El recurso fue presentado ante la Corte Suprema por la abogada del CDE, Irma Soto Rodríguez, con la venia del presidente del organismo Juan Ignacio Piña, quien defendió al hijo de Pinochet, Marco Antonio, en la arista tributaria del Caso Riggs.
El documento vuelve a señalar que el Ejército no cuenta con un registro sistematizado, propio y separado, del personal que prestó servicios en el organismo de inteligencia de la dictadura.
Asimismo insiste en argumentar que la publicidad de la información podría poner en peligro la seguridad de los exagentes, toda vez que su entrega generaría “sobre algunas personas afectadas por situaciones de derechos humanos reacciones adversas, descontroladas y en ocasiones claramente agresivas de toda índole”.
Sobre este último punto, el CDE reclama que los ministros de la Novena Sala del tribunal de alzada Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y el abogado integrante Óscar Torres, no protegieron “los derechos y garantías de las personas que formaron parte de la CNI, en actual servicio en el Ejército”.
La supuesta imposibilidad del Ejército de establecer cuáles funcionarios prestaron servicio en la CNI se contradice con lo declarado por el propio comandante en Jefe esta semana, en su exposición ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hasta donde llegó en compañía del ministro José Antonio Gómez.
Allí reconoció que la institución castrense contrató en 1990 a más de mil funcionarios pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones, y que en la actualidad hay 36 de ellos trabajando en el Ejército.
*Fuente: El Ciudadano
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