Fiscal Jorge Abbott: «Se están generando dos tipos de justicia: una para los que tienen recursos y otra para el ciudadano común»

Para Jorge Abbott, los fiscales no son “superhéroes con capas” que están para salvar a las personas. “Lo que somos, es simples funcionarios públicos con facultades, potestades y obligaciones que tenemos que cumplir cabalmente. No nos corresponde ser líderes de opinión, sino que tenemos que ejercer con sobriedad y objetividad nuestra función”, dice el fiscal nacional.

Esta semana le correspondió entregar su segunda cuenta pública al mando del Ministerio Público, pero que, en rigor, es la primera. El año 2016 entregó el balance de la gestión de su antecesor, Sabas Chahuán, y el miércoles 27 pudo recién recorrer su primer año al mando.

Su balance estuvo marcado por la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de optar por multar a empresas vinculadas a “casos políticos” ante tribunales tributarios, dejando de lado la posibilidad de que fiscales intervengan al no haber más denuncias y querellas. Abbott alzó la voz y pidió frente a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presente en el acto, mayores atribuciones, porque si no asegura se está transgrediendo la igualdad ante la ley que debe primar en el sistema penal.

¿Cree que su petición tendrá eco en la clase política? La vocera de gobierno ya se manifestó contraria a las críticas al SII y pidió prudencia…

Dentro de diferentes sectores políticos hay quienes coinciden con el Ministerio Público de que es necesario modificar esa norma legal que hace exclusiva la persecución de delitos tributarios con la necesidad del pronunciamiento del SII. Está el proyecto del diputado Giorgio Jackson; la opinión de la senadora Carolina Goic, que cree que la facultad de perseguir estos delitos está en manos de la fiscalía… Hay opiniones encontradas y eso debería resolverse en el Congreso.

¿Es posible que políticos que son blanco de estos casos quieran darles más poder a los fiscales? Ya rechazaron esta potestad en delitos de colusión…
Sin ser infidente, los parlamentarios ven distinto el tema de la colusión que el de los delitos tributarios. Y nosotros no estamos hablando solo de estos casos de financiamiento de la política, casualmente el tema es de interés ahora por la coyuntura. Hay fraudes tributarios muchísimo mayores, que significan infracciones que son mucho más lesivas en términos económicos que las boletas que se extendían para el financiamiento de las campañas políticas. Nuestro problema es de fondo, tiene que ver con que en este país se ha estimado desde siempre, y lo han dicho hasta editorialmente, que los fraudes tributarios son ‘malas prácticas’, pero no… Los delitos tributarios para el Ministerio Público son un delito como cualquier otro delito en contra de la propiedad. El bien jurídico que protegen los delitos tributarios son tanto o más relevantes, a veces, que otros bienes jurídicos respecto de los cuales se nos exige responder con mucha dureza.

¿Qué es lo que reclama?
Lo que reclamamos es la falta de coherencia que existe respecto del tratamiento de los delitos. Si a nosotros se nos pide que investiguemos y sancionemos con severidad a personas que cometen un hurto en un supermercado, no es posible que el dueño del supermercado pueda cometer delitos tributarios y los arregle mediante el pago de una multa que más encima es una fracción de lo que ha obtenido como beneficio. Y muchas veces, en el caso de colusión, por ejemplo, las multas no las paga el empresario, sino los accionistas de las sociedades anónimas, y en ellas el mayor porcentaje de accionistas son las AFP, que son dineros de los trabajadores. ¡Ellos terminan pagando las multas producto de estas conductas! Nos parece desigual la respuesta penal frente a fenómenos que son similares y unos más graves que otros.

Pero el tema está instalado por lo que hizo el SII en los casos Penta y SQM… ¿Cree que el Congreso les dé la razón?
Espero. Probablemente, en la próxima campaña presidencial las personas que postulen a cargos de representación popular deberán hacerse cargo de esto. Hay una indignación en la sociedad y es por esta desigualdad, por este trato distinto a las personas, por los abusos que se han cometido. Cuando, por ejemplo, se entrega información falsa al mercado para beneficiar a un grupo pequeño de personas, se perjudica a sectores que tienen sus dineros en la AFP, se perjudica entonces la pensión que va a recibir un trabajador que laboró lealmente toda su vida y que sella su destino por la infracción de normas que regulan el mercado y que tienen sanción penal. Yo creo que ahí también hay un nicho y el Ministerio Público debe ser particularmente severo en la investigación para obtener el castigo de esas conductas, y estamos trabajando coordinadamente con la SVS.

¿Con penas de cárcel?
¡Pero por supuesto! Y le digo, hay delitos contemplado en la Ley de Mercado de Valores que tienen penas de cárcel efectiva. Y vamos nosotros a investigar y perseguir ese tipo de delitos que hasta hoy no han sido investigados con la severidad que merecen, puesto que siempre se ha estimado que esa es un área donde más bien se mueve el mundo de los negocios, y en ese mundo hay ciertas conductas que se permiten y que son ‘malas prácticas’. Pero yo le digo: no son malas prácticas, son delitos tipificados por leyes de la República, tan vigentes como aquella norma que regula los delitos contra la propiedad. ¡Aquí no hay malas prácticas, hay delitos y a los delitos hay que perseguirlos y quienes incurren en esas conductas son delincuentes y hay que tratarlos como tales! De alguna forma, normas de esta naturaleza van generando dos tipos de justicia, una para los que tienen mayores recursos y otra para el ciudadano común.

Ha criticado con dureza al SII por “actuar con discrecionalidad”. ¿A qué atribuye esta decisión del servicio?

Soy profundamente respetuoso de las facultades legales que tienen los servicios públicos. El SII lo que ejerce es una facultad legal que está bajo las esferas de sus atribuciones, pero cuando hablo de discrecionalidad lo digo en el sentido de que no resultan a veces coherentes algunas respuestas que da el servicio frente a situaciones que son relativamente similares. El SII ha sostenido que tiene criterios sobre los cuales toma sus resoluciones; yo, la verdad, desconozco cuáles son esos criterios en los casos concretos en los cuales hemos solicitado que ellos ejerzan la acción penal.

¿Cree que sus decisiones son políticas?

No podría atribuir una intencionalidad a una autoridad como el director del SII.

Entonces le parece un órgano técnico…

Debería serlo. Y espero que así sea y que sus decisiones sean técnicas. No tengo ningún fundamento para decir algo en contrario. No podría hacer una afirmación de esa naturaleza, porque sería una afirmación gratuita de mi parte.

¿Pero tampoco lo sospecha? La fiscalía ha debido afrontar críticas de la oposición de que han sido perseguidos de forma más severa que dirigentes oficialistas también mencionados en estos casos.

Mire, lo único que he podido constatar es que hay un antes y un después del caso SQM. Hay una conducta distinta por parte del SII en el caso Penta respecto de lo que el organismo hace cuando se empieza a investigar SQM. Ese es un hecho objetivo.

El hecho objetivo es que el SII no fue tan proactivo en las querellas en ese caso…

Exactamente. La proactividad fue distinta. Ahora no tengo razones a qué atribuirle una intención especial a ese cambio de actitud, lo único que puedo decirle es que, objetivamente, sí hubo un cambio.

Justo cuando aparecieron personeros del oficialismo. ¿A eso se refiere?

Le repito, no puedo atribuir intenciones que a mí no me constan, ni tampoco me corresponde dar opiniones personales, sino sólo basarme en hechos que puedo constatar.

Cómo responde, entonces, a la crítica de la UDI de que a sus dirigentes la fiscalía los ha perseguido de forma más dura…

No es responsabilidad nuestra, nosotros hemos investigado y hemos solicitado al SII que formule las denuncias y las querellas y no hemos obtenido respuesta. No hemos obtenido respuestas con personeros tanto de partidos de gobierno como de oposición, no sólo de partidos de este gobierno.

¿La decisión del SII determinará el próximo cierre de estos casos?

A ver, se van a ir cerrando respecto de aquellos delitos de carácter tributario, porque en algunos casos no sólo se están investigando estos ilícitos. Si el SII no se querella o no denuncia, naturalmente una vez cerrada la investigación vamos a tener que no perseverar en las mismas. Entonces, en las aristas tributarias estas investigaciones van a tener que terminar, efectivamente.

¿Qué pasa con las expectativas de estas causas, se esperaban sanciones y, en definitiva, hay muchas salidas alternativas?¿Está preparado para las críticas?

No tengo elementos para poder hacer una prognosis de qué va a ocurrir. Lo único que puedo afirmar es que el Ministerio Público ha hecho todo lo que ha podido hacer respecto de estas investigaciones y va a seguir instando por avanzar de acuerdo a las facultades que la ley le da.

Hay quienes sostienen que en Penta se ve más efectividad en cuanto a cómo se avanzó en la investigación que en SQM…

Es bien paradójico lo que me pregunta, porque fíjese que en SQM tenemos más de 140 personas formalizadas.

Claro, pero la mayoría emisores de boletas, ¿qué pasa con quienes estaban tras las campañas?

Hay una cantidad de formalizados mucho mayor en SQM que en Penta. Tenemos una cantidad de gente suspendida importante, tenemos personas condenadas en procedimientos abreviados. Sostener que en una se ha sido más efectiva que en otra no parte de una base real…

Pero ¿qué pasa con el ex ministro Rodrigo Peñailillo, que es mencionado por Giorgio Martelli? Es inverosímil pensar que todo termina en el dueño de AyN. ¿No se genera una sensación de que no se persiguió a quienes estaban tras la campaña?

Lo que pasa es que la situación entre las dos investigaciones, Penta y SQM, es un poco distinta. Porque en el caso de Penta los boleteros daban directamente a la empresa. En el caso SQM había aquí una empresa intermediaria que les adquiría informes a ciertas personas y luego le vendía esos informes a SQM. Es decir, había un intermediario que era el facilitador o quien compraba servicios que en algunos casos se ha acreditado sí se prestaron. Ahora, que fueran útiles o inútiles para la empresa, más bien tiene que ver con la naturaleza del gasto, si es un gasto rechazado o necesario para la generación de la empresa. La situación de ambas investigaciones es distinta. No conozco en particular el caso del ex ministro Peñailillo, pero sí conozco el caso de personas que hicieron trabajos que sirvieron de base luego para la formulación de algunos proyectos de ley y que fueron pagados por esta empresa Asesoría y Negocios (AyN) y de esa empresa a SQM.

El reproche penal, entonces, termina en Martelli, ¿No hay una coautoría, por ejemplo, quién fue el vínculo con la empresa?…

La investigación esa no ha terminado y es posible que haya una línea de investigación que pueda avanzar en el futuro y no descarto que si hay antecedentes en la carpeta se pueda construir alguna imputación, pero la investigación está vigente y se siguen haciendo diligencias, por lo que aún no se puede descartar nada.

El año pasado, en entrevista con La Tercera, dijo que había que acotar estas investigaciones, sus dichos le costaron mucha crítica, pero la decisión del SII va ahora en esa línea…

En aquella entrevista dije con mucha claridad que lo que nos interesaba era que estas investigaciones, en lo posible, no contaminaran el debate político o el libre ejercicio de la democracia, por eso aparecía como un valor relevante el tratar de que estas investigaciones no contaminaran los procesos electorales, pero que junto con ello estimábamos nuestra obligación investigar todas estas causas hasta el final y eso, sin duda, es lo que hemos hecho. Y vamos a seguir haciéndolo.

Sin embargo, estas causas se toparán con el escenario electoral de este año…

Sí, desgraciadamente. Hubiera sido fantástico que a lo mejor hubiéramos obtenido rápidamente un pronunciamiento masivo del SII y hubiéramos terminado las causas con anticipación, pero eso no ocurrió. Aun así, tenemos que cumplir nuestra obligación y vamos a seguir investigando y manteniendo vigentes nuestras causas en tanto no tengamos una razón para su término, como es el término del plazo que nos han dado los tribunales respecto de esas causas que están formalizadas.

¿Por qué dijo en su cuenta pública que los fiscales no son líderes de opinión?

Lo que pasa es que los fiscales son autoridades de la República. Son autoridades provistas de ciertas facultades, de cierto poder, que significa tener todos los instrumentos que el Estado posee para los efectos de hacer investigación y persecución penal. El fiscal no es un interviniente más. No es un defensor, no es un querellante, tampoco es el juez que tiene un estatus distinto, pues es el que resuelve las controversias judiciales y ser el custodio de las garantías de las personas…, pero sí los fiscales tienen un rol de autoridad que tienen que asumir.

No le gusta que tuiteen entonces…

Yo creo que tienen que tratar de mantener una conducta acorde a su rol de autoridad.

En el tema del SII, los fiscales de Penta expresaron la misma preocupación que usted en redes sociales. ¿Por qué no le gusta? ¿Usted es la única voz?

Más que ser la única voz, yo soy la opinión oficial de la institución. Ahora, dentro de la institución, las personas tienen libertad también para tener opiniones. No me parece a mí que uno pueda coartar la expresión de esas opiniones en tanto no alteren el funcionamiento de la institución. Pienso que como institución deberíamos tener fijada una política sobre el uso de las redes sociales. Pero no respecto de restringir la opinión, sino que más bien, a veces, los fiscales y los funcionarios usan las redes sociales en términos que pueden entregar información sensible a su propia seguridad personal o en los Facebook. Es un tema que tenemos que concordar. Creo que uno de los principios fundamentales de conducta de los fiscales es su deber de objetividad, por eso creo que deben ser cuidadosos.

¿No cree en fiscales con capa de héroes?
No, para nada. No somos superhéroes, lo que somos es simplemente funcionarios públicos que tienen ciertas facultades, potestades y ciertas obligaciones que tenemos que cumplir cabalmente.

Fiscal, ¿quién controla a los fiscales?
Tienen muchos controles los fiscales. Si usted se fija, la mayoría de las decisiones que toman los fiscales son objeto de control por parte de los Tribunales de Justicia. Y, además, hay decisiones que son controladas por las propias víctimas, por ejemplo, cuando un fiscal decide aplicar un principio de oportunidad, basta que la víctima se oponga para que el fiscal tenga que investigar. Cuando el fiscal cierra una investigación y no persevera, un querellante puede solicitar al juez forzar la acusación, es decir, llevar adelante el propio querellante el ejercicio de la acción penal. Diría que la única decisión de los fiscales que no está sujeta a un control estricto que no sea el reclamo que se pueda hacer al interior de la institución es la decisión de formalizar o no una investigación. Esa es una decisión autónoma de parte del Ministerio Público.

A un año y cuatro meses de haber asumido el cargo, ¿qué les puede decir a quienes lo sindicaron como el candidato que cerraría las investigaciones de platas políticas?
Lo primero es que están equivocados los que piensan que el poder está asentado aquí en el fiscal nacional. Los fiscales regionales tienen un poder autónomo, tienen la potestad, son los titulares de la acción penal. Si yo hubiera sido parte de un supuesto acuerdo que buscaba terminar con las causas, echar la tierra debajo de la alfombra, no debería haberme desprendido de ellas para poder tener el control.

¿Hay mucho mito entonces?
Quienes pretendieron eso estaban equivocados. Con todas las personas que conversé de esta postulación se los dejé claro. Lo que sí me comprometí era a que las actuaciones del Ministerio Público se ajustaran a principios. Como el principio de objetividad, que para mí es fundamental. Como el de igualdad ante la ley. Esos son principios irrenunciables para esta institución.

Usted dice que no hubo un acuerdo en su elección. ¿Pero algún político se lo sugirió?
No. Para nada. No habría aceptado ninguna conversación en particular. Me habría parecido inaceptable. Hay muchos mitos, por ejemplo, de la reunión que tuve con el senador Guido Girardi.

Tomás Mosciatti dijo el jueves 27, en Radio Bío Bío, que la fiscalía se ha manejado políticamente también en estos casos y cita reuniones de usted con políticos, donde “se negociaron cosas”…Mosciatti miente y ha mentido durante todo este tiempo. Miente. Lo hace de una forma descarada.

Si miente, ¿por qué no se querella?
Porque no le voy a dar motivos para que se victimice. Una querella del fiscal nacional en contra de un periodista tiene un efecto en la opinión pública exactamente contrario. La querella de la Presidenta de la República y todo lo demás. Sería ‘el poder tratando de acallar a quienes opinan’, pero le puedo decir enfáticamente que Mosciatti miente absolutamente, y le digo ¡que acredite sus dichos! Porque nunca ha podido acreditarlos, son opiniones que ha venido dando sistemáticamente. En la reunión que tuvimos con el senador Girardi estuvo un señor de apellido González.

¿Eugenio González?
Sí, Eugenio González, que no lo conocía ni en pintura; estuvo también Ciro Colombara.

Que era abogado de ME-O…
No, no era abogado de ME-O en ese minuto, fue abogado de ME-O después. En ese minuto era un abogado que había sido de la Asociación de Fiscales, por eso lo conocía.

Pero también era abogado del síndico Herman Chadwick, en Caval…
Lo que recuerdo era que no era abogado de ninguna causa emblemática… Estaban ellos, el senador Girardi y mi hija mayor. ¿Cree que iba a negociar estando mi hija?

Y entonces… ¿Por qué acudió?
Fui porque hubo un acuerdo entre la Presidencia de la República y el Senado, en el sentido de que el Senado le iba a proponer a la Presidenta de la República dos nombres para que ella eligiera. En consecuencia, lo que había que hacer era conversar con los senadores y explicarles lo que uno pensaba. Todos los candidatos lo hicieron, lo que pasa es que sólo yo y Juan Enrique Vargas lo reconocimos, y lo hice porque no fui a pactar ni a transar nada. No estaba dispuesto. Fui simplemente a conversar con él, que me conocieran y que supiera qué era lo que pensaba, ya que iba a ser una persona que iba a votar, porque no existía una instancia en la cual uno pudiera conversar con los senadores.

¿Y le preguntaron de los casos políticos?
No, nunca. Jamás en las conversaciones estaba el tema de los casos políticos. No fui de los candidatos que propuso el Senado, apenas asumí me desprendí de las causas políticas y no hablé con ningún ministro de la Corte Suprema antes de que se conformara la quina, por eso le repito: Mosciatti miente.

*Fuente: La Tercera