“Una máquina para defraudar al Fisco” (Fiscal Carlos Gajardo)

Esta célebre frase del Fiscal es la mejor pintura de la anomia que caracteriza la sociedad chilena actual. Bajo los antivalores predominantes de las castas en el poder económico-político, el rol de la empresa y de sus propietarios no consiste en dar trabajo, crear bienes y servicios para toda la comunidad, contribuir al progreso de nuestro país – como lo afirmó, con ribetes de cinismo, Carlos Alberto Délano, hoy huésped de honor en la cárcel Capitán Yáber – sino que siempre busca la mayor rentabilidad personal posible, alfa y omega de su actuación y su único ethos.
Para Lavín y Délano -y muchos otros empresarios como ellos – los impuestos son una verdadera expropiación, un atentado del Leviatán, el Estado, contra el dios-propiedad privada y, según esta concepción de la vida, dedicarla a defraudar al fisco que, lejos de ser un delito, lo consideran una virtud, pues el empresario que no demuestra inteligencia y sagacidad para construir una “maquina” para defraudar al fisco, mejor debe olvidarse del emprendimiento y más bien retirarse a una vida contemplativa.
Sobre la base de la ideología de estos empresarios emprendedores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín jamás van a sentirse responsables de delito alguno, muy por el contrario, siempre se han considerado héroes, perseguidos por su creatividad y al servicio de la sociedad y como ocurrió antes con Bernardo O´Higgins y Diego Portales, están recibiendo “el pago de Chile”, ¡pobres víctimas de la incomprensión de una justicia imperfecta!
Para que exista una “cultura de la corrupción” se requiere que el comprador – el empresario, en este caso – se adueñe de la conciencia del político – el cohechado – convenciéndolo de que la ideología de la defraudación del Estado es la más coherente respecto a la búsqueda del bien común y, una vez aceptada esta premisa, la política deja de ser un servicio para convertirse en una fuente de ilimitada de enriquecimiento. Una vez que se instala en las castas plutocráticas, todo lo que antiguamente constituían los valores de la ética, sea de la convicción o de la responsabilidad, se trastocan en el único fin de la búsqueda de la rentabilidad, ya sin ninguna limitación deontológica.
Por lógica, una vez lograda la adhesión a esta ideología por parte de empresarios, de políticos y de religiosos, la élite oligárquica termina por corromperse a tal grado provocando que la ciudadanía ya no crea en ninguna institución económica, política y religiosa, produciendose el derrumbe del sistema de dominación, ignorando cómo será reemplazado, qué salida tendría esta aguda crisis.
Durante varios períodos en la historia de nuestro país, ha existido la “cultura de la corrupción” y la política como forma de enriquecimiento: durante la época del parlamentarismo, (1891-1925), no sólo se compraba el sillón de congresista, sino que también la mayoría de los políticos, siendo abogados ellos mismos de las empresas salitreras y beneficiarios de las concesiones del Estado, se enriquecían muy aceleradamente, convirtiendo de mediócratas, en nuevos ricos – nada distinto del período iniciado por el corrupto Augusto Pinochet y sus secuaces, hasta el caso Penta-UDI .
Convertido el lucro en el supremo valor y la propiedad en dios, no debe extrañar que diputados y senadores, de la noche a la mañana, acumulen más dinero que cualquiera persona que por azar ganara varias veces seguidas el Kino. Que Sebastián Dávalos y su mujer consideren una bicoca meterse al bolsillo más de 2.500 millones de pesos, que la Presidenta prefiera el papel de madre al de primera mandataria de la nación, que los Mapu, que antes eran marxistas, hoy hayan trocado su rol por el de lobistas, que la senadora Ena von Baer mienta, reiteradamente, como un carretonero, que los senadores y diputados a punto de ser formalizados por boletas falsas, usadas en su campaña, triunfando presumiblemente sobre la base de la trampa, todos estos ejemplos, prueban que el sistema político chileno está podrido a causa de la cultura de la corrupción.
El Juez de Garantía en el caso Penta, Juan Manuel Escobar destacó otra arista de cuán hipócritas son algunos de nuestros legisladores observando que en Chile el cohecho tiene una pena menor que el robo de un vehículo – lo que para él es inadmisible -. Recurramos a la historia una vez más: el cohecho ha sido el protagonista de todos los procesos electorales. Hasta 1958, antes de existir la cédula única, y los mismos candidatos imprimían las papeletas, se compraba fácilmente la conciencia del “roto” o del campesino para los oligarcas, así, el cohecho era un correctivo del sufragio universal que, según ellos, conducía directamente a la dictadura del proletariado. En la actualidad, el cohecho adquiere otras características: el electorado está previamente cooptado, pues los cargos al parlamento ya estaban repartidos – muchos congresistas llevan 25 años en el cargo, con salarios de 8 millones de pesos, y elegidos por un sistema electoral, cuya esencia es el cohecho -. Sería muy ingenuo el creer que los propios incumbentes fueran a aumentar las penas para delitos que se cometen en cada elección.
Se nos presenta hoy una ocasión privilegiada para cortar de raíz la corrupción, en consecuencia, desde ahora, hay que declarar caduco e injusto este sistema político, basado en el abuso de los poderosos sobre los más desprotegidos, y llamar, desde ahora a un plebiscito en que el pueblo se pronuncie sobre una Asamblea Constituyente, a fin de construir una nueva República.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
08/03/2015