La renuncia de la nominada Subsecretaria de Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría Moya, realizada el día viernes 7 de marzo, en horas de la noche y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, es un caso emblemático, necesario de analizar por las organizaciones de derechos humanos aún cuando es ya algo del pasado, pues pone de manifiesto las profundas contradicciones que, a menudo, se generan entre la política y la moral. Para los integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS tiene una importancia crucial dado el inmenso legado, relativo a esos tópicos, recibido de su fundador, Clotario Blest.

PRELIMINAR

Carolina Echeverría Moya fue nombrada subsecretaria de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa inmediatamente después de haber hecho público el pacto Nueva Mayoría la nómina de ministros que integrarían el gabinete de la presidenta electa Michelle Bachelet Jeria. El nombramiento se efectuó conjuntamente con el de todos los demás subsecretarios del nuevo gobierno y fue dado a conocer por el entonces vocero del pacto, Álvaro Elizalde, en el local de calle Tegualda, el día de 28 de enero pasado, fecha a partir de la cual una serie de sucesos comenzó a hacerse presente en la escena política de la nación.

ANTECEDENTES DE CAROLINA ECHEVERRÍA MOYA

Carolina Echeverría Moya es asistente social; ingresó al Partido Por la Democracia PPD cuando se desempeñaba en el cargo de presidente Ricardo Lagos Escobar período en el que comenzó a entablar relaciones con otros miembros dirigentes de esa colectividad. Muy pronto asumió cargos de gobierno comenzando con el de jefa de proyectos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y administrativo del Ministerio del Interior para, luego, continuar con el de asesora del gabinete del MINEDUC y coordinadora de la mesa de trabajo MINEDUC-FF.AA.

En 2002, asumió Michelle Bachelet el cargo de ministra de Defensa. En esos años se desempeñaba ya Carolina Echeverría en labores de gobierno como persona de la confianza del ex ministro de la Concertación de Partidos Por la Democracia, Sergio Bitar. Los vínculos entre ambas mujeres se estrecharon significativamente. Y hasta es posible que las uniera el hecho que sus padres eran oficiales de las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, perteneciesen ambas a la llamada ‘familia militar’.

En 2005, cuando ya comenzaba la efervescencia electoral y Michelle Bachelet, militante socialista, se perfilaba como la gran carta que iba a jugar la Concertación en esas elecciones, intensificó sus contactos con Sergio Bitar, destacándose como representante para Chile en el  “Diálogo de gestiones de Colombia”.  No fue por otra razón que fue nombrada coordinadora de la comisión programática para el sector Defensa de la candidatura de Bachelet. A partir de ese momento, su carrera política estaba sellada; el cargo asumido

“[…] pavimentó su camino hacia la  Subsecretaría de Marina. Para entonces Echeverría ya establecía un vínculo privilegiado con el grupo de jóvenes del PPD conocido como la G-90, liderados por el actual ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Su jefe de gabinete en el MINDEF, en ese entonces era Adolfo Galindo, también miembro del  grupo”[1].

No fue casual, por consiguiente, que, convertida ya en presidenta de la República, Michelle Bachelet llamase a colaborar con ella a la militante del PPD que ya empezaba a destacarse como persona de su absoluta confianza. Carolina Echeverría asumió el cargo de subsecretaria de Marina en 2006 y lo desempeñó hasta el 2010. De esa época data una fotografía de la presidenta que colgaba en su despacho con una dedicatoria especial:

“Para Carolina con mucho afecto y gratitud por tu compromiso con nuestra patria. Por tu trabajo y lealtad con el Chile que queremos y en el que nos esforzamos día a día. Michelle Bachelet”[2].

En 2009 fue condecorada con la ‘Orden al Mérito Naval’ al celebrarse los 122 años de la Armada Nacional. No deja de ser notable esa circunstancia pues la cartera entregada a ella jamás había sido desempeñada por mujer alguna sino solamente por hombres, y el galardón que se le otorgara es uno de los más importantes que concede el Alto Mando Naval.

Los institutos armados son una estructura tremendamente clasista. No debe sorprender que constantemente estén ‘reclutando’ a personas civiles de alto rango e influencia para trabajar con ellos. Es uno de los objetivos que tiene el llamado Curso de Adiestramiento para Oficiales Reservistas CAOR[3]. Carolina Echeverría ingresó en dicho curso egresando en 2011. Se asegura que

“Algunos de sus compañeros de generación fueron el Defensor Nacional, Georgy Schubert; el presidente de Construmart S.A. Alfredo Enrione, Cristián Solís de Ovando –representante de Atlas Bank en Chile– y primo hermano de Joaquín Lavín (UDI)”[4].

Bachelet había obtenido su postgrado de ciencias militares en la Academia Nacional de Estudios y Políticas Estratégicas ANEPE; Echeverría, que presumiblemente pretendía emularla, necesitaba algunos cursos de adiestramiento para desempeñar con éxito su labor. Por eso tomó un ‘magister’ en Ciencias Militares en 2009 en la Academia de Guerra del Ejército con mención en ‘Politica de Defensa’.

Para la campaña presidencial de 2013, se desempeñó como jefa de recaudaciones de dinero para la candidata del pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet. Para demostrar su compromiso con la tarea asumida,  su marido, Clovis Osorio, aportó 10 millones de pesos; ella lo hizo con otros cinco.

Bachelet nunca tuvo dudas acerca de su lealtad. Por el contrario. Era tanta la confianza puesta en ella que, estando aún desempeñándose como subsecretaria de Marina, y existiendo en contra suya un sumario por corrupción el año 2009, restó importancia a tales acusaciones por las razones que, más adelante, se señalarán.

No obstante, la flamante subsecretaria había estado involucrada, además, en otros sucesos.

LOS MARINOS CONSTITUCIONALISTAS

Hacia agosto de 1973, la situación al interior del país se había radicalizado profundamente. Había enfrentamientos armados en varios sectores de la capital. Y las Fuerzas Armadas, en uso de las facultades que les concedía la Ley de Control de Armas y Explosivos, hacían constantes allanamientos en busca de armamento. Sus operativos, sin embargo, no estaban dirigidos a poner fin a la violencia, considerada en su  acepción neutra. Por el contrario, los allanamientos jamás se realizaron en los barrios de altos ingresos sino en las poblaciones y sectores populares. No se necesitaba ser un profundo analista, ante semejante comportamiento, para concluir hacia qué sectores de la sociedad se inclinaban las simpatías de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

La lucha de clases, no obstante, jamás se detiene: los dominadores la libran para seguir dominando; los dominados, para sacudirse las cadenas de la opresión. Un grupo de efectivos de las Fuerzas Armadas, de innegable raigambre popular, había advertido el grado de polarización que se apoderaba de dichas instituciones. No lo hacía de manera diferente otro grupo de marineros que había ya empezado a ‘deliberar’ frente a la ‘deliberación’ que realizaban clara y abiertamente los altos mandos de la Armada. El motivo, sin embargo, no era diferente al que había guiado la acción del general René Schneider o del edecán del presidente Allende, el comandante de la Marina Arturo Araya Peters: la defensa irrestricta de la Constitución y del gobierno legítimamente elegido. Por eso, a los grupos que defendían tales principios se les llamó ‘constitucionalistas’. Constituye, por consiguiente, un disparate referirse a ellos como ‘marineros revolucionarios’ o marineros que buscaban descabezar al alto mando, como se ha insistido majaderamente en determinados sectores castrenses para desprestigiar la labor de esos soldados. Simplemente, se trataba de estamentos que sólo querían denunciar un complot que comenzaba a gestarse al interior de los institutos armados, organizado por personas interesadas en romper una institucionalidad que, a juicio de las mismas, parecía haberse agotado.

En la Marina el grupo de marinos constitucionalistas estaba ya operando. De hecho, hacía poco tiempo que había sostenido algunas conversaciones con miembros del Partido Comunista PC, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y ministros de la Unidad Popular denunciando la inminencia de un  golpe de Estado que fraguaban los institutos militares. No se le había creído. López revelaría esos hechos más adelante, sin ocultar su amargura:

“Nos dijeron que estábamos especulando, que nos fuéramos a la unidad y cumpliéramos con nuestro deber”[5].

Sin embargo, ignoraban aquellos marinos que la dirección de la Armada no solamente había ya puestos sus ojos en ellos, sino seguía pacientemente sus pasos.

No debe sorprender, en consecuencia, que el día 07 de agosto de 1973, al terminar el marinero Víctor López sus servicios en la Base Naval de Talcahuano y prepararse para ir a descansar, se le acercara uno de sus superiores, de nombre Santiago Lorca, quien, luego de contarle que debía concurrir hasta la llamada ‘Puerta de Los Leones’, a la entrada de la Base, para retirar unos equipos, le urgiese:

“Necesito que me acompañes”.

López quiso negarse, pero Lorca insistió. Y como el marinero continuase con su negativa, fue llamado un oficial a objeto de dirimir la disputa. Naturalmente, el conflicto no se zanjó en favor del marinero.

“Tienes que ir tú”, ordenó el oficial, perentoriamente a López.

Lorca y su acompañante subieron a un automóvil y partieron en dirección a la entrada de la Base; pero, al llegar a la ‘Puerta de Los Leones’, el vehículo que manejaba el primero de aquellos no se detuvo sino continuó hacia un lugar desconocido. En sus declaraciones, expresaría López, más tarde:

“Era de noche, estaba oscuro. No tenía idea dónde ni a qué iba”[6].

Cuando, finalmente, el automóvil se detuvo, una voz enérgica, desde el exterior, ordenó al marinero descender. Frente a él había un pelotón de infantes de Marina que se le acercaron y, sin preguntarle siquiera el nombre o su graduación dentro de la institución, comenzaron a golpearlo. Víctor diría, después:

“Me sacaron la cresta. Es un tratamiento de shock, típico de interrogatorio, para desconcertarte”.

Según lo expresa el diario ‘El Clarín’,

“En agosto de 1973, […] el entonces ministro de Defensa, Orlando Letelier, ante la evidencia de las horribles torturas contra los marinos que habían denunciado el golpe inminente, decide incoar sumarios. El comandante en jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, ordenó que la Fiscalía Naval iniciara la acción jurídica contra los torturadores”[7].

Esas investigaciones se suspendieron con el golpe de 1973. López, junto a otros ochenta compañeros, no solamente fue torturado, sino permanecería en prisión durante los tres años que siguieron al golpe militar de 1973 para, finalmente, salir al exilio.

Desde 1990, esos marinos constitucionalistas intentaron, en vano, convencer a los sucesivos gobiernos de la Concertación acerca de incluir el nombre de todos ellos en calidad de exonerados en los proyectos de ley que se estaban presentando al Parlamento. Jamás fueron considerados. Fue en esos años cuando constituyeron una agrupación que lleva el nombre de ‘Asociación de Marinos Exonerados’.

En 2002, al asumir como ministra de Defensa Michelle Bachelet Jeria, los marineros pensaron que se abría para ellos una esperanza, toda vez que la flamante nueva secretaria de Estado había sido hija de un general muerto en defensa de la institucionalidad. Según Víctor López, que es el presidente de la Asociación:

“Fuimos a hablar con ella al Ministerio. Nos acogió muy bien y nos dijo que entendía nuestra situación, que había pasado por lo mismo por su papá. Creamos una comisión de trabajo para elaborar un anteproyecto de ley para los exonerados de todas las Fuerzas Armadas”.

La comisión, a cargo del entonces subsecretario de Carabineros Felipe Harboe (PPD), trabajó en un proyecto que sólo quedó listo el año 2005, 30 años después que los marinos habían sido exonerados, y les reconocía un piso de jubilación de veinte años en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional CAPREDENA.

Sin embargo, ese año comenzó la preparación de la campaña presidencial que llevaría al sillón presidencial a Michelle Bachelet. El proyecto quedó a la espera de lo que determinaría la nueva ministra de Defensa. Asumió en ese cargo Vivianne Blanlot (PPD) quien, a poco de ser nombrada, se reunió con los marinos. Según Víctor López, en esa entrevista, Blanlot:

“Nos dijo lo mismo que Bachelet, que nos entendía y que tendríamos la ley. Lo único que faltaba era la firma presidencial. Ahí viene nuestro error. Nos dijeron que como ahora eran gobierno se podía pedir lo que correspondía. Así que iban a hacer el proyecto de nuevo y en vez del piso de 20 años, iban a considerar el total. O sea, 30 años de jubilación”.

Para hacer aquello era necesario, no obstante, trabajar con la nueva subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría Moya. Sin embargo, dicho trabajo llegó a su término luego de reducirse drásticamente los planteamientos de los marinos a uno bastante ambiguo que fue estimado como proyecto final y sometido a conocimiento de la Secretaría General de la Presidencia SEGPRES a espaldas de los involucrados.

“Al final de los nueve puntos que presentamos, todo quedó en uno y nunca supimos cuál era. Lejos de mejorar el anteproyecto lo redujeron. Ella lo mandó a la SEGPRES, sin avisarnos, y desde ahí necesitaban la firma del Ministerio de Hacienda”.

Un año había pasado. El 09 de marzo de 2007, la respuesta llegó en la forma de un oficio de la Dirección de Presupuesto dirigido al jefe de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia SEGPRES, con la firma de su director, que era, entonces, el actual ministro de Hacienda del gobierno de Nueva Mayoría Alberto Arenas (PS), en el que se podía leer lo siguiente:

“Se estima que se ha cumplido con todos los compromisos asumidos por el ejecutivo en relación a ese tema, por lo que no se considera pertinente presentar nuevos proyectos de ley que concedan nuevos o mayores beneficios”.

Aquello fue un golpe duro para los marinos que no desfallecieron sino, en mayo de 2008, entablaron una querella por apremios ilegítimos y torturas en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas que resultasen culpables por la comisión de tales delitos durante los años 1973 y 1976.

En el curso de la primera quincena de junio de 2009 se reunieron los marinos con el Comandante en Jefe de la Marina Almirante Rodolfo Codina y con otros altos oficiales a fin de discutir el estado de las gestiones realizadas ante los organismos de gobierno relativas a sus jubilaciones. Estaba presente en la reunión el Vicealmirante Edmundo González, que asumiría en calidad de Comandante en Jefe de la Armada el 18 de ese mismo mes. El alto uniformado aseguró a los marinos que esa institución haría las gestiones necesarias para que recibieran su pensión por intermedio de CAPREDENA en calidad de ex funcionarios de la Armada. Agregó que, antes, debía informar al Ministerio de Defensa y a la Contraloría para obtener la venia respectiva.

El día 27 de noviembre de ese mismo año 2009, recibió López una llamada de Carolina Echeverría quien, junto con expresarle que tenía una buena noticia para él, le informó, además, que el gobierno de Bachelet estaba a favor de los acuerdos a los que había llegado su grupo con la Marina, que los apoyaría, pero que aún faltaba un trámite en la Contraloría. Así, le dijo:

“Dado que hay algunos marinos que interpusieron una querella por tortura contra la Armada, el trámite con el contralor podría ser inviable. Por tanto te solicito, en forma muy personal, que instruyas a tu gente para que se desistan de la querella”.

La condición impuesta por Echeverría sorprendió a López quien, de inmediato, redactó una carta a Bachelet denunciando esos hechos, pero ésta no sólo no la respondió sino, simplemente, no la leyó. Fue aquella la última vez que los marineros se relacionaron con la subsecretaria. López informaría, más tarde, que:

“La mayor ironía es que finalmente fue el gobierno de Sebastián Piñera el que aprobó la ley”.

LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BARRANCONES

Carolina Echeverría no era una blanca paloma. Según lo investigara la empresa periodística CIPER, en los años anteriores, la subsecretaria había organizado con su marido Clovis Osorio Olave, una empresa llamada ‘Osorio & Echeverría Consultores Asociados Ltda.’. Esa sociedad envió una solicitud a la Subsecretaría de la Marina en la época en que ella se desempeñaba en ese cargo pidiéndole información sobre concesiones marítimas e, incluso, realizando un estudio de terreno; el objetivo era resolver algunas dudas acerca de la factibilidad de un proyecto que quería realizar la empresa franco/belga ‘Suez Energy’ para una termoeléctrica en Barrancones. La consultora, en la que tenía intereses la subsecretaria, recibió el pago de siete millones de pesos que fue depositado en la cuenta corriente de la sociedad mientras aquella se desempeñaba aún el cargo. La operación fue descubierta al interior de la institución cuando la subsecretaria se encontraba en Londres. Advertida de lo que sucedía, pidió ella misma una investigación que quedó a cargo de la abogada Dushanka Ropert formulándose cargos en contra de la subsecretaria, su marido y el jefe de concesiones marítimas, comandante (r) Sergio Lira Arias. El sumario terminó eximiéndose de toda culpa o responsabilidad a Carolina Echeverría quien contó, en esa oportunidad, con todo el apoyo de Rodrigo Peñailillo, jefe de gabinete de Bachelet en ese entonces. Sorpresivamente, el 21 de octubre de 2009 la Subsecretaria denegó el permiso para el proyecto de Barrancones alegando que no tenía

“[…] antecedentes suficientes que dieran una seguridad legal y administrativa para resolver favorablemente la solicitud”.

Funcionarios del Ministerio de Defensa recuerdan que Echeverría solía decir que no entendía por qué la estaban investigando en circunstancia que ella ‘nada había hecho’[8].

EL PADRE DE CAROLINA ECHEVERRÍA

Carolina Echeverría Moya es hija de un coronel en retiro llamado Víctor Echeverría Henríquez quien, a pesar de haber tenido activa participación en reiteradas violaciones a los derechos humanos, no ha sido condenado por tribunal alguno y transcurre sus días tranquilamente en la ciudad de Iquique. En la época del golpe militar de 1973, este sujeto era capitán del Regimiento Buin. Tenía a su cargo un destacamento de individuos con los que actuaba para la captura de personas vinculadas al depuesto Gobierno de la Unidad Popular. Realizó trabajos en la llamada ‘Inteligencia’ militar y mantenía contactos con la policía civil para la captura de los militantes de los partidos populares. No se caracterizó sólo por ser una persona incondicional al régimen militar del que formó parte, sino se transformó en uno de sus más eficaces colaboradores pues actuó capturando a quienes iban a ser sus víctimas, torturándolas e, incluso, violando a algunas mujeres[9], cuando no abusando deshonestamente de ellas.

¿Por qué no ha sido condenado, entonces, por  los hechos de los cuales se le acusa, sino goza de libertad y de una buena remuneración como jubilado de las Fuerzas Armadas?

Es importante recordar que el retorno a la democracia, luego de la negociación con el régimen pinochetista, implicó aceptar como ‘realidad’ gran parte de la ‘obra’ de este último; entre otras cosas, la imposibilidad de procesar a todos los que violaron los derechos humanos. Ello no fue casual.

Con excepción de los institutos armados, el llamado Poder Judicial representa, tal vez, la manifestación más elocuente de la verticalidad del mando y de cómo ‘los de arriba’ han de gobernar a ‘los de abajo’. Las expresiones ‘a Vuestra Señoría ruego’, ‘su Señoría Ilustrísima’, al ‘señor Juez Letrado, respetuosamente digo’ que acostumbran a colocar los abogados en sus escritos, no son simples alocuciones de buena crianza; tampoco lo es el ‘delito de desacato’. Constituyen la expresión de un conservadurismo que se perpetúa a través de los siglos y constituye la forma de vida de algunos estamentos de la sociedad chilena como lo son los tribunales. El juez es una bestia en su cubil: un dios. El retorno a la democracia no podía, en modo alguno, significar la aplicación de una justicia que se pronunciara a favor de las justas reclamaciones de las víctimas. Menos, aún, luego de una negociación que pretendía mantener los privilegios que había concedido la dictadura a determinados sectores sociales. Para llevar a los criminales a la cárcel, había que ‘probar’ a los jueces los hechos que se alegaban. El problema era que las heridas se curan en el tiempo; también los golpes. Las torturas pocas veces dejan huellas; tampoco las violaciones o los abusos deshonestos; menos cuando tales actos han sido cometidos en la soledad de un cuartel, sin testigos y sin documentos o pruebas incriminatorias. Por lo demás, en los institutos armados existe un vínculo estrecho que une a sus miembros. Se le denomina ‘lealtad’, pero en verdad, se trata de una ‘incondicionalidad’, de una verdadera ‘conspiración del silencio’ para no entregar a quienes son responsables de actos delictuales.

¿Cómo pudo ocurrir aquello? La permanencia de Pinochet en 1990, de necesaria en un comienzo, se había transformado en un problema para el gobierno norteamericano. Las protestas demostraban que hasta un régimen de fuerza podía ser depuesto y ofrecer como alternativa aquello que más temía, precisamente, el sistema capitalista mundial: un régimen pro soviético en pleno corazón de América Latina. Para evitar aquello Pinochet debía irse y ceder espacio a la formación de una democracia post dictatorial, con un modelo neoliberal protegido y leyes que asegurasen una eficiente extracción de plusvalor. Eso era posible hacerlo pues un grupo de personajes opositores, fundamentalmente demócrata cristianos, desde los inicios de la dictadura, insistía majaderamente en ‘negociar’. El momento había llegado. Era necesario imponer las condiciones. Y dichas condiciones se hicieron valer. Carlos Cáceres representó a la dictadura frente a una oposición pusilánime que aceptó, punto por punto, aquello que se le imponía para la entrega del mando: reemplazar las protestas por las concentraciones, terminar con las tomas de territorios urbanos,  mantención del modelo económico, imposibilidad de procesar a todos los que violaron los derechos humanos, en fin.

No fue por otro motivo que gran parte de las acusaciones formuladas en contra de determinados estamentos provenientes de los institutos armados con posterioridad al golpe terminaron sin encontrarse pruebas ni culpables. Y, aunque parezca extraño, muchos de esos sujetos ingresaron a partidos políticos o permanecieron (y permanecen) en sus cargos o fueron recontratados, paradojalmente, por negociadores que representaban, presuntivamente, los intereses de los sectores dominados.

En la primera quincena de marzo se ha tenido conocimiento de la participación de Víctor Echeverría Henríquez en el asesinato de varias personas y, eventualmente, de un menor de 8 años. Echeverría es, a la vez, uno de los tantos que se niega a entregar antecedentes por lo que puede considerársele, de todas maneras, en el carácter de ‘encubridor’. Es, hoy, solamente y en consecuencia, uno de los tantos criminales que circulan libremente por las calles de nuestro país. Como lo hace el propio instigador del golpe Agustín Edwards Eastman para, simplemente, colocar un ejemplo.

LAS PRUEBAS.

Para obtener una condena se requieren pruebas. Pero las pruebas que pueden esgrimirse en contra de quienes violaron los derechos humanos, deben, a menudo, basarse en el testimonio individual que rinden algunas personas. Ese testimonio tiene validez solo en la medida que esas personas exhiben un comportamiento moral que, haciendo imposible en ellas la fabricación de un hecho falso o de una mentira, conduce a estimar sus afirmaciones como una verdad.

Un testimonio moral conduce, no obstante, las más de las veces, a un juicio moral; y un juicio moral sólo permite la aplicación de un castigo moral. En consecuencia, cuando ese juicio se realiza y hay una condena para el criminal, el castigo, que en determinados juicios debería traducirse en privación de la libertad, queda reducido tan sólo al repudio que la comunidad manifiesta hacia el sujeto acusado.

Hasta el momento, tratándose del caso de un sujeto como Víctor Echeverría Henríquez, su calidad de esbirro de la dictadura, de torturador y violador solo puede probarse con testimonios de personas que poseen una solidez moral de proporciones. El juicio a semejante sujeto, en tanto no existan pruebas concluyentes, sólo puede ser un juicio moral.

Quienes han afirmado la calidad de torturador de Echeverría Henríquez son personas de irreprochable conducta en cuanto a la defensa de los derechos humanos; personas que, desde los inicios de la dictadura tuvieron una destacada participación, junto a sus familiares, en la defensa de los derechos de los perseguidos.  Así lo ha reconocido el sacerdote jesuíta José Aldunate, creador del Movimiento Contra la Tortura ‘Sebastián Acevedo’ cuando, refiriéndose a la calidad moral de los denunciantes ha expresado:

“El testimonio de ellos es contundente. Hay otros también, y mientras eso no se aclare ante la opinión pública […] yo creo que ella debe dar un paso al lado nomás, no creo que pueda asumir un cargo”[10].

Uno de esos testigos es Mercedes Bulnes Núñez. cónyuge de Roberto Celedón, abogado que trabajó intensamente en la defensa de los perseguidos; la otra, Mónica Echeverría Yáñez, escritora, viuda de Fernando Castillo Velasco, miembro del Comando Nacional por la Abstención y cofundador del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU.

La primera, en un programa radial de principios de febrero, expresó de Víctor Echeverría, lo siguiente:

“Él, Víctor Echeverría (Henríquez), era capitán en ese entonces, y llegó al domicilio de mi padre, donde yo estaba ese día, el 23 de octubre de 1973, a detenernos a mí y a mi marido y nos llevaron al Regimiento Buin. Yo soy casada con Roberto Celedón. Esa noche Roberto fue torturado […] A mí me dejaron en libertad al día siguiente, pero fui detenida nuevamente una semana más tarde”[11].

Y la segunda:

“El capitán Echeverría estaba a cargo de inteligencia militar y trabajaba con Investigaciones. Él me detuvo y él mismo también me interrogó […] Fue un hombre cruel, que no sólo torturó, sino que también violó”[12].

Carlos Pérez, por su parte, ex oficial de Ejército, que estuviese exiliado en Estocolmo, actualmente en Chile, hombre vinculado hoy, de una u otra manera, al CODEHS, expresó en una entrevista televisiva:

“Con mi hija, siendo un bebé recién nacido, mi esposa fue llevada también para ser sometida a interrogatorios y querían que declarara en mi contra y a mí me decían que la iban a golpear, y ese era el señor Echeverría el que decía eso”[13].

Pero, como ya se ha dicho, en los últimos días de la primera quincena de marzo se han recogido otros testimonios. El teniente Kenny Aravena Sepúlveda ha accedido entregar al juez Carroza los antecedentes que involucran a Víctor Echeverría Henríquez en violaciones a los derechos humanos[14] y es posible que la querella presentada en estos días en contra suya pueda ser acogida a tramitación.

LA REACCIONES ANTE EL NOMBRAMIENTO

a)       Dentro del pacto Nueva Mayoría

Nueva Mayoría no es el conjunto de partidos que ha manifestado apoyar ese pacto; en verdad, Nueva Mayoría parece ser, más bien, el selecto grupo de personas que rodea a Bachelet y que realiza operaciones políticas en su favor dentro del más estricto secreto. Hay una suerte de separación entre esos dos sectores. Esta misma separación existe al interior de los partidos entre dirigencia y dirigidos. Podemos, pues, suponer que muchos de los sucesos en que se vio involucrada Carolina Echeverría no fueron conocidos por todos los militantes de las colectividades que integran el pacto Nueva Mayoría. Pero, cuidado: esa circunstancia puede resultar estéril para los efectos de intentar un análisis acerca del comportamiento de la militancia partidaria. Porque un partido es una organización; tiene, en consecuencia, ‘espíritu de cuerpo’ o ‘espíritu de pertenencia’. Como todas las organizaciones. Especialmente en Chile donde la economía social de mercado campea y los principios empresariales son constructores inevitables de una nueva moral. No olvidemos que quien detenta el poder material de una sociedad detenta, también, su poder espiritual. El ‘espíritu de cuerpo’ empresarial opera con fuerza no sólo dentro de los partidos sino en los clubes de fútbol, en sus barras, en los colegios y escuelas, en fin. Hay una defensa irrestricta del lugar u organismo al cual se pertenece, en donde se vive o trabaja; se le supone propio, parte de la identidad de quien vive allí. Aunque aquello sea una mentira. Porque, en el fondo, el ‘espíritu de pertenencia’ no es sino la defensa de una aspiración, de un ideal. Es el amor a ese ideal. Pero, como muy bien dijo, una vez, Richard Sorge, ‘cuando se ama a un ideal se está amando una mentira’. Lo expuesto dice relación con un hecho: la militancia de los partidos tiende, fatalmente, a defender la actuación de la dirigencia y pocas veces permite que se alce la voz de la disidencia.

La defensa de Echeverría ha sido hecha, aparentemente, en forma personal; pero, tras la calidad dirigencial de quienes han hecho tal defensa se oculta la defensa institucional. Uno de los primeros en salir a hacerlo fue su compañero de partido y presidente de esa colectividad, el PPD Jaime Quintana quien, en un programa radial de bastante difusión, no sólo puso en duda las acusaciones tanto de Mercedes Bulnes como de Mónica Echeverría y Carlos Pérez, sino procedió a emplear expresiones injuriosas, tales como las de ‘presuntos crímenes’ denunciados por ‘presuntas víctimas’. El otro fue el propio ministro de Defensa del pacto Nueva Mayoría Jorge Burgos (DC) que defendió a la Subsecretaria con los siguientes términos:

“Yo la respaldo en lo personal […] nadie puede hacer un impedimento a una persona porque el padre está acusado […] En un Estado de Derecho quienes determinan las responsabilidades penales son los Tribunales, no los denunciantes, ni tampoco son responsables los hijos; eso es ajurídico”[15].

El día 21 de febrero pasado, por equivocación, la Radio Biobío dio a conocer la noticia que la Subsecretaria, debido a la presión ejercida por los grupos defensores de los Derechos Humanos había renunciado. Inmediatamente, el recién nombrado ministro de Defensa del pacto Nueva Mayoría, el demócrata cristiano Jorge Burgos, salió en defensa de la Subsecretaria desmintiendo el hecho:

“Esa información no tiene asidero. Estoy en condiciones de señalar que, como es obvio, he estado en contacto permanente con Carolina Echeverría, futura subsecretaria de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional y puedo reiterar que la información […] no es efectiva. Lo puedo señalar categóricamente”[16].

Dos días después, el 23 de febrero, al aceptar las renuncias de dos sujetos elegidos para desempeñar el cargo de posibles subsecretarios en las carteras de Agricultura y Bienes Nacionales (un cuentero y un pícaro), Bachelet dio implícito apoyo a la subsecretaria. No fue novedad, en consecuencia, que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo expresara ese mismo día, a la prensa que

“Ha salido ya el comunicado y todos conocemos a Carolina Echeverría, ella ya desempeñó un cargo en el gobierno anterior y tiene una gran experiencia en relación con las Fuerzas Armadas y sabemos de su compromiso en materia de Derechos Humanos”[17].

Mater dixit.

b)      Las reacciones de las agrupaciones de derechos humanos

Faltaba, sin embargo, algo más: la irrupción de las organizaciones de derechos humanos. La insistencia de los grupos de poder que controlan el pacto Nueva Mayoría en torno a mantener en su cargo a Echeverría causó profunda molestia en algunas organizaciones de derechos humanos. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD, por intermedio de su presidenta Lorena Pizarro, en Radio Cooperativa, expresó al respecto que toda política debe mantener

“[…] el compromiso con los derechos humanos, con la verdad y la justicia… No hay nadie que pueda sentir que lo que estaba en el centro era eso.

Lo que ocurre es que lamentablemente ella (Carolina Echeverría) tiene dos situaciones que dificultan lo que puede significar el avance en un tema tan largamente retrasado como es la demanda de verdad y justicia. No nos deja conformes y, más allá, es una mala señal para lo que viene. Hay que degradar a los genocidas y espero que la señora Echeverría esté dispuesta a degradar al torturador de su padre”[18].

El asedio a los líderes del PPD que querían pasar por encima de los principios de derechos humanos había empezado el día 3 de marzo, cuando las dirigentas de las agrupaciones de víctimas de tales atropellos llegaron hasta la sede del PPD para entrevistarse con Jaime Quintana y Pepe Auth. Cuando, en la tarde de ese mismo día, dieron cuenta esos dirigentes partidarios al resto de la directiva su encuentro con Ana González y Lorena Pizarro, no todos estuvieron de acuerdo en apoyar a Carolina Echeverría. Quintana decidió entonces comunicarse, al día siguiente, con la subsecretaria para darle a conocer las dificultades que enfrentaba. La cuenta regresiva para aquella comenzaba a rodar.

No vaya a pensarse, sin embargo, que la fe y la devoción que algunos sectores manifestaban por Michelle Bachelet experimentarían algún menoscabo por estos sucesos. No. Ferviente admiradora de Bachelet, así lo expresaría con claridad Ana González, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y militante del PC:

“[…] si ella (Carolina Echeverría) respeta a la Presidenta, lo que debiera hacer es renunciar”[19].

Tampoco Carmen Hertz, enviada a Rumania en calidad de embajadora, bajo el anterior gobierno de Bachelet:

“Es muy desafortunada la intervención de la subsecretaria Echeverría. Es agraviante que ella cuestione la calidad de las víctimas con la explicación de que cree en la justicia y que si no hay condena eso es suficiente. La justicia de la que habla favoreció por casi cuarenta años la impunidad, y por ello en sus palabras hay una profunda ignorancia de lo que es este país. ¿Acaso no conoce cuál fue el rol del poder judicial durante el exterminio y hasta bien avanzada la transición? Sería bueno que Echeverría se enterara de que sólo desde hace dos años la justicia está considerando la tortura como lo que es: un crimen de lesa humanidad. Antes no se aceptaban las denuncias ni siquiera a tramitación”[20].

La tónica era descalificar solamente a la subsecretaria, no a quien la había elegido en el carácter de colaboradora.

No lo hizo de la misma manera Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP, en el marco de la conmemoración de los 22 años del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que presidió Raúl Rettig, para quien

“Nos parece una pésima señal que la presidenta Bachelet mantenga en el cargo a una reservista del Ejército capaz de chantajear a un grupo de ex marinos que intentaron interponer una querella por torturas. Para nosotras ella no es ninguna garantía que en el futuro respalde iniciativas que hoy duermen en el Congreso, como es la degradación a militares involucrados en violaciones a los Derechos Humanos”.

Alicia Lira recalcó que

“[…] es una pésima señal que partidos de la Nueva Mayoría respalden en forma corporativa a Echeverría y, sin embargo, no tuvieron la misma actitud corporativa para discutir y aprobar proyectos relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, la verdad y la justicia”[21].

c)       La defensa partidaria o corporativa

Salvo en la entrevista que le hiciera el diario La Segunda de 5 de marzo de 2014, Echeverría mantuvo hermético silencio acerca de su situación. Fueron otras personas quienes tomaron a cargo su defensa. Fue, como lo expresó Alicia Lira, una defensa corporativa. En primer lugar, lo hizo el lobby que la colocó en el cargo; luego, el estamento leal al pacto.

De los primeros, uno de ellos había sido Francisco Vidal, CAOR del Ejército como su defendida; por consiguiente, estamento de la llamada ‘familia militar’:

“Hay una discusión y hay que ponerse de acuerdo en un punto. En las Fuerzas Armadas hay miembros activos que son hijos de personas condenadas, no acusadas, sino que condenadas por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué se hace ahí? Yo creo que los hijos no pueden hacerse responsables de lo que hicieron sus padres”[22].

El PPD recibía, en tanto, los embates de varios de sus personeros, críticos ante el nombramiento de Echeverría. Uno de ellos era el diputado Tucapel Jiménez. Ante esas presiones, ante la fuerte ofensiva desatada por organizaciones de derechos humanos, el partido decidió abrirse a una salida honrosa de la subsecretaria:

“El acuerdo es que su historia personal no la descarta para el cargo, porque es representante de la familia militar, pero también sigue las líneas de su partido. Otro tema es que hay un debate sobre las consecuencias en el mundo político respecto de que ella asuma. Dijimos que ella tiene que evaluar los costos, y nosotros vamos a apoyar lo que ella y la Presidenta decidan. Ellos van a decidir lo que sea mejor para el gobierno y para el país”[23].

Tucapel Jiménez había señalado el día anterior, 5 de marzo, molesto ante las declaraciones de la protegida de Harboe, a la prensa:

“Las declaraciones que ayer dio Carolina Echeverría a un medio escrito dejan en evidencia algo que era muy previsible, que era la defensa a su padre en lugar de hacer una férrea defensa de los derechos humanos en este país. Lamentamos que ella tenga que pagar por lo que hizo su padre, pero estamos en presencia de un evidente conflicto ético que hace insostenible que ella siga en su cargo”[24]

La defensa de Echeverría también fue hecha por el partido Comunista PC en su carácter de miembro del pacto Nueva Mayoría. No debía sorprender; ya Ana González había dado a entender su ciega obediencia a los dictados de la presidenta. Y Hugo Gutiérrez había bajado la guardia ante una eventual querella que había anunciado en contra de dos autoridades del norte, nombradas por el grupo asesor de Bachelet.  Por eso, ¿debía llamar la atención que, a nombre de ese partido, también Guillermo Teillier repitiese, el día 06 de marzo, un día antes que la subsecretaria entregara su carta renuncia a la presidenta Bachelet, la mismas expresiones empleadas por los representantes de las demás organizaciones políticas, según las cuales

“[…] no se puede culpar a los hijos por la conducta de los padres”?

Sin lugar a dudas que no. Lo extraño fue, no obstante, las palabras que pronunció a continuación, de innegable contenido neutro, que evidenciaban la lucha que se libra al interior de esa colectividad frente a un pacto que obliga a pasar por encima de principios morales intransables. Sostuvo Teillier, respecto de Carolina Echeverría que:

“[…] es una subsecretaria, la ha nombrado la Presidenta de la República. Nosotros dijimos siempre que íbamos a respetar lo que dijera la Presidenta de la República”.

“[…] sabemos que hay una mirada crítica de parte, sobre todo, de movimientos de Derechos Humanos a los que también hay que escuchar, pero yo creo que a esta altura lo que cabe hacer es que avancen más las cosas, ver en los hechos, en la práctica, qué es lo que pasa”.

“[…] tanto derecho tiene la Presidenta a mantenerla como las organizaciones de Derechos Humanos a criticar”[25].

Y eso era dejar las cosas tal cual estaban. No pronunciarse, pero a la vez respaldar a la presidenta. Jugar el papel de un moderno Poncio Pilatos frente a un dilema moral.

d)      La defensa de la presidenta

La defensa de Bachelet a Echeverría no fue distinta de las demás: ignoró todos los otros cargos formulados en contra de su subsecretaria, limitándose a hacer una apología del derecho que tienen los hijos a no responder por las culpas de los padres. Su argumento fue el mismo que esgrimiera el PPD, el PC y la DC: los hijos no deben pagar las culpas de los padres. El día jueves 6 de marzo, en una entrevista que le hiciera Don Francisco, en el programa de Canal 13 de TV ‘Las caras de La Moneda’, expresó:

“En el caso de la subsecretaria, yo estoy convencida de que el papá si está imputado de algo, que desconozco si está imputado realmente, tendrá que enfrentar y será la justicia la que determine. Carolina fue subsecretaria en mi gobierno anterior, fue subsecretaria de Marina, y fue una buena subsecretaria. Tiene experiencia, hizo un magister en Defensa, es una persona calificada y de verdad yo no me quiero pronunciar sobre la situación del padre. La justicia tiene que hacerlo. Uno no debe nunca hacer que los hijos tengan que tener consecuencias por las decisiones que han hecho los padres”[26].

Fue curioso, porque al día siguiente Echeverría sorprendería con su carta renuncia; las defensas quedarían en el aire, como palabras dichas al azar y la realidad se haría presente como un acontecimiento imposible de soslayar. Una realidad que provocaban las exigencias morales de toda una sociedad. Porque, en verdad, la permanencia en el cargo de Echeverría era, más que nada, un asunto moral.

LA RENUNCIA.

Carolina Echeverría renunció el día viernes 7 de marzo en carta enviada a la presidenta electa Michelle Bachelet y que se incorpora a este documento en calidad de anexo. El día anterior, la mandataria había participado en el programa ‘Las dos caras de La Moneda’ dirigido por el astro televisivo Don Francisco. Allí, Bachelet había hecho una fuerte defensa de su subsecretaria.

Ante esa renuncia, el PPD, que había defendido torpemente a ultranza la permanencia de la subsecretaria en su cargo, por boca de su presidente Jaime Quintana, debió pronunciarse. Y lo hizo de una manera igualmente torpe pues asimiló el derecho de Carolina Echeverría a renunciar al derecho de protestar que tienen las organizaciones de derechos humanos. Así, expresó, una vez más, Jaime Quintana:

“La voz de las organizaciones de derechos humanos nos merece todo respeto. El mismo respeto nos merece la renuncia de Carolina Echeverría”[27].

Mezclar peras con manzanas pareciera ser la tónica de esa organización bajo su actual dirección.

DOS PREGUNTAS IMPORTANTES.

Antes de intentar un análisis del caso debemos, sin embargo, referirnos a dos circunstancias que pueden producir cierto escozor: es la primera si la presidenta sabía acaso el problema que aquejaba a sus subsecretarios y, en especial, el que afectaba a Echeverría; la segunda es si la propia Echeverría sabía o no acerca de las acusaciones que existían en contra su padre.

En verdad no podemos afirmar con certeza ni una ni otra cosa sino, tan sólo, entregar elementos objetivos que permitan ayudar a formar una opinión al respecto. Respecto de si Bachelet sabía o no los problemas que aquejaban a sus subsecretarios y, en especial, el que se refería a Echeverría, solamente tenemos sus expresiones en esa entrevista que le hiciera el astro televisivo Don Francisco en el programa de Canal 13 ‘Las dos caras de La Moneda’, donde ella expresó:

 “Hemos hecho un chequeo para que las personas no tengan ninguna situación compleja y la verdad es que hicimos lo que más pudimos como personas civiles, nosotros no somos un servicio de inteligencia. Hay personas que luego que aparecieron elementos que a ellos mismos los motivo a decidir que querían dar un paso al lado para no ser un problema para el gobierno”[28].

Bachelet limitó sus intervenciones a referirse solamente a la calidad de hija que Echeverría tenía respecto de su padre, no a los otros hechos. Puede, sin lugar a dudas, entonces, sostenerse que la presidenta pudo haber sido sorprendida en ese aspecto. También pudieron serlo sus asesores, y los asesores de los asesores pues, a menudo, suelen hacerse presentes quienes, al exigir la nominación de determinadas personas para ocupar determinados cargos sólo defienden sus particulares intereses. La regla general es, sin embargo, que, en política, nadie puede alegar haber sido sorprendido o demostrar ingenuidad pues en esos ámbitos existen sólo juegos políticos que, a menudo, se malogran.

No explican, con todo, esos hechos por qué el período en que se discutió la conveniencia de mantenerla en el cargo se extendió por más de un mes. No olvidemos que la subsecretaria Echeverría fue designada en el cargo el 28 de enero. Al día siguiente, 29, CIPER publicó los antecedentes que la involucraban en haber entregado información confidencial a su marido para una empresa en la que ella era socia, siendo sumariada por ello. Y, dos días más tarde, las acciones de su padre eran denunciadas por Mónica Echeverría y Mercedes Bulnes, provocando fuertes reacciones en varios ámbitos nacionales. Durante todo el mes de febrero fue defendida por numerosos personeros de Nueva Mayoría, incluyendo al ministro del Interior. Y el 6 de marzo, un día antes que renunciara, en la entrevista ‘Las dos caras de La Moneda’ a que nos hemos referido anteriormente, la presidenta hizo una última defensa de ella.

Llama la atención que nadie de quienes elevaron su voz en defensa suya tocaran los casos de los marinos constitucionalistas, el caso Barrancones y su rol en la protección del almirante Edmundo González y el caso del SHOA. Da la impresión que se buscaban acallar esos hechos. Puede suponerse que Echeverría debía ser defendida pues era necesaria para desempeñar otras funciones. Es a lo que nos referiremos más adelante.

Respecto a lo segundo, no existen antecedentes que permitan suponer en Echeverría un desconocimiento acerca de las actividades de su padre; no existen, por lo demás, informaciones que den cuenta de haberse alegado tal circunstancia por la imputada. No obstante, Mónica Echeverría sí parece suponerlo, cuando expresa:

«Me parece increíble que Carolina, con un puesto tan importante de subsecretaria, no sepa, no haya intuido, no haya buscado qué es lo que era su padre, que era capitán en el Regimiento Buin y que es culpable de detenciones, de muertes, de tortura, de violaciones y hoy día está libre»[29].

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS EN DEFENSA DE CAROLINA ECHEVERRÍA.

En verdad, los argumentos esgrimidos por los representantes del pacto Nueva Mayoría para defender el nombramiento de Carolina Echeverría en el cargo de subsecretaria de Fuerzas Armadas sólo se han referido a su carácter de hija de un torturador. Nada más. Y para exculparla de esa acusación se han dado dos argumentos: el primero es que no se puede hacer recaer la culpa de los padres sobre los hijos; el segundo, que sólo los tribunales pueden juzgar la culpabilidad de una persona acusada de violaciones a los derechos humanos.

Con relación al primero, nos permitimos aquí tomar como ejemplo la defensa de Echeverría hecha por Rodrigo Peñailillo, quien destacó su ‘compromiso’ con la defensa de los derechos humanos. Al igual que las palabras de otros personeros, aseverar que una persona tiene ‘compromiso’ con los derechos humanos no constituye en sí un argumento; corresponde, más bien, a una afirmación autoritaria, a una creencia carente de todo fundamento y que nos recuerda a aquella que emplean los españoles en sus discusiones:

“Pues, coño, ¡te lo digo YO!”

Es lo mismo que asevera uno de los tantos personajes del PPD como lo es su vicepresidente Alejandro Bahamondes, ex MAPU, quien expresó, muy suelto de cuerpo, al respecto:

“[…] los hijos no tenemos por qué ser responsables de las eventuales situaciones anómalas que hayan cometido nuestros padres, creo que es un beneficio para la democracia que personas como ella, no militen en la UDI o en Renovación Nacional, o en un partido de extrema derecha. Es un beneficio para la democracia que personas como Carolina hayan dado el paso que dieron”[30].

El argumento según el cual la culpa de los padres no debe recaer sobre los hijos es válido, sin lugar a dudas. Sin embargo, quisiéramos formular, al respecto, tres consideraciones:

Es la primera aquella que se refiere al ingreso de un ciudadano común al servicio de instituciones públicas, especialmente en el caso de los institutos armados o en el de la llamada ‘policía de seguridad’ que comprende el cuerpo de carabineros o policía uniformada y la policía civil o de investigaciones. ¿Vale, para esos cargos, el argumento aquel según el cual las culpas de los padres jamás han de recaer sobre los hijos? Para ingresar a dichos institutos, lo primero que se examina es la procedencia familiar de los postulantes a cargos que digan relación con el arma. Esta exigencia es de enorme trascendencia para quienes desean ingresar a los servicios policiales, especialmente, a la PDI. La familia del postulante debe estar limpia de toda acusación o eventual vinculación con el mundo delictual; hasta la situación económica (eventuales fraudes o giro doloso de cheques) es investigada. La pregunta de estilo es: si tal limpieza se exige a los simples funcionarios de los servicios policiales y a quienes desean ingresar a los institutos armados, ¿no debiera aplicarse con mayor rigurosidad a quienes postulan a los servicios públicos para desempeñar cargos de alta dirección? ¿Por qué, entonces, establecer esa odiosa diferenciación entre la mujer u hombre de pueblo humilde, sencillo, que intenta servir en esos servicios y aquellos que postulan a los de alta dirección pública? ¿Por qué eximir a ‘los de arriba’ de la culpa de sus padres y no eximir a toda la población de ese oprobio? El cuestionamiento que se ha hecho a varios de los integrantes del gabinete del pacto Nueva Mayoría da a entender que esa norma moral tiene escasa o nula trascendencia para quienes pretenden desplazarse por la escena política de la nación, pero que sí es válida para quienes los sirven a la comunidad desde los más bajos escaños del Estado.

Una segunda consideración dice relación con el repudio que debería manifestar quien postula a un cargo de alta dirección respecto de las prácticas cometidas por su familia. Aceptemos que es Chile un país clasista en donde los requisitos para acceder a un cargo sólo deben exigirse a ‘los de abajo’; no así a ‘los de arriba’ que están exentos de toda exigencia. La moral, no obstante, nos pide que exista, de parte del interesado en ocupar cargos públicos, a lo menos, un repudio explícito a las acciones de las cuales se acusa o pudo haber realizado el familiar suyo. La historia de Chile nos entrega enseñanzas y modelos al respecto. Uno de ellos está vinculado a la ejecución del ministro Diego Portales. El cabecilla de la insurrección fue el coronel José Antonio Vidaurre; su familia, avergonzada de los hechos realizados por aquel, cambió su apellido por el de Vidaurre-Leal, queriendo manifestar, con ello, un repudio explícito a las acciones de su antepasado. En el caso de Carolina Echeverría (y en el de la generalidad de los hijos de los genocidas; el más emblemático es el de la familia Pinochet) no hubo siquiera un acto de contrición por lo sucedido, sino un profundo amor filial exteriorizado en la entrevista de 5 de marzo en el diario ‘La Segunda’:

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“Yo tengo dos cosas claras en este momento: Una, que amo a mi padre; y dos, que creo en la justicia como un valor fundamental de la sociedad, y que vale la pena defenderlo siempre”.

En esa misma entrevista, un ‘lapsus’ hizo que la entrevistada empleara las palabras ‘intervención militar’ en lugar de ‘golpe’.

“Lo importante aquí es que, considerando todo el dolor que generó la intervención militar, perdón, el golpe militar de 1973, sea la razón para que nunca más las Fuerzas Armadas vean en un golpe militar una solución que está en manos de la democracia”[31].

No obstante lo expresado, el sacerdote jesuita José Aldunate sostiene, por su parte, que de existir, aún, cierto principio moral que guía las acciones de los políticos, la pregunta debería ser

«[…] si es congruente que la hija de un padre torturador, que se sabe que lo es, aunque no se haya demostrado jurídicamente, ocupe un cargo como el que está destinado»[32].

Hay, no obstante, una tercera consideración a hacerse respecto de tan socorrido argumento. Si las culpas de los padres jamás han de recaer sobre los hijos, ¿pueden hacerlo, sí, las ‘virtudes ciudadanas’, ‘capacidades’ o relaciones sociales de los padres, respecto de los hijos? ¿Cuál es la línea demarcatoria de esa regulación? Lo expresado tiene directa relación con el concepto de ‘fracción administradora del Estado’, ‘élites’ políticas o ‘burguesías fiscales’. Porque las naciones se van organizando en torno a un segmento social dedicado a administrar el Estado, que se transmite sólo por la circunstancia que los padres han ocupado antes los cargos que van a desempeñar sus hijos. Los conceptos de ‘nepotismo’, ‘amiguismo’ o ‘redes de influencia familiar’ se encuentran estrechamente relacionados con esta práctica que impide el acceso al desempeño estatal de personas que no estén unidas por un vínculo familiar o de estrecha amistad y dependencia, como es el caso de Carolina Echeverría que estamos analizando. La presidenta Bachelet es mandataria hoy no sólo por sus cualidades personales que sí las tiene, sino por la estrecha red de contactos familiares y de amistad que ha mantenido con una serie de personajes que se desplazan por la escena política de la nación; no ha ocurrido de manera diferente con los demás presidentes de Chile o de sus ministros y embajadores. No se accede a los altos cargos del Estado por mérito propio sino por influencia familiar o de amistad. Y en eso sí que tiene mucho que ver la ‘culpa’ de los padres y de sus contactos.

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa de la subsecretaria lo constituyó la mención a la justicia, argumento de la propia afectada, de Bachelet, de Burgos, en fin: los tribunales serían quienes deberían decidir la culpabilidad o inculpabilidad del acusado.

Nos hemos referido ya a la acción de los tribunales. Que se quiera insistir en actitudes farisaicas (propias de los ‘doctores de la ley’) asimilando la sentencia jurídica a la verdad o a la moral imperante constituye una falacia que, por sí sola, se descalifica. Si los tribunales no se pronuncian sobre algunas circunstancias (entre otras, las torturas o las violaciones) ¿significa eso que aquellas son una mentira y que sus autores deban ser absueltos por la comunidad?

Este problema ético, cuando no se resuelve adecuadamente, puede conducir a aberraciones en donde los exabruptos, las descalificaciones y los insultos pueden sustituir a los argumentos, como ha sucedido con las expresiones del presidente del PPD Jaime Quintana. Poner en duda las afirmaciones de personas que tienen una moral más alta que la del propio actor político no es lo más adecuado. Hablar de ‘presuntas víctimas’ o de ‘presuntos crímenes’ es grave. Nos conduce a rememorar las típicas reacciones de los personeros de la dictadura: Quintana parece haber querido subrogar a aquellos. Implica descalificar los testimonios de personas de alto valor moral; una ética que debería servir de ejemplo a ese personero que, en el discurso, afirma defender los derechos de los perseguidos, y en la práctica desempeña el rol de cómplice activo de quienes buscan ocultar la verdad. Afirmar de otros una conducta altamente reprobable, como lo hecho el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, al atribuir carácter de ‘deporte veraniego’ a las denuncias en contra de la subsecretaria, pone al descubierto las propias prácticas farandulescas de un sector partidario que ha conducido a la política al nivel de desprestigio en que hoy se encuentra. No sucede de manera diferente con aquellos que han esgrimido en defensa de la funcionaria las expresiones ‘bullying’. ¡Como si se tratara de una persona imposibilitada de defenderse por sí misma! ¡Como si las exigencias morales de comportamiento a un funcionario público constituyesen conductas por entero reprochables!

RAZONES POR LAS QUE SE INTENTÓ MANTENER EN SU CARGO A CAROLINA ECHEVERRÍA

La política es una disciplina. Los hechos que dentro de su práctica se suceden no son casuales; por el contrario, son actos plenamente racionales y tienen su explicación. No hay ‘casualidades’ en política sino ‘causalidades’; tampoco actitudes ‘incomprensibles’ de una presidenta, como lo expresa Carmen Hertz en el periódico ‘La Segunda’ de 05 de marzo, intentando exculpar a la primera mandataria. No hay presidentes tontos, ingenuos o torpes; tras sus acciones hay actitudes deliberadas y planes en ejecución. No ha ocurrido de manera diferente con la designación de Carolina Echeverría Moya en el cargo de subsecretaria de Fuerzas Armadas..

1.El nombramiento de Jorge Burgos en el cargo de ministro de Defensa no fue algo fácil. Burgos es un individuo bastante recto en su proceder y, con posterioridad al golpe militar, decidió investigar algunas actividades que le llamaban profundamente la atención, realizadas por los altos mandos de los institutos

armados. Una de aquellas eran los viajes de placer que organizaban frecuentemente algunos oficiales de la Marina a bordo del buque ‘Aquiles’ con familiares y personajes influyentes del mundo político y empresarial a distintos lugares. Burgos estaba asombrado por los antecedentes que fue recopilando en su calidad de miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputados. Como lo expresa un documento que hemos seguido en esta materia,

“Burgos torpedeó la plataforma más eficiente de Relaciones Públicas de la Armada logrando un dictamen de Contraloría que impactó en el mundo naval, y que lo instaló como férreo fiscalizador de la probidad, ajeno a las regalías y la manga ancha con que buena parte de la Concertación privilegiaba al mundo castrense a cambio del sometimiento al poder civil, luego de los traumáticos primeros años de la Transición”[33].

No idealicemos, sin embargo, a los actores políticos. Como lo expresa Ximena de la Barra en un excelente artículo intitulado “Chile, un país amnésico ¿o no?”, redactado el presente mes, Burgos prestó

“[…] su voto de aprobación a la Ley que si bien por una parte establece una pequeñísima compensación monetaria a las víctimas de la tortura, por otra parte garantiza la impunidad absoluta a los torturadores”.

Burgos es resistido al interior de las Fuerzas Armadas; se necesitaba, desde el punto de vista político, neutralizar esa resistencia con la presencia de alguien que diera seguridades al alto mando de las Fuerzas Armadas, especialmente, a la Marina. Y esa era Carolina Echeverría. La lucha por mantenerla en el cargo no era casual. Echeverría tenía posibilidades de realizar ese cometido.

2. Durante el mega terremoto de 2010, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada SHOA exhibió una actuación deplorable y su máximo representante, el almirante Edmundo González, una vez que recibió de sus subordinados la información de no existir peligro de ‘tsunami’ retornó a su hogar y continuó durmiendo mientras las olas arrasaban la costa central de la nación. Las críticas al almirante no se hicieron esperar. Sin embargo, muy pronto fueron acalladas, gracias a la intervención de la subsecretaria de Marina Carolina Echeverría que supo distraer la atención hacia otros tópicos y terminar eximiendo de toda culpa al almirante y a su equipo previsor de ‘tsunamis’. Luis Mariano Rendón ha definido la labor de Echeverría con las siguientes palabras:

“Incapacidad en el manejo del SHOA para entregar la alarma de maremoto; un sistema de comunicaciones institucional que se va al suelo; una escuadra nacional que no zarpó de Valparaíso arriesgándose a ser destruida; submarinos dañados por no zarpar a tiempo en Talcahuano; un Comandante en Jefe que se queda en cama en vez de constituirse en su puesto de mando”[34].

La existencia de todo un equipo destinado a proteger al almirante González fue reconocido por los propios personeros de la Concertación. Como lo expresara un ‘alto personero de la Nueva Mayoría’:

“Efectivamente hubo lobby militar por Edmundo González”[35].

En ese lobby no estuvo ajena la subsecretaria Carolina Echeverría. Y por eso era apreciada en el sector del arma.

3. Carolina Echeverría jamás cuestionó ni se refirió, en sus relaciones con la Armada, a la estatua que se levanta en homenaje a José Toribio Merino en el frontis del Museo Naval, en Valparaíso[36]; tampoco lo hizo en relación al buque de guerra, barco-madre de los submarinos, que lleva el nombre del mismo almirante miembro de la Junta de Gobierno que presidió Augusto Pinochet[37]. Merino sigue reinando en Valparaíso y Talcahuano, apoyado por la complicidad ‘pasiva’ de ministros y subsecretarios de partidos que se dicen populares. Estos hechos hacen de Carolina Echeverría una persona no sólo poco conflictiva con los marinos, sino querida y apreciada por éstos. En palabras más simples: una persona estimada por las Fuerzas Armadas en el carácter de ‘confíable’; pero no por los sectores sociales.

4. A Sebastián Piñera se le califica, vulgarmente, como un ‘presidente de derecha’ para significar, con tal denominación, que representaba los intereses del sector empresarial. No obstante, ese presidente ‘de derecha’, con su ministro Andrés Allamand, a poco de ocurrir el accidente del avión de la FACH que cobró la vida de los ayudistas de Juan Fernández, no tuvo problemas en responsabilizar de esa catástrofe al alto mando de la Fuerza Aérea, procediendo a descabezar su comando de combate a pocos meses del fallo de La Haya. Ese precedente había que resolverlo adecuadamente con el nuevo gobierno: es decir, dar garantías a la Fuerza Aérea que eso jamás volvería a ocurrir. Era evidente que no existía persona más idónea para asumir semejante responsabilidad que Carolina Echeverría, dadas sus conexiones con el alto mando de las Fuerzas Armadas.

5.   Existe una quinta razón por la que era importante insistir en el nombramiento de Carolina Echeverría en el carácter de subsecretaria de Fuerzas Armadas. La razón deriva de la estructura de poder que existe en la sociedad chilena, profundamente jerarquizada. Esta estructura vertical y autoritaria se da en el gobierno. La presión de varias personas y de movimientos sociales habían hecho renunciar a tres subsecretarios del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet antes de asumir, en medio de las críticas a la falta de prolijidad e incompetencia: una ‘mujer mercadera’ preocupada de sus negocios en el cargo de subsecretaria de Educación, un embaucador en el de subsecretario de Agricultura y un pícaro o truhán en el de Bienes Nacionales. Eso era ya suficiente. Un cuarto podría significar debilidad o, al menos, reconocimiento que algo no andaba mal, sino muy mal en las nominaciones. De hecho, existen notorias fallas en el nombramiento de otras varias autoridades.

Así, Carolina Echeverría debía continuar en el cargo. Aunque los principios morales fuesen atropellados una y otra vez. Antes de nada debían primar los acuerdos políticos. Y en eso estuvieron casi todos de acuerdo. La moral no sólo debía someterse a la política, en términos absolutos, sino a la política chilena, a la política de mercado, a esa política repudiada por los movimientos sociales y por la inmensa mayoría del pueblo chileno. Una lección de moral que contradeciría hasta sus cimientos las enseñanzas de Clotario Blest y que son las que exhibe el CODEHS en sus acciones cotidianas. Algo que no podría aceptarse. En modo alguno.

Resta, finalmente, decir algo. En las sociedades altamente jerarquizadas, la cúspide del poder, la ‘cabeza’ jamás puede ser objeto de ataques porque implicaría la descomposición de la estructura de la nación. Representa la unidad del Estado-nación. Y si jamás la cabeza ha de caer, sí pueden hacerlo las de quienes se encuentran bajo ella. Por eso, jamás se dirá que los presidentes son malos o incompetentes; lo son quienes los acompañan o quienes le aconsejan mal. Los presidentes son el ejemplo moral de la sociedad y por eso jamás deben aparecer, muchas veces, como torpes o ingenuos, sino como sabios y consecuentes,  porque ese es el lenguaje que entienden las masas ideologizadas. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es así. Que existe una relación estrecha entre quienes detentan el mando en una nación y sus bases partidarias. Porque nadie puede asumir la representación de una nación para decir, después, que fue sorprendido.  Algo para pensar cuando se trata de problemas como el que acabamos de analizar.

Santiago, marzo de 2014

 

DOCUMENTOS ANEXOS:

CARTA PÚBLICA

Hace unos días, nuestra madre, Mercedes Bulnes Núñez, denunció públicamente al padre de la futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Víctor Echeverría Henríquez, como el capitán de ejército que lideró el grupo militar que la detuvo a ella y a nuestro padre, Roberto Celedón Fernández, el día 23 de octubre de 1973, conduciéndolos al regimiento Buin. Expresó que fue él quien dirigió las interrogaciones en las que el papá fue torturado; y lo reconoce clara e indubitadamente como la persona que cometió abusos deshonestos respecto de ella, encontrándose detenida y embarazada. Estos hechos fueron denunciados a las Naciones Unidas y a la Comisión Valech, entidades que reconocieron a nuestros padres como víctimas de torturas.

El hecho como familia nos ha conmovido profundamente, no sólo por la valentía demostrada, sino que, naturalmente, por el recuerdo de los dolorosos hechos que sufrieron nuestros padres y que escasamente nos habían relatado.

Es por eso que debemos rechazar públicamente las palabras del senador PPD Jaime Quintana, quien habló en una radio de cobertura nacional de “presuntas víctimas” y “presuntos crímenes”, poniendo en duda la palabra y la vivencia de personas que son reconocidas a nivel nacional e internacional por su trabajo en la recuperación de la democracia y los derechos humanos.

El senador Quintana falta el respeto a todas las personas torturadas durante la dictadura y a sus familias, al poner en duda los hechos y al definir como “deporte veraniego” los cuestionamientos. Encontramos gravísimo que con este calificativo desacredite testimonios que ahora son parte de la verdad histórica de Chile. Esto nos lleva a preguntar si los valores de los derechos humanos están por debajo de los intereses partidarios para este señor.

Cuando se realiza la denuncia no se pretende responsabilizar a la señora Carolina Echeverría por los delitos cometidos por su padre, que impunemente vive en Iquique, sino que se busca que ella públicamente condene lo ocurrido y asuma la responsabilidad política, teniendo en cuenta que por la naturaleza de su cargo presenta claramente conflictos de intereses con la denuncia. En Chile tenemos el deber de construir un país más transparente y responsable políticamente.

Esto es un tema de ética pública que en este caso está por sobre la ética privada, por lo que el senador Quintana se equivoca cuando dice que el tema lo considera propio del ámbito privado de la futura subsecretaria.

Las violaciones a los derechos humanos en Chile fueron sistemáticas e institucionales, los funcionarios públicos tienen deberes y obligaciones que los ciudadanos no, como señaló Carlos Peña en una reciente columna, y su ética pública debe estar por sobre su ética privada.

Hoy el hecho es conocido a nivel nacional. No buscamos venganza, ni reprimendas. Queremos un país más transparente, justo y que asuma su historia.

Familia Celedón Bulnes[38]

 

CARTA DE RENUNCIA

Enviada por Carolina Echeverría a Michelle Bachelet

Querida Presidenta:

Luego de haber escuchado sus palabras en el día de ayer quiero darle las gracias por la confianza y reiterarle que me he sentido honrada con la invitación que me realizó a participar del gobierno que usted encabezará a partir del 11 de marzo.

Usted, como siempre, ha sido consecuente, y ha relevado con sus palabras principios que son fundamentales para todos los ciudadanos: todos los hijos e hijas, independiente de su origen e historia, no deben cargar con las responsabilidades de los padres pues todos tenemos la libertad de elegir nuestro propio camino.

Su gesto de nobleza solo puede ser retribuido con otro gesto, porque nada hoy día es más importante que el proyecto que usted con un inmenso apoyo ciudadano está liderando. Un Chile más justo está más cerca que nunca de ser logrado. Tendremos un Chile de Todos.

En este mismo sentido, quiero agradecer todo el respaldo que he recibido, y mencionar en forma especial la declaración del Partido Comunista, todo lo cual me ha hecho sentir que a pesar de todo lo vivido en estos días, he estado en los últimos 20 años en el lugar correcto.

Reitero mi respeto y solidaridad con las familias y víctimas de las violaciones a los derechos humanos, a quienes pido tengan confianza en su Programa de Gobierno que establece “los derechos humanos deben ser la base normativa mínima de una sociedad democrática, que permita la convivencia nacional en tono a principios de dignidad, igualdad, justicia, diversidad y tolerancia.

De manera personal, le agradezco el reconocimiento que Ud. ha hecho a mi labor profesional y las palabras de aprecio a mis capacidades que ha entregado ante las críticas que he recibido. Pongo en este momento el cargo con el que me había honrado a su disposición.

Me despido con todo mi cariño y lealtad

Carolina Echeverría Moya