Colombia: En 9 días ya han sido asesinados dos miembros de las FARC, acogidos dentro del proceso de paz

Resumen Latinoamericano / Semana.com / 20 de abril de 2017

Tras la firma del acuerdo de paz, la guerrilla denunció que Luis Alberto Ortiz Cabezas fue atacado en zona rural de Tumaco quince días después de recuperar su libertad.

Si hay un sentimiento que se asomó todo el tiempo en La Habana fue el temor de esa guerrilla a que exterminen a sus miembros como ocurrió en su época con la Unión Patriótica. Una pesadilla que para algunos vuelve a tocar las puertas del posconflicto con el asesinato del primer insurgente tras la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón.

Luis Alberto Ortiz Cabezas es el nombre del joven guerrillero que fue asesinado la semana pasada en zona rural de Tumaco (Nariño). “‘Pepe‘, miembro activo de la organización y beneficiario de la ley de amnistía e indulto, fue atacado con arma de fuego hasta causarle la muerte”, informó el comando de la zona veredal Ariel Aldana.

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Aunque los miembros del secretariado y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en principio guardaron silencio, el contenido de la denuncia fue confirmado por miembros de las FARC en ese punto de concentración. De acuerdo con las primeras versiones los hechos se presentaron el pasado 16 de abril sobre las ocho de la noche en la vereda la Guayacana, corregimiento de Llorente.

Semana.com conoció que ese mismo día se presentaron diez homicidios en el municipio y uno de ellos correspondería al que señalan las FARC en zona rural de Tumaco. Un detalle que se pasó por alto en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo este lunes tras la oleada criminal del fin de semana, y un episodio que tuvo lugar en el mismo punto donde se han presentado los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad por los trabajo de erradicación forzada.

Ortiz Cabezas usó la llave del indulto para recuperar su libertad y se encontró de frente con la muerte. Quince días después de haber salido de la cárcel de Vista Hermosa (Cali) fue asesinado en su casa mientras visitaba a sus familiares. “Este hecho criminal, que se suma a otros homicidios causados según personas de la comunidad por un hombre apodado ‘Renol‘ quien pertenece a un grupo armado que hace presencia en la zona”, se lee en el comunicado.

Horas después de que se conoció la noticia, el Estado Mayor Central de las FARC confirmó la noticia y aseguró que “estos hechos demuestran la pervivencia del paramilitarismo en los territorios y minan la confianza en las reales garantías de seguridad a la vida y a la integridad de las personas, que  son, en últimas, de exclusiva responsabilidad del Estado. ¿Cuántos muertos más habrá que esperar para que en Tumaco empiecen a aplicarse los consensos de Garantías de Seguridad establecidos en el Acuerdo Final?”.

Blindar los territorios y la implementación de conflictos recicladas, como advierte en su libro María Teresa Ronderos, es más difícil si se tiene en cuenta que Tumaco registra el mayor número de hectáreas de coca sembradas en el país y una de las mayores zonas de cristalizaderos o laboratorios de clorhidrato de cocaína. Allí sus habitantes se han cruzado con casi todos los grupos armados ilegales que ha visto nacer el país.

Dado que infortunadamente la historia del país ha sido de fracasos en materia de garantías de seguridad, este brote de violencia lanza una alerta y vuelve a poner sobre la mesa la complejidad que tuvo en su momento la concertación del punto que terminó dejando por fuera de la comisión a las FARC tras la renegociación del acuerdo.

Aunque los hechos son materia de investigación, lo que muchos sienten es que empieza a pasar factura la lentitud y descordinación con la que se viene llevando a cabo la implementación. La Comisión de Garantías, encabezada por el propio presidente de la república, que hace unas semanas se instaló en Popayán y que tiene como fin idear todo un plan para evitar que episodios como del guerrillero Ortiz Cabezas se repitan, no se reúne hace más de un mes.

Si por un lado llueve, por el otro no escampa porque de la tarea de nombrar a la persona que asumirá la unidad especial de investigación contra el crimen organizado y que tendrá que funcionar a la manera de un bloque de búsqueda, tampoco se sabe nada.

A este caso se suma el asesinato líderes sociales en el país. Pese a que desde marzo, cuando la problemática escaló al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sólo se ha presentado un caso, desde la firma en noviembre han muerto 31 personas que tienen algún vínculo con la puesta en marcha del acuerdo. Aunque el gobierno desde distintos escenarios ha alzado la voz para advertir que no hay un patrón común o una conexión que apunte a un plan de exterminio, los cálculos y miedos de quienes están en terreno apuntan a otra cosa.

Resumen Latinoamericano / Semana / 27 de abril de 2017.-

Se trata de José Húber Yatacaué, un curtido jefe de milicias con 18 años dentro de esa guerrilla. Lo mataron en Toribío, Cauca. ¿Qué está pasando?

En menos de diez días dos guerrilleros de las FARC fueron asesinados mientras se incorporaban a la vida civil junto a sus familias.

Si bien ambos guerrilleros eran milicianos amnistiados, en el momento que se cometieron sus crímenes ellos no estaban dentro de las zonas veredales, sino que gozaban del beneficio de la libertad.

Ese es el caso específico de lo que ocurrió con Álvaro Ortiz Cabezas y José Húber Yatacué. Ortiz fue acribillado el pasado 16 de abril en una discoteca de la zona rural de Tumaco (Nariño); mientras que el crimen de Yatacué ocurrió este martes 25 de abril en Toribío (Cauca).

Irónicamente el crimen de Ortiz Cabezas fue resuelto por la Fiscalía el mismo día que era asesinado el miliciano Yatacué, en Cauca. Fue el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, quien confirmó la noticia del segundo crimen contra amnistiados de las FARC.

En una rueda de prensa, el fiscal aseguró que gracias a una investigación relámpago y la ayuda de las comunidades en Tumaco, lograron capturar y judicializar al presunto asesino del miliciano Ortiz.

“Ese crimen quedó absolutamente esclarecido. Se trata de Hernán Pai Pascal, alias Renol quien además es responsable de otros homicidios, entre ellos el del policía Byron Fernando Recalde que murió durante el paro cocalero del pasado 31 de marzo”, explicó el fiscal Martínez Neira.

Del nuevo homicidio no proporcionó muchos detalles- Sin embargo, se sabe que el guerrillero amnistiado José Huber Yatacué, era un curtido jefe de milicias de las FARC que llevaba 18 años dentro de la organización y había decidido terminar su proceso de reincorporación junto a su familia.

Una vez recupero su libertad estuvo en la zona veredal de agrupamiento conocida como Monterredondo, ubicada en el municipio de Miranda, al norte del Cauca. Junto a él habían 250 miembros más de las FARC.

El curtido miliciano pasó de la zona veredal en Miranda a vivir junto a su familia en Toribío. De su casa salió el pasado martes 25 de abril a las 8:20 p.m. a atender el requerimiento de una llamada que había recibido en su celular.

Al parecer, su interlocutor era un hombre al que fuentes no oficiales identifican con el nombre de ‘Jhon Ramírez‘, un hombre al que señalan de ser integrante de los nuevos grupos armados ilegales que llegaron a las zonas abandonadas por la guerrilla.

Versión de personas cercanas a Yatacué e integrantes de organizaciones sociales de la región manifestaron que ese hombre (Jhon Ramírez) fue quien llamó al miliciano y lo mató justo al frente del hospital de Toribío. “Lo citó a las afueras del municipio para que le llevara un espejo”, dicen las fuentes.

¿Crímenes sistemáticos?

Más allá de las especulaciones que surgen alrededor de esos dos homicidios contra guerrilleros de las FARC, ambos casos coinciden en varios puntos que llaman la atención.

Lo primero que se debe advertir es que tanto Ortiz como Yatacué gozaban de la misma figura dentro de la organización subversiva: no eran guerrilleros rasos, sino milicianos, es decir que su trabajo era más urbano que rural.

El segundo punto en el que coinciden ambas victimas, es que se entraban ya con sus familias cuando se cometieron los crímenes. De ahí que Ortiz fue asesinado dentro de una discoteca en Tumaco y Yatacué al frente del hospital de Toribío. Ninguno murió dentro de las zonas veredales.

Todo apunta -en ambos casos- a que los sesinatos fueron perpetrados por integrantes de nuevos grupos armados ilegales que cooptaron los territorios que abandonó las FARC.

En el caso del miliciano asesinado en Tumaco, la Fiscalía confirmó que el responsable, alias Renol, lideraba una de las bandas que se rearmaron con disidentes de las FARC que no se desmovilizaron, reductos del ELN y nuevas Bacrim. “Son todos esos grupos criminales los que vienen cometiendo homicidios y extorsiones”, explicó Luis González, director nacional de fiscalías.

En el homicidio de Yatacué, cometido en Toribío (Cauca), las primeras versiones apuntan a que ese crimen también fue ejecutado por un integrante de la nueva banda que intenta hacerse al control territorial en el norte de ese departamento.

Se trata de una agrupación criminal conocida como Patria Grande Ejército del Pueblo, que desde hace varios meses delinque en la región e intenta reclutar más gente.

De hecho, esta semana el senador de La U, Armando Benedetti, hizo un llamado de alerta frente al fenómeno de rearme y denunció que en Buenos Aires, Cauca, le están ofreciendo hasta diez millones de pesos a los jefes de frentes de las FARC, para que se reincorporen a esos nuevos grupos.

Pero quien le puso la cereza al postre de las alertas por las amenazas que corren los amnistiados de las FARC, fue el propio fiscal general al asegurar que ante los dos homicidios recientes, es evidente “la imperiosa necesidad, para asegurar jurídica y físicamente a los antigüos milicianos, que haya decisiones en el proceso de paz”.

El llamado del fiscal hace referencia a la conveniencia de que los milicianos también se incorporen a las zonas veredales y de esa manera garantizarles su seguridad y así evitar que los sigan matando.

*Fuente: Resumen Latinoamericano