Chile, Paraíso de la esclavitud asalariada

La relativa estabilidad del proceso de crecimiento en los últimos 25 años en Chile, lo mismo que el proceso de reducción de la pobreza, han transmitido hacia el exterior la imagen de una prosperidad que ha hecho atractivo el país a la migración. Sin desmedro de que los migrantes encuentren en Chile condiciones salariales y de trabajo ventajosas respecto de las que tenían en sus países de origen, ello no quiere decir que se cumplan sus expectativas ni que accedan a condiciones de trabajo dignas y estables que los habiliten a un proceso definido de inserción y movilidad social y al desarrollo personal, familiar y social. Muchas veces la ventaja remuneracional está relacionada con el distinto poder de compra del dólar, con el tipo de cambio entre Chile y el país de origen.Conspiran contra el horizonte laboral del migrante múltiples barreras. La primera, es la legislación migratoria vigente desde 1975. Una legislación que parte concediendo atribuciones discrecionales al personal de la PDI en los puestos de frontera para denegar o conceder visa de turistas a las personas extranjeras. Una legislación que hasta principios de 2015 establecía la preeminencia de una visa “sujeta a contrato” como mecanismo principal para obtener un permiso de residencia temporal. Una visa precaria, costosa y con limitaciones que dificultan que se constituya en un procedimiento fiable y expedito para avanzar hacia la “permanencia definitiva” y que es, en estas condiciones, una barrera que empuja fácilmente a la irregularidad migratoria.

En mayo de 2015, el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) estableció una nueva “visa temporal por razones laborales”, de duración anual, que eliminó la exigencia de una cláusula discriminatoria (“de viaje”), que ha servido para limitar este fomento de la irregularidad migratoria. Persiste, sin embargo, la misma Ley de Extranjería, una normativa en la que no existen derechos de las personas migrantes que no pasen por el criterio de la autoridad migratoria en cuanto a reconocerlos o no, de acuerdo a su particular parecer, como una persona. Debe sumarse a ello el que la legislación no contempla otorgar permisos de residencia temporal para quienes desearían ocuparse como trabajadores independientes.

A esto se suma la no aplicación por parte de Chile del Acuerdo de Residencia del Mercosur para los nacionales de Colombia, Ecuador y Perú, no obstante que estos países hace ya más de dos años se adhirieron al mismo y empezaron a aplicarlo para los migrantes chilenos. Esta medida, de carácter administrativo y que sólo requiere voluntad política del gobierno, podría frenar en forma importante el aumento de la irregularidad migratoria y aplicada con retroactividad a los últimos cinco años, podría incluso reducirla significativamente.

MANO DE OBRA BARATA Y DESPROTEGIDA

La irregularidad convierte al trabajador migrante en mano de obra desprotegida de todo derecho, incluso de los pisos mínimos que concede una legislación laboral tan flexibilizada como la imperante en Chile. En estas condiciones, no cabe duda que la utilización de la migración en el mercado del trabajo se torna en un mecanismo cualitativo de rebaja salarial y de rebaja en general de todas las condiciones de trabajo (contratación, jornada de trabajo, no pago de prestaciones ni respeto de regulaciones legales como feriado legal, despidos, indemnizaciones, gratificaciones, seguros de cesantía y salud laboral, etc.).

Una segunda clase de barreras para la inserción laboral deriva de las limitaciones que enfrentan los migrantes en cuanto a no disponer de una amplia red social de vínculos con potenciales empleadores y no disponer de apoyos del Estado para acrecentar su empleabilidad (programas de capacitación, de información sobre la institucionalidad laboral y de contacto con oferentes de empleo). Cabría aquí sumar también la falta de una cultura sindical alerta a la integración de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes, tanto en el ámbito del trabajo asalariado como en de las trabajadoras de casa particular.

La experiencia de participación más significativa de los sindicatos a este respecto se da en el ámbito de las trabajadoras de casa particular o trabajo doméstico, que es una de las actividades que concentra un mayor porcentaje de migrantes. En esa área, en Santiago existen no sólo un Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores(as) Inmigrantes de Casa Particular, sino que otros dos sindicatos de trabajadoras de esa área de servicios, en que participan junto a trabajadoras chilenas, Anecap y Sinducap.

En los sindicatos de la construcción o del área gastronómica también hay afiliación de trabajadores inmigrantes aunque aún no sea muy notoria su participación. En la gran minería ha habido al menos un caso en que un trabajador boliviano ha llegado a ser parte del directorio de un sindicato de una minera importante. Y en los años 2010-2013, hubo una significativa inserción en empresas subcontratistas de mano de obra inmigrante en la minería y la construcción, dada la escasez de mano de obra local que se produjo, hasta 2013. Luego decayó junto con el precio del cobre y van ya dos años de despidos y reducción de la actividad en esos rubros. En la industria hay también afiliación sindical de trabajadores inmigrantes en el rubro de alimentos y bebidas.

En labores de servicios menores, como aseo, expendedores de gasolina y otros, es notoria la presencia de trabajadores inmigrantes. En el aseo, eventualmente están incorporados a sindicatos de empresas grandes del sector, como ISS (empresa de origen danés), en la que hay sindicatos y hasta una federación nacional.

PREJUICIOS Y DISCRIMINACION

Una tercera clase de barrera proviene de la desconfianza, de los prejuicios sociales y culturales de los empleadores acerca de la población migrante. Y que se inscriben en la misma línea que el clasismo y racismo que opera respecto de la población chilena procedente de comunas de bajos ingresos o con la población mapuche o de otros pueblos indígenas. Sin lugar a dudas, afecta particularmente a los migrantes afrocolombianos, dominicanos y haitianos. Esta barrera, en concreto, pone dificultades para que se valoren adecuadamente las competencias, habilidades, los niveles de educación y calificación, la experiencia, de las personas migrantes. En el caso de la población haitiana opera además la barrera idiomática, que en menor medida opera igualmente para cualquier migrante que desconoce los modismos y códigos de lenguaje que son de uso común en Chile.

Una barrera particular que enfrentan los migrantes con calificación profesional y técnica son los complejos y costosos procedimientos que existen para el reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior. Y que obligan a los y las migrantes a emplearse en cargos por debajo de su calificación, cuando no a realizar estudios complementarios en Chile para habilitarse profesionalmente. Tómese en cuenta que el nivel educacional promedio de los inmigrantes es mayor que el de la población chilena en edad laboral (12,6 años de escolaridad versus 10,3 de la población nacida en Chile).

La barrera definitiva, sin embargo, no es otra que las características que presentan los mercados del trabajo en Chile. La oferta de empleos o demanda de trabajo de la economía chilena, tanto para nacionales como para extranjeros, es marcadamente heterogénea y con profundos niveles de diferenciación salarial y de condiciones de trabajo. Es un claro reflejo del imperio del neoliberalismo en la estructura y dinámica de la economía chilena por largos casi cuarenta años.

CAPITALISMO SALVAJE

Chile fue el primer país del mundo en que se desbarató y revirtió el derecho del trabajo, en el que se impuso un Código Laboral que más que otra cosa, garantiza la autonomía de la voluntad individual de las partes y la debilidad estructural de la organización sindical, lo mismo que de la negociación colectiva.

La flexibilidad del trabajo ha abierto así paso a una precariedad que va más allá del trabajo informal y que permea a la amplia mayoría del trabajo asalariado. Muchas viejas prácticas del capitalismo salvaje han cobrado renovada vida y vigencia en el Chile de estos últimos 35 años. Prácticas que tienen que ver con la prolongación de la jornada de trabajo, la intensificación del trabajo, la polifuncionalidad o multilateralidad del obrero, la introducción del trabajo migrante, femenino y aún infantil para inducir mayores rebajas salariales y niveles de precariedad laboral, etc.

La población migrante estaría representando alrededor del 5% de la fuerza de trabajo en Chile. Y su inserción laboral por categoría ocupacional seguiría un patrón muy próximo al de la población nativa en el caso de los varones y más diferenciada -por el peso del trabajo en servicio doméstico- en el caso de las mujeres.

Hay cinco categorías ocupacionales: asalariados, trabajadores por cuenta propia, servicio doméstico, empleadores y, familiares no remunerados. Siendo las cuatro primeras las más relevantes y la quinta sólo marginal. El trabajo asalariado, en el que se emplea el 70,8% de los ocupados, está fuertemente segmentado. No más del 15% de ellos se inserta en las grandes empresas vinculadas a los negocios de exportación y de servicios modernos (finanzas, telecomunicaciones, energía); que concentra no sólo el 80% del PIB, sino que un porcentaje aún mayor de los excedentes o utilidades. El 85% restante se emplea en empresas de servicios vinculados al mercado interno (transporte, comercio, construcción) y empresas de menor tamaño, muchas de las cuales operan además como contratistas o subcontratistas del sector de las grandes empresas.

EXPLOTACION DE LAS “NANAS”

No debe llamar la atención que sea en este segmento de los asalariados en que se concentre un sector mayoritario de la población migrante. La encuesta Casen 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, informó que el 65,6% de los inmigrantes trabaja como empleado u obrero; 62,2% en el sector privado y un 3,4% en el sector público. Una estimación previa del Departamento de Extranjería, en 2011, dio cuenta que mientras el 70% de los hombres migrantes trabaja como asalariado, sólo el 48% de las mujeres migrantes lo hace como tal.

Un porcentaje de 4,2% de los ocupados en Chile lo hace como personal de servicio doméstico (325.000 personas). Del total de los migrantes, según la encuesta Casen 2013, un 8,4% se inserta laboralmente en el servicio doméstico. Pero de las mujeres migrantes, de acuerdo a la estimación del DEM, un 34% de ellas trabajaría en esta categoría ocupacional. Se trata de trabajadoras cuyas condiciones salariales y laborales mínimas aún no se nivelan plenamente en la legislación laboral imperante, en las que aún existen elevados niveles de informalidad y de incumplimiento de la ley.

Los trabajadores por cuenta propia constituyen el 19,9% de los ocupados en la economía chilena. La estimación del DEM es que un 21% de los hombres migrantes y un 13% de las mujeres migrantes se ha insertado en esta condición, en labores ligadas al comercio, la gastronomía, servicios técnicos y profesionales, etc. La encuesta Casen 2013 cifró igualmente en un 20% a los migrantes ocupados como trabajadores por cuenta propia.

Finalmente, un 4,3% de los ocupados en Chile lo hace como empleadores; siendo significativo que entre los hombres migrantes el porcentaje sea superior, un 6%, mientras entre las mujeres migrantes, sea básicamente el mismo, un 4%. La encuesta Casen 2013 arrojó cifras menores tanto para la población chilena (2%) como inmigrante (2,9%) ocupados como patrones o empleadores; pero resaltando una vez más el diferencial de inserción laboral en esta categoría a favor de la población migrante.

Más allá de esto, es importante resaltar qué significa para las personas trabajar en Chile hoy. El trabajo reviste en Chile, para las personas, características de “desmesura laboral”, al decir de Kathya Araujo y Danilo Martuccelli, en su muy interesante libro Desafíos Comunes. Retrato de la sociedad chilena y de sus individuos (LOM, Santiago, 2012). La desmesura laboral se refiere a que el trabajo se vuelve una pesada forma de ganarse la vida, sometidas las personas a demandas que les imponen una generalizada percepción de sobreexigencia y de presión. “Las desmesuras de lo laboral aparecen, principalmente, en forma de sobrerrequerimientos temporales, relacionales, de toma de riesgos, de aguante a la inestabilidad y al cambio y de producción de sentido. En menor medida, son vividas como tales la tolerancia a la frustración salarial así como las sobredemandas físico-corporales (…) La desmesura de lo laboral es vivida, en términos generales, como una imposición no negociable. Una coerción en el sentido más literal del término. La tarea más básica y primaria: la de ganar el sustento de sí y de la familia”.

Bienvenidos, los migrantes al “paraíso chileno de la esclavitud asalariada”. Hay trabajo, se gana plata, pero la más de las veces a costa de la dignidad, de la salud, cuando no de la vida.

-El autor, Manuel Hidalgo Valdivia, es Economista, asesor sindical del APILA-MIREDES Internacional

^(*) Ponencia en Taller OIT Brasil “Trabajo migrante y trabajo informal”, 8 de julio 2016, Sao Paulo, Foro Social Mundial de Migraciones, 2016.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 857, 5 de agosto 2016.

*Fuente: Rebelión