Una constitución de facto

La demanda de una Asamblea Constituyente se inscribe en la justa lucha de un pueblo por sus derechos civiles. En cualquier sociedad democrática una asamblea ciudadana permite el cambio radical de la constitución de un país. No es cierto que se trate de una conspiración del “comunismo” como alegan algunos. Tampoco es cierto que se requiera una “revolución” o una crisis terminal para ello, como sostienen otros. No fue así en Colombia, no fue así en Ecuador y muchas otras naciones. No es cierto, por último, que anhelar otra constitución para Chile sea fruto de una pipa de opio, argumento tan tosco como falaz.

En el caso de nuestro país, hay razones más que justificadas para plantear con toda seriedad una Asamblea Constituyente. La actual carta constitucional que nos rige es sentida como ilegítima por una gran parte de la población, especialmente por las nuevas generaciones. Esto es así porque toda la arquitectura legal vigente está viciada en su origen. Quienes concibieron la constitución en los años ochenta lo hicieron de espaldas a la soberanía popular, en el contexto de una dictadura militar que se erigió violando, precisamente, el orden legal existente y los derechos ciudadanos.

Los chilenos vivimos sumidos hasta el presente en una “constitución de facto”, un cuerpo legal que usurpa la soberanía de los ciudadanos, tal como hicieron sus creadores. No es casual que sea esta constitución la que revista de “legalidad” lo que todos entendemos como “impunidad”, permitiendo que los verdugos de otrora sigan posando con ropajes democráticos de última hora. No es casual que sea esta constitución la que revista de “legalidad” el abuso y el lucro de grandes empresas y la entrega de nuestras riquezas básicas a capitales extranjeros. No es casual que sea esta constitución la que asigna grandes sumas del erario nacional a la manutención de la “familia militar” tanto activa como aquella que permanece camuflada en organizaciones fantasmas; todo ello en desmedro del mezquino gasto social en educación, salud y previsión social. La actual constitución prolonga el poder instituido por la dictadura militar para sostener un orden social oligárquico y neoliberal.

El actual ordenamiento constitucional chileno será analizado algún día como una didáctica pieza jurídica de antología que muestra hasta dónde puede llegar la estupidez y el delirio autoritario humanos. Al igual que los manuales de la inquisición, todo está previsto para que sea imposible cualquier modificación. Resulta ilegal pretender modificar esta constitución ilegal, incluida, por cierto, una Asamblea Constituyente. Esta aberración política y jurídica es tan grave que convierte todo el andamiaje institucional chileno en una “asociación ilícita” En estas circunstancias corresponde a la ciudadanía pronunciarse por una nueva constitución que garantice no solo los derechos de todos los ciudadanos sino la dignidad misma de nuestro país.

-El autor es Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS