Tratado Transpacífico: abocado a la avaricia corporativa

Aun cuando el texto final del acuerdo todavía no está a disposición del público, los textos filtrados han causado una gran preocupación a las organizaciones sindicales y otros grupos de la sociedad civil.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha comentado: “Se concedió a las corporaciones poderosas una posición ventajosa en el seno de las negociaciones secretas del TPP y el resultado pone en evidencia su influencia. Una vez más, los gobiernos han antepuesto los intereses de las finanzas y de las grandes empresas a los de los ciudadanos de sus países al incrementar la desregulación financiera, introduciendo patentes más largas sobre los medicamentos a expensas de las poblaciones y restricciones a las libertades digitales. Las empresas podrán demandar a los gobiernos en virtud de los infames procedimientos de resolución de diferencias entre inversores y Estados; por su parte, los trabajadores y las trabajadoras no disponen de recursos directos”.
Los negociadores se apresuraron a concluir el acuerdo a tiempo para que su aprobación o rechazo fuera votado en el Congreso de los Estados Unidos antes de que la campaña electoral presidencial adquiera plena efervescencia el próximo año.
El acuerdo incluye un capítulo laboral. Los sindicatos presentaron una propuesta global para conseguir que dicho capítulo garantizara con mayor eficacia los derechos y las normas de los trabajadores. Se tomaron pocas ideas de esta propuesta, y nadie tiene la seguridad de que las quejas de los trabajadores lleguen algún día hasta los tribunales. En cambio, las empresas pueden iniciar directamente un procedimiento de arbitraje internacional entre inversor y Estado para proteger sus beneficios, mientras que los trabajadores tienen que pedir a los gobiernos que intervengan en su nombre. “La aplicación de este tipo de intervención ha sido utilizado solamente una vez, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), en contra de Guatemala. Este caso lleva ya siete años, y todavía no ha habido una decisión final, ni el cumplimiento por parte del Gobierno”, afirmó Burrow.
Un borrador filtrado del capítulo ambiental no contenía ningún mecanismo de aplicación, ni tampoco tenía en cuenta la necesidad de adoptar medidas para mitigar el cambio climático.
Durante las negociaciones, los EE.UU. levantaron polémica al minimizar las críticas hacia Malasia que figuraban en su informe sobre la Trata de personas, en una actitud que casi todo el mundo consideró como una táctica para hacer avanzar el acuerdo TPP. Aun cuando se han desarrollado planes de observancia de las normas del trabajo en relación con el TPP para Brunei, Malasia y Vietnam, estos planes no entrarán en vigor de forma inmediata, sino cinco años más tarde en el caso de Vietnam. No se adoptó este plan para México, donde se observan violaciones graves de las normas de la OIT.
El TPP limitará las ofertas de contratación pública con normas internacionales altamente restrictivas que sitúan una noción mal concebida de “competitividad” por encima de los objetivos de política pública tales como la creación de empleo, la protección medioambiental y humana y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en la adjudicación de los contratos públicos. Del mismo modo, varios gobiernos han concedido acceso a los mercados de la administración y los servicios públicos que pondrán en peligro la calidad y el acceso público a dichos servicios.
El acuerdo también limita la capacidad de regulación de los gobiernos mediante el establecimiento de nuevos procedimientos que tienen como objetivo la armonización de la regulación a lo largo de los doce países. También en este sentido, se ha concedido a las corporaciones una posición ventajosa.
“Las nobles promesas de los gobiernos y los grupos de presión empresariales acerca de la creación de empleo y el aumento del nivel de vida de este tipo de acuerdo comercial son un estribillo conocido. Lamentablemente, las predicciones azarosas rara vez han demostrado ser ciertas, y los verdaderos beneficiarios de este acuerdo son las poderosas multinacionales”, concluyó Burrow.
*Fuente: CSI (Confederación Sindical Internacional)