La omisión de Bachelet que perpetúa la crisis política

5 de mayo de 2015
El 28 de abril, en cadena nacional, Michelle Bachelet dio a conocer al país los principales planteamientos y propuestas que se impulsarán desde La Moneda para enfrentar la crisis de legitimidad en desarrollo.
Incorporando las sugerencias realizadas por el Comité Asesor Contra la Corrupción, el Tráfico de Influencias y los Conflictos de Interés, la Presidenta de la República anunció el inicio del “proceso constituyente” en el mes de septiembre para la elaboración de una Nueva Constitución Política del Estado.
Estos planteamientos y propuestas se inscriben en una consecución de esfuerzos desde el Gobierno y la élite política para contrarrestar un escenario crecientemente adverso –expresado en niveles de desaprobación históricos de la Presidenta de la República, las coaliciones políticas protagónicas, e instituciones como la Cámara de Diputados y el Senado–, en donde han identificado de manera transversal que el principal desafío es regular lo que se ha denominado de forma genérica como la relación entre el “dinero y la política”.
Dicho enfoque adolece de ausencia de límites y restricciones, que, a nuestro parecer, están relacionados con los compromisos fundamentales de las coaliciones protagónicas, o al menos de sus grupos dirigentes, a saber: que la crisis de legitimidad en desarrollo debe enfrentarse, en la medida que no exponga los términos fundamentales del modelo económico, social y político vigente en el país, definido por una democracia protegida y el neoliberalismo.
En este sentido, y desde nuestra perspectiva, cualquier propuesta que evite el abordaje de las condiciones estructurales del modelo chileno, cuenta con omisiones que hacen inviable que pueda resolver a fondo el problema en cuestión, y se convierten finalmente en estratagemas para la supervivencia política de las coaliciones involucradas. Sin embargo, hemos de saber, también, que las intenciones iniciales de la elite distan mucho de las que han tenido que anunciar, ya que han debido ceder en sus límites a aperturas reformistas que les abren nuevas amenazas a su búsqueda de estabilidad.
En estos meses mucho estará en juego. Y para ello debemos saber que: a) el escenario ha cambiado y se encuentra en abierta disputa; b) la disputa requiere de definiciones claras desde la vereda de los cambios estructurales.
¿Dinero y Política o Neoliberalismo y Democracia?
Es en este punto donde resulta pertinente abrir la pregunta: ¿es posible regular la relación dinero y política de forma tal que se logre establecer una “muralla china” en las actuales condiciones?
Si analizamos los escándalos de corrupción que han conmovido a la opinión pública e impulsado el anuncio de medidas como las del día de ayer,  se constata que, además de existir una relación entre el dinero y la política, se establece una ligazón íntima entre actores específicos, donde se encuentran los grupos económicos y las grandes empresas, y miembros destacados de la élite, los cuales realizan transacciones de mutua correspondencia.
Basta con revisar superficialmente los tres casos puestos en escena –Penta, SQM y Caval– para afirmar que no sólo han participado de estos escándalos los “políticos corruptos” sino también grandes grupos económicos y empresas, que han adquirido niveles de riqueza y poder con consecuencias manifiestas en la política nacional.
Por tanto, a la par de la pregunta acerca de la posibilidad de regular la relación dinero y política en las actuales condiciones, resulta indispensable también problematizar cuáles han sido las condiciones –económicas, históricas, sociales y políticas– en la génesis y desarrollo de estos poderes empresariales que han logrado imponer, en sucesivas oportunidades, sus términos sobre una actividad que debiera estar organizada conforme al escrutinio del ejercicio y la representación de la soberanía popular.
Dicho más concretamente, la existencia de al menos una docena de empresarios y fortunas entre las mayores del mundo – como señala el último listado anual de la revista Forbes– en un país pequeño como Chile, se transforma en un problema de connotación democrática decisiva y, por tanto, la mayor fuente explicativa de la forma en que durante estas décadas se ha desenvuelto la política en nuestro país.
Es así que se torna inconsistente la pretensión de regular la relación dinero y política cuando estos poderes empresariales controlan a su vez las principales actividades nacionales, como son, por ejemplo, el transporte y las comunicaciones, la educación, la salud, los bancos, la previsión social, los recursos naturales y las riquezas básicas en general, que afectan a millones de chilenos y chilenas.
Es decir, dejar fuera del problema la variable de los grupos económicos y las grandes empresas, su alta concentración económica y el poder que  representan, son omisiones brutales, que en su silencio hablan también de los compromisos que mantienen las coaliciones protagónicas con el modelo económico y político y, en consecuencia, los estrechos límites de sus impulsos reformistas.
La Asamblea Constituyente por proceso y contenido
A nuestro parecer un abordaje estructural de la relación dinero y política implica inevitablemente desarrollar en Chile un proceso profundamente democrático con un posicionamiento de problemáticas –y salidas– radicales. Es decir, proceso que active e involucre a toda la población con mecanismos deliberativos, como, a su vez, que posicione debates y soluciones que apunten a la raíz de los problemas.
Es así que, en términos de contenido, necesitamos de una ampliación hacia la relación entre neoliberalismo y democracia, problematizando el tema del poder empresarial en Chile, generalizando preguntas y  posicionándolas en el debate público, tales como:
¿Cuál debe ser la relación que establezca el país y su población respecto de sus principales actividades nacionales, relativas a funciones estratégicas, derechos sociales básicos, recursos naturales y riquezas básicas, que hoy son las bases de este poder empresarial? ¿Cuál debe ser la participación, sea mediante control estatal, impuestos o servicios públicos, frente a estas actividades?
¿Cuál fue el contenido específico del proceso de privatización del patrimonio público durante la dictadura militar? ¿Quiénes fueron sus responsables y beneficiarios?
¿De qué manera se establece una democracia con el más extendido protagonismo de la población que consagre participación y ejerza control sobre representantes políticos y sobre las principales actividades nacionales?
Junto con ello, requerimos del despliegue de un auténtico proceso constituyente, que implique entre otras cosas la realización de una Asamblea Constituyente –que no es en ningún caso el Parlamento–, en un proceso deliberativo con mecanismos de elección popular democráticos –que tampoco son cabildos consultivos–,  que activen el debate profundo y decisiones para un nuevo marco regulatorio de la sociedad.
Los  anuncios de Michelle Bachelet han sido un nuevo movimiento de piezas de una elite política que aún se sabe acorralada y que ha tenido que venir cediendo espacios y posiciones pasando del silencio y entrampe de procesos judiciales, a apertura a reformas aún limitadas.
Es en los debates y procesos que nos corresponde abrir, ineludiblemente de la mano de la presión social activa, donde se juega la posibilidad de una resolución favorable para las fuerzas sociales y políticas transformadoras, ya que estamos frente a la oportunidad de que la crisis de legitimidad en desarrollo concluya con la superación de los marcos neoliberales y de la democracia enclaustrada, por probidad y transparencia, pero más por justicia social y participación popular.
*Fuente: El Mostrador