresarial, militar y política que nunca fue juzgada por su participación en el golpe de estado de 1973 o por haber participado, enriqueciéndose, en el traspaso fraudulento de bienes y empresas que el dictador hizo a sus más fieles partidarios al momento de finalizar la dictadura.

Por ello esto no es un hecho aislado, recordemos que el dictador murió de viejo, con el reconocimiento de sus pares como comandante en jefe del ejército de Chile, con sus condecoraciones y privilegios militares intactos. Pinochet se fue al amparo de la impunidad que le permitió eludir los robos al Estado y los crímenes de lesa humanidad que cometió, burlándose de todos hasta el final de sus días, inventando una enfermedad para huir de la justicia internacional, de su detención en Londres, con el apoyo del gobierno de Frei y de su entonces Canciller JM Insulza.

Así ha operado la justicia transicional que Patricio Aylwin, pronto a recibir una estatua en su nombre, oriento tempranamente para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, decidiendo que la Justicia actuara, pero solo, en la medida de lo posible. Políticas de impunidad que luego Ricardo Lagos continuó, impidiendo que se conociera públicamente, quienes son, civiles y militares, los que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de chilenos y chilenas.

Políticas ambiguas, que todos estos años han protegido a civiles y militares que planificaron, financiaron y apoyaron la represión y el exterminio de personas en Chile, excusándolas de sus delitos, otorgándoles impunidad, que como todos sabemos, fue la condición para iniciar la transición post dictadura en 1989. Hoy, a la vuelta de cincuenta años, son las mismas elites pinochetistas, o sus herederos, las que dueñas del país, protegen el sistema económico y social que construyeron, valiéndose de la dictadura y del terrorismo de Estado.

Todo esto es una vergüenza, la que se complementa con la actitud de derechistas consumados, que imponen su cultura de exclusión, valorando lo hecho por la dictadura, cuestionando la necesidad democrática de dejar de rendir honores a una etapa de nuestra historia en la cual se llevó a la muerte y desaparición a cientos de miles de personas, lo que no puede ser una actitud normalizada en nuestro país, pero que sin embargo lo es.

El resultado de todo esto, es una herencia nefasta, porque mientras no se reconozca que en Chile no hubo guerra, sino que un ataque político y militar en contra de un gobierno legalmente constituido y la práctica del terrorismo de Estado en contra de una población indefensa, los victimarios, incluyendo los cómplices civiles, estos, salvo los ejecutores militares recluidos en la cárcel de lujo de Punta Peuco, no serán reconocidos como criminales de lesa humanidad y no habrá igualdad ante la ley, situación que como lo han hecho hasta hoy, les permite, a estos criminales protegidos, reivindicar públicamente lo obrado.

Sumemos a lo anterior, entre muchos casos, la protección que han recibido los pilotos de la Fuerza Aérea que bombardearon el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, con el claro objetivo de asesinar al presidente de la república Salvador Allende, quienes están identificados pero que, a pesar de ello, gozan de total impunidad.

Así estamos, a pesar de que por años hemos insistido, en que ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea, que no es posible que los familiares de los detenidos desaparecidos, que han visto pasar los años de media democracia en silencio y a veces con humillación, vean que se les va la vida, sin conocer el destino final de los que sufrieron los actos planificados de exterminio

Todo esto existe en el Chile que no se quiebre ver, en la historia que no se quiere leer, una realidad oculta, que apenas y con timidez asoma en la lectura de los nuevos candidatos a la presidencia y al parlamento, en cuyos programas aun no aparece este tema, que es parte de la historia y que se necesita para construir el futuro del país. Sin establecer este nexo histórico necesario, las propuestas para terminar con la herencia dictatorial y sus enclaves, partiendo por la constitución pinochetista, aún vigentes, dejan fuera la impunidad que libra del pasado a quienes hoy tienen el poder en Chile con un historial de complicidades y corrupción que corroe a la sociedad.

Ya basta de verdades a medias, el modelo de justicia transicional impuesto en Chile en 1989 fue un modelo de impunidad, que hoy ha visto caer su legitimidad y su legalidad. Por lo cual es hora de que el Estado ponga fin al mismo en forma democrática y con el respeto que todas las víctimas se merecen, pero teniendo muy claro que la finalidad es consolidar las libertades civiles y los derechos humanos. Esta es una decisión política, que requiere:

1. Primero, de una definición clara y definitiva, que la dictadura fue un régimen criminal y que la mayoría de sus crímenes permanecen impunes judicialmente, en virtud de pactos y artificios legales acordados antes y durante la transición.
2. Segundo, que terminar con la impunidad significa reconocer el derecho de las víctimas a saber, a la justicia y a una reparación justa y digna, Después de tantos años el derecho a saber, que pasó, en tanto es el derecho individual a conocer la verdad, es también un derecho colectivo, que tiene su origen en la historia, para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan.
3. Tercero, por contrapartida el Estado tiene el “deber de la memoria” a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo. El conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado.
4. Cuarto, las víctimas tienen el derecho pleno no mediatizado, a la justicia, de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Esto implica que el Estado investigue, persiga a los autores y, si su culpabilidad es establecida, asegurar su sanción acorde a lo que es un crimen de lesa humanidad.
5. Quinto, las víctimas tienen derecho a obtener reparación, implica medidas individuales como medidas generales y colectivas. En el plano individual, las víctimas deben beneficiarse de un recurso eficaz. Este derecho, reconocido internacionalmente, comprende tres tipos de medidas, de restitución, de indemnización y de readaptación.

Los derechos humanos no son negociables, el hacerlo como se ha hecho en estos años post dictadura, ha facilitado el momento que estamos viviendo, en el cual la justicia exculpa, post mortem, a Pinochet de los robos que le hizo al país. Somos testigos de cómo se intenta librar, de sus delitos de lesa humanidad, a criminales confesos y recluidos en una cárcel de lujo. De cómo se pretende continuar ocultando el régimen de horrores que significo la dictadura. Mientras los ex presos políticos, las victimas del terrorismo de Estado, ven cada vez mas reducidos los esmirriados beneficios que se les han otorgado a cuenta gotas, pensiones de hambre. Los familiares de desaparecidos ven como la justicia elude exigir la información que se necesita para saber el paradero de sus deudos. Vemos como, criminales identificados como lo es el asesino de Víctor Jara, goza de impunidad en Estados Unidos sin que este ni los anteriores gobiernos exijan su extradición desde Estados Unidos. Hemos sido testigos también, de la manera como la justicia sanciona a criminales, culpables de crímenes de lesa humanidad, con penas menores o simplemente les absuelve.

Todo esto hiere el alma de Chile e insulta a quienes perdieron a sus familiares, amigos y compatriotas durante la tiranía de Pinochet.