Hidroaysén es un paso mas de la economía creada en dictadura y fortalecida en la concertación

¿Qué es la economía hoy en el siglo 21?. Cuando yo estudie economía me enseñaron que esta era una ciencia social que estudiaba la forma de satisfacer las necesidades materiales de los seres humanos. Que se encarga de saber qué producir, para quién producir y cómo producir lo que de una forma u otra encerraba un fuerte componente de ética y deberes del economista.

Hoy en día la economía se entiende como una ingeniería ajena a deberes y exigencias éticas, a mi entender como un constructo perfecto para ubicarlo al mando del timón de un mundo, de una sociedad mundial, signada por sus enormes logros materiales y tecnológicos, pero que contrastan con sus crecientes desequilibrios en términos de ingresos y riqueza, oportunidades y libertades.

En este contexto la cuestión ética de las acciones económicas retoma, o debiera hacerlo, su validez, en particular haciendo énfasis en la reciente crisis financiera originada en el país mas poderoso del mundo, Estados Unidos. Un proceso que deja una lección clara y precisa, anteponer una conducta ética al lucro y a la especulación, ambos rasgos ineludibles de la economía moderna, además algo que a los economistas neoliberales no les gusta, se ha relevado el papel del órgano regulador en la economía.

Sin un regulador técnico, sin ética y moral seguiremos viviendo en una sociedad en la cual el poder económico es mucho más fuerte que la democracia, la que impone patrones de conducta y de cultura, provechosos para una minoría y una ilusión para la mayoría.

En buenas palabras, el mercado actual se alimenta de la ilusión de millones, quienes «compran y tienen» a través de tarjetas, prestamos y endeudamientos, teniéndolo todo y a la vez teniendo nada, es decir paquetes de ilusión. En esta realidad del tener, si un bien material costoso representa la felicidad, es obviamente una situación aprobada por estos, los compradores, a la vez sus principales defensores.

Esto hace difícil la tarea de formar conciencias críticas, intelectuales críticos, con una educación como la actual que es funcional al consumismo, a la «deseducación» afín al conformismo y contraria a inculcar un espíritu crítico, capaz de oponerse intelectualmente a la teocracia del mercado. Así vemos que en nuestra sociedad cada cual defiende su propia burbuja democrática, para eso se han formado en una cultura individual, por lo tanto fuera de esa burbuja no hay interés en lo que pasa a su alrededor.

Si hacemos una lectura de nuestro pasado reciente, veremos que hemos vivido un proceso que se inicio en los años 80 con los economistas de la dictadura militar y que se fortaleció en los años 90 con los economistas de la Concertación. Durante ese periodo los técnicos y los políticos han sido consecuentes con la construcción de mercados globales, implementando acciones planes y proyectos que no fortalecen sino que mas bien socavan nuestra soberanía, en cuanto a decisiones económicas, políticas, sociales y culturales se refiere

Durante ese proceso hemos sido construidos como un país elegantemente denominado como EMERGENTE, una denominación que los economistas neoliberales utilizan para no hablar de países subdesarrollados o en desarrollo. Un concepto muy amplio aparecido al final de los años 80, para designar a los países en desarrollo que crecen a un ritmo muy superior al del resto del mundo, es decir somos entonces un país de emprendedores y al mismo tiempo solo somos un buen mercado también emergente.

Pero esta categoría no es gratis implica cumplir con ciertas obligaciones como son las garantías plenas para el beneficio del lucro, es decir, propiciar la destrucción progresiva del estado, la privatización de las fuentes de energía, la mantención de unos costes salariales bajos, una legislación que permita la permanente apertura al exterior, un sistema de libre mercado y de libertad de empresa, que son restricciones que apuestan por la iniciativa empresarial, además de garantizar altos márgenes de beneficios.

A lo anterior se le suman la imposición de un Código Laboral y una legislación que despoja a los sindicatos, de la mayoría de las atribuciones que les permitían realizar una negociación real frente al empresariado, sobre la base de la desregulación del mercado del trabajo.

Le sigue el fortalecimiento de la privatización de la Seguridad Social, para que las empresas administradoras de fondos previsionales dispongan de millonarios recursos para ubicarlos en los grandes mercados financieros internacionales,

En el ámbito político la base de apoyo del actual ordenamiento económico es la Constitución del 80, la cual aplica restricciones constitucionales que buscan impedir el ejercicio de la soberanía popular, es decir, asegurando las condiciones para que el rumbo de la globalización no tenga reparo alguno. Para eso están las Leyes de Quórum Calificado (aprobación imposible de lograr de los 2/3 necesarios en el parlamento), el sistema binominal, garantizando el fortalecimiento del derecho de propiedad, y finalmente limitando las facultades del Estado para expropiar ( se fijan onerosas indemnizaciones de producirse).

Con todo esto la democracia se reduce a la defensa a ultranza de la propiedad, lo que se traduce en la defensa de la propiedad económica, lo cual poco a poco carcome las bases de la institucionalidad, rompiendo la independencia de los poderes del estado y transformando al régimen político en uno autoritario que limita al máximo la soberanía. En este contexto la participación social, el derecho a disentir y a expresarse, el derecho de las etnias a sus tierras, el derecho de asociación, del trabajo digno, el derecho a la educación y a una vida digna, todo eso se pierde en la importancia del orden económico establecido, del crecimiento económico y la racionalidad económica.

¿Qué nos extraña entonces que en contra de la mayoría de los chilenos la clase política y la clase económica aprobaran el proyecto Hidroaysen?

Cuando uno se especializa en economía empresarial le enseñan que la participación del sector privado en servicios públicos se debe de impulsar cuando estos pueden ofrecerlos con mayores niveles de calidad, con mejores estándares de servicio, y cuando estos son más eficientes que el estado operando dichos servicios. Algo que en el caso de Hidroaysen ( y del cobre por si acaso) no se justifica porque lo único que hace es aumentar la concentración de poder.

En el caso de Hidroaysen, se rompe el principio básico de que las políticas públicas deben de tener como objetivo beneficiar al pueblo, algo que en este caso no lo será. Por el contrario, la concesión de represas a empresas privadas en nada podría beneficiar a los chilenos, ya que esto no se traducirá en mejores precios ni mejor servicio para la población, todo lo contrario, el escenario más probable sería un incremento en los precios de energía. Es mas el producto energético de Hidroaysen no es para el sur de chile es para alimentar empresas ubicadas al norte del país. Sin dejar de mencionar el daño irreparable al medio ambiente y a una región rica en recursos naturales.

Técnicamente esto es así porque para beneficiar a la población vía menores tarifas eléctricas, el operador debería poder coordinar la generación de energía de todas las represas, algo bien complejo. Las empresas en este sector de la economía tienen una enorme flexibilidad de generación razón por la cual pueden servir energía base (energía constante a un nivel determinado) cuando hay mucha agua o cuando está entrando la estación lluviosa, pero también pueden guardar agua para despacharla en horas pico, reduciendo así la demanda de energía cara. Por ello es que esta flexibilidad es mas eficiente en cuanto a su impacto social en manos del estado.

Respecto a las ganancias y al lucro, técnicamente hablando, cuando una planta ya esta depreciada o cuando se ha pagado el préstamo para construir la misma, como es este caso, el costo más alto de operación, la depreciación, ha desaparecido, por lo que el costo de producir electricidad en chile se tendrá que reducir al máximo por kwh. Por lo tanto esta como las demás plantas hidroeléctricas en el mundo, son sumamente rentables pero ningún privado podría pagarle hoy al estado por toda la energía que estas represas producirán en el futuro, más cuando la cantidad de agua disponible es enormemente variable de año a año.

Pero porque nos quieren contar el cuento mentiroso si la complejidad de los mercados eléctricos y los bajos costos de operación de las hidroeléctricas lo tienen claro los gobiernos en el mundo entero. Es por ello que la mayor parte de las plantas hidroeléctricas en el universo y sin duda aquellas estratégicas son operadas por gobiernos.

Los EE.UU. cuentan con una capacidad instalada de más de 100,000 MW en plantas hidroeléctricas. Aproximadamente la mitad de esa capacidad es operada por el gobierno federal y el resto está en manos de gobiernos municipales u otras instituciones gubernamentales y cooperativas de autoconsumo.

Volviendo al principio de este articulo, en los últimos años estamos presenciando cambios en la organización económica del mundo entero lo que esta configurando un nuevo tipo de economía, una «nueva economía.» Se refiere no sólo a procesos de transformación en las formas en que producimos, consumimos y comerciamos bienes y servicios sino también, una fuerte preocupación en los problemas ambientales y éticos que estas nuevas formas de organización económica implicarían.

Esto porque esta demostrado que la economía capitalista sin regulaciones pierde su esencia, sobre todo en un modelo económico como el chileno, que es una expresión extrema del neoliberalismo. Un Modelo Económico Neoliberal que como se ha demostrado teóricamente y en nuestro caso en la practica, no solo incrementa las desigualdades sociales, políticas y económicas a través de la privatización de los recursos sino que también veta el rol del Estado, base de un desarrollo positivo de Chile y fomentador de la equidad y el bien común.

Un modelo que en Chile asumió la forma de un modelo pro-empresas no promercado, en el cual el mercado libre es el mejor asignador de recursos, sino que ha establecido un sistema de dominio del sector privado por sobre el Estado. Hoy por hoy las empresas son pequeños grupos de poder que se han convertido en un Estado dentro de otro Estado, un pensamiento heredado de la dictadura militar, que fue el momento en el cual se impuso un sistema, donde las metas del crecimiento económico global pasaron a ser el objetivo primordial y se relegó a un segundo plano cualquier política tendiente a mejorar la distribución de la riqueza.

Bajo esta propuesta los indicadores macroeconómicos tradicionales, crecimiento económico, inflación, déficit fiscal, nivel de reservas, a los que continuamente hacen referencia los ministros de este gobierno, no son representativos ni suficientes para tener un panorama exacto sobre la real situación económica del país. Se requiere también extender el análisis a los indicadores de vulnerabilidad financiera, no sólo a nivel de empresas sino también a nivel nacional, además de indicadores serios de medición de distribución de la riqueza.

Pero bien, así estamos, por ahora, sólo nos queda esperar que en algún momento la sociedad reaccione y entienda, que bajo un modelo tan desigual, la economía tenderá a estancarse y a colapsar. El crecimiento económico no genera mejor distribución de la riqueza, por lo menos bajo el modelo económico chileno.

– El autor, Enrique Villanueva Molina, es Dr. en Economía y Master Sistemas de Calidad