La muerte de cientos de menores al cuidado del Estado estremece a Chile 

En medio de la búsqueda constante por potenciar su economía, el rol social del Estado chileno quedó en entredicho en los últimos días. Según trascendió, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) presentó una denuncia que da cuenta de la muerte de al menos 865 menores al cuidado de la nación en los últimos 11 años. La actual directora del SENAME, Solange Huerta —quien asumió la conducción hace tan solo dos meses— fue la encargada de relevar una investigación que arrojó esa lamentable cifra.

Si bien la causa de las muertes no ha sido revelada, de acuerdo al diario El País estarían relacionadas con la realidad que vivía cada infante. Son diversos los organismos públicos y privados que responden a esa institución. Por ejemplo, en un hogar destinado a víctimas de maltrato infantil murieron 606. A su vez, “en el área que se encarga de los adolescentes mayores de 14 años que han infringido la ley y cometido delitos, en los últimos 11 años fallecieron 249”, aseveró ese medio.

Por supuesto ante tal acontecimiento la mandataria Michelle Bachelet no tardó en realizar una conferencia de prensa, la cual abrió con la siguiente frase: “La información que hemos entregado oficialmente al país representa una tragedia y una verguenza para nuestra sociedad y para el Estado de Chile que no hemos estado a la altura de la tarea”.

En su alocución, la presidenta reconoció que es un desafío que requiere de acciones políticas de corto, mediano y largo plazo encaminadas al cuidado de los menores. El plan presentado desembolsará  2 mil 500 millones de pesos de manera inmediata, con el propósito de reforzar la infraestructura de los centros y fortalecer la protección de las familias vulnerables para que no se vean en la necesidad de entregar a sus hijos al cuidado de estas instituciones.  Asimismo, serán invertidos para mejorar los servicios de salud, educación y vivienda, entre otros.

“Los niños y niñas tienen derecho a vivir en familia. La institucionalización de un niño debe ser siempre una medida de último recurso, transitoria y por el menor tiempo posible. El país debe priorizar las medidas de desinternación y fortalecer las políticas sociales que favorezcan la prevención para evitar que los niños lleguen a las instituciones” —Unicef.

Para hacer frente a esa delicada realidad el gobierno de Chile también manifestó su interés de controlar y supervisar la administración del SENAME con el propósito de fortalecer, reestructurar y en su defecto multar al organismo dependiente del ministerio de Justicia, en caso de que no cumpla con lo dispuesto. De igual manera, Bachelet anunció la presentación de dos proyectos de ley para reformar la “institucionalidad vigente” y el refuerzo de más 16 500 000 millones de pesos adicionales para el 2017.

Según Radio Programas del Perú (RPP), toda esta situación fue desencadenada por la muerte de una menor de edad el pasado mes de abril. Al parecer la niña murió por un paro cardiorespiratorio posiblemente generado por la ingesta de medicamentos para controlar los problemas psiquiátricos que presentaba. Ese medio indicó que aunque “la entonces directora Marcela Labraña negó una negligencia del servicio y atribuyó la causa de muerte a un cuadro de angustia de la niña”, terminó dejando a disposición su cargo.

*Fuente: Latin Correspondent