Visita de emergencia a los presos políticos mapuche en huelga de hambre Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo

Objetivos generales de la visita:

• Visibilizar la huelga de hambre que los presos políticos mapuche realizan desde el 14 de noviembre de 2012 en demanda de derechos carcelarios y debido proceso.
• Proponer desde la sociedad civil nacional e internacional una salida política que permita terminar con la huelga de los presos políticos.
• Integrar un comité organizador-preparatorio de una COMISION NACIONAL E INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO NACION MAPUCHE.

Objetivos particulares:

• Articular las iniciativas de solidaridad y apoyo nacionales e internacionales en torno de los presos políticos mapuche.
• Generar las bases para una iniciativa de mayor alcance y repercusión en torno de la prisión política mapuche y de las condiciones represivas que vive dicho pueblo
• Realizar una acción humanitaria y política de emergencia frente al alargamiento de las huelgas de hambre de los presos políticos de la Coordinadora Arauco Malleco.

Justificación.

Los presos políticos mapuche Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo encarcelados hoy en los penales de Concepción y Angol respectivamente, iniciaron una huelga de hambre desde el 14 de noviembre de 2012, llegando en estos momentos a más de 70 días si ingerir alimentos en una situación donde evidentemente ponen en riesgo su integridad física e incluso, sus propias vidas.

Llaitul y Llanquileo purgan condenas cada uno de ellos, de 15 y 8 años de cárcel, decisión judicial final de los procesos jurídicos en su contra, después de sus detenciones en 2009, acusados primero de asociación ilícita terrorista entre otros cargos y condenados finalmente por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete cuyas sentencias fueron revisadas y reducidas por la Corte Suprema.

Ambos presos son integrantes y líderes de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco, (CAM), una de las principales organizaciones del pueblo mapuche que encabezó una oleada de recuperaciones de tierras ancestrales en manos de poderosas corporaciones forestales trasnacionales y de propietarios latifundistas en la zona en los últimos 15 años.  La Coordinadora destaca por su carácter antisistémico (anticapitalista, anticolonial) y su proyecto de reconstitución como pueblo pero también por su acción política representada en la recuperación de tierras, su defensa comunitaria y en acciones directas de autodefensa contra las corporaciones forestales. Los presos junto a varios encarcelados más realizaron también huelgas de hambre en 2010 y 2011 que alcanzaron 82 y 87 días sin ingerir alimentos.

Los presos políticos mapuche de la Coordinadora fueron procesados y absueltos por los tribunales militares y fueron enjuiciados por segunda vez en los tribunales civiles donde fueron condenados. En dicho proceso, fueron acusados de asociación ilícita terrorista e incendio terrorista. Según el Ministerio Público y la fiscalía acusadora los múltiples detenidos en 2009:

“formaron parte de una asociación, que, al menos desde el año 2004, se había instaurado, la cual tuvo por objeto la comisión de una serie de ilícitos, entre ellos incendios y atentados contra las personas, propiedad y orden público, como los ya referidos, sucedidos en las comunas de Tirúa, Cañete y Contulmo de la Región del Bio Bio. Esta asociación se organizó con una estructura funcional, que le permitió actuar en un periodo prolongado de tiempo, distribuyendo y fragmentando las funciones entre sus miembros, compartimentando la información para asegurar su seguridad e impunidad, utilizando un modus operandi similar entre sus distintas acciones, caracterizado por la actuación en grupo, aprovechando las condiciones naturales del terreno y de la nocturnidad, usando armas de fuego para amedrentar y atentar contra personas y propiedades asociadas a la actividad agrícola y forestal y contra representantes de organismos públicos a cargo de la aplicación de la ley, los que posteriormente eran difundidos a través de los medios de comunicación social, por medio de comunicados y adjudicaciones. Las acciones que formaban parte del plan criminal de esta organización estaban dirigidas a lograr el control territorial de determinadas zonas a las que identifican como tierras ancestrales del pueblo mapuche[1] y tenían como denominador común producir en la población o en parte de ella, el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma naturaleza, esto enmarcado dentro de lo que denominaron “proceso de recuperación de tierras ancestrales del pueblo mapuche”. El desarrollo de estas actividades ilícitas era coordinado y dirigido por el acusado Héctor Llaitul Carrillanca (…)Los hechos antes descritos configuran a entender de este querellante, el delito de Asociación Ilícita Terrorista”[2]

Sin embargo, los querellantes (EL Gobierno de Chile y la Corporación forestales se presentaron como acusadores interesados) NO pudieron demostrar los cargos de asociación ilícita terrorista, por lo que por UNANIMIDAD fueron absueltos de dichos cargos. Sin embargo, fueron condenados por delitos comunes de robo con intimidación y homicidio frustrado, en condena de votos por MAYORIA de los jueces. Cabe señalar que la juez Paola Schisano realizó una evaluación distinta con voto de minoría donde consideró que “con la prueba rendida no era posible acreditar la participación de los acusados que resultaron condenados”[3] Cabe señalar también que aunque se estimó que los delitos de los que fueron acusados no podían ser considerados dentro de la legislación antiterrorista, para la condena de LLaitul y Llanquileo se utilizaron testigos “anónimos”, “secretos” o “protegidos” permitidos por ley antiterrorista 18.314. De hecho su condena se basa crucialmente en un solo testigo (el testigo no 26) que incurrió en contradicciones graves y otras inconsistencias en sus declaraciones.  Se debe recordar que en general la utilización de testigos protegidos ha sido condenada mundialmente. La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch en su informe “Indebido Proceso” señala sobre el tema:

En principio, el uso de testigos no identificables es una limitación inaceptable del derecho a la defensa. Es particularmente grave si las pruebas que presentan son cruciales para la acusación y una condena pudiera depender de ellas. (…)al negársele información sobre los nombres y los datos personales de los testigos, la defensa no puede examinar su credibilidad. (…)Una de las garantías más importantes contra el perjurio es la capacidad de la defensa para interrogar a los testigos sin que se restrinja su acceso a la información pertinente. Los organismos internacionales de derechos humanos han expresado la opinión de que el uso de testigos anónimos viola las normas internacionales con respecto al debido proceso. La defensa es la única que puede realizar una investigación para impugnar la credibilidad de un testigo de la acusación. Como se ha señalado, su anonimato les protege de dicho escrutinio (Human Rights Watch, 2004: 36-38)

En los juicios se permitió usar pruebas que violaron el debido proceso, como el derecho a guardar silencio, declaraciones hechas sin abogados defensores e incluso, declaraciones realizadas bajo malos tratos y golpes que fueron consideradas en algunos casos como tortura; además se cuestionó severamente la fidelidad de varias pruebas que fueron evidentemente manipuladas. A pesar de dichos cuestionamientos los integrantes de la Coordinadora fueron condenados (la fiscalía al inicio del juicio solicitó penas que sumaban más de 80 años de prisión para LLaitul); las condenas finales de 25 y 15 años fueron reducidas por la Corte Suprema finalmente a 15 y 8 años de prisión que son las que purgan actualmente, llevando ya cuatro años de encarcelamiento.

Los dos integrantes de la CAM iniciaron esta huelga de hambre más reciente para exigir fin al doble procesamiento, los beneficios carcelarios a Ramón Llanquileo que le corresponden (salida los fines de semana) y el reconocimiento del tiempo extendido de prisión preventiva (permitido por la ley antiterrorista en detenciones anteriores contra Héctor Llaitul) como parte de la pena purgada. Esta última exigencia ha sido reconocida parcialmente rebajando la condena en 2 años durante la huelga de hambre actual.

Sin embargo, la exigencia central de anulación del juicio por el doble procesamiento ha sido desestimada por las autoridades judiciales, por lo que la huelga de hambre se enfrenta al rechazo de las autoridades de revisión de sus casos.

Es por ello, que ante la negativa del Estado chileno de dar respuesta a la principal demanda de los presos se hace urgente una iniciativa de la sociedad civil nacional e internacional que permita terminar la huelga de hambre de los presos con alguna garantía de presión y solidaridad posterior sobre el Estado chileno en sus casos respectivos.

Es indispensable señalar entonces que han surgido dos iniciativas de la sociedad civil dentro del contexto de la huelga y en general de la situación del movimiento mapuche. La primera ha sido la declaración del 27 de diciembre de 2012, en la que diversas personalidades chilenas realizan un “LLAMADO A UNA INICIATIVA HUMANITARIA PARA CONTRIBUIR AL TÉRMINO DE LA HUELGA DE HAMBRE DE HECTOR LLAITUL Y RAMÓN LLANQUILEO”. El texto impulsado por la Comisión Ética contra la Tortura, es signado por una docena de académicos, líderes estudiantiles y religiosos en el que llaman a la libertad inmediata de los presos políticos reconociendo que El “problema Mapuche” entonces no es un tema simplemente policial o jurídico; es un tema político que implica reconocer que los Mapuche están embarcados en una causa que brota de la ocupación abusiva que hizo Chile de su territorio al sur del Bío-Bío, (…)Esto implica que ni Llaitul ni Llanquileo puedan ser tratados como delincuentes y mucho menos como terroristas.

La segunda es una iniciativa surgida por el Comité por la libertad de los presos políticos mapuche sección México y del Comité de Apoyo a los presos políticos en Chile, de integrar una Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos del pueblo mapuche, iniciativa que se ha presentado a los presos políticos mapuche que la han aceptado.

Dichas iniciativas parten de la premisa de que la situación de los derechos del pueblo mapuche están siendo violados de manera sistemática en un conflicto por territorio y autodeterminación entre el Estado Chileno y un pueblo originario.

Frente a la situación urgente que viven los presos y el surgimiento de ambas iniciativas, proponemos entonces:

La realización de una:

Visita de emergencia a los presos políticos mapuche en huelga de hambre Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo.

Cuyo objetivo central con base en las iniciativas de la sociedad civil chilena y de la sociedad civil internacional, hacer una propuesta a los presos políticos mapuche, de integrar una COMISION CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE DERECHO HUMANOS, como medida de presión y observación al Estado Chileno; solidaridad y acompañamiento al pueblo mapuche y en especial a las organizaciones que han sido criminalizadas en particular la Coordinadora Arauco Malleco.

Esta visita integrará personalidades chilenas e internacionales comprometidas con la situación de los presos y del pueblo mapuche. La visita tendrá como objetivo además de visibilizar mediáticamente la huelga de hambre realizada por los presos, en diálogo con ellos, proponerles la integración de la COMISION CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL, como garantía de continuidad y seguimiento a su situación de prisión política en particular. La Sociedad civil nacional e internacional preocupada por el alargamiento de esta huelga de hambre propondrá a los presos Héctor Llaitul y Ramón LLanquileo terminar con ella asumiendo el compromiso de integrar un comité organizador de dicha comisión para realizar una visita de la COMISION CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL en fechas posteriores donde se integrarían otros académicos, representantes de pueblos originarios, artistas y organismos defensores de los derechos humanos que visitarían Chile, las prisiones donde hay presos políticos mapuche, y las regiones del territorio mapuche que son afectadas por el extractivismo para realizar un informe público sobre la situación que vive el pueblo mapuche.

La visita de emergencia estará integrada por: Raul Zibechi, Sergio Grez, Osvaldo Aravena, Viviana Diaz, Alfonso Baeza, Nolberto Diaz, Diego Vela, Juana Aguilera, Leopoldo Montenegro, Jose Venturelli, Manuel Andrade, Ana Gonzalez, Carlos Oliva, Manuel García y Roberto Márquez

Se realizará bajo la siguiente agenda:

LUNES 28 de enero

9:00 am – Visita a Héctor Llaitul. Penal de El Manzano, Concepción

9:00 am – Visita a Ramón Llanquileo. Cárcel de Angol

Conferencia de prensa en Concepción a la salida de la visita.

Confirmar hora con: Wacolda Chicahual ( vocera Santiago )

Celular: 82 04 49 08

Conferencia de prensa en Angol a la salida de la visita

Confirmar hora con: Cecilia Huenupi ( vocera Angol y Temuco )

Celular: 78 18 19 98

FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS MAPUCHE DE LA  CAM

COLECTIVO DE APOYO PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE CAM

Notas:

[1] Las negrillas son nuestras.

[2] Sentencia pronunciada por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, integrada por los jueces titulares Don Jorge Díaz Rojas, Doña Paola Schisano Pérez y Don Carlos Muñoz Iturriaga.  Cañete, veintidós de marzo de dos mil once.

[3] Sentencia pronunciada por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, integrada por los jueces titulares Don Jorge Díaz Rojas, Doña Paola Schisano Pérez y Don Carlos Muñoz Iturriaga.  Cañete, veintidós de marzo de dos mil once Pag. 228