La anómala exoneración de la Rectora Roxana Pey y el aborto por 3 causales del Proyecto de Ley de Educación Superior

Transcurridos tan sólo quince días desde el envío a la Cámara de Diputados, el 5 de julio pasado, de la tan esperada y anunciada y latamente diferida ley de Reforma de la Educación Superior, pieza supuestamente clave y suputada “histórica” de la viscosa y empantanada Reforma Educacional iniciada por el sintomático gobierno de Bachelet 2, la ministra Delpiano torna públicamente conspicuo un nuevo síntoma de la patología política del actual gobierno, al solicitar de forma intempestiva, arbitraria e irregular la renuncia de su cargo a la flamante Rectora de la recién creada Universidad de Aysén, la académica doctora en Ciencias, especialista en biología molecular, Roxana Pey, de reconocida trayectoria en la Facultad de Ciencias y luego en otras facultades de la Universidad de Chile.

¿Cómo cabría explicar tal misterioso y brutal procedimiento, apenas comparable a las enigmáticas minutas que la misma ministra fue entregando como a cuentagotas desde marzo del presente año acerca de algunos aspectos de la tan retardada y aparentemente atascada ley de Reforma de la Educación Superior?

No cabe duda que la destitución irregular, ilegal y probablemente nula en justicia de la Rectora Pey, acción compleja en que intervienen sucesivamente una ministra inhabilitada por la propia ley para ejercer dicho acto, un Vicepresidente que la refrenda y habilita con posterioridad, una Presidenta que aún no se ha pronunciado públicamente al respecto y la mismísima Contraloría General de la República que debe dirimir acerca de la legalidad de una acción que necesita sustentarse sobre “motivos fundados”, ha de provocar intensas complicaciones, confusiones y perplejidades en el debate que ya se ha iniciado en torno al nuevo Proyecto de Ley de Educación Superior enviado a tramitación legislativa a la Cámara de Diputados con fecha 4 de julio de 2016, firmado por la Presidenta Michelle Bachelet, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el ministro Secretario General, Nicolás Eyzaguirre, y la ministra de Educación, Adriana Delpiano, proyecto que según formula su propio texto “viene a reformar completamente el régimen jurídico del sector” (scilicet “educación”).

Por fortuna para nuestro vilipendiado país el despropósito gubernativo de causar la destitución de la Rectora Roxana Pey ha suscitado el repudio unánime de los Rectores de las universidades de Chile, no menos que de los académicos, estudiantes y población informada en general. Cabe razonablemente esperar, por consiguiente, que el gobierno eche pie atrás en su despropósito y que la Contraloría, por lo demás, lo declare nulo y sin efecto. Si así no fuere, empero, quedará igualmente en entredicho la probable discrepancia entre los principios y estatutos de la nueva universidad estatal (la Universidad de Aysén) que serán publicados en el curso de los próximos días y determinadas tendencias muy visibles en el nuevo Proyecto de Ley de Educación Superior en cuanto concierne a cuestiones de “autonomía universitaria”, “democracia universitaria”, “gratuidad”, “integración con el medio regional”, “acceso a la universidad”, entre otras. Según trascendió en su momento, la ministra Delpiano procuró justificar la destitución de Pey alegando su “no alineamiento” con las políticas gubernativas. Tal como lo ha denunciado el filósofo Pablo Oyarzún, profesor titular de la Universidad de Chile, similar exigencia de “alineamiento” con la política gubernativa configura no sólo un atentado contra la autonomía universitaria, sino a la vez una brutal vulneración del derecho fundamental de libertad de pensamiento y libertad de expresión. Por lo demás, una ministra de Educación, un Vicepresidente, una Presidenta de un suputado “gobierno democrático” que asumiera dicho predicamento del “alineamiento” con “la línea oficial” estaría reencarnando en pleno siglo XXI los procedimientos más extremos del fascismo histórico ejemplificados en la desastrosa “Einschaltung” hitleriana. ¡Linda democracia!

¿Y qué efectos puede tener este despropósito en la discusión legislativa del nuevo Proyecto de Ley de Educación Superior, proyecto que ha sido anunciado y comentado y apreciado como un proyecto de Reforma Estructural del régimen de educación superior imperante en Chile? ¿En qué consiste y qué pretende este proyecto cuyo texto oficial se extiende y explaya por 174 páginas? ¿Es lícito aceptar que dicho texto alcance a configurar un verdadero proyecto de Ley? ¿Y que en tal supuesta ley se ejecute efectivamente una reforma completa del “régimen jurídico” imperante en el “sector”?

No creo incurrir en ningún tipo de figura retórica, no siento sostener nada alejado de lo estrictamente justo si anuncio y denuncio que el referido Proyecto de Ley de Educación Superior, objeto de espera y expectativas de cambio por más de 2 años durante los cuales se reencareció su carácter “histórico” de reforma radical, constituye en realidad un grosero fraude político. Fraude, por cierto, en lo más elemental que anuncia, pretende y finalmente disipa. Miente con descaro al autodesignarse “Proyecto de Ley”. Porque si proyecto fuese, no tendría, pese a sus 174 extensas páginas, el carácter perpetuo de “borrador” o “esquema”, plagado de aberraciones estilísticas y errores sintácticos, que reitera y repite ad nauseam el mismo plan general, incapaz de elevarse siquiera al talón de aquellos conceptos principales que una verdadera Ley de Educación Superior no debería ni podría condenar a la Nada de la Inexistencia y la Desaparición. Más de 2 años trabajaron unos equipos ministeriales para producir finalmente un engendro que no obstante se atreven a presentar a los diputados (¡ojo! ¡también al público!) como si fuera o fuese, digamos, un proyecto. Fraude, qué duda cabe, en cuanto proyecto de Ley. Fraude por irrespeto, vulneración del respeto (Achtung, cuyo objeto, según Kant, no es otro sino la propia ley) a la idea de la Ley; doble fraude, por tanto, cuyo efecto y resultado es la irrupción de 174 páginas donde la Ley (de Educación Superior) brilla por su ausencia: ningún tratamiento de los conceptos y problemas principales que habrían de estar involucrados en una tal Ley. Ninguna palabra sobre la idea de “educación” ni tampoco de “educación superior”. Ningún tratamiento del concepto de “autonomía universitaria”. Menos y tampoco, de “democracia universitaria”. Nociones cuyo tratamiento conceptual, cuya articulación argumental, histórica y crítica a la vez, resultan a mi juicio conditio sine qua non de una verdadera Ley de Educación Superior –ciencia, técnica, docencia, investigación, extensión, innovación, renovación, excelencia, autonomía, pensamiento, creación, libertad– quedan en sepulcral ausencia en el centro vacío del referido Proyecto. Fraude, por lo demás, y de extrema gravedad y consecuencia, al ser presentado, comentado, anunciado y preaplaudido como proyecto de ley “histórico” de “reforma estructural” del régimen imperante en la educación superior en Chile. ¡Fraude como un piano, ministra Delpiano! El Proyecto, quienquiera que lo mire y observe, lea y relea, descubrirá rápidamente que no reforma nada, sólo conserva y preserva intacto el actual régimen imperante sin ley ni regla, consagrándolo y estableciéndolo como la regla de oro; proyecto que consolida de forma irreversible y fatal el mercantilismo en la educación; proyecto que, a lo sumo, introduce una cierta reglamentación que resulta aún más retrógrada que la costumbre hoy dominante; es un Proyecto maldito que limita al extremo la autonomía universitaria de las universidades estatales; consagra el lucro en la educación pública superior; condena a la desaparición, a mediano y corto plazo, a las universidades estatales, rápidamente sustituibles por entidades funcionales de existencia transpolítica transestatal. Un Proyecto de Ley que no es más ni menos que un mero Proyecto de Reglamento de la Educación Superior en un país (Chile, retengamos su nombre al menos) sometido a la presión continua del cohecho y otras formas similares de violación. La programada desaparición o pulverización de la universidad estatal de Chile sea tal vez tan sólo un correlato de la programada pulverización del Estado de Chile, ya realmente absorbido y cooptado por el neocapitalismo mundial desregulado.

¡Hay que denunciar este Engendro Maldito! ¡Y combatirlo hasta su extinción! 2 años y medio tardó el gobierno Bachelet 2 en redactar este mamarracho. ¡Tanto más veloces y expeditos eran y fueron los nuevos relucientes funcionarios de Cohecha & Soborna & Excautaxión! ¡Candidatas! ¡A marchar por la línea azulada de la bandera! ¡Cuidado con la explosiva pintura fresca!

El mentado Proyecto de Ley de Educación Superior, notorio y señalado desde antes como proyecto “histórico” en cuanto reformaría de forma inédita o tal vez inaudita o tal vez invisible el régimen hasta ahora imperante, en realidad no transforma nada, mantiene sin variaciones las costumbres dominantes y constituye, como va dicho, un mero fraude político. ¿Una nueva reiteración del nunca bien ponderado “gatopardismo” que ha dominado por 26 años la no-políticachilensis? Cuando dicha tendencia se ha tornado desembozada y descarada hasta rayar en la pura y simple violación del Derecho por medio del ejercicio continuo de la omisión, la tolerancia prostibularia y “la vista gorda”, creo que ya no consiente analogía con la figura de la fiera lampedusiana, sino que requiere la comparación con otras formas más brutales de ferocidad.

¿Este Proyecto de Ley podría estar legítimamente abortando? ¿Con arreglo a la Ley de despenalización del aborto por 3 causales? ¿Cuál podría ser la principal causal aplicable a esta ley tan pantanosa? ¿Las tres tal vez y más?

Primera causal: Violación. – Cabe sostener sin necesidad de mucha demostración, ya que es asunto de público conocimiento, que la referida Ley o su Proyecto, la no-reforma del no-sistema de educación superior imperante en Chile, deniega y frustra aquella exigencia ciudadana de los pueblos y naciones de Chile que procede desde viejos tiempos y se extiende por amplios territorios: la defensa de la educación como un derecho que no admite contaminación alguna con el lucro. La ley propuesta resulta de la violación de esta exigencia. No se trata tan sólo de la consagración definitiva de la destrucción de la Universidad de Chile, su descuartización y conversión en lagartija crítica. Lo que el proyecto propone e impone es la supremacía del imperio de la fuerza: la violencia primaria del poder desregulado y neocapitalista de los poderosos que gobiernan los sistemas, también éste, Chile, con sus estudiantes, profesores y dueños de universidades e institutos.

Segunda causal: Inviabilidad del feto. – Al reducir al mínimo a las estatales, el Proyecto avanza en la expansión elefantiásica de las privadas modernas que persiguen todos los fines (entre ellos, el lucro carece de toda relevancia). Las no estatales filantrópicas o regionales podrían convivir con las estatales y someterse a la supremacía que genera el desarrollo más veloz de las lucrativas fundadas por corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. En cuanto a las no privadas no estatales, en la especie las pontificias católicas, dada su condición de dependencia respecto de otro Estado soberano con el cual Chile cultiva no tan sólo relaciones diplomáticas, bien pueden asimilarse a las estatales y complementar sus recursos financieros por medio de aportes pontificios no meramente simbólicos. Bien puede echarse de ver que tal “sistema de educación superior” no sólo sería mixto (y en algún grado mestizo), sino a la vez pluriforme, multívoco y variopinto. En todo caso, palmariamente inviable: muchas vías, sí, pero todas sin salida. Un cul-de-sac.

Tercera causal: Peligro de muerte de la madre. – Difícilmente puede la educación caer en un peligro, menos de muerte, podría sostener más de algún ignaro. La madre no necesita de madre para ser la madre que es y seguirá siendo. Toda madre, siendo única e irrepetible, vuelve siempre alguna vez a pedir a otras madres que le den fuerzas para seguir. Cuando una madre está en peligro, por ejemplo, la madre educación, por ejemplo, la madre superiora llamada educación superior, siempre puede recurrir a algún padre maldito que le dé muerte de una vez, en silencio y sin dolor. Toda madre cuando está en peligro, así sea la madre educación, o la madre superiora, al menos grita. Si no se escucha, hay que exigirle que grite más fuerte.

Nota bene. – Breve exposición de problemas del referido proyecto de ley

Ya en el preámbulo, los legisladores exhiben sin vergüenza su ignorancia, o simplemente tal vez pretenden ocultar la verdad histórica. Una ley supuestamente “histórica” debía por cierto llevar algún párrafo sobre la historia de la “educación superior” en Chile; la mencionada lo hace en breve y escuálido párrafo incompleto y censurado. En él destacan por su ausencia: 1) referencia a la separación de la Iglesia y el Estado; 2) caracterización de la ley de 1954 que dio origen al CRUCH; 3) referencia al Golpe de Estado de 1973 y a la destrucción de las universidades estatales e intervención de las universidades chilenas desde entonces; 4) explicación de los efectos históricos de los decretos de ley de 1980 y 1981 generados en dictadura.

El Proyecto genera una nueva Burocracia ministerial y educacionista: Subsecretaría de Educación Superior; Consejo Asesor para Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional; Consejo Nacional de Educación; Consejo para la Calidad de la Educación Superior; Superintendencia de Educación Superior; Comisión de Expertos para la Regulación. Ejercicio mental: comparar su costo con la inversión en gratuidad de la educación superior.

El Proyecto consagra la mercantilización de la educación superior en Chile: a) no hay persecución que conduzca a condena (no hay tipificación de delito) a quien incurra en “faltas” contra la (mal estatuida, mal definida, no configurada) prohibición del lucro en educación; b) da sostén a universidades e institutos privados que persiguen de facto fines de lucro (aunque sus instituciones fundadoras, de derecho privado, no puedan “perseguir fines de lucro”).

El Proyecto restringe drásticamente la autonomía universitaria y la autonomía gubernativa de las universidades estatales. Los Consejos Directivos estarían formados por nueve miembros, de los cuales 4 serían representantes directos del Presidente de la República.

El sistema de gratuidad, asociado a la Ley de Presupuestos y al índice de crecimiento económico del país, consiente, tolera y no deroga el pérfido sistema de crédito con aval del Estado, el cual consagra la “donación” gratuita por el Estado chileno de valores indefinidos a la banca privada. ¿Con qué derecho las grandes empresas privadas, entre ellas las bancarias, han de recibir beneficios “gratuitos” por parte del Estado? ¿Cuál sería la parte alícuota de los chilenos pensionados, por ejemplo, que sería gratuitamente entregada a los bancos sin que los “usuarios” (=estafados) siquiera lo sospechen?

El Proyecto nada prefigura o esboza en cuanto al tema del gobierno universitario. Menos acerca de participación y democracia universitaria. ¿Quién va a llevar el gobierno en las universidades? ¿Los desconocidos de siempre, o bien la comunidad universitaria formada por los tres estamentos que son los académicos, estudiantes y funcionarios? ¿Este Proyecto deja siquiera en alguna atmósfera mental alguna vaga estela que evoque las reformas universitarias de 1967-1972? ¿Algún vago recuerdo quizá de las jornadas de 1987 contra el rector Federici, más conocido como Terminator? ¿Del espíritu de REFORMA de las memorables jornadas del “mayo de 1997”, con Rodrigo Roco a la cabeza de la FECH?

-El autor, Miguel Vicuña Navarro, es Profesor y escritor. Ex-director del Departamento de Filosofía de la U. ARCIS (exonerado en febrero 2015).

*Fuente: El Clarin