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La exoneración por razones políticas de miles de personas, fue parte de la política de un estado dictatorial 

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CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO. CODEPU

Declaración Pública

CODEPU, organismo de Derechos Humanos, ante los cuestionamientos a la política de exoneración, manifiesta lo siguiente:

  1. Que, la exoneración por razones políticas de miles de personas, fue parte de la política de un estado dictatorial, cuyo único objetivo fue atropellar la dignidad humana de los opositores.

 

Miles de personas fueron expulsadas de sus trabajos; muchas empresas fueron cerradas a partir del 11 de septiembre de 1973; muchos trabajadores fueron retenidos en sus lugares de trabajo para después continuar con “retenciones obligadas” en sus domicilios; otros debieron salir a un exilio forzoso por falta de trabajo, además de buscar protección, pues su seguridad y la de su familia se veía amenazada.

Más de mil doscientas personas fueron detenidas y hechas desaparecer y más de dos mil fueron ejecutadas políticas. Fueron diecisiete años de violaciones a los derechos fundamentales de las personas.

Es en ese contexto la vigencia de las leyes, como la exoneración política y las comisiones extrajudiciales para investigar los crímenes asociados a violaciones de Derechos Humanos, fueron el fundamento moral y político para que el estado chileno, siguiendo los mínimos estándares internacionales, pudiera establecer medidas de reparación a los afectados, en a lo menos cuatro ámbitos:

Restitución: restablecer la situación existente antes de la violación de Derechos Humanos, entre otros, la libertad, ciudadanía, empleo o la propiedad de las víctimas.

Compensación (indemnización): se refiere a todo perjuicio que sea evaluable económicamente, como: daño físico o mental (incluyendo el dolor y el sufrimiento), la pérdida de oportunidades (incluida la educación), daños materiales y pérdida de ingresos, el daño a la reputación y dignidad y gastos efectuados para asistencia jurídica o médica.

Rehabilitación: consiste en proporcionar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales.

Satisfacción y garantías de no repetición: deberán incluir la cesación de las violaciones existentes; verificación de los hechos y difusión pública amplia de la verdad; declaración oficial o decisión judicial restableciendo la dignidad y derechos de la víctima y los vinculados a ella; disculpas con reconocimiento público y aceptación de responsabilidades; aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables; conmemoraciones y homenajes a las víctimas y educación en Derechos Humanos.

  1. Que los derechos adquiridos en las medidas de reparación de violación de Derechos Humanos por las personas víctimas de esas políticas de Estado, aprobadas por la sociedad y garantizadas por el estado democrático, no están, ni permitiremos que estén, sujetas a designios arbitrarios de autoridades políticas de turno, sino a la comprobación efectiva, en cada caso, basados en un juicio legalmente tramitado con las garantías de un debido proceso legal, de la ilegalidad que se les impute.
  2. Que resulta inaceptable que el Gobierno distorsione a través de los medios de comunicación, con evidentes objetivos políticos electorales, las conclusiones de un informe de la Contraloría General de la República, que constituyen una opinión no concluyente respecto de supuestas irregularidades de procedimientos que se habrían detectado en ciertos casos, sin establecer la comisión de delitos, saltándose la competencia de otras instituciones, como son el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
  3. Que, como organismo de Derechos Humanos solicitamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre el modo en que el proceder del Gobierno afecta la dignidad de las víctimas de la dictadura y profundiza el daño cometido por las políticas de Estado de violación masiva, grave y sistemática de los Derechos Humanos.
  4. Codepu hace un llamado a todos los organismos de Derechos Humanos a brindar apoyo a quienes están siendo cuestionados en sus legítimos derechos, más aún cuando su exoneración, reiteramos, fue producto de políticas de un estado dictatorial.

 

VIVIANA URIBE T.                                                                       JUANA MENDEZ B.

PRESIDENTA                                                                          SECRETARIA EJECUTIVA

 

Santiago, Junio de 2013

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