“Los presos políticos de la dictadura han sido por largo tiempo un grupo humano literalmente desplazado de la sociedad chilena”

Hace más de 25 años que Catalina Soto Parada y Manuel Aguilante Barrientos comparten una vida familiar que ha sabido de sacrificios y luchas. En el fragor de las protestas que en Magallanes resistieron al régimen pinochetista, sus pasos se encontraron en el año 86’ y, a partir de de allí, construyeron un hogar común, compuesto además por tres hijos, dos de los cuales viven en Punta Arenas.
Hace 27 días, Manuel Aguilante decidió adherirse a la huelga de hambre que más de un centenar de ex presos políticos lleva adelante en diversas regiones del país, demandando por el cumplimiento de un petitorio que exige mejoras en el acceso a la salud, así como a pensiones dignas.
Al igual que en la comuna nortina de Pozo Almonte, el ex detenido de Isla Dawson y del regimiento Cochrane es el único magallánico que decidió llevar adelante esta medida de presión, planteando que no declinará de ella hasta que exista un acercamiento efectivo por parte del gobierno por atender a las demandas de los huelguistas.
Su esposa e hijas han acompañado esta decisión, acudiendo en forma diaria a la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas, lugar donde permanece Aguilante. La preocupación familiar se acrecienta a medida que pasan los días, por el temor de que el ex prisionero político pueda definir asumir una huelga seca, hasta que el gobierno decida acoger una propuesta de negociación conveniente para ambas partes.
“Si Manuel en algún momento decide asumir entrar en una huelga seca, eso sería muy riesgoso, considerando que él ya tiene 68 años y, si a él le llega a pasar algo -al igual que a los huelguistas que se encuentran en la zona norte del país-, el gobierno no tendrá cómo dar explicaciones a una situación que hasta el minuto no ha sabido abordar”, afirma Catalina Parada.
– Considerando que esta región fue una de las más golpeadas cuando se instaló la dictadura militar en el país, ¿a qué atribuye que no se hayan plegado más personas a esta huelga?
– “Tomar la decisión de asumir una medida de este tipo responde a cada situación y, finalmente, es una decisión personal. Aquí, a nadie se le puede obligar a plegarse a esta medida y eso es algo que cada compañero que fue ex preso político deberá evaluar. En el caso de Manuel (mi esposo), él siempre ha sido una persona consecuente con sus principios, con lo que él cree y jamás ha querido sacar provecho de ello. Por otro lado, si alguien quisiera en estos momentos adherirse a esta huelga, bienvenido será y lo estaremos apoyando todos quienes creemos que esta demanda es justa. Y no somos pocos, porque, si bien Manuel ha sido la única persona en Punta Arenas asumiendo esta huelga, ha sido continuamente visitado y acompañado por mucha gente que se ha acercado a la Casa de los Derechos Humanos”.
– Hay personas que interpretan la acción de los ex presos políticos, atribuyéndole motivaciones exclusivamente económicas. ¿Cómo responden, como familia, a aquellas interpretaciones?
– “Las personas que dicen eso ni siquiera se han acercado aquí a informarse. Los ex presos políticos no están demandando sólo una reparación económica, porque acá ha habido un daño moral y social que se prolongó más allá del tiempo que duró la detención y eso hay gente que no lo entiende, porque seguramente estaba lejos de la lucha que muchos dimos contra la dictadura. Los presos políticos han sido por largo tiempo un grupo humano literalmente desplazado de la sociedad chilena. Por hartos años, se les excluyó de la posibilidad de insertarse laboralmente, llevando una etiqueta que los confinó a la marginación absoluta. Incluso, durante el período que duró la dictadura pinochetista, mucha gente no se atrevía ni siquiera a hablar con un ex preso político, porque tenía temor que se lo vinculara y esa sensación de ser apartado -prácticamente marcado- no toda la gente la comprende. Menos, quienes no participaron de la lucha contra la dictadura.
– ¿Cómo pudo sortear su grupo familiar esa marginación social?
– “A mí me tocó durante muchos años ser el jefe de hogar, cuando Manuel no recibió ninguna pensión. Yo fui la que tuve que salir muchas veces a trabajar, porque a Manuel como ex preso político muchas veces le cerraron todas las puertas. Fueron años muy difíciles, felizmente siempre tuvimos muy buenos amigos que nos apoyaron, entre los que destacan los mismos compañeros de partido. En ese momento, quien tuvo que tener la fuerza de asumir ser proveedora de la casa fui yo. Aprendí a tejer y comencé a vender mis tejidos. Manuel, por su parte, vendía cassettes y con eso nos arreglábamos”.
– ¿Cree que la Concertación y la Nueva Mayoría estancaron el proceso de restituir los derechos de reparación a los ex presos políticos?
– “Han habido avances, pero, en el caso de los ex presos políticos, ese paso que quiso darse se basó en marcar muchas diferencias, porque para todos los efectos lo que se debió haber promulgado es una sola ley para todos quienes sufrieron la detención política. No haber distinguido en que la tortura en unos casos es menos graves que en otros. Esa distinción entre quienes fueron incorporados en el Informe Valech y en el Rettig, calificados por una comisión que aplicó criterios tan dispares, no parece un proceso justo, sobre todo en lo que refiere al sistema de pensiones, las que bordean los 150 mil pesos para algunos ex presos políticos, con un acceso a la salud muy restringido”.
– ¿Ha hecho “oídos sordos” la administración Bachelet en la demanda que llevan adelante los huelguistas?
– “Si bien sabemos que la solución a esta demanda no depende sólo de la Presidenta, esperábamos, por ejemplo, en el discurso del 21 de mayo, al menos, una mención a la huelga, porque eso habría permitido informar al país acerca de una movilización que el mismo gobierno ha querido ocultar. Todos hemos sido testigos que ni siquiera en los canales televisivos públicos de transmisión nacional se ha dado suficiente cobertura a esta huelga. Y, además de taparla, han distorsionado información, como lo que ocurrió con la detención de dos huelguistas de la tercera edad que participaban de la protesta que se desarrolló en Valparaíso. Nunca se dijo que eran dos personas que protestaban, representando a los huelguistas de hambre”.
– ¿Cómo evalúa la acción de las autoridades regionales en torno al petitorio de los ex presos políticos?
– “Nosotros tenemos claro que las decisiones para dar solución y término a esta huelga se van a definir en Santiago y no en Punta Arenas. Por lo tanto, la buena voluntad que tengan algunas autoridades regionales no va a tener peso si en la Moneda no hay voluntad política para resolver esto. Quizás la estrategia del gobierno es generar el desgaste, porque se sabe que la mayor parte de los huelguistas son personas en avanzada edad. No ha habido ninguna declaración pública tampoco de parte del gobierno referente al grupo de personas que se han mantenido en la huelga y eso nos preocupa”.
– Ustedes han sostenido que la demanda de los ex presos políticos de la dictadura es una deuda histórica de la democracia. ¿Qué evaluación hacen del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera en esta materia?
– “De él, no había mucho que esperar. En el gobierno de Piñera, se manejaba todo dentro del círculo que a él lo rodeaba y de manera muy cerrada. Jamás hubo una interlocución con la gente organizada, él no supo escuchar las demandas provenientes de ningún tipo de movimiento social. Y si este gobierno sigue la línea del ex presidente Piñera, va a terminar cosechando una molestia similar a la de la administración anterior”.
*Fuente: La Prensa Austral