El “manto político de inmunidad” que cubre a las policías en Chile

Analistas y organizaciones de derechos humanos, plantean que uno de los problemas más importantes a la hora de realizar críticas a la labor de Carabineros, especialmente Fuerzas Especiales, es la inmunidad de facto de la que gozarían los uniformados, tanto desde las autoridades políticas como de parte de la sociedad por la fama de “probos” que detentan los policías.

Hernando Silva, coordinador del Programa de Pueblos Indígenas y del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, sostuvo que para la mentalidad de muchos chilenos, esta probidad se reduce sólo a los delitos que tienen que ver con la propiedad y bienes económicos, por lo mismo se les califica como “incorruptibles”, sin embargo eso nubla el análisis cuando se quiere realizar un escrutinio de las situaciones de abuso policial.

“Desgraciadamente, las variables relativas al respeto de los derechos humanos no son consideradas por la ciudadanía. Uno, son invisibilizadas, y dos no son relevantes en los procedimientos internos de Carabineros: lo que siempre hemos hecho notar, si a un carabinero se le evidencia que robó o recibió un soborno, se le desvincula inmediatamente de las filas de la institución, en cambio a un carabinero que se le vincula con el uso desproporcionado de la fuerza, o incluso con homicidios o con actos constitutivos de tortura, no son relevantes y puede mantenerse funcionando dentro de la institución”.

“Para la mentalidad de la gente de nuestro país constituida y reformateada desde el marco del neoliberalismo por la Constitución de 1980, es más importante, como se dice en buen chileno, que los funcionarios no metan las manos a que los funcionarios se pasen de mano pegándole a la gente”, agregó Silva.

El integrante del Observatorio Ciudadano señaló a raíz del disparo que un funcionario de Carabineros le dio al joven Brandon Hernández, que “esto es una constante que es producto de la mala respuesta que han mandado las instituciones del Estado frente a las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche”, y esa respuesta, simplemente, es reducir el conflicto a políticas criminales y policiales, sostuvo.

En este sentido, a juicio de Silva, su apreciación se refrenda en la utilización de la fuerza para acallar las legítimas demandas del pueblo mapuche por parte de la policía, “quienes actúan de manera desmedida, sabiendo que existe un grado de impunidad frente a los actos que ellos cometen”, y aseguró que nadie ha estado a la altura de entregar una respuesta estructural al problema, “salvo el ex intendente Francisco Huenchumilla, pero que desgraciadamente no pudieron materializarse de ninguna forma”.

Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales señaló que “hay poca consideración al respeto de los derechos que están involucrados en el ejercicio de la protesta”, y también que existe todo un contexto que permite que las policías “se sientan bastante cómodas controlando el orden público del modo en que les plazca”.

“Las policías suelen estar dotadas de amplios poderes regulatorios, tanto por el marco constitucional como por el legal y el reglamentario, y no tienen ningún problema en ejercerlo. Frente a eso, además, se encuentran con un espaldarazo de parte de la administración que suele siempre evaluar con buenos ojos la actuación de las policías. Siempre cuando hay un hecho de violencia, de los que se han conocido ya sea contra periodistas o contra manifestantes, la primera respuesta del gobierno es entregarle el apoyo a Carabineros cuando lo que deberían esperar es el resultado de la investigación”.

Lovera hizo énfasis en la falta de formación en derechos humanos que tienen las policías, especialmente Carabineros, la ausencia de protocolos en el control del orden público y los que existen son muy generales, tanto así que no se les puede llamar protocolos: “Todo esto en el contexto que a las policías casi no se las puede tocar, no se puede decir nada, mantienen una suerte de manto político de inmunidad”.

Si bien, el jurista valora que Carabineros tenga prestigio y buena reputación entre gran parte de la población, señala que “nada de eso debiera ser o sindicar que tienen una suerte de carta blanca o de inmunidad frente a la crítica política y ciudadana”.

“En Chile, las Fuerzas Armadas y Carabineros, por razones históricas, culturales, sociales y también económicas han gozado de una relativa inmunidad de parte del poder político y el poder político ha sabido administrar esa relativa autonomía que le han brindado a las Fuerzas Armadas y Carabineros, entonces esto es consecuencia de esa falta de atención a lo militar y policial por parte, también, de la democracia. Ahí también hay que hacer un mea culpa, no solamente es una cuestión de falta de voluntad, sino que hay ciertos factores que condicionan esa relativa inmunidad que gozan las Fuerzas Armadas, pero también la falta de reflexión respecto de esto”.

Finalmente, respecto del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, Hernando Silva fue tajante al señalar que dicha instancia “carece de cualquier tipo de legitimidad”, ya que no existe representación de las organizaciones tradicionales del pueblo mapuche, y organizada de manera unilateral por el Estado, asegura.

Sillva expresó tener pocas esperanzas que de esta instancia emerjan cambios en la estrategia del Estado chileno para enfrentar el conflicto con el pueblo mapuche, que se ha basado en la criminalización y de sus reivindicaciones, y la militarización del territorio como respuesta.

“Desgraciadamente aquí el Estado, una vez más, impuso unilateralmente una solución desde Santiago, sin considerar la realidad ni la representatividad y la diversidad del mundo mapuche, entonces bastante pocas esperanzas se pueden tener de los resultados de esta mesa”, concluyó Silva.

*Fuente: Diario UdeChile