El desconocido vínculo entre el marido de la ministra Schmidt y las universidades investigadas por lucro

26 de Abril de 2013
El lunes, y a pocos minutos de haber asumido en reemplazo de Harald Beyer, el esposo de la nueva ministra de Educación, Carolina Schmidt, envió un e-mail interno a los socios del estudio jurídico Barros y Errázuriz. En ese correo, Gonzalo Molina explicaba que, desde ese minuto, se abstendría de participar en cualquier causa que lo vinculara al grupo Laureate. El esposo de la ministra también es socio de ese estudio jurídico.

La ex titular del Sernam dirigirá por los próximos 11 meses la cartera más agitada del Ejecutivo en medio de investigaciones judiciales a un grupo de universidades por la eventual violación de la ley que prohíbe el lucro en las casas de estudio.

Según fuentes cercanas a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente y que involucra a las universidades de Las Américas, Andrés Bello y el instituto AIEP –pertenecientes al grupo Laureate– el estudio al que pertenece Molina asesora a dicha transnacional educativa en lo relacionado con la investigación y estos son sus abogados corporativos hace muchos años.

Desde el Ministerio aseguraron que efectivamente Molina oficializó su desvinculación con cualquier tipo de temas relacionados con el grupo Laureate desde el momento en que Schmidt asumió como titular de la cartera. También señalaron que el único nexo concreto entre Molina y el grupo educacional data de 2004, cuando el marido de la secretaria de Estado pidió un préstamo a la banca para financiar operaciones de su cliente.

Desde el Ministerio aseguraron que efectivamente Molina oficializó su desvinculación con cualquier tipo de temas relacionados con el grupo Laureate desde el momento en que Schmidt asumió como titular de la cartera. También señalaron que el único nexo concreto entre Molina y el grupo educacional data de 2004, cuando el marido de la secretaria de Estado pidió un préstamo a la banca para financiar operaciones de su cliente.

Sin embargo, el nexo entre el esposo de la ministra y el estudio jurídico está, para algunos, sobre una línea delgada que no ayuda a limpiar la imagen que se ha tejido en torno a la relación entre lucro y ciertos personeros del actual gobierno; un tema que en “efecto bowling” ha sacado de sus respectivas carteras a los ministros Joaquín Lavín, Teodoro Ribera y significó una acusación constitucional contra Harald Beyer, que terminó destituido.

Juan José Soto, gerente de la Fundación Ciudadano Inteligente, dice que “entran más dudas y potencia la falta de confianza de los ciudadanos con las autoridades. Esto se debió haber chequeado, ella tampoco lo dijo y creo fue un error político haber asumido como ministra sin que su marido se haya desligado del estudio”.

La asesoría de Bofill

La relación entre Barros & Errázuriz y el grupo educacional canadiense no es nueva. De hecho el bufete asesoró a Laureate cuando en 2008 adquirió las tres entidades —hoy investigadas— a un grupo de empresarios encabezados por Juan Antonio Guzmán (designado por este gobierno como presidente del Comité Asesor para el Desarrollo Eléctrico y casado con la hermana del subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, Paulina Dittborn, ex vicepresidenta del Consejo Superior de Educación), Álvaro Saieh (controlador de CorpBanca), Jorge Selume (director de Corpbanca) y Andrés Navarro.

Pero Barros & Errázuriz no es el único vínculo del gobierno con las universidades de Laureate. Según fuentes relacionadas con Laureate, el asesor jurídico de las universidades en el caso lucro es el estudio Bofill Mir & Alvarez Jana, cuyo socio principal es Jorge Bofill, el mismo que defendió al ministro Harald Beyer ante el Senado en la acusación constitucional que finalmente le costó la destitución. En esa ocasión, participó junto a Enrique Barros, con particular protagonismo en el debate en el Senado.

Por cierto, Bofill también es el abogado de Pablo Alcalde, el ex presidente y gerente de general de la multitienda La Polar, por las repactaciones unilaterales de las deudas de sus clientes.

Laureate es parte del grupo de entidades de educación superior que es investigada hace más de 7 meses por la fiscalía. El grupo está en la mira de la justicia por la operación que realizaron al ingresar a la propiedad de los activos chilenos. En la información que enviaron cuando se hizo el traspaso, entre otros elementos que llamaron la atención de la fiscalía, están sus referencias a “comprador” y “vendedores”, además de indicar que parte del precio incluía el valor de la marca.

Molina no es abogado litigante. Más bien está encargado del área corporativa de Barros & Errázuriz, asesorando negocios de sus clientes, como compras y fusiones. El socio a cargo de Laureate es Pablo Guerrero. No obstante, el nexo es también cuestionado por los estudiantes. “Es un vínculo que claramente pone en entredicho qué posición tomará la ministra cuando se toque el tema del lucro. El tema es particularmente preocupante dado que Laureate tiene en sus universidades a una inmensa cantidad de estudiantes. ¿A quién responderá el gobierno si se investiga a la UNAB y a la UDLA? ¿A los estudiantes o a sus dueños? ¿Terminarán condenados a un destino similar a la Universidad del Mar? Nosotros lucharemos para que no sea así, pero estos vínculos obviamente son graves”, dijo el presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum.

*Fuente: El Mostrador